Efectivamente, su reacción furibunda desató una oleada de descalificaciones acompañada por sus correligionarios, desestimando el documento y eludiendo su responsabilidad en la materia, pese a ser un tema altamente sensible que no ha encontrado eco en el ámbito oficial.

No es una cuestión de golpeteo político como lo pretenden colocar, sino un desgarrador asunto que por su magnitud merece una especial atención del Estado, aspecto que no ha sido atendido en la dimensión que se requiere, debido a ello, resulta consecuente las conclusiones del informe.

Es verdaderamente lastimoso ver a las madres buscadoras entregando el alma sin perder la esperanza de encontrar a sus seres queridos y, en paralelo, descubrir un sinnúmero de fosas clandestinas regadas prácticamente en todo el país, que dan testimonio de una crueldad mayúscula y una autoridad impasible y rebasada.

 Ahora bien, este es un factor que entre muchos otros incide en la calidad de vida de los habitantes, siendo el objetivo primordial de cualquier gobierno mejorar las condiciones de sus gobernados, principalmente aquellas que tienen un impacto directo con los derechos humanos.

Sin embargo, dadas las circunstancias que se presentan en el país, cada vez más se apodera la zozobra de nuestra vida, pues lo cotidiano es la intranquilidad ante el clima de violencia que se padece y, por lo tanto, el temor se apodera de las personas acostumbrándonos a cargar con ese lastre.

En términos similares pasa con la salud, enfermarse en México es un riesgo que inevitablemente estamos obligados a enfrentar, lo digo en virtud de que el acceso al servicio médico y a las medicinas es un privilegio al cual muy pocos pueden acceder y, en muchas ocasiones, es necesario pagar cantidades que no siempre se tienen disponibles, de donde nace otro calvario.

Además, al vivir en un país donde la corrupción y la impunidad forman parte del régimen, tal actividad se convierte en una herramienta de extorsión al ciudadano de la cual difícilmente puede escapar, los funcionarios se las arreglan para exprimir a los gobernados con cualquier pretexto.

En esa medida podemos afirmar que en México tenemos como gobernados grandes problemas que atentan en relación con la dignidad de las personas, pues erosionan sus principales bienes, como es la vida e integridad física y emocional. Vivimos en una guerrilla constante, matan y desaparecen personas.

Tampoco es opción la enfermedad, menos en un país donde más del 55% de la población económicamente activa opera en la informalidad.

Realmente, los indicadores del país en cuanto a calidad de vida y derechos humanos no son nada halagadores, son dignos de ser llevados también a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el citado artículo se otorga a la Unidad de inteligencia Financiera, UIF, la facultad de incluir a cualquier persona en la Lista de Personas Bloqueadas“cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita” o lavado de dinero.

Dicho criterio de la SCJN, afectará a toda persona que realiza actividades económicas legítimas pero que por la naturaleza de sus negocios y la facilidad que implica, utiliza manejo frecuente de dinero en efectivo, como son las personas emprendedoras, empresarios en pequeño, comerciantes o tianguistas, entre otros. Para cualquier persona, y más para quien tiene alguna actividad comercial se hace necesario el uso de cuentas bancarias.

Cuando a alguien le bloqueen su cuenta bancaria esto puede ser por tiempo indefinido, lo que afectará su patrimonio que se encuentre depositado en unbanco. Como consecuencia inmediata tendrá dificultades para pagar sus deudas, riesgo de quiebra de su negocio lícito, daño grave a su reputación y ante esa acusación se sumará la imposibilidad de costear los honorarios profesionales legales para su defensa. ¿No es acaso eso un episodio de terror para el afectado?

La acción de bloqueo se da por simples indicios de la UIF, no hay investigación o acusación formal alguna. Ocurrido el hecho, el ciudadano afectado deberá acudir ante la UIF a demostrar que sus recursos bancarios son lícitos, pero no hay suspensión, por lo que el bloqueo permanece. Ese ciudadano sin posibilidad de disponer de sus recursos económicos, no ha sido declarado culpable de ningún delito, pero debe probar su inocencia para desbloquear su cuenta bancaria. Una simple oficina burocrática pone el pie sobre el cuello del ciudadano común.

