Caminar por las calles de México sigue siendo un desafío para la seguridad ciudadana. Durante el actual sexenio de Claudia Sheinbaum (2024-2030), se han denunciado un total de 131,525 casos de robo en vía pública. Esta cifra implica que, en promedio, se registran cientos de incidentes cada día en el territorio nacional, afectando la movilidad y la tranquilidad de los transeúntes.

A pesar de la magnitud de la cifra acumulada, los datos de febrero de 2026 muestran una señal de alivio. En este último mes se reportaron 8,012 denuncias, lo que representa una caída del 14% frente a las 9,316 registradas en febrero de 2025.

Los puntos críticos del país

El fenómeno del robo en vía pública no golpea a todos los estados por igual. Existe una marcada concentración geográfica donde tres entidades federativas acumulan el 64% de todos los casos reportados en el sexenio:

• Estado de México: Se mantiene como el foco rojo principal con 54,642 denuncias.

• Ciudad de México: Ocupa el segundo lugar con 19,403 casos registrados.

• Jalisco: Se posiciona en tercer sitio con 10,234 incidentes.

Otras entidades como Puebla (7,117) y Baja California (5,385) también figuran entre las zonas con mayor incidencia acumulada durante el periodo actual.

El riesgo por densidad poblacional

Cuando el análisis se traslada a la tasa de denuncias por cada millón de habitantes, el mapa de riesgo se ajusta. Bajo esta óptica, el Estado de México sigue liderando la peligrosidad con 3,214 denuncias por cada millón de habitantes. Le siguen la Ciudad de México (2,107) y Aguascalientes (1,578), evidenciando que en estas zonas la probabilidad de ser víctima de un asalto en la calle es significativamente mayor que en el resto del país.

Una tendencia histórica a la baja

Al observar el panorama a largo plazo, México ha logrado alejarse de los picos de violencia registrados hace siete años. La tendencia anual muestra un descenso constante desde el año 2019, cuando se alcanzó un máximo de 203,710 robos en vía pública.

Desde entonces, las cifras anuales han bajado progresivamente: 170,165 en 2020; 155,798 en 2021; 149,328 en 2022; 139,114 en 2023; 125,203 en 2024 y cerrando el 2025 con 112,683 casos. Aunque el descenso es sostenido, la cifra de 2025 sigue siendo superior a los registros de 2015 y 2016, lo que indica que aún queda un largo camino para recuperar los niveles de seguridad de hace una década.

La seguridad de los comercios se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los emprendedores en México. Durante el actual sexenio de Claudia Sheinbaum (2024-2030), se han contabilizado 76,283 denuncias por robo a negocios. Aunque la cifra suena alarmante, los datos más recientes de febrero de 2026 muestran una tendencia alentadora: una caída del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Mientras que en febrero de 2025 se registraron 5,612 casos, para el segundo mes de este 2026 la cifra descendió a 4,888 denuncias. Este alivio estadístico forma parte de una trayectoria descendente que el país ha experimentado desde el año 2019, cuando este delito alcanzó su punto máximo con más de 118 mil registros anuales.

El mapa del riesgo: ¿Dónde se concentran los robos?

A pesar de la disminución general, la inseguridad no se distribuye de manera uniforme por el territorio nacional. Solo tres estados concentran el 42% de todos los robos a negocios reportados en lo que va del sexenio:

• Estado de México: Encabeza la lista con 16,896 casos.

• Ciudad de México: Ocupa el segundo lugar con 10,178 denuncias.

• Guanajuato: Completa el podio con 5,153 incidentes registrados.

Otras entidades que mantienen cifras elevadas son Veracruz, Puebla y Baja California, superando todas la barrera de las 3,700 denuncias en el periodo mencionado.

La tasa por habitante: Otra forma de medir el peligro

Si bien el Estado de México tiene el mayor volumen de delitos, la perspectiva cambia cuando se analiza la incidencia por cada millón de habitantes. Bajo esta métrica, Aguascalientes se posiciona como el estado más afectado con una tasa de 1,610 denuncias por cada millón, seguido por Querétaro con 1,335 y la Ciudad de México con 1,105.

