La madrugada de ayer, el Senado de la República aprobó una reforma que modifica, sustancialmente, una figura de la cual los mexicanos nos encontramos especialmente orgullosos: el Amparo.
En nuestro país, pocas herramientas jurídicas han demostrado tanta vigencia, utilidad y cercanía con los mexicanos como el juicio de amparo. Nació en Yucatán en 1841 y ha servido como instrumento para proteger los derechos humanos de las personas frente a los abusos del poder. El amparo es un pilar fundamental del Estado de derecho y ha sido un producto de exportación, toda vez que ha servido como base para implementar figuras similares en otros países.
Su trascendencia radica en que toda persona, al verse afectada en sus derechos, puede interponerlo. Su vigencia no es un tema exclusivo de abogados, ya que ha servido para proteger a cientos de miles de personas. Gracias a él, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, entre muchos otros, han visto restituidos sus derechos en temas tan sensibles como la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la educación, y demás derechos fundamentales.
La cifra habla por sí misma: durante 2024 se interpusieron 825,281 amparos ante el Poder Judicial de la Federación, conforme a la información del Consejo de la Judicatura Federal. Tan sólo la Cámara de Diputados fue señalada como autoridad responsable en 7,827 ocasiones. Esto demuestra que sigue siendo el medio de defensa más noble y bondadoso en nuestro país.
El amparo se ha ido actualizando a través de los años de forma progresiva, es decir, su protección se ha ido ampliando a favor de la ciudadanía. Por ello, como diputada he informado que, en caso de que se mantenga en sus términos, lo aprobado por el Senado de la República, votaré en contra, ya que disminuye la fortaleza del amparo.
El Senado reformó 36 artículos en 3 leyes y ahora será el turno de la Cámara de Diputados, como cámara revisora, de entrar a la discusión, aprobación o en su caso, devolución de la reforma a la colegisladora.
Uno de los temas que más preocupa, con razón, es el hecho de que se incluyó que todos los amparos que se encuentren en trámite deberán seguir su proceso con las nuevas reglas, lo que es inconstitucional por ir en contra del artículo 14 de nuestra Carta Magna, ya que está prohibido hacer retroactiva una Ley en perjuicio de persona alguna.
Como Presidenta de la Cámara de Diputados y conforme a mis atribuciones, me comprometo a que no haya una discusión “fast track”. En el debate se escucharán las voces de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara. Su deliberación debe ser con pluralidad y con certeza, para garantizar al pueblo de México que este proceso parlamentario sea pulcro y apegado a la legalidad.
@kenialopezr
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