La noticia se volvió aún más explosiva por el silencio. Washington no ha ofrecido explicaciones oficiales, Sheinbaum dice no tener información y Marina del Pilar no ha querido detallar los motivos. Solo admitió que la cancelación está relacionada con una “situación” que enfrenta su esposo. Nada más.

El caso no es aislado. También al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados, le fue cancelada su visa. Y aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también estaría en la misma situación. Primero su gobierno lo negó. Luego, matizó diciendo que se trataba de “información no confirmada”.

Lo cierto es que el contexto no permite ingenuidades. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una ofensiva para desenmarañar una red de vínculos entre políticos mexicanos —principalmente de Morena— y grupos criminales del narcotráfico y el huachicol fiscal. En Washington no están jugando. Cancelar visas no es un castigo menor, no es un simple «acto administrativo»; es una advertencia clara de que hay una ilegalidad de por medio y existen investigaciones abiertas. En algunos casos, incluso, se están considerando sanciones financieras por parte del Departamento del Tesoro.

La reciente publicación del periodista Tim Golden en ProPublica lo confirma. Ganador del Pulitzer y autor de investigaciones clave sobre el financiamiento del narcotráfico a campañas mexicanas, Golden revela que agencias estadounidenses tienen en su poder una lista de varias docenas de funcionarios y políticos mexicanos identificados como presuntos aliados del crimen organizado. No se trata de rumores: hay expedientes, hay nombres, hay investigaciones.

Según el reportaje, esa lista incluye desde gobernadores hasta altos funcionarios del gabinete de Claudia Sheinbaum y figuras cercanas al expresidente López Obrador. Además, existe un archivo separado con al menos 35 funcionarios investigados desde 2019, justo cuando el gobierno mexicano rompió unilateralmente los acuerdos de cooperación antidrogas con la DEA.

Y mientras todo esto ocurre, en Palacio Nacional y en las oficinas de Morena reina el silencio y la descalificación. Ya intentaron antes desacreditar a Golden. Pero ahora hay hechos que no se pueden tapar con discursos. Hay revocaciones de visas. Hay investigaciones activas. Hay un patrón.

La narrativa oficial ha perdido toda credibilidad. Las piezas ya no encajan. ¿Qué clase de país tiene una gobernadora fronteriza que no puede pisar el territorio de su vecino y principal socio comercial? ¿Cómo se explica que una lista negra del Departamento de Estado esté repleta de políticos del partido oficial? ¿Qué tipo de legado recibió Claudia Sheinbaum?

La respuesta es tan cruda como contundente: López Obrador no solo desmanteló instituciones y enterró la democracia; también sembró las bases de un narcoestado. Y esa herencia, tóxica y corrosiva, marcará la historia reciente de México. Porque el sello de la mal llamada Cuarta Transformación no fue la justicia social ni la honestidad valiente: fue la complicidad silenciosa con el crimen organizado.

Y ahora el mundo lo sabe.

Estados Unidos aprieta para exhibir a México como un Estado fallido, tomado por el narcoterrorismo, donde el gobierno no tiene control sobre el territorio, infiltrado por la delincuencia, incapaz de aplicar la ley, inepto y corrupto.

Trump, su gobierno, Congreso y medios de comunicación en Washington cierran la pinza: “La Presidenta Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles”. “No está cooperando con Trump”. “¿De qué soberanía habla cuando “usted” no dirige a su propio país”?

Luego, la “Lista Marco” elaborada en la oficina del Secretario de Estado Norteamericano con información de la CIA, el FBI y la DEA donde una decena de gobernadores de Morena, secretarios de Estado, diputados y senadores de ese partido son mencionados por tener vínculos con el crimen organizado.

Los norteamericanos dan otra vuelta a la tuerca: cancelan la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y ponen en la sala de espera a otros funcionarios de la 4T.

Washington ahorca más: Exhibe en un mapa la red de tráfico de combustible ilegal en la frontera norte con la complicidad de Pemex, carteles, aduanas, funcionarios y empresarios. Cierra la frontera a la exportación de ganado, amenazan con aplicar impuestos a las remesas, adelantan la revisión del T-MEC.