Esta diferencia entre el volumen total y la tasa poblacional sugiere que, en estados más pequeños, el impacto del robo a negocios es proporcionalmente más severo para su comunidad empresarial.

Una tendencia de siete años a la baja

Los datos históricos revelan que el robo a negocios en México ha venido cediendo terreno año tras año. Después del pico histórico de 2019 (118,167 casos), las cifras han bajado consistentemente: 95,284 en 2020; 86,775 en 2021; 84,380 en 2022; y finalmente cerrando 2025 con 65,993 registros.

Para los dueños de establecimientos, estas estadísticas son un termómetro vital de la estrategia de seguridad nacional. Aunque la disminución del 13% en el último año es una señal positiva, el reto de proteger el patrimonio de los comerciantes mexicanos sigue siendo una asignatura pendiente en las principales zonas metropolitanas del país.

El panorama de seguridad en el sector financiero mexicano muestra una transformación radical en la última década. Al cierre de febrero de 2026, las cifras oficiales revelan una estrepitosa caída en la incidencia del robo a bancos, consolidando una tendencia a la baja que ha persistido desde 2015. Mientras que hace once años el país registraba más de 600 denuncias anuales, el reporte más reciente de TResearch International indica que la cifra se ha reducido a apenas una fracción de aquel volumen.

Durante el pasado mes de febrero, se contabilizaron únicamente 6 denuncias por este delito a nivel nacional, lo que representa una disminución del 25% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este dato cobra mayor relevancia al contrastarlo con la perspectiva histórica: en febrero de 2015 se alcanzaron 75 reportes, lo que evidencia que la efectividad en la prevención y combate a este crimen ha logrado neutralizar las estrategias de las bandas delictivas en gran parte del territorio.

La geografía del delito: Veracruz y Guerrero bajo la lupa

A pesar del descenso generalizado, el análisis por regiones permite identificar focos rojos donde la actividad criminal aún se resiste a desaparecer. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han acumulado un total de 112 denuncias por robo a bancos. De este gran total, tres entidades federativas concentran el 38% de los casos: Veracruz encabeza la lista con 15 incidentes, seguido muy de cerca por Guerrero y Chihuahua, ambos con 14 reportes cada uno.

Si se analiza la tasa de delitos por cada millón de habitantes, la presión delictiva se siente con mayor fuerza en Guerrero y Chihuahua, entidades que lideran este indicador con una tasa de 4 denuncias por millón. Otros estados como Morelos (3), Michoacán (2) y Veracruz (2) completan el bloque con mayor incidencia per cápita, lo que sugiere que los operativos de seguridad deben enfocarse de manera diferenciada en estas zonas críticas.

Un descenso sostenido que marca récords

La serie histórica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma que el pico más alto de este delito ocurrió en 2015 con 614 denuncias. A partir de ese momento, salvo por un repunte del 21% en 2019, la cifra ha caído de forma consistente. El año 2024 cerró con 137 casos y 2025 bajó aún más, situándose en 101 reportes anuales.

En el otro extremo de la balanza, un amplio grupo de estados ha logrado reportar «saldo blanco» en lo que va del periodo actual. Entidades como Tabasco, Yucatán, Chiapas, Baja California Sur, Sonora, Querétaro y Tamaulipas no registran denuncias por robo a bancos en los últimos cortes informativos.

Este escenario de mínimos históricos plantea nuevos retos para la política de seguridad nacional. Si bien el robo directo a sucursales parece estar bajo control en la mayor parte del país, la concentración en estados específicos como Veracruz y Guerrero obliga a las autoridades a no bajar la guardia. Para el ciudadano y el inversionista, estas cifras representan un respiro en medio de otros desafíos de seguridad, marcando un hito en la protección del sistema bancario nacional.

Las cifras oficiales de febrero de 2026 han sacudido el tablero político y migratorio: las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos han caído a niveles que no se veían en años. Con apenas 9,621 arrestos reportados en el último mes, el flujo migratorio irregular parece haber entrado en una fase de enfriamiento drástico bajo la nueva administración de Donald Trump, marcando un contraste abismal con los picos registrados en el pasado reciente.

