Un reciente informe de TResearch International sobre el delito de fraude en México revela datos cruciales hasta mayo de 2025. En dicho mes, se registraron 8,714 denuncias de fraude en el país, lo que representa una disminución del 10% en comparación con mayo de 2024. A pesar de esta aparente baja mensual, las cifras acumuladas y la distribución geográfica del delito encienden las alarmas, especialmente para la administración actual.
Desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, se han contabilizado 43,459 casos de fraude, marcando una notable caída del 62% respecto a 2024. Esta reducción significativa, sin embargo, no mitiga la concentración del problema en ciertas regiones clave. Un 44% de todos los fraudes denunciados en lo que va de esta administración se concentran en tres entidades: la Ciudad de México (8,020 casos), el Estado de México (6,780 casos), y Jalisco (4,426 casos). Estas cifras subrayan la persistencia y focalización de este delito en los centros económicos y demográficos más grandes del país.
Al analizar la incidencia por habitante, Baja California Sur se lleva el primer lugar con 998 denuncias por cada millón de habitantes. Le siguen la Ciudad de México con 871 y Aguascalientes con 840, lo que indica que, aunque la capital concentra un alto volumen de casos, otras entidades tienen una mayor proporción de su población afectada por este delito. La variación entre 2024 y 2025 muestra un panorama mixto: si bien los fraudes disminuyeron en entidades como la Ciudad de México (-268%) y Nuevo León (-43%), aumentaron en el Estado de México, Hidalgo y Jalisco. Este comportamiento heterogéneo sugiere que las estrategias para combatir el fraude deben ser adaptadas a las particularidades de cada región.
El informe de TResearch International, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recalca la importancia de monitorear de cerca la evolución del fraude en México. A pesar de la disminución general en el número de denuncias y la reducción en el sexenio de Sheinbaum, la alta concentración en áreas urbanas y la variabilidad regional del delito demandan una atención constante y coordinada. La ciudadanía, por su parte, debe mantenerse informada y precavida ante las diversas modalidades de fraude que persisten en el país.
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