Al dar a conocer los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, dijo que es necesario transitar hacia un sistema penitenciario humanista, justo y menos punitivista, que priorice el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y sirva de preparación para cuando recuperen la libertad.
Señaló que el documento presentado constituye una radiografía cuantitativa y, sobre todo, cualitativa, de la situación que guarda el sistema de reinserción social nacional y urgió a transitar de un modelo carcelario como espacio de castigo a otro encaminado a alcanzar los fines de una reinserción social efectiva, por lo cual este organismo identificó áreas de oportunidad y generó información útil para orientar el diseño de políticas públicas que respeten, protejan y garanticen, en todo momento, la dignidad humana al interior de los centros penitenciarios del país.
En el auditorio Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, del Archivo General de la Nación, detalló que para elaborar el DNSP 2025 se visitaron 278 centros penitenciarios y de reinserción social en funcionamiento, en 32 entidades federativas, entre centros estatales y federales, incluidas las prisiones militares y, respecto de los resultados obtenidos, las calificaciones no aprobatorias oscilaron entre 4.37 y 5.94, con una tendencia clara a la baja, destacándose que la máxima calificación obtenida fue de 8.26, lo cual permite observar una tendencia general de calificaciones promedio de entre 6 y 7.71 en los sistemas penitenciarios estatales, federal y militar.
Entre las principales observaciones de la CNDH, detectadas principalmente en centros penitenciarios estatales, subrayó la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad en el 98.9% de los centros visitados, la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos en el 93.1%; la insuficiencia de personal de seguridad y custodia en el 92.3% de los lugares visitados; así como deficiencias en los servicios de salud en el 77% de los casos.
Asimismo, comentó que persiste el problema de la sobrepoblación en 129 centros estatales, equivalente al 49.4% de los supervisados y el hacinamiento en 124 centros visitados, que representa el 47.5%, lo cual, dijo, es una fórmula peligrosa de factores que vulnera el derecho a una estancia digna y coloca a las personas privadas de la libertad ante diversos factores de riesgo que impactan su integridad y su salud mental.
Dijo que si bien se percibieron avances en la mejora de infraestructura, tecnología y modernización de procesos, existen problemas en la calidad de los servicios y en la atención integral que se brinda a las personas privadas de la libertad, por lo cual consideró que las obligaciones estatales no implican únicamente la custodia de las personas durante el cumplimiento de la medida o sanción impuesta, sino también asegurar que esta no se convierta en un doble castigo a través de la vulneración de sus derechos humanos, sea por acción u omisión.
En este sentido, llamó a las personas titulares de los sistemas penitenciarios del país a reforzar las acciones que admitan el mejoramiento en la calidad, suficiencia y gratuidad de los servicios de la alimentación, y en el caso de los insumos diferenciados, deben otorgarse sin distinción ni privilegios; impulsar mecanismos idóneos y presupuestos que garanticen espacios adecuados y estancia digna para las personas; combatir y erradicar el hacinamiento, así como las medidas de control injustificadas y reportar oportunamente cuando los centros estén excediéndose en su capacidad, entre otras medidas.
Por último, aclaró que los resultados presentados no atienden agendas políticas ni buscan ser una guía o antesala para el alcance de certificaciones que elaboren otras instituciones nacionales y/o extranjeras en la materia, las cuales son ajenas a los fines y objetivos de la CNDH, que es velar por el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En su oportunidad, la directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Nestora Salgado García, indicó que se observó una importante disminución en las calificaciones obtenidas tanto para los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), los centros penitenciarios estatales y las prisiones militares con respecto a las obtenidas en años anteriores. Señaló que las calificaciones a la baja obtenidas por los centros penitenciarios estatales reflejan una importante desatención institucional que debe comprometer a todos los niveles de gobierno, recordando que el único derecho legalmente suspendido es la libertad y que tienen bajo su resguardo a personas dotadas de dignidad y derechos.
Salgado García resaltó que la inobservancia de las obligaciones estatales adquiridas en su calidad de garantes, además de alejar a las personas de una verdadera reinserción social, profundiza y agudiza, cada vez más, sus condiciones de vida en prisión, generando escenarios desfavorables e incompatibles con la protección a sus derechos humanos, al tiempo que alertó: si no se generan esfuerzos sustantivos ante los resultados obtenidos a partir de este Diagnóstico, la reiteración de dichos escenarios seguirán siendo señalados por esta CNDH sin simulación alguna.
Finalmente, manifestó su preocupación porque durante el año 2025 y lo que va del 2026 se siguen presentando incidentes violentos que, incluso, han comprometido la vida de las personas privadas de la libertad; reiteró la necesidad de contratar más personal de seguridad y custodia, tanto en centros federales como estatales y que se cuente con personal especializado en cada materia de atención; además de combatir la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles, principalmente estatales, entre otros aspectos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 se encuentra disponible en la página web de la CNDH cndh.org.mx.