¿Qué falta? Que Estados Unidos clasifique a Morena como un cártel. Que denuncie el secuestro de México por un grupo político delincuencial que se sostiene en el poder con la colaboración y financiamiento de los capos.

La entrega de 17 familiares de Ovidio Guzmán al gobierno de Estados Unidos se hizo al margen de las autoridades mexicanas. Una prueba más, y tal vez la más sintomática, de que Washington ya actúa de manera unilateral para “hacerse cargo” de los grupos criminales y de que no hay colaboración por la simple razón de que los norteamericanos no confían en la 4T.

La corrupción del régimen exhibida desde Estados Unidos comienza a desestabilizar a Sheinbaum. Ha perdido poder y seguridad en sí misma. Ya se le agotó la trillada narrativa de la defensa de la soberanía, culpar a los neoliberales cae en el vacío, entra en contradicciones, comete el error de aparecer desinformada –o de estarlo– y de sostener hasta el absurdo la mentira.

La fotografía que bajó La Jornada de la plataforma digital de la Embajada de Estados Unidos donde aparecen agentes aduanales de EU en un carro militar en Sinaloa para desmantelar laboratorios de fentanilo provocó un cisma en Palacio Nacional y mostró a una Presidenta atacada desde adentro del sistema morenista.

Mientras ella decía que la imagen era falsa, el periódico –“vocero” del régimen– validaba la información. La fotografía desmentía y contradecía a Sheinbaum: “Eres una mentirosa, Estados Unidos ya tiene un pie militar dentro de México”.

El Ejército Mexicano juró lealtad a la Presidenta Sheinbaum en la conmemoración de la Columna de la Lealtad. Una ceremonia para decirle, entre líneas, que las fuerzas armadas no permitirán que sea derrocada. ¿Quién la quiere derrocar? ¿Estados Unidos o su propio partido cuyo jefe político dejó un pantano donde él mismo y su herencia política se hunden cada vez más?

¡Vaya semana para los mexicanos!

• Una joven influencer de 23 años era asesinada, mientras miles miraban la transmisión en vivo en sus redes sociales.
• 17 miembros de una de las familias más poderosas de México se entregaban en la frontera a las autoridades de Estados Unidos, por un acuerdo con sus líderes, entre ellos, jóvenes y niños que portaban bolsas y maletas de marca.
• Dos niñas en Sinaloa perdían la vida en manos de militares, bajo el ya trillado argumento de “fuego cruzado”, mientras los familiares lo desmentían.
• En tanto, en un hecho inédito, también se daba la noticia de que el gobierno de Estados Unidos le había retirado a una gobernadora y a su esposo, las visas para ingresar a su país.

¿El lazo que une estos hechos? El crimen organizado, que se apodera todos los días de más territorio y también de los espacios institucionales que se compiten, aparentemente, por la vía democrática. Un nuevo informe de la DEA revela que en prácticamente todo el territorio mexicano, operan los cárteles del narcotráfico.

¿La constante? La negación del gobierno para admitir la gravedad de la situación y reconocer que la estrategia -por más que quieran lavarle la cara al secretario de Seguridad Pública- es errónea.

A propósito, he obviado poner los nombres de los protagonistas, porque para el gobierno morenista lo ideal es personalizar y, con ello, culpar a terceros, con nombre y apellido, de sus omisiones, acciones e irresponsabilidades que nos tienen en el peor de los mundos como país. Son los hechos delictivos los que deben sancionarse y luego deben colocarse los nombres, para evitar la impunidad.

Los grupos criminales han entrado con fuerza a la vida de los niños, jóvenes y mujeres de México, ya sea porque los recluten y obliguen a integrarse a sus filas o, incluso, por el ofrecimiento de riqueza “fácil”, también porque sus espacios de libertad se ven limitados ante el riesgo que se vive en las calles, o porque crecen en entornos donde sus familiares tienen como principal ocupación la actividad delincuencial de alto impacto.