La dinámica de las actividades económicas hacen que las operaciones bancarias sean una herramienta para facilitar el trabajo como son pagar salarios, cobrar anticipos o liquidar transacciones; además en la realización de muchas actividades informales que se desarrollan en nuestro país, actividades que emplean ya al 30 por ciento de la mano laboral.  Quienes participan en estos ramos de la economía ahora vivirán en la zozobra por este nuevo criterio del máximo órgano judicial de nuestro país.

Es innegable que el gobierno debe combatir a los grupos delincuenciales, al crimen organizado que se valen del sistema financiero mexicano para actuar, sin embargo, en ese trabajo de combate a la delincuencia se debe actuar con estricto apego a la ley, cumplir con el principio del debido proceso, respetar la seguridad jurídica, respetar la libertad de comercio y de negocios, brindar la tutela judicial efectiva a los gobernados.

Ante todo esto, debe alertarse del uso político que se le pueda dar a esa medida. El gobierno, ahora apoyado por un poder judicial cooptado que le convalida sus actos, en vez de corregirlo y volverlo al camino de la constitucionalidad, le da criterios para perseguir a sus opositores, a los líderes de opinión, a columnistas y amedrentar a cualquier ciudadano exigente y crítico.

Con decisiones de ese tipo el ciudadano queda ante la incertidumbre, y el temor de que el día de mañana el bloqueo de cuentas bancarias, sea el antecedente de la confiscación de bienes, instrumento de todo régimen autoritario.

El panorama de la seguridad en México presenta señales de cambio durante la actual administración. Al cumplirse 557 días del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, las cifras de homicidios dolosos muestran una tendencia a la baja en comparación con el cierre del gobierno anterior, aunque los números absolutos continúan siendo un reto para la estabilidad del país.

Según el informe más reciente de la consultora TResearch, titulado «La Guerra en Números», hasta el 11 de abril de 2026 se han acumulado 38,609 homicidios en lo que va de la actual gestión. A pesar de la magnitud de la cifra, el promedio diario de víctimas ha descendido a 69 personas, una reducción notable frente a las 95 muertes diarias registradas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que concluyó con un total histórico de 202,336 homicidios.

Radiografía de la violencia por estados

La distribución de la violencia no es uniforme en el territorio nacional. El estado de Guanajuato se mantiene como el punto más crítico del país, encabezando la lista con 4,275 homicidios acumulados en este sexenio. Le siguen de cerca el Estado de México, con 2,884 casos, y Chihuahua, con 2,840. Estas tres entidades concentran una parte significativa de la actividad delictiva nacional.

En contraste, entidades como Yucatán, Durango y Coahuila reportan los índices más bajos de violencia. Yucatán, en particular, destaca con apenas 61 homicidios registrados en el mismo periodo, posicionándose consistentemente como el estado más seguro de México.

Tendencias mensuales y comparativa histórica

El análisis detallado del informe revela que el pico de violencia en esta administración ocurrió al inicio, en octubre de 2024, con 2,999 homicidios mensuales. Desde entonces, se ha observado una desescalada gradual. Para inicios de 2026, las cifras mensuales han bajado de los 2,000 casos, registrando 1,598 en enero y 1,366 en febrero, las cifras más bajas en lo que va del periodo presidencial.

En términos comparativos, los primeros 18 meses de este gobierno muestran una variación negativa del 30% respecto al mismo lapso del sexenio anterior. Mientras que con López Obrador se contabilizaron 54,646 muertes en su primer año y medio, la cifra actual para el mismo periodo se sitúa en 38,162. No obstante, al comparar con administraciones más antiguas, la cifra actual sigue siendo superior a los 14,509 homicidios registrados en los primeros 18 meses de Felipe Calderón o los 15,586 de Vicente Fox.

