En el contexto del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, los fraudes siguen siendo uno de los delitos más reportados en México, destacando tanto por su persistencia como por su impacto económico y social. Según datos históricos recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y analizados por TResearch, este delito ha mostrado una tendencia preocupante, con cifras que evidencian la magnitud del problema.
En 2024, se registraron 113,829 casos de fraude a nivel nacional, apenas por debajo del máximo histórico alcanzado en 2023, cuando se reportaron 114,458 incidentes. Aunque las estadísticas de febrero de 2025 muestran una disminución del 15% en comparación con el mismo mes del año anterior, con 8,469 denuncias, esta reducción no debe interpretarse como un descenso definitivo, sino como parte de una dinámica fluctuante que requiere atención constante.
El análisis regional revela que tres entidades concentran el 44% de las denuncias por fraude desde que comenzó el sexenio de Sheinbaum: la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Jalisco. Estas entidades, consideradas los motores económicos del país, también son epicentros de actividades fraudulentas debido, entre otros factores, a la alta densidad poblacional y al dinamismo de sus mercados financieros y digitales.
Por habitante, Baja California Sur, Aguascalientes y la CDMX lideran las estadísticas de fraudes. En estas regiones, las tasas de denuncias por cada millón de habitantes superan ampliamente la media nacional, lo que refleja desafíos específicos relacionados con la seguridad cibernética, la protección de datos y la educación financiera. Los avances tecnológicos han facilitado nuevas modalidades de fraude, como estafas en línea, suplantación de identidad y robos de información bancaria, que representan una amenaza creciente para la población.
El informe también destaca variaciones regionales significativas en los primeros meses de 2025. Por ejemplo, algunas entidades, como Aguascalientes y Baja California Sur, han experimentado incrementos en las denuncias por fraude, mientras que otras, como Nuevo León y Veracruz, han registrado reducciones. Este comportamiento heterogéneo sugiere que las estrategias locales para combatir el delito pueden estar influyendo en los resultados, aunque aún queda mucho por hacer para abordar el problema de manera integral.
La lucha contra los fraudes enfrenta varios retos estructurales. El primero es la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos. Muchas víctimas optan por no denunciar debido a la percepción de impunidad o a la complejidad del proceso legal. Además, la rápida evolución de las técnicas utilizadas por los delincuentes exige una actualización constante de las capacidades tecnológicas y humanas de las autoridades.
Otro aspecto crítico es la necesidad de fortalecer la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, así como con el sector privado y la sociedad civil. Las campañas de prevención y concientización sobre cómo evitar caer en fraudes son herramientas valiosas, pero deben ser acompañadas de medidas más contundentes para desmantelar las redes criminales que operan detrás de estos delitos.
En resumen, aunque los datos más recientes sugieren una ligera disminución en los índices de fraude, el panorama sigue siendo preocupante. La concentración de casos en ciertas regiones y la creciente sofisticación de los métodos empleados por los estafadores subrayan la urgencia de implementar políticas públicas más efectivas. Mientras tanto, la sociedad mexicana debe mantenerse alerta y tomar precauciones adicionales para protegerse de este flagelo que afecta a personas y empresas por igual.
Las estadísticas presentadas por TResearch sirven como un llamado de atención para redoblar los esfuerzos en la lucha contra los fraudes, un delito que no solo afecta la economía, sino también la confianza en las instituciones y en los sistemas de intercambio comercial. Solo mediante una estrategia coordinada y sostenida será posible revertir esta tendencia y construir un entorno más seguro para todos los mexicanos.
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