La presente semana ha estado marcada por la consolidación de la nueva arquitectura de seguridad del Estado y una creciente fricción en el bloque oficialista respecto a la reforma electoral, en un contexto de volatilidad financiera externa que ha puesto a prueba la resiliencia del peso mexicano.

1. Seguridad: La consolidación de la «Súper Secretaría»

El panorama de seguridad nacional giró en torno a la formalización de las nuevas capacidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tras la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al artículo 21, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch adquiere facultades de investigación de delitos y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Sin embargo, organizaciones civiles y medios como Aristegui Noticias y Animal Político han alertado sobre el riesgo de «legalizar la vigilancia estatal». Según lo expuesto por Salvador García Soto, existe una controversia latente sobre la presencia de agentes de agencias extranjeras (como la CIA) operando en territorio nacional; mientras el Gobierno niega colaboración directa en operativos antinarcóticos, la falta de transparencia en los mecanismos de inteligencia militar y civil sigue siendo el punto crítico de la crítica periodística.

2. Política y Gobierno: Fracturas en la 4T

En el Congreso, la agenda legislativa enfrentó un obstáculo inesperado. La reforma electoral propuesta por la administración federal avanzó en comisiones de San Lázaro, pero lo hizo con una división inédita: el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) votaron en contra junto a la oposición (PAN, PRI y MC).

Esta ruptura en el bloque oficialista sugiere que los aliados estratégicos de Morena no están dispuestos a ceder en puntos clave que comprometan su supervivencia presupuestal o política. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria, ha intensificado las negociaciones para evitar un revés en el pleno, mientras columnistas como Sergio Sarmiento destacan que esta falta de consenso pone en duda la «aplanadora» legislativa para el cierre del periodo.

3. Economía: Nerviosismo global y volatilidad del peso

La economía mexicana reportó una semana de retrocesos moderados debido a factores geopolíticos. El peso mexicano cerró la jornada del 24 de abril cotizando en 17.39 unidades por dólar, acumulando una pérdida semanal del 0.6%.

De acuerdo con reportes de El Universal y Excélsior, la moneda se vio presionada por el escalamiento de tensiones en Medio Oriente y el estancamiento de diálogos entre potencias internacionales. En el plano interno, el INEGI reveló que la actividad económica (IGAE) mostró un repunte, aunque las cifras se mantuvieron por debajo de las expectativas de los analistas, lo que sugiere un crecimiento inercial pero lento para el segundo trimestre del año.

4. La Noticia Sorprendente: Pánico armado en Teotihuacán

En un evento que rompió con la cotidianeidad turística, se reportó un incidente violento en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un individuo armado amenazó a turistas nacionales y extranjeros, gritando consignas de corte histórico y místico. El incidente, cubierto ampliamente por N+ y Azteca Noticias, obligó a un despliegue de seguridad de emergencia. Lo inusual del caso —un ataque con arma de fuego en un sitio de patrimonio mundial bajo resguardo federal— ha desatado críticas sobre la vulnerabilidad de los recintos culturales ante la crisis de salud mental y seguridad pública.

El secretario federal de Seguridad, Omar García Harfush, informó a través de su cuenta de X que «resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de la SEMAR, FGR y SSPC detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión. El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal».

Entre los detenidos, según ha trascendido, se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien estuvo al mando de la Décima Segunda Zona Naval, con ubicación en Puerto Vallarta este año. En una columna del pasado 23 de noviembre de 2022, Carlos Loret de Mola denunció que se trata de un sobrino político del exsecretario de Marina el sexenio anterior: «Fuentes de primera mano de la Secretaría han denunciado una trama que opera con el conocimiento de funcionarios de todos los niveles. La red de corrupción la manejan los sobrinos políticos del almirante secretario Rafael Ojeda, es decir, los hijos de su cuñada. El primero es el contralmirante Roberto Farías Laguna, quien se desempeña como secretario particular del subsecretario Arellano Ruiz, y nos cuentan que opera la Subsecretaría como propia. El segundo, recién promovido a contralmirante, Fernando Farías Laguna.

«De acuerdo con estas fuentes, los hermanos son los encargados de la toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto, y tienen también injerencia en los ascensos, promociones, agregadurías y comisiones».

Esta nota refleja la existencia de actos de corrupción durante el pasado y actual sexenios, algo que contradice los discursos presidenciales de los presidentes en estos periodos, pues López Obrador aseguró que tanto el huachicoleo como la corrupción se habían terminado, en tanto que Claudia Sheinbaum señaló que la corrupción era cosa del pasado, quizá sin querer en realidad se refería al sexenio pasado.

Por este hecho, la CNDH solicitó a la SSPC otorgar a la víctima la atención médica y/o psicológica que en su caso requiera; colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y, una vez que dicha Comisión emita el dictamen correspondiente, proceder a la reparación integral del daño causado.

