El PAN CDMX demandó al Gobierno central y en especial, a la FGJCDMX, respetar a la clase trabajadora y dotar de mejores insumos a las y los peritos que se quejan por falta de insumos, descuentos injustificados y malos tratos dentro del Instituto de Ciencias Forenses.

Héctor Barrera Marmolejo, secretario general del PAN en la Ciudad de México, dijo que hay derechos que son invulnerables y esos son los derechos laborales.

“Cuando la gente que trabaja y cumple un objetivo y más con el tema de la seguridad, es necesario retribuirle y no regatear. Necesitamos que sigan con esa misión y compromiso de trabajo ante un panorama de violencia e impunidad que se vive en la Ciudad de México”.

Mencionó que, con la fracción de oposición en el Congreso local, se buscará una reunión con los peritos inconformes por las malas condiciones laborales que ofrece la Fiscalía local.

“Ya que no es la primera vez y siempre se ha velado por cuidar los derechos humanos y condiciones dignas. Siempre hemos estado de lado de los trabajadores, aquellos que se han sentido también acosado, hostigados y presionados por temas políticos para Morena”.

El diputado local del PAN, Mario Sánchez Flores, lamentó que, desde un espacio de atención pública vital para alcanzar la justicia, se tengan omisiones en temas administrativos.

“Las reducciones a su salario y que no cuenta con las condiciones dignas de trabajo pues la clase trabajadora reacciona de distintas maneras como han sido las manifestaciones que no solamente en temas de la Fiscalía, lo hemos visto en el sector salud con médicos y enfermeros”.

Agregó que, por eso es importante velar, respetar y atender de forma inmediata y urgente las condiciones laborales de la clase trabajadora en el sector público.

“Que se les respete su salario, sus horas de trabajo, los espacios en donde desempeñan sus funciones. Que haya un trato digno para la clase trabajadora en el servicio público, es lo que exige Acción Nacional”.

Durante el mes de marzo, se crearon 34,179 nuevos empleos formales, lo que significa una variación mensual del 0.2% respecto a febrero. Aunque modesto, este aumento contribuye a estabilizar la tendencia al alza observada desde inicios de 2025, tras los efectos estacionales que impactaron negativamente el cierre del año anterior.

No obstante, la variación anual del empleo formal se ubicó en apenas 0.8%, la más baja desde el año 2021. Este dato es relevante, ya que sugiere una desaceleración en el ritmo de generación de empleo formal en comparación con los años anteriores, cuando los incrementos interanuales superaban fácilmente el 2%.

Históricamente, la cifra de marzo de 2025 representa un avance significativo si se le compara con años anteriores. Desde 1997, cuando el IMSS registraba poco más de 10.2 millones de trabajadores afiliados, la afiliación prácticamente se ha duplicado en casi tres décadas. Esta tendencia refleja, entre otros factores, el crecimiento poblacional, el aumento de la formalización laboral y una mayor cobertura del sistema de seguridad social.

Por entidad federativa, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León encabezan la lista con mayor número de trabajadores asegurados. Estas tres entidades concentran una proporción relevante del empleo formal a nivel nacional, reafirmando su papel como motores económicos del país.

En contraste, la variación anual por estado muestra grandes disparidades. Mientras que entidades como Guerrero presentaron las mayores caídas interanuales, otras como México, Colima y Nuevo León también reportaron descensos, aunque en menor proporción. Por otro lado, estados como Hidalgo, Chiapas y Puebla mostraron crecimientos superiores al promedio nacional, con tasas anuales de entre 3.5% y 5.4%.

En el balance general del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los datos muestran que, pese a la pérdida de empleos durante los meses más críticos de la pandemia, el país logró recuperar el terreno perdido. De hecho, se reporta una creación neta de aproximadamente 1.6 millones de empleos formales entre noviembre de 2019 (último mes previo a la pandemia) y marzo de 2025.

Aunque las cifras actuales muestran estabilidad y recuperación, el bajo crecimiento anual y las disparidades regionales plantean desafíos importantes para la política laboral en los próximos años. El fortalecimiento del empleo formal, especialmente en las entidades más rezagadas, será clave para consolidar un crecimiento económico más equitativo y sostenible.

Aseguró que la reforma al Infonavit que aprobó Morena y sus aliados pone en riesgo el dinero de los trabajadores y permite que el gobierno controle esos fondos para proyectos sin garantías con la construcción de viviendas por parte de una constructora de dudosa procedencia.

Reconoció que hay un tema razonable porque los mexicanos necesitan vivienda, ya que en este tema existe un déficit de 8 millones, y aunque la Presidencia anunció la construcción de 1 millón, la federación no tenía intención de destinar fondos públicos, sino de apropiarse de los ahorros que las y los trabajadores han juntado durante décadas.

