El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió un boletín el 14 de octubre de 2025, alertando sobre una amenaza grave: cárteles del narcotráfico mexicanos han ofrecido recompensas por información y ataques contra agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta inteligencia creíble revela un sistema escalonado de pagos, diseñado para incentivar la violencia contra funcionarios federales, especialmente en áreas como Chicago. Las recompensas incluyen $2,000 por recopilar datos de inteligencia o doxxing (revelar información personal) de agentes y sus familiares, como fotos y detalles domiciliarios. Por secuestros o asaltos no letales, los pagos oscilan entre $5,000 y $10,000. Para asesinatos, las cifras ascienden hasta $50,000, con montos mayores para personal de alto rango.
En Chicago, el foco de esta alerta, pandillas locales como los Latin Kings actúan en coordinación con estos cárteles. En barrios como Pilsen y Little Village, se han detectado «vigilantes» en techos equipados con armas y radios, monitoreando en tiempo real las operaciones de ICE y CBP. Estas tácticas facilitan emboscadas durante redadas, como la reciente Operación Midway Blitz. Además, el boletín menciona colaboración con grupos extremistas domésticos, incluyendo Antifa en Chicago y Portland, que proporcionan apoyo logístico como suministros para protestas y doxxing para interferir en deportaciones. Esta alianza transfronteriza representa una escalada en las estrategias de los cárteles para proteger sus rutas de narcotráfico y contrabando humano.
Desde una perspectiva política, este incidente subraya las tensiones en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos bajo la administración Trump, quien ha intensificado la «guerra contra las drogas» desde su regreso al poder en enero de 2025. El DHS, liderado por la secretaria Kristi Noem, califica estas acciones como una campaña de terror contra agentes que defienden las fronteras, criticando políticas de «ciudades santuario» que, según ellos, envalentonan a criminales. En México, donde operan cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta presiones para cooperar más en inteligencia y extradiciones, aunque su enfoque de «abrazos, no balazos» ha sido criticado por Washington como insuficiente.
Las implicaciones son profundas para la seguridad nacional estadounidense. Con el flujo de fentanilo y migrantes irregulares en aumento, estas recompensas no solo ponen en riesgo a agentes individuales, sino que erosionan la capacidad operativa de ICE y CBP. En redes sociales como X, reacciones conservadoras destacan el peligro, con usuarios compartiendo el boletín y exigiendo cierres fronterizos más estrictos. Analistas ven esto como parte de una estrategia más amplia de los cárteles para disuadir enforcement, similar a tácticas usadas en México contra policías locales.
El DHS recomienda al público reportar actividades sospechosas, como vigilancia con drones o protestas obstructivas, a través de su línea de tips. Esta alerta podría impulsar reformas legislativas, como mayores fondos para protección de agentes o sanciones contra México si no se intensifica la colaboración. En última instancia, expone la interconexión entre crimen organizado transnacional y polarización doméstica, obligando a ambos gobiernos a reevaluar sus estrategias de seguridad hemisférica para mitigar riesgos crecientes.
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