En el volátil contexto geopolítico de octubre de 2025, la reciente declaración del expresidente Donald Trump —quien, en plena campaña por su regreso a la Casa Blanca, afirmó que «México es dirigido por los cárteles»— ha encendido un debate acalorado. Pronunciada el 23 de octubre durante una rueda de prensa en Florida, la frase no solo tensa las relaciones bilaterales con la administración de Claudia Sheinbaum, sino que resuena con una realidad cruda: la omnipresencia del crimen organizado en el territorio mexicano. Sheinbaum respondió con un enfático «no estamos de acuerdo», defendiendo la soberanía nacional, pero los eventos recientes parecen validar las palabras de Trump, exponiendo un Estado debilitado ante la extorsión, la violencia y la impunidad.
Los ejemplos abundan y pintan un panorama desolador. En Michoacán, bastión de la producción de limón, el líder campesino Bernardo Bravo Manríquez fue asesinado el 21 de octubre tras denunciar públicamente una red de extorsiones que asfixiaba a los productores. Bravo, presidente del Comité de Productores de Limón de Apatzingán, había alertado sobre «cuotas» impuestas por grupos criminales que controlan hasta el 70% de la cadena productiva en la región. Su cuerpo fue hallado en su vehículo con signos de ejecución; un sospechoso fue detenido días después por la Secretaría de Seguridad federal, pero el caso subraya la retaliación letal contra quienes desafían el dominio narco. Apenas dos días después, en Veracruz, el empresario citrícola Javier Vargas Arias, de 43 años, corrió una suerte similar en Álamo Temapache. Atacado por un comando armado el 23 de octubre, Vargas era conocido por resistir las «protecciones» exigidas por células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona norte del estado. Autoridades locales confirmaron que el móvil fue su negativa a pagar cuotas por el transporte de naranjas, un patrón que ha diezmado a líderes agropecuarios en el Golfo.
Estos homicidios individuales se inscriben en una crisis sistémica, corroborada por datos oficiales. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, divulgada el 23 de octubre, revela que el 63% de la población mayor de 18 años percibe su ciudad como insegura, un repunte de 2 puntos respecto al trimestre anterior. Las mujeres reportan un 68.2% de inseguridad, frente al 56.7% de los hombres, con puntos rojos como Ecatepec (95.7%) y Tijuana (94.1%). Además, el 71.7% evita cajeros automáticos en vía pública por temor a robos, y el 64.9% se siente vulnerable en el transporte público. Estos números no son abstractos: reflejan un México donde el 34.3% de los adultos enfrentó conflictos directos con la delincuencia en el último trimestre.
Incluso en la capital, el crimen organizado irrumpe en esferas de poder. El 20 de mayo de 2025, Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular, y José Muñoz Vega, asesor clave de la jefa de Gobierno Clara Brugada, fueron acribillados en Calzada de Tlalpan. El ataque, perpetrado por sicarios con equipo táctico, dejó un saldo de dos muertos y expuso vulnerabilidades en el círculo de Morena. A pesar de la detención de 13 implicados en agosto —vinculados presuntamente al CJNG—, el caso permanece sin resolución plena, con evidencias de nexos entre el hampa y redes de protección fallidas. Este suceso, ocurrido meses antes de las declaraciones de Trump, ilustra cómo los cárteles no solo controlan territorios rurales, sino que infiltran urbes y estructuras gubernamentales.
Desde una perspectiva analítica, estos incidentes confirman una erosión del monopolio de la violencia estatal, teorizado por Max Weber. Bajo la «4T», la estrategia de «abrazos, no balazos» ha priorizado la contención social sobre la desarticulación de redes criminales, resultando en más de 180,000 homicidios acumulados desde 2018. La respuesta de Sheinbaum —reforzar la Guardia Nacional y extradiciones— es reactiva, pero insuficiente ante un CJNG que genera ingresos equivalentes al 1% del PIB nacional vía extorsión. Trump, al declarar un «conflicto armado» contra los cárteles el 2 de octubre, presiona por intervenciones directas, como strikes en Venezuela, lo que podría escalar a México si no hay un viraje.
En conclusión, las palabras de Trump, aunque provocativas, destapan una verdad incómoda: los cárteles no solo operan, sino que gobiernan de facto en amplias zonas. México requiere una reforma profunda en inteligencia y justicia para reconquistar soberanía, o arriesga convertirse en el talón de Aquiles de la agenda hemisférica. El desafío para Sheinbaum es doble: restaurar la seguridad interna y la dignidad externa.