Este descenso no es un hecho aislado. En lo que va de 2026, las cifras mensuales se han mantenido consistentemente por debajo de la barrera de las 10 mil detenciones. Si comparamos estos datos con los primeros 12 meses del gobierno de Joe Biden (enero 2021 – febrero 2022), donde se acumularon más de 2.3 millones de arrestos, la reducción actual es superior al 90%. Incluso frente al primer mandato de Trump, el ritmo de detenciones actual muestra una tendencia a la baja aún más pronunciada.

Para México, estas estadísticas tienen un peso particular. El informe revela que el 77% de los detenidos en febrero fueron ciudadanos mexicanos, sumando 7,429 personas. El resto del flujo se divide principalmente entre guatemaltecos (7%), hondureños (4%) y salvadoreños (2%). En el contexto del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se contabilizan 217,019 mexicanos detenidos en la frontera norte, una cifra que, aunque significativa, palidece ante los más de 3.2 millones de connacionales interceptados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El perfil de quienes intentan cruzar también es revelador: nueve de cada diez detenidos son adultos que viajan solos. Las familias apenas representan el 4.5% de los casos, mientras que los menores no acompañados constituyen el 5% del total capturado por la Patrulla Fronteriza. Estas cifras sugieren un cambio en la dinámica de movilidad, donde el riesgo parece ser asumido mayoritariamente por individuos y no por núcleos familiares.

Expertos y analistas políticos ya debaten las causas de este desplome. ¿Se trata de un éxito de las políticas de contención o de un efecto disuasorio ante el endurecimiento del discurso en Washington? Mientras las detenciones se mantienen en mínimos históricos para esta década, el fenómeno migratorio sigue siendo el epicentro de la agenda bilateral, obligando a las autoridades mexicanas a recalibrar su estrategia frente a una frontera que, al menos en las estadísticas, parece estarse cerrando.

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han denunciado un total de 22,397 casos de delitos cometidos por servidores públicos en México. Esta cifra, revelada en el informe de abril de 2026 por la consultora TResearch con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pone bajo la lupa el comportamiento de quienes desempeñan cargos dentro del aparato estatal.

El fenómeno presenta un incremento reciente que enciende las alarmas en el ámbito político. Tan solo en febrero de 2026, se registraron 1,507 denuncias, lo que representa un aumento del 5% en comparación con las 1,437 quejas recibidas en el mismo mes del año anterior. Si se analiza el acumulado del primer bimestre de 2026, el registro ya suma 2,934 casos a nivel nacional.

La distribución de estas presuntas faltas no es uniforme en todo el país, ya que tres entidades concentran más de la mitad de la problemática. La Ciudad de México encabeza la lista con 5,054 denuncias, seguida por el Estado de México con 4,397 y Nuevo León con 2,060 casos registrados. Estas tres demarcaciones juntas agrupan el 51% de todos los incidentes reportados en el actual periodo gubernamental.

Al ajustar los datos por la densidad poblacional, el escenario arroja otros focos rojos para la transparencia y el servicio público. La capital del país se mantiene en el primer puesto con una tasa de 549 denuncias por cada millón de habitantes. Le siguen muy de cerca Baja California Sur con 545 y Quintana Roo con 388 menciones por la misma cantidad de pobladores.

La tendencia histórica delictiva de los funcionarios ha mostrado fluctuaciones notables en la última década. Mientras que en 2015 se contabilizaban 11,821 casos anuales, la cifra escaló hasta los 21,883 registros en el año 2020. Tras algunos descensos en años posteriores, la estadística volvió a subir en 2025 alcanzando las 19,463 denuncias, lo que marca un desafío persistente para las instituciones de justicia y control interno.

Para los ciudadanos interesados en la vida política del país, estas cifras son un termómetro de la integridad institucional. En un contexto donde la rendición de cuentas es una demanda central, el aumento en las denuncias contra servidores públicos en el arranque de este año sugiere una vigilancia social más activa o, por el contrario, un síntoma de debilidad en los mecanismos de prevención de la corrupción y el abuso de autoridad en las principales ciudades del país.

El panorama económico global en marzo de 2026 revela una realidad de contrastes profundos, donde México se mantiene en una posición de relativa estabilidad frente a la volatilidad de otras naciones. De acuerdo con el más reciente reporte de TResearch y el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país registra una tasa de inflación del 4.0%, situándose por debajo del promedio del G20 y de regiones como África y Asia.

