La detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusado de peculado, desvío de recursos y presuntos nexos delictivos, marca un hito en la estrategia anticorrupción de la administración de Claudia Sheinbaum. Este hecho, ocurrido el mismo día que se confirmó la extradición de 29 personas vinculadas al narcotráfico a Estados Unidos, refleja una intensificación en las acciones del gobierno federal para combatir tanto la corrupción como el crimen organizado, dos flagelos que han aquejado a México durante décadas.
Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, enfrenta señalamientos por irregularidades en la construcción de cuarteles policiales que costaron más de 5 mil millones de pesos y que hoy están en ruinas, así como por presunto enriquecimiento ilícito. Su captura, junto con la de varios exfuncionarios de su administración, como Carlos Maldonado Mendoza, extesorero detenido en el AICM, sugiere que la Fiscalía General de la República (FGR) está enfocada en desmantelar redes de complicidad entre exautoridades y el crimen organizado, un tema sensible en un estado históricamente golpeado por la violencia del narcotráfico.
La entrega de los 29 narcotraficantes, gestionada bajo la supervisión de Omar García Harfuch, refuerza la narrativa de “cero impunidad” de Sheinbaum, quien ha delegado en la FGR la responsabilidad de casos como el de Aureoles, desvinculándose de decisiones operativas. Sin embargo, esta doble ofensiva podría generar tensiones políticas y sociales, especialmente en Michoacán, donde el PRD, partido de Aureoles, aún tiene influencia.
Además, la presión de Estados Unidos por resultados en seguridad podría estar moldeando esta agenda, lo que plantea interrogantes sobre la soberanía en la toma de decisiones. El impacto a largo plazo dependerá de la solidez de las pruebas y de la capacidad del gobierno para evitar que estos casos se politicen.
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