Lo cierto es que en el país, la falta de una política pública eficiente y la carencia de gobiernos responsables, no están “construyendo futuro” para las nuevas generaciones. La dispersión de apoyos en efectivo no ha sido suficiente para garantizarles crecimiento, desarrollo, progreso, calidad de vida y menos vida; el ejemplo que permea es el de la violencia constante, la irresponsabilidad pública y la pantalla permanente de una vida “feliz, feliz” que reflejan las redes sociales y que luego, se derrumba con enorme facilidad.

No se puede pasar por alto la investigación publicada por la revista Science, que señala que el narco es el quinto empleador de México y una gran parte de ellos son jóvenes. La Universidad Autónoma de Guadalajara advirtió recientemente sobre la crisis de jóvenes desaparecidos en Jalisco, lo cual tampoco es ajeno a otras entidades del país.

El problema de fondo no está en que una joven sea influencer y transmita contenido en vivo, tampoco es que el gobierno de Estados Unidos llegue a acuerdos legales para la desarticulación de redes criminales en nuestro país. La tragedia es que se justifiquen los asesinatos por sus posibles relaciones, que pierdan la vida personas inocentes mientras en México se fomente la impunidad para los delincuentes que tejieron sus redes de complicidades con servidores públicos corruptos, a los que solo les importa mantenerse en el poder.

El problema es que cuando se descubren esas posibles relaciones entre políticos de la clase gobernante y los peligrosos grupos delincuenciales, se les defienda y se les arrope con la “bendición presidencial”, minimizando hechos graves: “sólo es una visa”, cuando de fondo se están evidenciando los putrefactos vínculos entre el poder político y el fáctico.

Es indignante el nivel de indolencia que, tragedia tras tragedia, se intensifica y se hace costumbre para el gobierno mexicano.

Como lo escribí en el 2023, hemos llegado al absurdo de que la ineficiencia gubernamental se festeja con odas al patriarca o presidenta con A, creadas por personajes patéticos que transforman el ejercicio público en demencia política y olvido de responsabilidad:

Mientras sus seguidores se hermanan en ritos de complicidad y la oposición cae en lugares comunes que no van más allá de condenar los hechos y exigir renuncias de altos funcionarios, México llora a sus muertos, se hunde ante las desgracias, se indigna ante la indiferencia y se sume en la pobreza.

Matan, violentan o desaparecen a los mexicanos ante los ojos de los gobernadores del oficialismo y siguen sin atenderse estos delitos. Lo más lamentable es que algunos de esos gobernadores han sido ligados a cárteles delincuenciales. Desafortunadamente no han sido las autoridades mexicanas quienes han descubierto estas redes de complicidad, quien lo ha hecho es el gobierno norteamericano.

El caso más reciente sobre la cancelación de la visa americana de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la de su esposo, han dejado entrever que se encuentran bajo una posible investigación por las autoridades norteamericanas. En 2022 ya había sido señalada por el exgobernador de su partido, de tener vínculos con el crimen organizado. Desde la tribuna del Senado mexicano, se hicieron públicas las denuncias después de que aparecieran “narcomantas” en las que referían esta confabulación.

Según lo señalado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de nuestro vecino del norte, así como por su oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, las visas pueden ser revocadas, entre otras causas, si un extranjero infringe la ley, realiza un trabajo ilegal o compromete la seguridad de sus compatriotas estadounidenses. Por ello, que le haya sido cancelada la visa americana a la gobernadora de un estado fronterizo como Baja California, es sumamente preocupante.

El pueblo de México merece saber qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos que originaron esta cancelación de visas. Debe haber transparencia del gobierno mexicano e informar si existen vínculos entre la gobernadora y el crimen organizado.

Mientras se resuelven estas investigaciones, por ética y respeto a los mexicanos, la señora Ávila debe separarse de su encargo como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Alguien que se encuentra, al parecer, bajo investigación, no puede dirigir esta conferencia ni representar a todos los gobernadores del país. El régimen debe romper el pacto de impunidad con los criminales.