A nivel mundial, la inflación promedia niveles muy distintos según la geografía. África encabeza el costo de vida con un 6.1%, seguida por el bloque del G20 y Asia, ambos con un 4.9%. En el otro extremo, Oceanía presenta la tasa más baja con apenas un 1.7%, mientras que la Zona Euro y Estados Unidos muestran cifras controladas de 2.5% y 2.4%, respectivamente.

Para entender la posición de México es necesario mirar el contexto de América. El promedio del continente se ve drásticamente afectado por dos casos extremos: Venezuela, con una inflación estratosférica del 618%, y Argentina, que alcanza un 33.1%. Si se incluyen estas dos naciones, el promedio regional se dispara al 20.4%; sin embargo, al excluirlas, la inflación en América baja a un saludable 3.5%. En este escenario, el 4.0% de México refleja un manejo económico que, aunque superior al promedio ajustado, dista mucho de las crisis profundas de sus vecinos del sur.

Dentro del exclusivo grupo del G20, México ocupa un lugar intermedio. Mientras que Argentina y Turquía (30.9%) lideran el ranking con las mayores alzas de precios, Suiza se posiciona como el país con mayor estabilidad al registrar apenas un 0.3% de inflación. Nuestro país, con su 4.0%, supera ligeramente a potencias como Estados Unidos (2.4%) y Brasil (3.8%), pero se mantiene competitivo en comparación con Rusia, que registra un 5.9%.

Este reporte subraya que la «pandemia en los precios» aún no termina para todos. Naciones como Sudán del Sur (113%) e Irán (48.6%) enfrentan situaciones críticas que pulverizan el poder adquisitivo de sus ciudadanos. En contraste, países europeos como Suiza e incluso territorios con tasas negativas como las Islas Feroe (-0.2%), viven una realidad económica opuesta.

Para el público interesado en la política mexicana, estos datos son cruciales. La estabilidad de los precios es uno de los indicadores más vigilados por los electores y un argumento constante en el debate público. Mantenerse cerca del promedio de las economías desarrolladas, y lejos de las hiperinflaciones regionales, sigue siendo el principal reto para la administración actual en un mundo donde el costo de la vida no da tregua.

El combate a la violencia de género se mantiene como uno de los puntos más críticos en la agenda de seguridad del actual Gobierno Federal. Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han denunciado formalmente 15,487 casos de acoso sexual en México. Esta cifra, revelada en el más reciente balance de seguridad, refleja un fenómeno persistente que desafía las políticas de protección a las mujeres y el orden público.

Según los datos procesados por TResearch International, con base en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el mes de febrero de 2026 cerró con 1,027 denuncias por este delito. Aunque el dato mensual es alarmante, representa una ligera disminución del 1% en comparación con febrero de 2025, cuando se registraron 1,042 casos.

Los focos rojos: CDMX y Edomex a la cabeza

La incidencia del acoso sexual muestra una concentración geográfica muy marcada. Tan solo tres entidades federativas acumulan el 49% de todas las denuncias presentadas en lo que va del sexenio de Sheinbaum:

• Ciudad de México: Encabeza la lista nacional con 3,656 registros.

• Estado de México: Ocupa el segundo lugar con 3,024 casos.

• Jalisco: Se ubica en la tercera posición con 857 denuncias.

Sin embargo, al evaluar la vulnerabilidad por densidad poblacional, el ranking de riesgo cambia. Por cada millón de habitantes, las tasas más altas de denuncias se localizan en la Ciudad de México (397), seguida de Querétaro (251) y Baja California Sur (248).

Una tendencia al alza en la última década

El reporte histórico muestra que el acoso sexual ha tenido un crecimiento explosivo en la última década. En 2015, el país registraba apenas 1,822 casos anuales; para el cierre de 2024, la cifra escaló hasta los 13,561 registros. Aunque entre 2024 y 2025 se observó una estabilización con una ligera baja del 3% (llegando a 13,116 casos), los niveles actuales siguen siendo drásticamente superiores a los de hace ocho años.

