En el primer bimestre de 2026 se observa una reducción en todos los indicadores de violencia letal en comparación con el mismo periodo de 2025, tanto de forma individual como en su conjunto:

Homicidio doloso: -34%. 

Desapariciones: -29%

Otros delitos contra la vida: -18%

Feminicidio: -12%

Homicidio culposo: -3%

Violencia letal (suma de todos los indicadores): -22%

Esta tendencia también se observa a mediano plazo en la mayoría de los indicadores; sin embargo, frente a 2018, persisten incrementos en personas desaparecidas y no localizadas (14%) y en otros delitos contra la vida (80%).

En una escala más amplia, en la última década se mantiene un deterioro en casi todos los indicadores de violencia letal —con excepción de los homicidios culposos—, con aumentos relevantes como 202% en otros delitos contra la vida, 122% en personas desaparecidas y no localizadas, 54% en feminicidio y 31% en la violencia letal agregada (considerando la sumatoria de todos los indicadores).

La reducción de todos los indicadores constituye, en principio, una buena noticia, especialmente si se considera que México ha estado inmerso durante décadas en niveles de violencia muy por encima de la media mundial. No obstante, estos descensos resultan inéditos tanto por su magnitud como por la rapidez con la que se han producido.

Por ello, más que celebrar de forma apresurada, es fundamental que el Estado mexicano encabece procesos de investigación en colaboración con la sociedad civil organizada, la academia y otros actores no gubernamentales, para identificar con claridad las causas de esta reducción. Este esfuerzo debe colocar en el centro a las víctimas, incorporar una visión territorial de la violencia y sostenerse en un enfoque de acceso a la justicia y derechos humanos. Sólo bajo estas condiciones será posible avanzar hacia procesos de pacificación con amplio consenso social y sentido de justicia.

En este contexto, existen al menos tres hipótesis plausibles sobre la reducción de la violencia en las entidades federativas que deben someterse a prueba para fortalecer lo que funciona y corregir con urgencia lo que no: 

1. La eficacia gubernamental. Es decir, que la disminución responde a políticas públicas implementadas por la federación o los gobiernos locales. 

2. La existencia de regímenes criminales. En ellos, la reducción se explicaría por el control territorial ejercido por el crimen organizado. 

3. Posibles inconsistencias en los datos. Éstas pueden surgir a partir de fallas o subregistro en los sistemas de información de policías y fiscalías.

Lo anterior debe derivar, al menos, en tres cursos de acción bajo la política pública: 

1. Concentrar los esfuerzos de contención en las zonas donde la violencia se mantiene alta o incluso va en aumento. Esto implica priorizar el debilitamiento operativo del crimen organizado mediante inteligencia estratégica y no sólo despliegues reactivos. Al mismo tiempo, detonar cambios estructurales en policías, fiscalías y en la reconstrucción de la cohesión social.

2. Identificar las prácticas estructurales que han permitido a ciertos territorios mantener tasas bajas o reducciones sostenidas. El objetivo es apuntalarlas y replicarlas en la medida de lo posible. Esto puede abrir la discusión sobre mayor financiamiento para mejorar las condiciones laborales y la profesionalización policial, así como sobre reformas para institucionalizar buenas prácticas de procuración de justicia y programas de prevención basados en evidencia. 

3. Mejorar la calidad de los datos para contar con diagnósticos más precisos. Esto es crítico en rubros como personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. El esfuerzo debe desarrollarse bajo esquemas de gobernanza democrática, donde víctimas, organizaciones acompañantes y otros actores sociales participen activamente en la definición, ejecución y supervisión de las metodologías. De este modo, la población queda en el centro de la acción pública y se avanza hacia procesos de pacificación con mayor consenso social y sentido de justicia.

Panorama estatal de la violencia 

Consulta los indicadores por delito a nivel nacional y estatal

Nota metodológica

Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores.

Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 24 de marzo de 2026. 

Las proyecciones de población a mitad de año provienen de Conapo.