Pero no se puede confiar en un gobierno que se encuentra en el lugar 140 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, colocando a México al nivel de países como Irak, Uganda y Nigeria. Esto no es casualidad, es el reflejo de un régimen que gobierna con opacidad y desviando recursos públicos para su propio beneficio.

Ante este panorama, el senador advirtió sobre el peligro que representa la reciente modificación al Artículo 42 de la Ley del Infonavit, que establece las bases para que el gobierno se apodere de los ahorros de los trabajadores con el pretexto de destinarlos a su programa de vivienda. “Los recursos del Infonavit no son del gobierno, son de los trabajadores. No pueden meter la mano en los ahorros de quienes con esfuerzo construyen su futuro”, subrayó el chihuahuense.

Vázquez Robles también recordó que la corrupción seguirá haciendo de las suyas con malos administradores como el antes director de Pemex que ahora estará dirigiendo el Infonavit. “Así no podemos concederles la confianza para que administren los recursos del ahorro de los mexicanos, por supuesto que no, habremos de luchar para evitarlo”.

“Y le digo al pueblo de México: no nos quedemos callados. Sigamos manifestándonos y luchemos porque en México las cosas mejoren, sobre todo para las y los trabajadores”, finalizó.

Acceso a Vivienda Social: Una de las principales metas de la reforma es expandir el acceso a vivienda social. El Infonavit ahora podrá actuar como constructor de vivienda a través de una empresa filial, lo que se espera resulte en la construcción de un millón de viviendas durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto podría beneficiar significativamente a trabajadores de bajos ingresos que no tienen acceso a vivienda propia.

Arrendamiento con Opción a Compra: La reforma introduce esquemas de arrendamiento social donde los trabajadores pueden rentar una vivienda con la posibilidad de adquirirla después de un periodo determinado. Esto podría facilitar el acceso a vivienda para aquellos que no pueden pagar una hipoteca de inmediato.

Gobernanza y Transparencia: Se ha modificado la estructura del Infonavit para reducir el número de integrantes en sus órganos de gobierno y aumentar la representación gubernamental, lo cual ha generado debate. Críticos argumentan que esto podría romper el equilibrio del «modelo tripartita» (gobierno, trabajadores, empresarios) y dar más poder al gobierno en la toma de decisiones. Sin embargo, los defensores sostienen que estos cambios buscan mayor transparencia y eficiencia, eliminando posiciones que no tienen funciones sustantivas.

Uso de Recursos: Existe preocupación sobre cómo se manejarán los fondos de los trabajadores. La reforma permite que el Infonavit utilice estos recursos para inversiones en construcción y mantenimiento de inmuebles, lo cual ha llevado a algunas voces a alertar sobre la seguridad de los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, autoridades y defensores de la reforma aseguran que los fondos estarán protegidos y que la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar estos usos para prevenir la corrupción.

Reacción Política y Social: La reforma ha sido polémica, con críticas desde la oposición y algunas organizaciones sindicales que ven en ella un riesgo de control excesivo del gobierno sobre los recursos de los trabajadores. Por otro lado, hay quienes la ven como una oportunidad para erradicar prácticas corruptas y mejorar el servicio de vivienda para los trabajadores.

Mientras algunos ven la reforma como un paso hacia una mejor administración y acceso a la vivienda, otros la miran con cautela debido a los cambios en la estructura de toma de decisiones y el manejo de los recursos. La implementación y los resultados reales de estas modificaciones serán claves para determinar su impacto final en México.

Más vil, por venir de un régimen que tiene en la boca al pueblo. Al que usó para llegar al poder, al que paga para ganar elecciones y al que ahora exprime y explota para hacerse de más dinero.

La reforma al INFONAVIT es una vulgar réplica de la hecha al Poder Judicial. Es el mismo modelo “facho”, dictatorial. Es un golpe de Estado técnico a los derechos y aportaciones laborales.

El gobierno del obradorato pretende acabar, mediante su aplastante mayoría en el Congreso, con un modelo paritario donde sindicatos, empresarios y gobierno vigilan y deciden conjuntamente las inversiones a la vivienda obrera.  

Así como acusaron a jueces, ministros y magistrados de ser corruptos para justificar la imposición de juzgadores en urnas arregladas, ahora utilizan los malos manejos en el INFONAVIT como pretexto para aprobar una reforma que sólo conviene al gobierno.

Morena pretende reproducir en el INFONAVIT el esquema autocrático presidencial; darle al director del organismo –¡¡¡Octavio Romero!!!– poderes absolutos, quitar peso a patrones y sector obrero para que él y sólo él decida qué hacer con el dinero de los trabajadores.