En la queja presentada el 8 de junio de 2022 ante esta Comisión, la víctima refirió que fue detenida por elementos policiales de la PF, el 22 de septiembre de 2009, cuando circulaba en un vehículo, acompañada de otras personas, por una vía principal del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Indicó que su retención fue ilegal porque fue puesta a disposición de la autoridad ministerial hasta el día siguiente, 23 de septiembre, y que los elementos la obligaron a declarar bajo amenazas de dañar a su familia y causarle la muerte.  

La víctima añadió que se vulneró su derecho humano a la presunción de inocencia, ya que fue coaccionada a declarar su participación en un hecho delictivo. Esta declaración se videograbó y su imagen fue exhibida en una rueda de prensa, que se transmitió en diarios, programas de televisión y una plataforma digital.

De las evidencias analizadas, la Comisión acreditó violaciones a los derechos humanos de la víctima a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura; así como a la libertad personal, a la seguridad jurídica y a la legalidad, por retención ilegal.

Se consideraron indicios claros los dictámenes médico y psicológico elaborados por personas peritos en la materia adscritos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con base en el “Protocolo de Estambul”, los cuales evidencian que la persona detenida fue víctima de actos de tortura física y psicológica, ya que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, estrés postraumático, baja autoestima y debilidad yoica.

La CNDH exhorta a elementos de las instituciones de Seguridad Pública a cumplir con su obligación de abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura y de realizar actos u omisiones que violen los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en el desempeño de su cargo.

Finalmente, debido a que la averiguación previa sobre los actos de tortura que sufrió la persona aún se encuentra en integración, la SSPC deberá colaborar ampliamente en el seguimiento de dicha indagatoria, atendiendo con prontitud y veracidad los requerimientos que la autoridad le pudiera realizar, además de designar a una persona servidora pública de alto nivel que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.

La Recomendación 106/2025 ya fue debidamente notificada a su destinatario y puede consultarse en: www.cndh.org.mx.

El conversatorio se transmitió desde el plantel Álvaro Obregón I del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y al cual se conectaron estudiantes de educación media superior de diversas instituciones, así como integrantes de las mesas de construcción de paz de todo el país.

Ante los jóvenes, Coral Melo contó su experiencia que dio lugar a la llamada Ley Olimpia, que castiga la violencia digital, acción que se basa en la difusión, reproducción, exhibición, comercialización e intercambio de contenido sexual, sin consentimiento.

El titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones de la SSPC, Arturo Medina Padilla, agradeció de manera especial la participación de la comunidad Conalep, órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de las autoridades y escuelas que se sumaron al conversatorio.

Tras presentar una semblanza de la ponente, Medina exhortó a utilizar las herramientas del ciberespacio de manera responsable y reforzar las acciones para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

“Se trata de ejercer con responsabilidad, de usar los medios de información de forma segura y que ninguna víctima se sienta culpable y ningún agresor se sienta impune.

“Por ello, la Secretaría lanza el llamado para no callar la violencia que hay en los medios electrónicos”, indicó.

Medina recordó que Coral Melo es la autora del primer “violentómetro” virtual, herramienta que ha sido base para prevenir ese tipo de violencia.

“Hace tres años, en Puebla, se aprobó la Ley Olimpia; hace dos, se aprobó en la Ciudad de México y, hoy 3 de diciembre, estamos sentados con Olimpia”, resaltó.

En tanto, Coral Melo expuso a los estudiantes e integrantes de las mesas de paz los tipos de violencia hacia las mujeres y los invitó a prevenir e informarse.

Recomendó descargar la CiberGuía elaborada por la SSPC, pues contiene una serie de consejos para el uso responsable de las plataformas electrónicas.

“Me encerré en mi casa; dejé la escuela; dejé de salir; dejé de existir. Yo quería cambiarme mi nombre; yo no quería llamarme Olimpia, tampoco quería tener esta cara, este cuerpo, ni esta piel.

“Yo nunca pensé que iba a estar en este Conalep… y nunca pensé que el Gobierno de mi país, y nunca pensé que la Secretaría de Seguridad de mi país me iba a dar un micrófono y que yo iba a tener el valor de contar esto en cadena nacional, con más de mil 128 escuelas”, destacó.

En el conversatorio estuvo presente la directora general de Integración y Evaluación Institucional de la SSPC, Martha López, así como el director del plantel del Conalep, Víctor Alfonso Uc Hernández.

El conversatorio, transmitido en redes sociales, tuvo un alcance de 138 mil 126 reacciones e interacciones; 44 mil 758 comentarios; 13 mil 800 espectadores en vivo; y fue compartido mil 400 veces.

Por ello,  la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados, exigió a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez a implementar nuevos instrumentos legales acordes a la problemática de violencia que sufre México.