El reto hacia el futuro

Con 1,634 días por delante para concluir el sexenio, la estrategia de seguridad enfrenta la presión de mantener esta tendencia descendente. La reducción del promedio diario de 95 a 69 víctimas sugiere un avance, pero la frecuencia de «un homicidio cada 21 minutos» refleja que la pacificación del país es todavía una meta lejana.

Los datos, basados en estadísticas de mortalidad del INEGI y cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subrayan que, si bien hay una mejora estadística respecto al pasado inmediato, la política mexicana seguirá girando en torno a la capacidad del Estado para garantizar la vida de sus ciudadanos en las zonas más vulnerables.

Estos subsistemas sociales son los escenarios donde se ejercen los medios disponibles del poder de una nación y se dividen en cuatro dimensiones principales. Dos de estas dimensiones se señalan en la Expresión Política y en la Expresión Psicosocial.

La Expresión Política se define como el conjunto de medios, predominantemente políticos, que una nación tiene a su disposición para expresar la voluntad del pueblo y ejercer funciones de dirección, coordinación y decisión con el fin de alcanzar y mantener sus objetivos nacionales.

Una de sus características principales es que confiere al Estado, como entidad política soberana, el monopolio de la coerción, es decir, la facultad normativa, administrativa y jurisdiccional de imponer normas de conducta a las que todos en la nación deben obediencia.

Para entender cómo se manifiesta en la práctica, los factores de la Expresión Política del Poder Nacional, son la cultura política y la ideología política imperante, el papel de las élites en la interpretación de las aspiraciones nacionales, la comunicación, como instrumento de difusión de opiniones, la situación geopolítica y geográfica del país, el ordenamiento jurídico y el régimen político (ya sea democrático o autocrático), el nivel de desarrollo en ciencia y tecnología. Es una aproximación a la definición de Estado conocida por la ciencia política.

Por lo que se refiere a la Expresión Psicosocial del Poder Nacional se define como el conjunto de medios, predominantemente psicosociales, de los que dispone una nación para asegurar la plena realización de la persona humana y su capacidad de contribuir al mejoramiento de la sociedad, apoyando así la conquista y mantenimiento de los objetivos nacionales.

En la práctica, esta expresión se caracteriza por centrarse en el estudio del hombre: busca penetrar en su esencia, descubrir su universo de valores (axiológico), identificar sus aspiraciones y analizar cómo se relaciona con sus semejantes y con su entorno.

Estas expresiones del poder nacional no podrían funcionar sin el Principio de Congruencia del Poder Nacional. Este principio consiste en que, debido a que el Poder Nacional es unitario por naturaleza, cualquier acción o evento que ocurra en una de sus expresiones (política, económica, psicosocial o militar) no se limita a su propia área, sino que puede producir efectos y repercutir en todas las demás expresiones.

El principio establece que no se puede decir que una expresión predomine sobre la otra de forma inherente o permanente y si en un momento dado una de las expresiones domina al resto, este fenómeno es estrictamente circunstancial y temporal, pues solo refleja una coyuntura específica que atraviesa la nación.

Por tanto, la conexión entre las expresiones señaladas es inevitable, ya que siempre tiene la capacidad de generar efectos políticos, económicos, psicosociales y militares de manera simultánea.

Por esto es que cuando la clase política predomina sobre las demás Expresiones del Poder, entonces, se rompe el mismo equilibrio político y además de vulnera lo económico y lo social, como sucede con algunas variables, como el sistema jurídico, el equilibrio político o el medio ambiente.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte que en México existen indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, activa un mecanismo excepcional y la reacción del gobierno no es revisar, corregir o asumir. Es negar, desacreditar y victimizarse. Como si el problema fuera el informe y no los miles de personas que siguen sin aparecer.