Octavio Romero, uno de los tabasqueños más cercanos al ex presidente López Obrador, el que terminó de endeudar y quebrar Pemex, ejemplo de opacidad e ineficiencia, es a quien quieren convertir en guardián y administrador de los 2.4 billones de pesos que los trabajadores tienen en el INFONAVIT.

El régimen morenista ha actuado con cálculo. Desde que llegó al poder buscó corromper y someter a los líderes sindicales para evitar protestas. En otro país, con un sindicalismo fuerte e independiente, la reforma al INFONAVIT sería dinamita pura. Causa para movilizarse en contra de un gobierno enemigo de la clase trabajadora.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados pospuso la discusión de la reforma para consultar a los sectores. Se les acabó la imaginación para mentir y engañar. Son los mismos tramoyistas y gesticuladores que simularon abrir el diálogo para buscar acuerdos a la reforma judicial.

¿Quiénes están dispuestos a caer, una vez más, por miedo, conveniencia o ignorancia en las redes del oficialismo? ¿Los empresarios, los sindicatos, la sociedad?

La reforma al INFONAVIT va porque va y va como está. Así lo dejó ver la presidenta. Un gobierno sin recursos, que lleva más de seis años derrochando el dinero de los mexicanos, inventa una ley para robarse el dinero de los trabajadores y seguir financiando su eterna permanencia en el poder.

Pues resulta que, en días pasados, al más puro estilo cuatroteista, se presentó y aprobó en el Senado, con 68 votos a favor, una reforma que amplía, en exceso, las facultades del gobierno para disponer del dinero de los trabajadores.

Con la nueva legislación, podrá el Infonavit construir viviendas, a través de una filial del instituto. El principal riesgo de esta reforma estriba en el desequilibrio que se generará tanto en la toma de decisiones cuanto en la supervisión y vigilancia de las mismas. Veamos: el director general será nombrado por el presidente de la República sin el aval de la Asamblea General, como es en la actualidad.

El mismo director general podrá ordenar que se disponga “de los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto y destinarlos a vivienda de los derechohabientes” (incluidos los 2.4 billones de pesos antes citados). Ese mismo director general tendrá derecho de veto sobre las decisiones no aprobadas por unanimidad, tanto del Consejo de Administración como de la Comisión de Vigilancia.

La Asamblea General se reducirá de 45 a 30 integrantes, con integración tripartita e igualitaria. Asimismo, el Consejo de Administración pasará de 15 a 12 integrantes, con cuatro representantes por cada uno de los tres sectores. Pero donde comienzan los problemas reales es en la integración de los demás cuerpos colegiados del instituto. Así, la Comisión de Vigilancia mantiene sus nueve miembros pero, en lugar de que sean tres por sector, pasan a ser cinco por parte del gobierno y dos por el sector obrero más otros dos del patronal.

Lo mismo vemos en el Comité de Auditoría donde aumentaría de tres a cinco miembros, de los cuales tres serán nombrados por el gobierno federal más uno solo designado por el sector de los trabajadores y, otro, del patronal. Y, en cuanto al Comité de Transparencia se refiere, será la misma receta. Para acabarla de amolar, el director general del Infonavit es Octavio Oropeza. Sí, el mismo que quebró Pemex. ¿Qué podría salir mal?

Esta iniciativa establecerá un marco legal que permita a los trabajadores de plataformas acceder a beneficios como aguinaldo, vacaciones y seguro de riesgos laborales, equiparándolos a otros sectores formales.

Representando a Baja California, la Diputada Vásquez impulsa este esfuerzo como parte de una visión nacional para proteger a quienes son pieza clave en la economía digital, generando bienestar y seguridad para todos.

La Diputada Federal por Baja California, Eva María Vásquez, ha impulsado una nueva propuesta legislativa para proteger los derechos laborales y de seguridad social de las y los trabajadores de plataformas digitales en México. Con esta iniciativa, Vásquez busca establecer un marco legal que asegure condiciones de trabajo dignas, garantizando acceso a beneficios fundamentales como aguinaldo, vacaciones y seguro de riesgos laborales, derechos que han estado fuera del alcance de muchos en la economía digital.

“Las y los trabajadores de plataformas digitales son parte esencial de la economía moderna, pero hoy laboran sin las garantías básicas que merecen. Con esta iniciativa, queremos brindarles las mismas protecciones y beneficios que tienen los empleados en otros sectores formales,” señaló. La legisladora subrayó que esta reforma no solo beneficiará a quienes laboran en plataformas, sino también a sus familias y comunidades, contribuyendo a un desarrollo económico justo e inclusivo.

