Tenemos un alarmante incremento del acoso judicial contra periodistas en México durante 2025, un fenómeno que amenaza directamente la libertad de expresión y el derecho a la información. Según datos recientes de la organización Artículo 19, esta forma de hostigamiento ha escalado drásticamente, posicionándose como una herramienta de censura sutil pero efectiva por parte de autoridades y particulares. El reporte «Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México», presentado el 26 de agosto de 2025, revela que entre el 1 de enero y el 31 de julio se registraron 51 casos, afectando a 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación. Esto representa un proceso legal o administrativo cada cuatro días, en promedio, superando con creces los 40 casos del año récord anterior, 2021, y marcando un aumento del 140% en comparación con los 21 casos documentados en 2024 para el mismo período.
Este patrón no es aislado, sino un uso faccioso del marco legal mexicano que refleja una estrategia sistemática para inhibir el periodismo crítico. Artículo 19, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, expresa profunda preocupación al destacar que el acoso judicial ha evolucionado de agresiones físicas o amenazas a procesos en tribunales que generan desgaste económico, emocional y profesional. Los litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) socavan no solo la libertad de expresión, sino también el derecho a la reunión, asociación y participación cívica, como advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En México, donde el país ocupa el lugar 124 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 —bajando tres posiciones respecto a 2024—, este fenómeno agrava una crisis ya crónica de violencia contra la prensa.
Los casos se distribuyen en 17 entidades federativas, cubriendo el 53% del territorio nacional, lo que indica una práctica reiterada más allá de regiones específicas. Veracruz lidera con 10 procesos, seguido por la Ciudad de México con nueve y Jalisco con seis; otros estados como Campeche, Oaxaca y Puebla registran tres cada uno. De los 51 incidentes, 26 (51%) proceden de la vía electoral, 14 (27%) de la penal y 11 (22%) de la civil. Preocupa especialmente el abuso de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), originalmente diseñada para combatir la discriminación estructural, pero que en 25 casos (uno de cada dos) se ha desvirtuado para eliminar publicaciones críticas sobre corrupción, falta de transparencia o vínculos con grupos delictivos. Cinco mujeres periodistas han sido víctimas de esta distorsión, ilustrando cómo una herramienta protectora se convierte en arma de censura.
Los perpetradores son mayoritariamente funcionarios públicos (23 casos, 45%), muchos en procesos de reelección o candidaturas, como en las elecciones judiciales de 2025; le siguen particulares (18, 35%) y partidos políticos (10, 20%). Ejemplos emblemáticos incluyen al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien en enero tildó a los periodistas de «sicarios de la comunicación» e instó a demandarlos para «salvaguardar el prestigio». En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha impulsado múltiples procesos contra el periodista Jorge Luis González, incluyendo VPEG, penales y civiles, culminando en un interventor que revisa publicaciones previas —una «ley mordaza» inconstitucional—. Otro caso es el de la periodista Lourdes Mendoza, demandada por daño moral desde enero por Adrián Rubalcava, director del Metro de la CDMX. En Sonora, la ciudadana Karla Estrella —no periodista, pero crítica en redes— fue multada y obligada a disculparse por un tuit sobre nepotismo en favor de la diputada Diana Karina Barreras. En Puebla, la periodista Ruby Soriano enfrentó una medida cautelar para eliminar una publicación sobre la trayectoria política de la diputada Elvira Graciela Palomares.
Desde 2016, Artículo 19 ha alertado sobre esta tendencia, pero en 2025 se ha intensificado bajo la Cuarta Transformación, con 175 casos durante el sexenio de López Obrador (2018-2024) frente a 48 en los últimos cuatro años de Peña Nieto. La reciente reforma judicial podría agravar el problema, al facilitar resoluciones punitivas contra la prensa, como amenazó Beatriz Gutiérrez Müller respecto a notas sobre su posible residencia en Madrid. Este contexto genera autocensura y debilita la democracia, al limitar el escrutinio público de funcionarios.
Artículo 19 exige reformas legislativas para evitar el uso represivo de delitos contra el honor y la VPEG, y llama a autoridades a abstenerse de hostigar vía electoral, civil, penal o administrativa. Recomienda al Congreso federal y estatales modificar leyes, al INE y TEPJF fortalecer protecciones, y a poderes judiciales priorizar la libertad de expresión conforme a la Constitución y tratados internacionales. Sin acciones urgentes, México arriesga un retroceso mayor en derechos humanos, consolidando el acoso judicial como norma para silenciar disidencias. Este informe subraya la necesidad de vigilancia colectiva para defender el periodismo como pilar democrático.
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