El documento no aborda desapariciones en general. Analiza desapariciones forzadas, aquellas en las que hay participación del Estado o al menos tolerancia, apoyo o complicidad de autoridades. Ese es el punto que al gobierno le duele. Muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado, pero la ONU sostiene que hay patrones donde esa violencia solo podría ocurrir con permiso, omisión o colusión del Estado. En ese momento deja de ser solo crimen y se convierte en responsabilidad gubernamental.

El señalamiento no salió de la nada. Se construyó con años de denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, datos oficiales y trabajo en campo. Y lo que concluye es devastador. La crisis se ha agudizado, su magnitud es cada vez más alarmante y existen elementos suficientes para encender alertas internacionales. No es una opinión, es un diagnóstico técnico serio.

¿Y qué hace el gobierno frente a eso? Lo de siempre. Dice que el informe es sesgado, que no reconoce los avances y que no refleja la realidad del país. Prefiere pelearse con la ONU antes que explicar por qué en México desaparecen personas en contextos donde hay autoridades presentes, ausentes a propósito o directamente involucradas.

Lo verdaderamente insultante no es solo la respuesta, es el contexto. Hace apenas unos días, Claudia Sheinbaum presentó su informe sobre desapariciones después de más de un año de retrasos. La demora no fue porque no tuviera datos, sino porque su equipo necesitaba tiempo para acomodarlos. Y cuando finalmente lo presentó, no fue para explicar la crisis, fue para maquillarla.

Pasaron de más de 130 mil desaparecidos a reconocer apenas 43 mil. No porque hayan encontrado a nadie, sino porque borraron del mapa casi 90 mil casos con un truco administrativo. Si el expediente está incompleto, deja de existir. Si hay indicios de algún trámite hecho por la persona, entonces mágicamente deja de estar desaparecida. Si la autoridad falló en documentar, el problema se evapora. No resolvieron la crisis, la adulteraron.

El nivel de manipulación es tan burdo que se cae con sus propios datos. México tiene más de 72 mil cuerpos sin identificar. Más cadáveres sin nombre que desaparecidos reconocidos oficialmente. Esa sola cifra destruye el relato oficial. No es un error, es una operación para reducir el tamaño del desastre en el papel.

Y en medio de ese intento por borrar la tragedia, llega la ONU y les dice lo que no quieren escuchar. Que el problema es estructural, que hay responsabilidad gubernamental y que no basta con repartir culpas ni esconderse detrás del crimen organizado, al que, por cierto, “abrazan” sin pudor desde el sexenio pasado.

La respuesta del gobierno no solo es errática, es indecente. Porque no están defendiendo una postura técnica, están defendiendo una posición política. No están cuidando a las víctimas, están cuidando el arranque de Sheinbaum. Están más preocupados por el costo reputacional que por la verdad.

También están cuidando la herencia maldita de López Obrador. Él decidió desde el primer día administrar la crisis en lugar de enfrentarla. Puso en duda el registro oficial de su propio gobierno, impulsó un censo paralelo con operadores políticos, provocó la salida de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y redujo la desaparición a un simple problema de percepción. No buscó a los desaparecidos, buscó blindarse.

Las organizaciones y los colectivos de búsqueda lo dijeron sin rodeos: La respuesta del gobierno no está a la altura de la crisis. La impunidad es prácticamente total. Mientras el gobierno litiga cifras, las madres buscadoras siguen encontrando fosas y crematorios clandestinos.

No estamos frente a un simple desacuerdo con la ONU. Es la confirmación de una forma de gobernar. Primero ignoraron a las víctimas, luego manipularon las cifras y ahora rechazan cualquier intento de escrutinio serio. Es la ruta completa del cinismo.

Tenemos un gobierno que no soporta la más mínima crítica y que responde con arrogancia y soberbia ante cualquier señalamiento. Lo que no entienden es que no son sus adversarios los responsables del deterioro de su imagen. No es la oposición, no es la prensa, no es la ONU, es la realidad. Y por más que intenten negarla, borrarla o maquillarla, esa realidad ya los alcanzó. Y lo peor para ellos es que esto apenas está empezando.

