El tablero político del continente americano atraviesa una reconfiguración drástica impulsada por la administración de Donald Trump, cuya estrategia de «máxima presión» ha mutado de la retórica diplomática a la intervención directa y la coacción económica. Tras la reciente captura y remoción del poder de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses —un hito que ha alterado el equilibrio de poder en la región—, el foco de la Casa Blanca se ha desplazado de manera frontal hacia Cuba, utilizando el suministro energético como la principal arma de desgaste contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

El asedio energético: Cuba en la mira

La vulnerabilidad de Cuba ha alcanzado niveles críticos tras la pérdida del apoyo venezolano. Durante décadas, el petróleo de Caracas fue el pulmón que mantuvo operativa la precaria infraestructura de la isla. Sin embargo, con el control de facto que Estados Unidos ejerce ahora sobre la administración de los recursos venezolanos, ese flujo se ha cortado abruptamente. Donald Trump ha calificado a Cuba como un «país fallido», argumentando que sin el subsidio externo el sistema actual es insostenible.

En este escenario, el mandatario estadounidense ha implementado una política de aranceles punitivos contra cualquier nación que suministre crudo a La Habana. El objetivo es claro: forzar un «acuerdo» que implique una transición política o el colapso definitivo del Partido Comunista de Cuba. La especulación sobre una posible caída del régimen para finales de este año no es solo un rumor en Washington, sino una proyección basada en la incapacidad de la isla para generar energía propia, lo que ya ha provocado apagones masivos que afectan a más del 50% del territorio.

Trump dice que su gobierno está hablando con las “autoridades más importantes” de Cuba y que habrá un acuerdo. “Es un país fallido y no tiene el petróleo venezolano para ayudarlo”. pic.twitter.com/NZ8ot2iHOe

— Pascal (@beltrandelrio) February 1, 2026

El dilema mexicano: Soberanía frente a pragmatismo

México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se ha visto atrapado en el epicentro de esta disputa. En 2025, México desplazó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo a Cuba, enviando aproximadamente 12,000 barriles diarios. Esta decisión, defendida por Sheinbaum como un acto de «soberanía y solidaridad humanitaria», ha chocado frontalmente con las amenazas de aranceles de Trump.

La narrativa oficial desde Palacio Nacional ha sido ambivalente pero estratégica. Por un lado, la presidenta niega haber cedido ante presiones directas en sus llamadas con Trump; por otro, los datos de exportación muestran una pausa o reducción en los envíos de enero de 2026. México ha propuesto una salida diplomática audaz: que sea el propio Estados Unidos quien suministre ayuda humanitaria y energética para evitar una crisis de refugiados que afectaría a toda la región. Esta postura busca proteger la economía mexicana de las represalias comerciales de Trump —especialmente en el marco de la revisión del T-MEC— sin abandonar formalmente su tradición histórica de apoyo a la isla.

Claudia Sheinbaum niega que en su última conversación con Donald Trump haya abordado el tema del petróleo enviado a Cuba. El mandatario del vecino país aseguró ayer que le indicó a su homóloga mexicana que cesara de enviar crudo a la isla. Sheinbaum lo niega pero, mientras tanto,… pic.twitter.com/1PA3bWyD36

— Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) February 1, 2026

Perspectivas y posturas encontradas

El análisis de esta coyuntura revela tres posturas predominantes:

1. La visión de Washington: Cuba y Venezuela son piezas de un dominó que debe caer para garantizar un hemisferio bajo la «esfera de influencia exclusiva» de EE. UU., eliminando la presencia de actores como Rusia o China. La presión sobre México es vista como una herramienta necesaria para cerrar el último grifo de oxígeno del régimen cubano.

2. La resistencia cubana: El gobierno de Díaz-Canel denuncia un «bloqueo genocida» y apela a la resistencia interna, aunque reconoce que la crisis actual es sistémica y no tiene precedentes. La apuesta de la isla depende de la capacidad de México para sostener el suministro a pesar de las amenazas.

3. El equilibrio de México: El gobierno mexicano intenta navegar entre el respeto a la autodeterminación y la realidad de una dependencia comercial absoluta con EE. UU. Algunos analistas sugieren que si Cuba cae, México podría ser el siguiente objetivo de una estrategia de alineación forzada para instaurar un gobierno más afín a las necesidades de seguridad y energía de la Casa Blanca.

Conclusión

La región se encuentra en un punto de inflexión donde el petróleo ha dejado de ser una mercancía para convertirse en el interruptor de la estabilidad política. El desenlace de la crisis en Cuba determinará si el modelo de intervención estadounidense en Venezuela se convierte en la norma para el resto del continente, situando a México en una posición de vulnerabilidad donde su autonomía energética y diplomática será puesta a prueba como nunca antes.

A pesar de las constantes movilizaciones y la presión de grupos feministas para eliminar el aborto del Código Penal, las cifras oficiales revelan que el sistema judicial sigue procesando este acto como un delito. Durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han acumulado 898 denuncias por aborto en todo el país. Esta cifra pone de manifiesto que, pese a los avances en la narrativa política, la demanda de derogar este delito a nivel nacional sigue siendo una tarea pendiente en la agenda legislativa.

El reporte «México en Números» de TResearch International detalla que, lejos de desaparecer, la incidencia delictiva por este concepto ha mostrado picos preocupantes. Por ejemplo, en el año 2025 se registraron 898 casos, lo que representa un incremento del 13% en comparación con los 794 registros reportados en 2024.

Noviembre: un mes de repunte en denuncias

La resistencia a la despenalización total se refleja en las estadísticas mensuales más recientes. Durante noviembre de 2025, se recibieron 79 denuncias, lo que significa un aumento del 39% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento rompe con cualquier expectativa de una disminución inmediata del ejercicio de la acción penal contra las mujeres y personas gestantes en el territorio mexicano.

Los focos rojos: Estado de México y Ciudad de México

La geografía de la criminalización del aborto muestra una concentración clara en el centro del país. El Estado de México y la Ciudad de México aglutinan el 43% de los casos reportados durante la administración de Claudia Sheinbaum.

En el desglose por entidad federativa, las cifras son las siguientes:

• Estado de México: lidera la lista con 231 denuncias.

• Ciudad de México: ocupa el segundo lugar con 159 registros.

• Nuevo León: se posiciona en tercer sitio con 84 casos.

• Tamaulipas y Querétaro: reportan 50 y 49 casos respectivamente.

Incidencia por cada millón de habitantes

Cuando se ajustan las cifras al tamaño de la población, el ranking de criminalización cambia, revelando que en estados con menor densidad también se persigue activamente este delito. Baja California Sur, Querétaro y la Ciudad de México son las entidades con más denuncias por cada millón de habitantes.

Este panorama estadístico, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirma que el aborto continúa siendo un recurso de persecución penal en gran parte del país. Mientras las colectivas mantienen su exigencia de «aborto legal, seguro y gratuito», los números sugieren que el sistema judicial aún no ha dado el paso definitivo hacia la despenalización total que exigen los grupos civiles.