El 1 de junio llegó a su fin el voto libre. Hubo una elección judicial autoritaria, un laboratorio para acomodar distritos electorales, controlar e inducir el voto, facilitar el triunfo de Morena y garantizar su permanencia vitalicia en el poder.
La elección del domingo fue la antesala de la reforma electoral que viene para convertir los comicios, de una vez por todas, en un instrumento al servicio del régimen, con voto restringido, sin equidad en la contienda, con nula información y sin transparencia.
Los mexicanos asistieron a votar con sus derechos políticos amputados:
No pudieron sufragar, como en cualquier elección, en 300 distritos electorales. Solo pudieron hacerlo en 60 “distritos judiciales” con el pretexto de no encarecer la elección. Es una probada de lo que viene: celebrar comicios solo donde Morena tenga votos suficientes para ganar.
En el mismo nombre lleva el fraude. No fue una elección, sino una movilización con recursos federales para imponer el triunfo de los candidatos seleccionados por el régimen, atracar las urnas y apoderarse del Poder Judicial.
El 1 de junio, el elector votó coercionado y sin información. Fue obligado a elegir –para que ocupe la presidencia de la Corte– a una Lenia Batres, activista radical que sabe de pleitos, pero nada sobre la Constitución; a una Yasmín Esquivel, acusada por la UNAM de plagiar su tesis o a una Loretta Ortiz, fanática morenista que solo sabe hablar de ella misma.
Los mexicanos –como en cualquier dictadura–, fueron obligados a votar para que ellos mismo maten la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y de paso la democracia electoral. Es el crimen perfecto: poner en manos del inocente el arma para que elimine a la democracia, enemigo del obradorato.
De la elección del domingo saldrá un peligroso engendro: una dictadura judicial. Un super poder sujeto a los dictados de un tirano o tirana, con capacidad para anular las leyes que pongan en riesgo la sobrevivencia del régimen, para liberar a criminales aliados al poder y sentenciar a los adversarios del gobierno.
La reforma judicial fue diseñada para dar al Presidente o Presidenta en turno poderes absolutos, para garantizarle a López Obrador y a su pandilla impunidad absoluta, aunque también para cumplir un pacto con el crimen organizado. Jueces, magistrados y ministros vinculados al narco serán el verdadero poder de la justicia.
El domingo no votó el “pueblo”, votó el gobierno por el gobierno y para el gobierno. La “democratización de la justicia” es una farsa montada para terminar de encumbrar una tiranía.
Hay elementos de sobra para que la elección judicial sea anulada. No sólo será el gran fraude del siglo, representa la muerte de la legalidad y la democracia.
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