Se trata anhelos y conquistas que ha conquistado el pueblo mexicano y que han sido insertados en los constituyentes de 1857, 1917 así como en las diversas reformas subsecuentes hasta la actualidad. Hoy en día se encuentran en la mayoría de los artículos del Título Primero de la Constitución, excepto el artículo 33.

Se denominan objetivos nacionales permanentes, debido a que representan los más nobles anhelos, intereses y aspiraciones vitales que subsisten por un largo periodo de tiempo y que por su naturaleza permiten establecer ideales de convivencia que habrán de constituir un modelo de sociedad.

A este Título Primero de la Constitución también se le conoce como parte dogmática, debido a que contiene los más altos principios y creencias del pueblo mexicano. Incluye la seguridad y una parte del combate a la corrupción.

También en este Título Primero se encuentran consignados los derechos humanos de primera generación, como aquellos que vinculan al individuo y lo convierten en ciudadano respecto de su Estado nación; así como los derechos humanos de segunda generación que son producto de desigualdades sociales y luchas del pueblo mexicano y que el constituyente lo tradujo e insertó en la Constitución como derechos sociales.

Entre los anhelos del pueblo mexicano también se encuentra la seguridad, contenido en el artículo 21 constitucional, que comparte toda una estructura ideológica como función y como fin del Estado, según la ciencia política.

El derecho de seguridad establecido en el artículo 21 constitucional se complementa con los los objetivos nacionales coyunturales que se encuentran contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en los Programas Sectoriales, principalmente.

Para el logro de los objetivos nacionales y coyunturales, todos los recursos de que hace uso el poder nacional deben encontrarse en sincronía y, con ello, lograr la prosperidad de las naciones, de no ser así se presentan deficiencias o inconsistencias en perjuicio de la función pública.

Cuando uno o varios de estos recursos son alterados por cualquier causa, deviene en los problemas que conocemos, como falta de aplicación del estado de derecho, corrupción, impunidad, entre otros.

La institución de la seguridad pública ejerce el monopolio de la violencia, con el fin de salvaguardar el objetivo nacional permanente de la seguridad, así como para que el Estado mexicano logre sus fines y ejerza sus funciones de Estado, conforme se lo mandata la Constitución y el derecho de seguridad.

Sin embargo, cuando se hace creer que a mayor cantidad de elementos del estado de fuerza produce mayor seguridad, se confunde con la ausencia de Estado o con la corrupción en perjuicio de la función de seguridad y se produce una desconfiguración y descoordinación en la línea de los objetivos nacionales con los objetivos coyunturales.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

En la fiscalía general de la República (FGR) se inserta en la investigación de delitos del orden federal junto con la integración de carpetas de investigación y su consignación a jueces federales en materia penal.

Por lo que toca a las acciones del campo de seguridad a nivel federal se encuentran los trabajos policiales de la Guardia Nacional (GN) y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En este entramado de funciones y atribuciones se insertan las Policías Estatales y Municipales, con acciones preventivas y de persecución de los delitos del fuero común, pudiendo coadyuvar con las autoridades federales en la persecución de algunos delitos.

Posteriormente se encuentran los órganos jurisdiccionales del orden federal y para los delitos del fuero común que, mediante el sistema de juzgados y tribunales, federales y locales, imparten justicia a quién la autoridad presente como presunto delincuente.

Por último, se encuentra los centros penitenciarios del sistema federal y estatal que contribuye a purgar una condena y a la reinserción social de los sentenciados.

Hasta aquí a grandes rasgos se explican algunos de los procesos de las instituciones integrantes del sistema de seguridad mexicano, en el que sus procesos, métodos, líneas de acción u objetivos, se cruzan entre sí constituyendo las partes de un todo. 

