El abuso sexual continúa siendo una dolorosa realidad y un grave desafío en México, con una preocupante persistencia en los números de carpetas de investigación y un subregistro que opaca la verdadera magnitud del problema. A pesar de los esfuerzos, las cifras oficiales apenas rasguñan la superficie de una problemática que impacta profundamente a la sociedad mexicana.
Según el análisis de TResearch International con datos de los Secretariados Ejecutivos de los Sistemas Nacionales de Seguridad Pública, la cantidad de carpetas de investigación por el delito de abuso sexual en México se ha mantenido en niveles alarmantemente altos. En abril de 2024, se registraron 1,939 carpetas de investigación por este crimen, una cifra que, aunque ligeramente menor que los 2,056 casos de marzo del mismo año, sigue siendo considerable y refleja la constante amenaza que enfrenta la población1.
Históricamente, el promedio mensual de carpetas de investigación por abuso sexual en el país ha oscilado, pero se ha mantenido en un rango elevado. En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el promedio fue de 779.6 casos mensuales2. Esta cifra se elevó a 1,185.3 durante el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) 3, y continuó su ascenso con Enrique Peña Nieto (2012-2018), registrando un promedio de 1,514.8 carpetas mensuales4. En la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, el promedio se ha disparado a 1,902.9 casos al mes, lo que evidencia un aumento sostenido en el registro de este delito a lo largo de las últimas dos décadas5.
Sin embargo, es crucial entender que estas cifras representan solo la punta del iceberg. El abuso sexual es uno de los crímenes con mayor «cifra negra», es decir, un altísimo porcentaje de casos que no son denunciados y, por lo tanto, no se registran en las estadísticas oficiales. Esto se debe a múltiples factores, incluyendo el miedo, la vergüenza, la revictimización institucional, la falta de confianza en las autoridades y las complejas dinámicas de poder que a menudo involucran a los agresores.
La invisibilidad de la mayor parte de los casos de abuso sexual dificulta enormemente la implementación de políticas públicas efectivas y la asignación de recursos adecuados para la prevención, la atención a víctimas y la procuración de justicia. La impunidad, alimentada por esta cifra negra, perpetúa el ciclo de violencia y envía un mensaje devastador a las víctimas y a la sociedad en general.
Para combatir este flagelo, es indispensable fortalecer la cultura de la denuncia, garantizar procesos judiciales sensibles y eficientes, capacitar a las autoridades, y, fundamentalmente, trabajar en la prevención desde el ámbito educativo y social. Solo así se podrá aspirar a desmantelar la sombra del abuso sexual que hoy se cierne sobre México y asegurar un entorno más seguro para todos.
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