La propuesta de la diputada busca acabar con las lagunas legales que actualmente permiten que las empresas de plataformas digitales operen sin proveer prestaciones básicas a sus trabajadores. Este marco legal permitirá a quienes trabajan en plataformas acceder a derechos como aguinaldo, vacaciones y protección ante riesgos laborales, aspectos esenciales para su bienestar y estabilidad económica. “Es un paso hacia la justicia laboral, hacia un México donde todos y todas puedan trabajar en condiciones dignas y seguras, sin importar si su empleo es presencial o digital,” añadió Vásquez.

Como representante de Baja California, Eva María Vásquez lidera este esfuerzo como parte de una visión nacional orientada a la inclusión y justicia en el trabajo. La diputada enfatizó que los trabajadores de plataformas son una pieza clave en el engranaje económico actual y que su labor debe ser protegida y valorada. “La economía digital no puede ser una excusa para privar a las personas de derechos básicos; al contrario, debe ser una oportunidad para avanzar hacia un país más justo y equitativo para todas y todos,” declaró.

Desde Acción Nacional, Vásquez reafirmó su compromiso de defender el derecho de los trabajadores a la seguridad social y a condiciones laborales justas, haciendo un llamado a sus colegas en el Congreso a apoyar esta importante reforma. “Es momento de reconocer el aporte de estos trabajadores y cerrar la brecha de derechos en el ámbito digital. Trabajemos juntos por un México que respete y valore a toda su fuerza laboral,” concluyó la legisladora.

Pese a ello, ahora la noticia de Dos Bocas es que trabajadores de la empresa ICA Flour que se encargan de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, pararon labores en demanda de mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, se trata de 5 mil trabajadores los que se manifiestan pidiendo un mejor salario, el pago de horas extras, así como mayor seguridad, equipos de protección y prestaciones.

Hasta el momento, la Secretaría de Energía (Sener) no ha emitido una postura oficial de la situación que guarda la refinería de Dos Bocas.

En febrero pasado, trabajadores de ICA Flour ya habían realizado un paro por la misma situación.

Medios locales apuntaron que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arribaron a las instalaciones de Dos Bocas para tomar el control de algunas plantas y no afectar la productividad, pues algunos trabajadores cerraron accesos a la refinería.

En tanto que algunos otros se han comenzado a retirar y se niegan a volver a laborar hasta que no se resuelva su situación, dijeron medios locales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a entregar completa esta obra el próximo 22 de julio, la Sener apunta que lleva un avance más de 50%.

De acuerdo a la información dada a conocer por el diario El Universal, testimonios de trabajadores y exobreros señalan que la calidad de vida dentro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía es precaria, ya que los pagos son menos competitivos en contraste con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y se les cobran moches de entre 20% y 30%.

Los testimonios relatan que las condiciones de la vivienda son indignas y que el ritmo de las jornadas, por la prisa de la inauguración de la obra en 2022, los ha puesto en riesgo de fallecimientos y accidentes.

Incluso, la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reconocido que del 1 de diciembre de 2018 al 1 de junio de 2021 se han acumulado seis decesos —más uno sumado el pasado 17 de agosto— y 59 accidentes en la zona. En 19 meses de la megaobra se registró un promedio mensual de 3.4 accidentes.

De acuerdo con los testimonios, los pagos a un maestro albañil van de los 2 mil 500 a los 2 mil 700 pesos mensuales, mientras que el de un ayudante es de unos mil 700 pesos | #NotaPlus 👇https://t.co/Z4COGjfEzL

— El Universal (@El_Universal_Mx) September 9, 2021

El plan, que está integrado por 23 páginas, está dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al director de Pemex, Octavio Romero.

“Laboramos en una empresa de alto riesgo, por lo que se requiere atender las causas de raíz y cuidar nuestras vidas, nuestra empresa y nuestra fuente de trabajo”, sostiene el SNEPE, que asegura que dicho plan debe tener un rango de “seguridad nacional”.

1979 a la fecha se acumulan 869 decesos, mil 291 heridos y 15 desaparecidos en 40 siniestros.

En el último percance en la Sonda de Campeche, el incendio en la línea submarina a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, no hubo lesionados; pero no fue así en la explosión en la plataforma Ab-Katún, el 3 de abril de 2015, donde 45 trabajadores resultaron heridos, hubo cuatro decesos y tres desaparecidos.

Mientras en la explosión e incendio del 18 de septiembre de 2012 en la planta de gas de Pemex, a 19 kilómetros de Reynosa, hubo 30 fallecidos, decenas de heridos y siete desaparecidos, entre otros casos más.