Durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco (2019-2021), la seguridad pública estuvo marcada por señalamientos graves que han resurgido en reportajes recientes, basados en informes de inteligencia militar. Publicaciones como la de la revista Proceso destacan que estas revelaciones no tienen un trasfondo político, sino que provienen de documentos oficiales filtrados, como los del hackeo conocido como Guacamaya Leaks. Estos informes, elaborados por instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi Sureste), exponen una presunta red de complicidad entre autoridades estatales, federales y el crimen organizado, particularmente con el grupo “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El reportaje “Los pecados de Adán” de Proceso detalla cómo figuras clave del gobierno de López Hernández, como Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública, fueron señalados como líderes de “La Barredora”. Bermúdez, quien enfrenta una orden de aprehensión desde febrero de 2025 y es buscado por Interpol, fue identificado en informes de inteligencia desde 2019 como un supuesto operador del CJNG. Otros funcionarios, como José del Carmen Castillo Ramírez y Nicolás Bautista Ovando, vicefiscal y posterior fiscal estatal, también aparecen vinculados a actividades delictivas, como el robo de combustible (huachicoleo), extorsión y tráfico de personas. Los documentos sugieren que estas redes operaban con conocimiento de autoridades de los tres niveles de gobierno, sin que se tomaran medidas para desmantelarlas.
El periodista Mathieu Tourliere, en entrevista con Aristegui en Vivo, subrayó que los informes no tenían intencionalidad política, ya que no estaban destinados a hacerse públicos. Sin embargo, la filtración de Guacamaya Leaks permitió a medios como Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político analizarlos. Estos reportes revelan que, durante el mandato de López Hernández, Tabasco se convirtió en un “laboratorio” del crimen organizado, con una estructura que involucraba a policías estatales, agentes federales y fiscales. A pesar de estas advertencias, Bermúdez permaneció en su cargo incluso bajo el gobierno interino de Carlos Merino, lo que sugiere omisiones institucionales.
López Hernández, hoy senador y coordinador de Morena en el Senado, ha negado conocer los vínculos de sus excolaboradores y se ha dicho dispuesto a colaborar con las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que no encubrirá a nadie, pero también ha rechazado linchamientos mediáticos sin pruebas. No obstante, la oposición, como el PRI y el PAN, ha exigido investigaciones más profundas y la renuncia de López Hernández a su escaño, mientras el Senado ha evadido discutir el tema en varias sesiones.
Este caso evidencia la complejidad de la seguridad en Tabasco y plantea preguntas sobre la responsabilidad política de López Hernández. Los informes de inteligencia, lejos de ser rumores, son documentos oficiales que exponen una crisis sistémica, cuya resolución sigue pendiente.
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