Se trata anhelos y conquistas que ha conquistado el pueblo mexicano y que han sido insertados en los constituyentes de 1857, 1917 así como en las diversas reformas subsecuentes hasta la actualidad. Hoy en día se encuentran en la mayoría de los artículos del Título Primero de la Constitución, excepto el artículo 33.

Se denominan objetivos nacionales permanentes, debido a que representan los más nobles anhelos, intereses y aspiraciones vitales que subsisten por un largo periodo de tiempo y que por su naturaleza permiten establecer ideales de convivencia que habrán de constituir un modelo de sociedad.

A este Título Primero de la Constitución también se le conoce como parte dogmática, debido a que contiene los más altos principios y creencias del pueblo mexicano. Incluye la seguridad y una parte del combate a la corrupción.

También en este Título Primero se encuentran consignados los derechos humanos de primera generación, como aquellos que vinculan al individuo y lo convierten en ciudadano respecto de su Estado nación; así como los derechos humanos de segunda generación que son producto de desigualdades sociales y luchas del pueblo mexicano y que el constituyente lo tradujo e insertó en la Constitución como derechos sociales.

Entre los anhelos del pueblo mexicano también se encuentra la seguridad, contenido en el artículo 21 constitucional, que comparte toda una estructura ideológica como función y como fin del Estado, según la ciencia política.

El derecho de seguridad establecido en el artículo 21 constitucional se complementa con los los objetivos nacionales coyunturales que se encuentran contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en los Programas Sectoriales, principalmente.

Para el logro de los objetivos nacionales y coyunturales, todos los recursos de que hace uso el poder nacional deben encontrarse en sincronía y, con ello, lograr la prosperidad de las naciones, de no ser así se presentan deficiencias o inconsistencias en perjuicio de la función pública.

Cuando uno o varios de estos recursos son alterados por cualquier causa, deviene en los problemas que conocemos, como falta de aplicación del estado de derecho, corrupción, impunidad, entre otros.

La institución de la seguridad pública ejerce el monopolio de la violencia, con el fin de salvaguardar el objetivo nacional permanente de la seguridad, así como para que el Estado mexicano logre sus fines y ejerza sus funciones de Estado, conforme se lo mandata la Constitución y el derecho de seguridad.

Sin embargo, cuando se hace creer que a mayor cantidad de elementos del estado de fuerza produce mayor seguridad, se confunde con la ausencia de Estado o con la corrupción en perjuicio de la función de seguridad y se produce una desconfiguración y descoordinación en la línea de los objetivos nacionales con los objetivos coyunturales.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Los recientes datos de México Evalúa sobre violencia letal en el país no son solo cifras, son gritos ensordecedores que exponen las profundas grietas en el tejido social y la alarmante incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El informe no solo presenta un panorama desolador, sino que también pone en entredicho la efectividad de las políticas públicas y las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.

La violencia letal en México ha alcanzado niveles epidémicos, convirtiéndose en una sombra constante que acecha a todos los rincones del país. Los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas y los feminicidios se han convertido en una trágica realidad cotidiana, sembrando el miedo y la desconfianza en la sociedad. Las cifras no mienten: México Evalúa reporta una alarmante tasa de 26.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023, cifra que supera con creces el promedio mundial y que sitúa a México entre los países más violentos del mundo.

Esta espiral de violencia no solo tiene un impacto directo en la pérdida de vidas humanas, sino que también genera graves consecuencias sociales y económicas. La inseguridad inhibe la inversión, frena el desarrollo económico y genera un clima de incertidumbre que dificulta la convivencia pacífica. Además, la impunidad que rodea a la mayoría de estos crímenes alimenta el círculo vicioso de la violencia, ya que los perpetradores actúan con la convicción de que no serán castigados.

La respuesta del Estado mexicano ante esta crisis ha sido fragmentada, reactiva y en gran medida ineficaz. Las estrategias de seguridad se han centrado tradicionalmente en el uso de la fuerza y en la militarización de la seguridad pública, enfoques que han demostrado ser insuficientes para abordar las causas estructurales de la violencia. La falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la debilidad de las instituciones policiales y la corrupción imperante en el sistema de justicia son obstáculos fundamentales que impiden una respuesta efectiva ante la violencia letal.

