El informe final del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), redactado por Di-Sentir, Laboratorio Electoral, México Evalúa y Práctica: Laboratorio para la Democracia, evalúa la integridad del proceso electoral judicial 2024-2025 en México. Se sostiene que esta elección careció de autenticidad, citando violaciones sistemáticas a principios constitucionales como certeza, legalidad, equidad y libertad de sufragio.
El análisis detalla irregularidades desde la reforma judicial apresurada, el financiamiento de campañas y la compleja organización, hasta el diseño confuso de las boletas y la actuación del Tribunal Electoral. En conclusión, el documento subraya la necesidad urgente de reformas profundas para el proceso electoral de 2027, con el fin de restaurar la confianza y garantizar la independencia del Poder Judicial.
Las deficiencias del marco normativo y la intervención gubernamental tuvieron un impacto devastador en la integridad electoral del Proceso Electoral Judicial (PEJ) 2024-2025, transformando la elección en una «farsa electoral». El informe final del Observatorio Electoral Judicial (OEJ) concluye que el proceso careció de autenticidad y fue operado desde el poder mediante la violación sistemática de principios constitucionales como la certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio.
A continuación, se detalla el impacto de cada factor:
Impacto de las deficiencias del marco normativo
La elección judicial de 2025 se implementó en un entorno de incertidumbre jurídica y vacíos normativos, lo que obligó a las autoridades a improvisar constantemente.
Falta de legislación específica y reglamentación improvisada:
- El proceso electoral judicial inició sin una reglamentación clara ni leyes secundarias, a pesar de la prohibición de hacer modificaciones a las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso. Esto dejó al Instituto Nacional Electoral (INE) con una potestad considerable para reglamentar sobre la marcha, emitiendo más de 300 acuerdos para regular aspectos cruciales.
- La reglamentación emitida por el INE fue tardía e improvisada, generando inequidad entre las candidaturas y limitando sus vías de promoción.
- La falta de un marco jurídico claro en la concepción del proceso transformó la campaña electoral en una batalla legal sobre las reglas del juego, librada entre las propias instituciones del Estado (INE, TEPJF, Poder Ejecutivo y Legislativo).
Marcos temporales inadecuados y recortes presupuestarios:
- La reforma judicial contempló plazos extremadamente cortos e inmediatos para su implementación, con menos de un año entre su aprobación (septiembre de 2024) y la jornada electoral (junio de 2025). Esta celeridad, atípica para una reforma de tal envergadura, impidió una planificación adecuada.
- El recorte presupuestario del 45% solicitado por el INE (y recortes significativos a los OPLEs) impactó en actividades esenciales como la impresión de boletas, capacitación de funcionarios de casilla, instalación de casillas, actualización del padrón y difusión de trayectorias de candidaturas. Esto puso en riesgo la calidad y legitimidad del proceso.
Geografía electoral improvisada y diseño de boletas:
- La adopción de una geografía electoral improvisada que no atendió a la población residente, sino a los cargos que se elegían, generó una inequidad total y rompió el paradigma del equilibrio poblacional. Por ejemplo, juzgados y tribunales con jurisdicción nacional solo pudieron ser votados por residentes de un solo distrito, como Iztapalapa en la Ciudad de México, donde menos de 750,000 electores decidieron sobre cargos de impacto nacional.
- El diseño de las boletas fue extremadamente complejo, con múltiples cargos, especialidades y un sistema de voto por números en lugar de marcas. Esta complejidad, junto con la distribución inequitativa de cargos y candidaturas, predeterminó en muchos casos los resultados, dejando a 201 candidaturas con 0% de posibilidades de ganar y 133 con 100% de posibilidades desde el inicio de la contienda. El 77.5% de las boletas y el 95% de los distritos electorales tuvieron problemas graves de equidad debido a este diseño.
- Las reglas restrictivas para la organización de foros y debates, que exigían invitar a la totalidad o al 50% de las candidaturas, suprimieron el debate público y negaron a la ciudadanía la oportunidad de un voto informado.
Acceso a la justicia comprometido:
- La ausencia de reglas claras para los medios de impugnación y la actuación «parcial» de la Sala Superior del TEPJF vulneraron el acceso a la justicia para muchas candidaturas y ciudadanos.
- La falta de claridad sobre las vías, plazos e instancias de impugnación, junto con la corrección repetida de listas de candidaturas, generó incertidumbre.
