Fortaleza económica, justicia social y eficiencia del Estado suelen ser mensajes clave del oficialismo; sin embargo, los números del Paquete Económico 2026 revelan una realidad distinta. Por ejemplo, en el estudio que presentamos esta semana se expone un gasto federalizado estancado, una centralización del poder financiero y una debilidad creciente de los gobiernos regionales, que es donde se libra la batalla diaria por la seguridad y los servicios básicos.
En efecto, para 2026 continuará la tendencia de reducir los recursos destinados a las policías locales, justo cuando la ciudadanía demanda más protección. En 2026, el financiamiento a la seguridad municipal será 88% menor que en 2014. Pareciera que se ignoran experiencias de estados como Yucatán o Querétaro, que demuestran que las soluciones a nivel local en verdad funcionan cuando se les dota de recursos y autonomía.
Otro ejemplo de esta tensión entre realidad y discurso es la reforma a la Ley de Amparo. Como aspectos positivos, promueve la digitalización y busca agilizar procesos judiciales, pero al mismo tiempo su diseño puede limitar el acceso a la justicia de comunidades y colectivos.
La prosperidad y la seguridad no se construyen desde la centralización, sino desde el fortalecimiento institucional de los territorios. La oportunidad está en reconocer esa realidad y convertirla en motor de un federalismo más justo y eficaz.
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