El pilón:

Ha sido una semana de mucha actividad para todos los partidos políticos. El próximo 1 de junio se realizarán elecciones en Veracruz y Durango. Se elegirán 1,458 cargos para ocupar las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

De manera personal, acudí a ambos estados a respaldar a los candidatos de Acción Nacional.

En Veracruz tuve la oportunidad de acompañar a Indira Rosales y a Marijo Gamboa. En ese estado hay una inseguridad preocupante que debe corregirse.

En Durango acompañé a Toño Ochoa y a César Salas. Ahí me enteré que Morena está amenazando con quitar los programas sociales.

Lo he dicho públicamente y hoy lo reafirmo: he votado a favor de que los programas sociales sean un derecho constitucional. No son de la chequera de ningún partido ni de ningún servidor público. Que no te amenacen, los programas sociales continuarán, son tu derecho.

Como dice la frase “toma lo que te dan y vota por el PAN”. Un país democrático, con contrapesos y libertades en necesario.

@kenialopezr

La entidad fronteriza durante mucho tiempo estuvo azotada por el cartel de los Arellano Félix, considerado uno de los más peligrosos y crueles del país, quienes azotaban la región controlando una de las colindancias más importantes con el vecino del norte. En paralelo, precisamente esa zona historicamente concentra un gran número de migrantes indocumentados con la intención de cruzar al otro lado.

El cruce entre personas de ambos países es cotidiano, normal y frecuente, la interrelación que existe en ambos lados de la frontera es común, de hecho, la clase pudiente en Baja California tiene residencias en Estados Unidos, como también resulta ser una practica regular que los vecinos se vayan de reventón a Tijuana, lo que hace de esa zona una peculiar interrelación.

No obstante, retirar la autorización para entrar al suelo norteamericano a la gobernadora en funciones, es un acto inédito, un tiro muy largo con trasfondo, tal parece es el comienzo de una serie de acciones que se van a ir dando.

Lo vimos con el alcalde de Matamoros -que por cierto salió bien librado-, después de un intenso interrogatorio, lo devolvieron a México sin visa y, advertido de sanciones, al ser señalado de tener relaciones con grupos delincuenciales.

Si algo debemos reconocer son los sistemas de inteligencia de las agencias americanas, cuentan con información y registros de todo tipo, acostumbrados a lidiar con gente peligrosa y políticos ladinos y demagogos, como existen muchos en este país.

Nosotros tenemos sistemas bastante efectivos, nuestro problema consiste en el encubrimiento y, ellos lo saben, por eso la desconfianza.

En esa medida, habrá una gran cantidad de funcionarios públicos que estarán poniendo sus barbas a remojar, pues lo ocurrido a la gobernadora de Baja California, es un aviso para todos aquellos que traigan cuentas pendientes.

Si se quiere ver desde otro ángulo, la cosa no es sencilla, seguramente hay muchos funcionarios públicos que no les interesa ir a los Estados Unidos, sin embargo, llegado el caso de que tengan orden de captura en aquel país, pueden ser detenidos el algún otro que tenga convenio de extradición.

Y aquí en México tampoco están a salvo, pues se impuso la práctica de entregar a delincuentes para ser juzgados en aquel país sin ninguna orden de extradición, simplemente con ponerlos del otro lado de la frontera es suficiente para enfrentar la justicia sin restricción alguna.

En ese aspecto, la cancelación de la visa en cuestión tiene un especial significado, no solamente por la persona afectada en este caso, sino también por lo que representa que no es asunto menor.

También es una llamada de atención a la administración de Sheinbaum, pues los vecinos nos han calificado como un Estado gobernado por el narco, con el objeto de que ponga orden y mayor atención en esos asuntos que proliferan en el país.