En lo que va de 2026, ya se han contabilizado 1,950 registros oficiales. La variación por estados en el último año es sumamente dispar; mientras entidades como Quintana Roo vieron un aumento de 19 a 42 casos en el comparativo de febrero, otras como Chihuahua lograron reducir la incidencia de 69 a 52 reportes en el mismo periodo.

El reto de la cifra negra

A pesar de que el informe destaca estados con «cero» reportes mensuales, como Tlaxcala o Aguascalientes, la realidad nacional sugiere que el acoso sexual sigue siendo un delito con un alto nivel de subregistro. La administración de Sheinbaum enfrenta el reto de transformar estas 15 mil denuncias en sentencias y, sobre todo, en mecanismos de prevención efectivos que detengan la tendencia histórica ascendente que ha marcado al país desde 2015.

El panorama de la seguridad en México enfrenta un desafío crítico en materia de delitos de género. Durante el presente sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado ya 37,783 denuncias por abuso sexual en todo el territorio nacional. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud de una problemática que, aunque muestra ligeros descensos en los registros mensuales más recientes, mantiene una presión constante sobre las instituciones de justicia y seguridad.

De acuerdo con el reporte más reciente de TResearch International, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo en febrero de 2026 se registraron 2,477 denuncias. Si bien este número representa una disminución del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior, la acumulación de casos en lo que va del periodo presidencial refleja la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención.

Los puntos críticos del país

La incidencia de este delito no se distribuye de manera uniforme, concentrándose principalmente en tres entidades que, juntas, suman el 42% de todas las denuncias del sexenio. Jalisco encabeza la lista con 6,037 casos, seguido de cerca por el Estado de México con 5,612 y la Ciudad de México con 4,294 reportes.

Sin embargo, al analizar la tasa de denuncias por cada millón de habitantes para obtener una perspectiva de riesgo relativo, el orden cambia ligeramente. Bajo este indicador, Jalisco se mantiene a la cabeza con 723 denuncias, pero irrumpen estados como Quintana Roo (679) y Baja California Sur (594) como zonas de alta incidencia proporcional a su población.

Radiografía de una tendencia histórica

Para entender el presente, es necesario mirar el comportamiento del delito en la última década. El abuso sexual en México mostró un crecimiento sostenido y alarmante entre 2015 y 2023, pasando de poco menos de 12,000 registros anuales a un pico de 35,916 casos hace apenas tres años.

A partir de 2024, la tendencia comenzó a ceder ligeramente:

• 2024: 34,575 denuncias.

• 2025: 33,048 denuncias.

• 2026 (primer bimestre): 4,735 registros acumulados.

Pese a esta baja porcentual reciente, el volumen de casos sigue siendo significativamente superior a los niveles observados hace diez años, lo que sugiere que la cultura de la denuncia ha crecido o que el delito se ha arraigado en diversas capas sociales.

El reto de la justicia

El reporte detalla variaciones estatales contrastantes durante el último año. Mientras que en estados como Aguascalientes el registro de febrero fue nulo o mínimo, en otros como Chiapas se observó un incremento (de 18 a 27 casos). Estas disparidades obligan a una revisión de las fiscalías locales y sus protocolos de atención.

La administración actual recibe una inercia de cifras altas que demandan no solo una respuesta reactiva, sino políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la violencia sexual. Con más de 37 mil expedientes abiertos en lo que va del mandato, el abuso sexual se mantiene como una de las deudas pendientes más sentidas en la agenda de seguridad ciudadana y justicia para las mujeres y menores en México.

El sector empresarial mexicano respira con un ligero alivio, aunque mantiene la cautela. Según el más reciente reporte de TResearch International, basado en cifras de febrero de 2026, el Índice Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 49.8 puntos. Esta cifra representa una recuperación mensual respecto al arranque de año, pero todavía sitúa al ánimo de los inversionistas en una zona gris, apenas rozando el umbral del optimismo.

Para entender la relevancia de este dato, hay que recordar que cualquier cifra por debajo de los 50 puntos se considera «pesimismo» en el argot económico. El hecho de que México se encuentre en 49.8 indica que, si bien el ánimo mejoró en el último mes, el sector privado aún no se siente plenamente confiado para abrir la cartera de manera agresiva. De hecho, al comparar este resultado con el de febrero de 2025 (50.7 puntos), se observa una caída anual del 2%, lo que refleja un deterioro del clima de negocios en el último año.