Francisco Javier Huacus Esquivel, del PRD, expresó que debido a que el tema de la inseguridad ha pasado a segundo término y que hoy es conflicto para diferentes ordenes de gobierno, se debe considerar que esta problemática constituye uno de los grandes problemas de México ante el aumento de los delitos y el auge del narcotráfico.

Hoy vivimos en un país dónde el crimen organizado, que antes era un poder paralelo y oculto ha ampliado su radio de acción en una descarada lucha de poder… Y se ha lanzado en una ofensiva contra el Estado y la sociedad», dijo.

Por MC, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, reiteró que existe un sentido de urgencia para atender la inseguridad en el país, por lo que se deben garantizar recursos suficientes para los policías, además de que se deben atender las causas de la violencia y la impunidad.

Asimismo, resaltó que es necesario fortalecer las dependencias de seguridad pública, pues, añadió,la militarización de la seguridad ya lleva demostrado desde hace muchos años que es una estrategia fallida, dónde se prioriza la reacción y el uso de la fuerza, sin resultados.

«Es urgente pensar en nuevos caminos para construir la paz» resaltó.

En su intervención, el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Iriarte Mercado, resaltó que la presencia de la secretaria Rosa Icela, sola advierte la relevancia de este tema para las y los mexicanos.

El priísta consideró que las tareas de la Comisión de Seguridad Ciudadana y el tema de la seguridad pública en general, conlleva una gran responsabilidad, no obstante, dijo, la respuesta del Estado mexicano, lleva años siendo insuficiente y naturalmente los mexicanos se siguen expresando en diferentes foros, espacios, en lo cotidiano, en sus comunidades, en sus grupos colectivos.

La presidenta de esta Comisión, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), destacó que se atenderán temas relativos al cibercrimen, robo electrónico y de identidad, y fraude cibernético.

Al declarar instalada la Comisión de Seguridad Ciudadana, Guerra Mena precisó que los retos de esa instancia, son adecuar y, en su caso, crear las normas jurídicas que permitan a las autoridades combatir delitos como el cibercrimen, robo electrónico, robo de identidad y fraude cibernético.

“Modalidades por las que debemos modernizar las leyes y actualizarlas en las mejores prácticas y, en esta labor, la sociedad civil es un aliado fundamental”, aseguró.

Puntualizó que es urgente fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, “debemos ser conscientes de que se requiere una gran reforma en materia de seguridad a partir de una construcción, de una agenda integral que permita, desde la perspectiva institucional y legal, el ejercicio del orden coactivo del Estado”.

“Se identificaron presuntas irregularidades respecto del pago por compensación económica de 11,421 elementos, debido a que se realizó un pago no autorizado por 296,322 pesos, a 11,394 de los 11,421 elementos; de la falta de la retención del Impuesto Sobre la Renta, por 453,426 pesos, principalmente”, mencionó la SFP en una auditoría realizada.

Según la SFP, durante los dos primeros años del actual gobierno federal, la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional liquidaron a 11,421 elementos de la Policía Federal con un monto total de 4.9 millones de pesos.

La auditoría mostró que en 2019 se liquidaron 2,411 elementos de la PF y en 2020 a 9,010 elementos, a quienes se les proporcionaron tres meses de sueldo mensual bruto, 20 días por cada año trabajado, y otros conceptos como aguinaldo y prima vacacional.

Dentro de las irregularidades detectadas por la SFP está que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó un pago de 4 millones 613,427 pesos para la liquidación de los 11,421 elementos, pero la SSPC autorizó que el pago fuera de 4 millones 909,749 pesos, una diferencia de 296,322 pesos.

La Auditoría: UAG-AFC-011-2020 reflejó que la SSPC debió haber retenido 621,241 pesos al monto de las liquidaciones, pero sólo retuvo el 27%, es decir, 453,426 pesos.

Sobre el pago de aguinaldo, mencionó que en el caso de 519 elementos se realizó un pago superior a lo establecido en la normativa por 168,000 pesos respecto de la parte proporcional de 20 días, mientras que en un caso, no se cubrió un monto de 2,700 pesos.

“En relación con 286 elementos a los que se aplicó la parte proporcional de aguinaldo cargo, la SFP determinó, con base en la normativa aplicable para el ejercicio 2019, un pago superior de lo permitido por 91 mil pesos sobre las compensaciones garantizadas y por jerarquía”, destacó.

Dicha auditoría también mostró observaciones sobre pasivos con proveedores de la extinta Policía Federal. Al 30 de noviembre de 2020 identificó un universo de 28 proveedores con los que la PF tenía pasivos por un monto de 1.7 millones de pesos.