Su llamado a misa, lejos de ayudar a sus correligionarios, los exhibe al echar luz sobre lo que hacen sin tenerlo moralmente permitido. Apenas terminó el Consejo Nacional de Morena, varios de sus miembros distinguidos se vieron en problemas para explicar por qué estaban por abordar camionetas machuchonas para retirarse, no digamos a quienes todos voltearon a ver por ser destinatarios tácitos de las palabras presidenciales y se vieron obligados a fingir demencia para no darse por aludidos.

Es cierto que la demagogia es marca de la casa y le dio altos réditos a López Obrador, aunque éste solía hacer lo opuesto a lo que predicaba con sus frases mil veces repetidas. También lo es que le hablan a los suyos, aquellos que de cualquier manera van a creerles aunque la evidencia los desmienta. Pero al dirigirse directamente a los miembros de su partido, poniéndoles reglas que ni siquiera cumplían antes de llegar al poder, no digamos los que se sumaron de otros partidos para mantener su status, dejó al descubierto un flanco de su partido que de por sí era vulnerable y, lo fundamental, al hacerlo marca distancia de sus correligionarios.

A estás alturas del partido, su cacareada superioridad moral es algo que no necesita ser refutada porque ellos mismos se encargaron de echarla abajo en el minuto uno. Escucharlos despotricar contra el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y la colusión con la “delincuencia de cuello blanco” acaba resultando cómico, tan descarnado cinismo no puede tomarse en serio. Otra cosa es la vinculación con los cárteles que también se menciona en la carta de la presidenta.

Por supuesto que hay un sentido político en pedirles que no hagan campañas anticipadas, dejen de utilizar recursos públicos y acepten las encuestas con las que disfrazan el dedazo. Es la gobernabilidad de la distribución del poder, la cual ya no se decide factualmente en los procesos constitucionales por la grosera inequidad de las restauradas elecciones de Estado, así como la captura de las autoridades electorales; por eso no se pide el respeto a la Constitución y a las leyes, sino a las reglas internas.

A Andrea Chávez no le preocupa que el INE o el TEPJF apliquen la legislación electoral, se sabe impune, su desvelo es que el dedo apunte hacia otro lado. Pero dejemos esto a un lado para enfocarnos en la raya que, con su decálogo, la presidenta Sheinbaum pintó explícitamente respecto a vínculos criminales de miembros de su partido. ¿Fue un agregado gratuito a su texto o lo considero indispensable después de reunirse con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos?

El Semanario Zeta publicó que hace dos semanas le revocaron a Carlos Torres la visa en la garita de Tijuana, cuando pretendía ingresar a Estados Unidos. En cambio, a su esposa, Marina del Pilar Ávila, el Departamento de Estado le comunicó que había sufrido la misma suerte para no hacerle pasar un mal momento en la frontera. Si hasta ahora el matrimonio lo hizo público es porque seguramente se enteraron que la nota estaba por salir. Sheinbaum, por su parte, afirmó que no estaba enterada y que pediría información al país vecino. ¿No le informaron a la Cancillería a pesar de la “buena relación”? ¿La gobernadora no le avisó a su amiga presidenta?

Sabemos que Donald Trump quiere actuar militarmente contra los cáteles en México e insiste en que controlan gran parte del país. También que el Departamento del Tesoro exhibió una red internacional de huachicol que solo puede operar con la complicidad de altas autoridades y que, desde hace años, hay investigaciones periodísticas que aseguran que las pesquisas apuntan hacia el financiamiento electoral de Morena. Con razón la presidenta se curó en salud con su código de ética.

Llevamos semanas en las que se rumora que hay una “lista negra” que tiene el gobierno norteamericano para aplicar castigos y represalias a políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado. Se sabe que también una de las sanciones es el retiro de la visa. Hace unas semanas le quitaron el documento al alcalde morenista de Matamoros. Y cuando todos pensaban que el que seguía era el gobernador de Sinaloa, la sorpresa salió con Marina del Pilar Ávila.