Es imperativo que el Estado mexicano reconozca la magnitud de la crisis y adopte un enfoque integral para abordar la violencia letal. Esto requiere ir más allá del uso de la fuerza y centrarse en la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y la atención a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Además, es fundamental promover la participación ciudadana y el diálogo social para construir una cultura de paz y legalidad.

El informe de México Evalúa es una llamada de atención urgente que no puede ser ignorada. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de actuar con determinación para poner fin a la espiral de violencia que asola al país. La inacción o la persistencia en estrategias fallidas solo conducirán a una mayor pérdida de vidas humanas y a un debilitamiento aún mayor del tejido social. Es hora de actuar con responsabilidad y compromiso para construir un México más seguro y justo para todos.

Por principio de cuentas, deben establecerse reformas estructurales en seguridad que modifiquen el modelo de seguridad contenido del artículo 21 constitucional, ya que su diseño data de diciembre de 1994 y se encuentra obsoleto y anacrónico.

Este modelo arrastra vicios al Plan Nacional de Desarrollo, al Presupuesto de Egresos de la Federación, porque hay una falta de sincronización conceptual, de tal modo, que mientras en la Constitución se habla de la seguridad pública, como función de suprema de la seguridad en el país, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos de la Federación se habla de la función y subfunción seguridad nacional y, por tanto, produce una discrepancia cuando no existe sincronía en los principales textos rectores del país.

Es decir, que mientras el anhelo establecido en los objetivos nacionales planteados en la Constitución habla de una cosa, el Presupuesto de Egresos de la Federación que se instituye como el articulador de las políticas de Estado, las políticas de gobierno y las políticas públicas se refiere a otra seguridad que no está contemplada en la Constitución y, el Plan Nacional de Desarrollo establece metas y objetivos sobre la base de un diseño conceptual inexistente. Por esto es por lo que la seguridad en el país no está articulada, desde su diseño hasta su planificación.

Así como existe un modelo de federalismo hacendario y fiscal, el modelo de seguridad debe analizar la posibilidad de implementar un modelo de federalismo en seguridad de tal forma, que, así como las entidades federativas son firmes para reclamarle a la Federación, la parte proporcional de las participaciones que les corresponde, así deben participar de las obligaciones y responsabilidades que en seguridad les imponga este modelo de federalismo en seguridad. Si no hay resultados, no hay dinero.

Paralelamente y para estar en condiciones de que la función de Estado de seguridad pública encuentre una sincronía y corresponsabilidad, la Secretaría de Seguridad debería, elaborar protocolos con indicadores, de acuerdo con el orden de gobierno.

Por ejemplo, el protocolo de seguridad para municipios debe prever todos los escenarios en que podría intervenir la Policía Municipal, en asuntos de paz, bandos y orden públicos y sus reglamentos municipales. Además, debe fijar el modo y los casos en que la Policía Municipal puede solicitar supletoriamente, el auxilio de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.

El protocolo de seguridad para Policías Estatales debe fijar los escenarios de orden y paz públicos que fijen las constituciones locales y sus leyes, así como señalar el modo y los casos en que de manera supletoria puede coadyuvar con las Policías Municipales en su auxilio, así como los casos, modo y formas en que puede solicitar el auxilio de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.

En ambos protocolos, locales y municipales, sólo debe configurarse lo que mandata el artículo 21 constitucional para esos órdenes de gobierno.

Estos protocolos deben insertarse en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de darle un orden normativo a estos protocolos, para que los Estados y sus Municipios no jueguen o engañen a dar seguridad.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

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Uno de los problemas más graves y menos comprendidos por la opinión pública es la fragmentación institucional de las fuerzas de seguridad y la profunda crisis de profesionalización que aqueja a nuestras corporaciones policiales. En México coexisten más de mil 600 cuerpos policiales, con estándares distintos, capacidades desiguales y, en muchos casos, sin una coordinación operativa real. Esta dispersión no sólo genera ineficiencias, sino que es tierra fértil para la corrupción, el abuso de poder y la impunidad.

