Las protestas de los agricultores mexicanos por el precio del maíz han captado la atención nacional en las últimas semanas, modificando el discurso en torno a la agricultura y la soberanía alimentaria en el país. Los productores del campo demandan más de 7 mil pesos por tonelada, mientras que los empresarios solo ofrecen poco más de 5 mil pesos. Este desencuentro, alimentado por el creciente costo de los insumos agrícolas, ha creado un caldo de cultivo para el descontento social. Sin embargo, la situación tomó un giro revelador al conocerse que Altagracia Gómez, asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum y miembro del consejo de administración de Minsa, una empresa que ha sido señalada por no pagar el precio justo exigido por los productores, es una de las defensoras del status quo.
Gómez, quien ha tenido una presencia relevante en el proceso de asesoramiento a la mandataria, se encuentra en una posición que suscita cuestionamientos sobre su lealtad y prioridades. Minsa, compañía que además de no cumplir con los precios exigidos por los agricultores, importa maíz del extranjero, se convierte así en el foco de críticas por su aparente conflicto de interés. Es difícil ignorar el hecho de que la misma persona que debería estar buscando soluciones para los problemas de los agricultores está asociada con una empresa que perpetúa las condiciones que están generando las protestas.
La protesta no solo se ha centrado en los precios, sino que también ha implicado un llamado a la justicia social y la defensa de la soberanía alimentaria en México. Muchos agricultores argumentan que no entienden cómo las condiciones de mercado han permitido que las empresas sigan operando de esta manera, mientras que ellos luchan por mantener sus negocios a flote. La situación se complica aún más con la llegada de importaciones que, además de ser más baratas, a menudo comprometen el futuro de la producción local.
El hecho de que Gómez mantenga un papel activo en la administración federal mientras defiende posiciones que pueden ser vistas como contrarias a los intereses de los agricultores plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en la gobernanza. Esta dualidad de funciones podría debilitar la confianza no solo en la administración de Sheinbaum, sino también en las políticas públicas que están dirigidas a estimular el desarrollo agrícola justo y sostenible.
Las protestas han reunido a miles de agricultores en diferentes partes del país, destacando una creciente preocupación no solo por los precios del maíz, sino también por el sistema que permite que los intereses de unos pocos, como los de las grandes empresas, prevalezcan sobre los de la mayoría. Las voces de descontento han sido amplificadas en redes sociales y plataformas digitales, donde los productores expresan su enojo y sentido de injusticia.
Los siguientes pasos para el gobierno son cruciales. Deberá decidir si continuará con las políticas que benefician a las grandes empresas o si tomará una posición más favorable hacia los agricultores, que difícilmente pueden sobrevivir sin un cambio en las condiciones actuales. La figura de Altagracia Gómez puede convertirse en un símbolo de esta lucha, pero no como defensora de los derechos de los agricultores, sino como un recordatorio de las complejidades y contradicciones dentro del sistema político y económico.
Es evidente que están en juego no solo los precios del maíz, sino también la dirección en que se mueve el país hacia el futuro. La forma en que se resuelva este conflicto podría tener repercusiones importantes en la economía y en la vida de millones de mexicanos que dependen de la producción agrícola.