Por supuesto es un duro golpe para el matrimonio que incluso decidió tener al hijo que procrearon en el país vecino para que cuente con esa nacionalidad y algunas otras facilidades. Pero también lo es para la gobernadora que tiene el dudoso honor de ser la primera persona en ejercicio del poder estatal a la que le quitan el documento migratorio. A la mejor si al lector, la lectora, el lectore, nos quitan la visa no pasa de ser un problemilla turístico, pero quien gobierna un territorio en el que está la frontera con más cruces en el mundo pues sí es algo más que un inconveniente.

Sabemos por las redes en que difunde sus mensajes, que a la gobernadora Ávila le gusta mucho cantar y bailar y desfoga en videos con producciones profesionales su vocación dancística. Al parecer ahora le tocó bailar con la más fea, como dice el refrán, o más bien con el más feo -sin que sea una descripción del marido-. Cómo nos han comunicado lo que les pasó con las autoridades norteamericanas ha sido un verdadero desastre.

La gobernadora informó en un mensaje: “En estos días he sido testigo, una vez, más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de que la medida consular le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente en que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”. Qué bonito que pueden obtener pruebas de amor a través de la cancelación de un visado. Es una de las nuevas formas que ha tomado el romanticismo en el siglo XXI: la pasión por la visa. Pero ¿es el amor un requisito para el visado?

Para el día de ayer, la gobernadora ya decía que ella no había cometido ningún delito -deslindándose suavemente de su marido- y que enfrentaría lo que viniera con sus valores. Los rumores sobre cuentas congeladas, y negocios sucios por parte del consorte, suenan con fuerza.

No parece que el amor vaya a salvar a la pareja que hace un par de días veía su situación como una prueba a la lealtad y la entrega en la vida marital, todo parece indicar que el asunto va más allá de la per amorosa. Si Estados Unidos no quiere informar las razones del retiro del visado  –no tiene por qué hacerlo pues es información confidencial- los dimes y diretes serán la verdad, a menos que la gobernadora o su marido tengan a bien aclara qué es lo que pasó. Por lo pronto quedaremos a la espera de cualquier filtración.

@JUANIZAVALA

Anunciadas desde el triunfo del también empresario en noviembre pasado, estas medidas generaron versiones periodísticas de lo que se llamó una “lista negra” de funcionarios y políticos mexicanos ligados a la delincuencia organizada contra quienes se tomarían medidas.

El combate a los cárteles del narcotráfico, que inundaban las calles estadounidenses de fentanilo provocando miles de muertes, fue un recurso retórico que Trump utilizó en su campaña para ganar votos, prometiendo que acabaría con esta amenaza; posterior a su victoria electoral, empezaron a darse a conocer algunas de las medidas que tomaría su administración para cumplir con su promesa, entre las que se encontraban la intervención militar contra los cárteles mexicanos y medidas jurídicas en contra de políticos que apoyen a estos grupos criminales.

El primer funcionario mexicano en sufrir esto fue el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Fávila, quien fue postulado por Morena. El jueves 17 de abril fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quienes le quitaron su visa en el puente internacional Brownsville-Matamoros, en donde también le informaron que el motivo de esa acción era una investigación que lo vinculaba a un grupo delincuencial.

De acuerdo a Aristegui Noticias, “fuentes cercanas a la investigación revelaron a corresponsales locales que agencias de inteligencia estadounidenses monitoreaban desde hace meses al alcalde por presuntos nexos con el Cártel del Golfo”.

Ahora, la gobernadora de Baja California enfrenta la misma situación, pero a pesar del apoyo –acostumbrado con desplegados y mensajes en redes sociales– de Morena, no ha aclarado los motivos por los que su esposo y ella perdieron la visa.

Pero el semanario Zeta de Tijuana, en un texto de su directora Adela Navarro Bello, puntualiza que “la investigación que tuvo como consecuencia el retiro de la visa de turista B1/B2 de Carlos Torres Torres para negarle el acceso a los Estados Unidos inició en el Departamento de Estado en Washington. La orden de llevar a cabo la operación para que, en cuanto intentara adentrarse en territorio norteamericano le fuese impedido el paso, y su documento para el cruce fronterizo retenido y destruido, también provino de la capital estadounidense”.

