La propuesta de Miguel Alfonso Meza en la red social X, de trascender la denuncia periodística y formar un movimiento social contra la impunidad, plantea un análisis complejo y multifacético en el contexto latinoamericano. La interrogante sobre su posible éxito en países con una arraigada cultura de la impunidad y el abuso político obliga a examinar factores históricos, sociales y políticos que han normalizado estas conductas. A primera vista, la iniciativa parece una tarea titánica, pero un análisis más profundo revela tanto los obstáculos como las potencialidades de un cambio de esta magnitud.
🚨Denunciemos a los narcopolíticos y construyamos un movimiento nacional para la pacificación de México
La semana pasada iniciamos @narcopoliticos_, una plataforma para exponer y denunciar públicamente los vínculos entre políticos de todos los partidos y el crimen organizado.… pic.twitter.com/HoN59OP6dU
— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) August 18, 2025
Impunidad estructural
Históricamente, la impunidad en la región ha sido una herramienta de control y una manifestación de la debilidad institucional. La no denuncia, a menudo, no es un acto de apatía, sino una respuesta racional ante un sistema judicial percibido como ineficaz, corrupto o, peor aún, coludido con el crimen organizado. El miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades y la falta de mecanismos de protección para los denunciantes crean un círculo vicioso donde el silencio se convierte en la única opción viable para la supervivencia. Esta «cultura de la no denuncia» es un síntoma de un problema estructural más profundo, donde la justicia es un privilegio y no un derecho.
México enfrenta un desafío estructural: la impunidad no solo es jurídica, sino cultural. Según la UNESCO, México es el segundo país con más asesinatos de periodistas a nivel mundial, con 152 casos desde 2000, de los cuales el 90% permanece impune. Esta realidad, sumada a la colusión entre autoridades y crimen organizado, ha normalizado el abuso de poder. La ciudadanía, desalentada por la ineficacia de las fiscalías y el temor a represalias, a menudo opta por el silencio. Artículo 19 documentó 362 agresiones contra periodistas en el primer semestre de 2021, muchas perpetradas por agentes estatales, lo que refuerza la percepción de un sistema que protege a los poderosos.
¿Posibilidades de éxito o misión imposible?
A pesar de este panorama desalentador, han surgido a lo largo de los años movimientos sociales que han desafiado la impunidad y el autoritarismo. Ejemplos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México o la movilización de familiares de desaparecidos, demuestran que la indignación social puede cristalizarse en acciones colectivas. Si bien estos movimientos no han logrado erradicar la impunidad por completo, han conseguido visibilizar problemáticas, presionar a las instituciones y, lo más importante, construir un sentido de comunidad y solidaridad en la lucha por la justicia. En este sentido, la propuesta de Meza se alinea con una tradición de resistencia civil que, aunque lenta, es persistentemente transformadora. La denuncia periodística, como él bien señala, es el detonante, pero su impacto real depende de una sociedad dispuesta a respaldar esa información con acción.
El éxito de una iniciativa como la que propone Meza dependerá de varios elementos. Primero, la capacidad de generar confianza y superar el miedo. Un movimiento social efectivo debe ofrecer un espacio seguro para los ciudadanos, donde la solidaridad minimice los riesgos individuales. Segundo, la cohesión de sus objetivos. La lucha contra la impunidad es amplia, por lo que el movimiento debe enfocarse en metas concretas, como la exigencia de rendición de cuentas en casos específicos o la promoción de reformas legislativas. Tercero, la articulación con otros actores. No puede ser una lucha aislada; debe aliarse con organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, académicos y, en la medida de lo posible, con sectores del poder político no cooptados. Por último, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, como la propia red social X, es fundamental para la convocatoria, la difusión y la coordinación.
La propuesta de Meza, presidente de Defensorxs A.C., pone la denuncia periodística como punta de lanza. Sin embargo, el periodismo en México enfrenta obstáculos graves: desde el asesinato de comunicadores hasta el acoso judicial, como el que Meza mismo enfrentó por parte del INE por presunta “violencia política” tras exponer casos de corrupción. La prensa, aunque valiente, no puede sola romper el ciclo de impunidad si las instituciones no responden. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solo ha judicializado el 6% de las denuncias desde 2006, evidenciando una falta de voluntad política.
El llamado de Meza a un movimiento social es ambicioso, pero enfrenta barreras. La historia de México muestra que la movilización ciudadana, como las protestas contra los indultos de Menem en Argentina o las marchas por justicia para periodistas como Moisés Sánchez, puede presionar, pero rara vez logra cambios estructurales sin apoyo institucional. La desconfianza en las autoridades y la fragmentación social dificultan la cohesión necesaria para un movimiento sostenido. Además, la normalización de políticos abusivos, como los señalados por Meza en casos de lavado de dinero, perpetúa la apatía.
Aun así, hay esperanza. La denuncia de Meza contra figuras como Yasmín Esquivel o Arturo Zaldívar demuestra que la vigilancia ciudadana puede generar impacto, aunque limitado. Un movimiento social exitoso requeriría una ciudadanía informada, redes organizadas y presión internacional, como la del Parlamento Europeo, que ha condenado la impunidad en México. Sin embargo, en un país donde el “¿para qué?” de las autoridades refleja desdén, la iniciativa de Meza enfrenta un camino arduo.
En conclusión, la iniciativa de Meza no es una quimera. Aunque enfrenta un terreno fértil para el escepticismo, se basa en la premisa fundamental de que el cambio social proviene de la acción colectiva. El éxito no se medirá en la erradicación inmediata de la impunidad, sino en la capacidad de romper el ciclo de silencio y apatía. Al convertir la denuncia en un catalizador para la movilización, un movimiento de esta naturaleza podría ser el contrapeso social que presione a las instituciones a cumplir con su deber, demostrando que la impunidad no es un destino ineludible, sino una construcción social que puede y debe ser desmantelada.
There is no ads to display, Please add some