“Si bien es cierto que la entidad exhibió la evidencia documental para comprobar el cumplimiento del compromiso de liquidación del pasivo con dos proveedores por 20,331 pesos, el 1.2% del total, no acreditó el registro ni los plazos establecidos para cubrir el adeudo con 26 proveedores, por 1.7 millones de pesos, el 98.8% del total”, refirió.

Finalmente, la misma auditoría exhibió que al 30 de noviembre de 2020 se tenían registrados 490 pasivos laborales por 170 mil 335 pesos.

Según datos tomados del Informe de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para agosto, el promedio diario fue de 77.9 casos, mientras que en julio pasado fue de 76.8; en junio, de 75; en mayo, 79.4; en abril, 79; en marzo, 78.8; febrero, 78.7, y en enero fue de 76.7 asesinatos por día.

Es decir, si se mantiene dicha tendencia durante las próximas dos semanas, septiembre será el segundo mes más violento en la actual administración, sólo por debajo de junio de 2019, cuando hubo un promedio diario de 84.8 casos, en promedio, por día.

Según los datos del Informe de Seguridad, el cual se publica diariamente por la SSPC, en los primeros 17 días del mes de septiembre han sido asesinados en el país un total de mil 424 personas.

Dicha cifra es mayor a la registrada durante los primeros 17 días del mes de septiembre de los años 2019 y 2020, cuando hubo mil 338 y mil 322 homicidios dolosos, respectivamente, es decir, 6.4 y 7.7 por ciento mayor.

Llos estados que continúan con la mayor incidencia de homicidios dolosos son Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Por ejemplo, el 16 de septiembre, día que se perfila como uno de los días más violentos del mes, con 104 casos, hubo en Michoacán 12 homicidios, y en Zacatecas y Guanajuato, nueve.

Un día antes, el 15 de septiembre, en el Estado de México hubo 12 homicidios, en Zacatecas hubo nueve, en Michoacán y Chihuahua ocho, y en Guanajuato se registraron siete.

Es decir, dichas cifras denotan el fracaso de la estrategia emprendida por el gobierno federal, muestran que en enero había en el país una población de 5 mil 266 adolescentes en conflicto con la ley; para abril la cifra subió a 5 mil 699.

En ese lapso también se incrementó la aplicación de medidas de suspensión condicional del proceso, salida alterna para que la persona imputada termine su proceso penal mediante un plan de reparación del daño.

La estadística oficial no cuenta con datos para enero sobre el número de adolescentes que han accedido a esa figura, pero para abril fueron mil 145, en su mayoría personas que regresaron al seno familiar.

Por tipo de infracción, según las cifras oficiales, son las relacionadas a hechos delictivos del fuero común las que más cometen los adolescentes, entre ellas, por ejemplo, el robo, lesiones u homicidios.

En enero había 4 mil 669 adolescentes relacionados con alguna infracción a la ley o hecho delictivo del fuero común y 597 más estaban ligados a hechos del fuero federal, incluido el tráfico de droga.

Para abril, ambos indicadores se incrementaron. En el caso de las infracciones a la ley del fuero común pasó a 4 mil 847 (3.1 por ciento más), y los vinculados a hechos del fuero federal subieron a 852 (42.7 por ciento de alza).

Lo anterior, a pesar de que el presidente López Obrador ha señalado que los adolescentes son un sector de la población altamente vulnerable ante el crimen organizado, y sostiene que atender a este segmento permitiría “serenar” al país, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El mandatario dijo en agosto de 2019 que hay varios programas de apoyo a jóvenes, “para que nadie sea enganchado o sonsacado y se vaya a la delincuencia… Queremos atender a los jóvenes para que, de esta manera, podamos serenar al país”, insistió en un evento en Coahuila.

Incluso, este fin de semana en Chihuahua, López Obrador señaló que “la verdadera contienda con los jefes de los grupos delictivos” es “que no se lleven a los jóvenes, que no sean parte de un ejército de reserva para la delincuencia, y eso sólo se logra atendiendo a los jóvenes, al pueblo, combatiendo la pobreza”.

El dirigente nacional del PAN también exigió al Gobierno federal que se garantice la seguridad de las y los ciudadanos que salgan a ejercer su derecho a votar con el objetivo de tener una participación mayor en los futuros comicios.

“Convocaremos a la sociedad a participar, para que masivamente salga la gente a votar y poder asignar eficientemente los recursos públicos para la reactivación económica, para la seguridad y salud pública, además de lograr para México, los tan necesarios equilibrios y contrapesos”, expresó Cortés mediante un comunicado. 

A manera de antecedente, según datos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),  de septiembre de 2020 a febrero del 2021 se cometieron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, de los cuales 64 fueron víctimas de homicidio.

Ante ello, la SSCP estableció un plan de seguridad para candidatos que consiste en hacer un llamado tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales para que los aspirantes cumplan con los requisitos de ley.