Las cifras más recientes revelan un panorama preocupante sobre el delito de violación equiparada en México, con un acumulado de 1,968 denuncias en lo que va del actual sexenio, según un informe de TResearch International con corte a abril de 2025. Este delito, que implica el abuso sexual sin que medie la penetración o con el uso de violencia moral o física, muestra una persistente incidencia en varias regiones del país.
Aunque el informe destaca una disminución del 13% en las denuncias de abril de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024, con 529 casos reportados, la cifra sexenal subraya la magnitud del desafío para las autoridades. La reducción anual de casos de violación equiparada en 2025 frente a 2024, que fue del 68%, podría ser un indicio positivo, pero es crucial analizar si esta tendencia se mantiene y cuáles son los factores detrás de ella.
La concentración geográfica de este delito es un punto clave. La Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo suman el 44% de todas las denuncias por violación equiparada registradas en el sexenio. Estas tres entidades federativas concentran una proporción significativa de los casos, lo que sugiere la necesidad de estrategias focalizadas de prevención, atención a víctimas y procuración de justicia en estas zonas.
Al analizar las tasas por millón de habitantes, Campeche (73), Hidalgo (57) y la Ciudad de México (54) presentan las cifras más elevadas de denuncias por violación equiparada. Este dato es relevante, ya que permite dimensionar el impacto del delito en relación con el tamaño de la población, ofreciendo una perspectiva más precisa sobre la prevalencia en distintos estados.
El informe de TResearch International, dirigido por Carlos Penna Charolet, subraya la importancia de mantener la atención en estos datos para comprender la dinámica de la violencia sexual en el país. A pesar de la ligera baja en el último mes, el número de denuncias acumuladas evidencia que la violación equiparada sigue siendo una problemática grave que afecta a miles de personas en México.
Las autoridades y la sociedad civil deben seguir impulsando medidas para prevenir estos delitos, fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar una justicia expedita y efectiva para las víctimas. La transparencia en la presentación de estas cifras es fundamental para la construcción de políticas públicas que realmente impacten en la reducción de la violencia sexual y la protección de los derechos humanos.
Es vital que el debate público y las acciones gubernamentales se enfoquen en la prevención, la educación y el combate a la impunidad, para así erradicar este tipo de agresiones que laceran el tejido social.
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