Al desglosar los sectores, el panorama es mixto. El sector de los Servicios Privados No Financieros es el que muestra mayor resiliencia con 50.6 puntos, seguido de cerca por la Manufactura con 50.0. Ambos sectores han logrado mantenerse en la línea de flotación del optimismo. En contraste, el sector de la Construcción sigue siendo el «foco rojo» de la economía, estancado en apenas 45.0 puntos, a pesar de haber registrado una leve mejoría de 0.2 puntos en el último mes.

Dentro de la industria manufacturera, hay contrastes que llaman la atención de los analistas políticos. Los subsectores vinculados a la tecnología y la exportación, como la electrónica y los equipos eléctricos, registran niveles de confianza muy altos, de hasta 56.5 puntos. En el otro extremo, las industrias de medios masivos de comunicación y los servicios de información presentan los niveles más bajos de confianza, con indicadores que caen hasta los 38.4 puntos.

¿Qué significa esto para el ciudadano común y para la política nacional? Una confianza empresarial estancada por debajo de los 50 puntos suele traducirse en una menor creación de empleos formales y una inversión más lenta en infraestructura. El reporte de TResearch sugiere que, aunque el desplome se ha detenido, la incertidumbre sobre el rumbo económico sigue pesando en las decisiones de los altos directivos. Mientras la construcción no repunte y el comercio no cruce la barrera del optimismo, la economía mexicana seguirá operando a media marcha, a la espera de señales políticas y económicas más claras que devuelvan la certeza al mercado.

México vive un momento sin precedentes en su mercado laboral. Al cierre de febrero de 2026, la tasa de desocupación en el país se ubicó en un 2.6%, lo que representa que solo 1.6 millones de personas se encuentran actualmente en busca de una oportunidad de trabajo. Esta cifra no solo es positiva en el corto plazo, sino que marca una tendencia de estabilidad que ha caracterizado la gestión económica actual.

Lo más relevante de este reporte es la comparación directa con administraciones pasadas. Mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el promedio de desempleo fue de 3.5% , y en periodos anteriores como los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las tasas rondaron el 4.7% y 4.1% respectivamente , hoy el promedio del sexenio de Claudia Sheinbaum se mantiene firme en un 2.6%.

Una tendencia a la baja

El análisis mensual revela que el mercado laboral mexicano sigue absorbiendo mano de obra de manera constante. Tan solo entre enero y febrero de este año, la tasa de desempleo logró descender una décima de punto, pasando del 2.7% al 2.6%. En términos reales, esto significó que 100 mil personas abandonaron las filas del desempleo en un solo mes, bajando la cifra total de 1.7 a 1.6 millones de desocupados.

Esta dinámica sugiere que las políticas de ocupación están surtiendo efecto, permitiendo que la economía mexicana mantenga un dinamismo superior al de las últimas dos décadas. De hecho, al observar el comparativo histórico desde el año 2005, los niveles actuales son de los más bajos registrados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

El panorama bajo la lupa

A pesar de la estabilidad, el promedio sexenal de la administración de Sheinbaum ha tenido ligeras fluctuaciones naturales. Durante el último año, la tasa ha oscilado entre picos de 3.0% en momentos específicos de 2025 y valles de hasta 2.2%. Sin embargo, la constante se ha mantenido por debajo de la barrera del 3%, consolidando un promedio que hasta ahora supera los resultados de sus tres antecesores directos.

Por otro lado, si recordamos los momentos más críticos de la historia laboral reciente, el sexenio de AMLO enfrentó el reto de la pandemia en 2020, donde el desempleo llegó a dispararse hasta el 5.4% en junio de ese año. La recuperación posterior y la inercia positiva han permitido que la actual administración reciba y mantenga un mercado mucho más robusto.

Con estos datos, México se posiciona con un indicador de pleno empleo técnico, lo que genera un escenario de certidumbre para la inversión y el consumo interno. La clave para los próximos meses será observar si esta cifra del 2.6% puede sostenerse o incluso bajar más, en un entorno global que sigue siendo cambiante.