El semanario agrega que “la fuente norteamericana informó a ZETA que se vienen ‘más retiros de visas a más personas, dentro de esta investigación’. Hasta donde pudo adelantar, lo que se indaga son relaciones con grupos ilícitos, sin precisar por el momento a cuáles se refieren y cuáles acciones conjuntas pudieron realizar.

“Lo que sí agregaron los informantes fue que esta acción e investigación tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California”.

De acuerdo al columnista Salvador García Soto, “el anuncio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien ayer reconoció en redes sociales que su visa estadounidense le había sido cancelada por el gobierno de ese país, luego de que se la cancelaran primero a su esposo, el polémico empresario y político, Carlos Torres, quien ha sido insistentemente señalado de tener vínculos con organizaciones criminales en Tijuana, represente sin duda una medida que confirma lo que en esta columna hemos escrito e informado desde hace varios meses: que el gobierno de Trump, a través de su poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, ha comenzado la ‘cacería’ de políticos mexicanos que, según sus investigaciones, tienen vínculos con el narco”.

Las denuncias en contra de la gobernadora y su esposo también vienen desde el interior de Morena. El exgobernador de la entidad Jaime Bonilla acusó en 2022 a la mandataria de estar vinculada al crimen organizado.

Lista negra

De acuerdo a García Soto, son 44 los nombres que integran dicha lista, la cual incluye a militantes de varios partidos políticos, aunque la mayoría son de Morena.

“Las fuentes estadounidenses que han revelado información sobre esa lista, mencionan varios nombres que aparecerían entre los 44 políticos y funcionarios mexicanos que hasta la última vez que nos informaron estaban enlistados. Una buena parte de ellos están vinculados al tema del ‘huachicol fiscal’ y el contrabando de gasolinas estadounidenses en México y se les relaciona con financiamientos o apoyos del empresario asesinado Sergio Carmona Angulo, identificado en expedientes estadounidenses como financiador de campañas políticas de Morena con dinero proveniente del huachicol y el narcotráfico”, comentó en su columna del 12 de mayo Salvador García Soto.

Mario Maldonado, columnista en El Universal, detalló en su colaboración del lunes 12 de mayo que “fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado”.

Raymundo Rivapalacio, en su espacio en El Financiero, recordó también el 12 de mayo que “la gobernadora y su esposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace poco más de dos años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y Ávila, en una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA, fue una de las siete candidatas a gobernador en 2021 cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, después de las elecciones”.

Y Mario Maldonado añade otro elemento para comprender lo que podría venir en el corto plazo, “en la lista de nombres también hay funcionarios, mandatarios y exmandatarios de la oposición, así como un puñado de gobernadores morenistas en funciones; el más próximo a ser evidenciado sería Rubén Rocha Moya, de Sinaloa”.

Esto también ayuda a entender porque en la mañanera del 12 de mayo, la presidenta Sheinbaum sólo atinó a responder cuando le preguntaron por el tema de la visa de la gobernadora y su esposo que “no nos vamos a adelantar… vamos a esperar la información”, algo que muestra que efectivamente no fue informada o que sabe lo que está pasando, pero no puede comentarlo porque haría más grande el problema.

Así, a esperar más acciones de Estados Unidos en contra de políticos mexicanos vinculados a delincuentes, algo que la presidenta Sheinbaum negó en el contexto de la carta que envió a Morena para buscar reencauzar las actividades de su partido ante los vicios en los que han caído muchos de sus militantes, pero que sabe que es una realidad.

Dice Claudia Sheinbaum que no hay nada que pueda vincular a Morena con la delincuencia organizada.

¿Y López Obrador? ¿Y Rubén Rocha? ¿Y Cuauhtémoc Blanco?

La lista es muy larga… pic.twitter.com/6auKCtN66A

— Arturo Villegas (@ArturoVillegasQ) May 5, 2025