- El TEPJF desechó la mayoría de las impugnaciones por falta de interés jurídico o irreparabilidad del acto, denegando en los hechos el acceso a la justicia.
Impacto de la intervención gubernamental
La elección fue un «ataque frontal y deliberado contra la dimensión de la competencia real», con una intervención abiertamente inconstitucional de actores gubernamentales. El gobierno de México no actuó con la imparcialidad requerida.
«Operación Acordeón» y financiamiento ilícito:
- Se documentó una movilización inconstitucional orquestada desde el poder que determinó el 100% del resultado de los tres principales órganos judiciales. La «Operación Acordeón», presuntamente financiada con recursos públicos y operada por estructuras gubernamentales, junto con el diseño inequitativo de las boletas, eliminó la incertidumbre sobre quiénes ganarían.
- Se detectó una campaña paralela masiva y organizada de anuncios pagados en redes sociales, beneficiando a 394 candidaturas con una inversión estimada de entre 2.2 y 3.1 millones de pesos. Esta operación sofisticada evadió la fiscalización, utilizando perfiles no auténticos y «medios de comunicación» ficticios, lo que inutilizó el modelo tradicional de fiscalización del INE.
- La negativa a investigar y sancionar esta conducta, a pesar de la evidencia proporcionada por el OEJ a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, estableció un precedente peligroso que legitima estas tácticas en futuros procesos.
Partidización de los comités de evaluación:
- Los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo quedaron conformados por perfiles con abierta afinidad partidista. Un miembro del comité Legislativo incluso había fungido como representante de Morena y se postuló para un cargo judicial local en el mismo proceso.
- La convocatoria del Senado para integrar los comités fue vaga, sin requisitos mínimos de imparcialidad o procedimientos estandarizados, lo que fomentó la discrecionalidad y la falta de transparencia.
- Cuando el Comité del Poder Judicial detuvo sus trabajos en acatamiento de una suspensión judicial, el Senado asumió su rol de selección, dejando la decisión al azar mediante insaculación, lo que contradice el objetivo de democratizar el Poder Judicial a través de la participación de los tres poderes.
Desacato a resoluciones judiciales:
- Las decisiones judiciales que otorgaron suspensiones para frenar la implementación de la reforma fueron sistemáticamente ignoradas por el poder legislativo e incluso por el INE. Esto generó un precedente peligroso para el orden constitucional, ya que la fuerza de las decisiones judiciales depende del acatamiento de las autoridades.
Permisión de intervención de servidores públicos y partidos políticos:
- El TEPJF, en una decisión dividida, permitió que servidores públicos promovieran la participación ciudadana, creando una zona gris que fue aprovechada para influir en la contienda. Esta decisión abrió la puerta a la publicidad con los colores del partido en el gobierno y a la distribución de millones de «acordeones» que inducían el voto por perfiles afines.
- La Presidencia de la República y la Presidencia del Senado impugnaron activamente los lineamientos del INE que buscaban garantizar una mayor imparcialidad. Esto evidencia un esfuerzo deliberado por erosionar la barrera entre el gobierno y la competencia electoral.
Consecuencias generales sobre la integridad electoral
La suma de estas deficiencias y la intervención gubernamental resultó en una elección que no cumplió con los estándares mínimos de integridad.
- La elección careció de autenticidad, ya que los resultados no reflejaron la voluntad libre e informada de la ciudadanía, sino la eficacia de la movilización del oficialismo para asegurar la captura política del Poder Judicial.
- Se anuló la competencia pública, ya que se suprimió la capacidad de las candidaturas no impulsadas por el oficialismo para competir en igualdad de circunstancias.
- La incertidumbre institucionalizada se invirtió, con reglas del juego constantemente inciertas (topes de gasto, reglas de debates, publicaciones tardías del INE) mientras el resultado se hizo predecible por la «Operación Acordeón» y el diseño de las boletas.
- La percepción de que la elección fue producto del apoyo gubernamental compromete la legitimidad e independencia de los jueces y magistrados electos para actuar como contrapeso al poder político.
- La baja participación ciudadana (13.01%) y el alto porcentaje de votos nulos (hasta 30% para jueces y magistraturas) reflejaron el desinterés y la confusión generados por la mala organización y falta de información.
En resumen, las deficiencias normativas y la intervención gubernamental crearon un proceso electoral viciado desde su origen, que socavó los pilares de la democracia mexicana y puso en entredicho la independencia judicial.
There is no ads to display, Please add some