En teoría debería ser suficiente para que la estrategia de seguridad funcione, aunque existen algunos elementos conceptuales en la Constitución que quizás impidan su interpretación y funcionamiento institucional, es decir la política ideal.

Hay algo o mucho que impide que este entramado de atribuciones, aisladas o conjuntas, se articule debidamente para que prospere la seguridad. Es posible que, entre la voluntad política de algunas acciones de la Federación, de las Entidades Federativas, sumadas a la corrupción e impunidad no lo permitan.

Cuando por cualquier razón la prevención, la procuración y la impartición de justicia presentan deficiencias, es que se presenta la ausencia de un castigo a una falta o un delito.

Esta ausencia produce diferencias en la procuración e impartición de justicia, abre la brecha de desigualdad, genera inconsistencias y deficiencias en los sistemas y subsistemas de procuración e impartición de justicia y, quizás lo más importante, la ciudadanía se siente desprotegida, desamparada y sin saber a quién recurrir.

Cuando la autoridad renuncia o se desentiende de su responsabilidad en la función de seguridad, en la función de procuración, impartición de justicia o en la función jurisdiccional, aparece una ciudadanía furiosa y deseosa de justicia que trae consigo el fenómeno social derivado de los ajusticiamientos o linchamientos en algunas partes del país. 

Hay dudas. Muchas dudas con diversos ejemplos. En enero de 2023 fueron robadas más de 7 millones de balas en dos tráileres que circulaban por carreteras de Guanajuato, sin que hasta ahora algún servidor público haya rendido cuenta por dichos actos; la sustracción de información por kackers informáticos a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la secretaría particular del secretario de Defensa, a Petróleos Mexicanos, al IMSS, al SAT y más recientemente, el abandono procesal de la escena en donde fue capturado Nemesio Osegueda.

No falta la insulsa e impertinente autoridad que viene a revictimizar y a provocar en la sensibilidad ciudadana un frenético reclamo de incapacidad gubernamental.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: ra

cevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

La crisis de violencia contra la prensa en México no cesa y las cifras recientes pintan un panorama alarmante para el ejercicio periodístico en el país. Desde el año 2001 hasta marzo de 2026, se han registrado un total de 173 periodistas asesinados, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan informar en territorio mexicano.

El inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum ha estado marcado por una tendencia preocupante. En lo que va de su administración, hasta el corte de marzo de 2026, ya se contabilizan 9 periodistas que han perdido la vida de forma violenta. Este dato pone de relieve que, a pesar de los cambios de gobierno, el riesgo para los comunicadores sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda de seguridad nacional.

Al observar el comportamiento histórico reciente, se nota una persistencia crítica en el número de homicidios por periodos presidenciales. Tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como en el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se registraron 47 casos en cada uno, mientras que el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) cerró con 48 víctimas. Estas estadísticas muestran que la violencia contra la prensa se ha mantenido en niveles similares durante las últimas dos décadas.

El análisis geográfico de esta tragedia revela puntos rojos específicos en la República Mexicana. Veracruz se mantiene como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo, acumulando 32 asesinatos desde 2001. Le siguen en esta lamentable lista los estados de Guerrero con 19 casos, y Oaxaca y Chihuahua, ambos con 15 registros cada uno. Por el contrario, existen estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán donde no se han reportado asesinatos de comunicadores en este mismo periodo.

En cuanto al género de las víctimas, la gran mayoría de los periodistas asesinados han sido hombres, con un total de 161 casos frente a 12 mujeres periodistas víctimas de homicidio desde 2001.

El año 2025 cerró con 7 periodistas privados de la vida, y en los primeros meses de 2026 ya se ha reportado un nuevo caso. Estos datos, basados en los registros de la organización Artículo 19, subrayan la urgencia de mecanismos de protección efectivos y de una estrategia integral que garantice la libertad de expresión y la integridad física de los reporteros en todo el país.