A esta dispersión hay que añadir la carencia crónica de formación profesional de calidad. En muchas entidades, la capacitación policial no sólo es mínima, sino que se limita a aspectos técnicos sin incorporar una visión ética, legal y de derechos humanos. Los policías, especialmente los municipales, son a menudo abandonados por el Estado: trabajan con salarios bajos, equipo deficiente, sin respaldo institucional y enfrentando un riesgo permanente.

Por otra parte, y en algunos casos el Estado, en diversos lugares del país, ha abandonado su función esencial: garantizar la vida, la libertad y la dignidad de las personas. La ausencia de justicia, la impunidad casi total y la complicidad de algunos funcionarios han permitido que se consolide un sistema paralelo de poder, más temido y obedecido que las propias instituciones legítimas. Las consecuencias son devastadoras: miles de desaparecidos, desplazamientos forzados, ruptura del tejido comunitario y generaciones enteras criadas en contextos de violencia estructural.

La respuesta estatal a este fenómeno ha sido ambigua. Por un lado, se han desplegado operativos militares y policiacos de gran escala que, en muchos casos, no logran erradicar las causas profundas del problema y generan daños colaterales severos. Por otro lado, se han tolerado —y a veces fomentado— pactos de facto que perpetúan la impunidad. La solución no puede basarse únicamente en el uso de la fuerza. Es indispensable una estrategia integral, sostenida y con objetivos realistas. Primero, debe fortalecerse la presencia institucional del Estado en los territorios dominados por el crimen, no solo mediante patrullajes, sino con fiscales honestos, jueces valientes, escuelas abiertas, servicios de salud y programas sociales funcionales. La seguridad no puede construirse en el vacío institucional.

Junto con la acción estatal directa, debe impulsarse un modelo de justicia transicional en regiones particularmente afectadas. Esto implica reconocer el sufrimiento de las víctimas, ofrecer mecanismos de verdad, reparación y reconciliación, y construir caminos de salida para quienes, sin haber cometido crímenes graves, están atrapados en estructuras delictivas por necesidad o miedo. La experiencia internacional demuestra que, en contextos de violencia prolongada, la pacificación exige también procesos sociales de reconstrucción, no solo represión.

Finalmente, debemos recuperar la noción de que la seguridad no es la ausencia de crimen, sino la presencia de condiciones para una vida digna. Esto implica empleo, salud, educación, vivienda, respeto, comunidad. Sin estos elementos, cualquier estrategia de seguridad será frágil y momentánea. El Estado mexicano debe volver a ser un garante de derechos, no sólo un administrador de crisis.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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Aunque el discurso oficial posiciona estas medidas como herramientas indispensables para combatir el secuestro y la extorsión, un análisis profundo revela que estas políticas no solo son ineficaces para frenar el crimen organizado, sino que establecen una infraestructura de vigilancia masiva que vulnera los derechos fundamentales.

La insistencia en vincular la identidad legal y biométrica de cada ciudadano a su dispositivo móvil ignora los fracasos históricos de proyectos similares, como el RENAUT en 2009 y el PANAUT en 2021, este último declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sostenido que la recolección masiva de datos personales y biométricos bajo la premisa de combatir el crimen, constituye una «interferencia desproporcionada» en el derecho a la vida privada. El argumento central es, que el Estado no puede tratar a la totalidad de la población como presuntos delincuentes para intentar capturar a una minoría, especialmente cuando no hay pruebas técnicas de que el registro reduzca efectivamente la incidencia delictiva.

Lejos de desarticular bandas criminales, que operan mediante el robo de dispositivos, la clonación de tarjetas SIM o el uso de redes internacionales, el registro actual termina por asfixiar la privacidad del ciudadano promedio, creando una base de datos centralizada que se convierte en un botín irresistible para el mercado negro, como ya está sucediendo, y para intereses políticos de control.

La ineficacia técnica del registro es el primer síntoma de que su objetivo real no es la seguridad, sino la fiscalización. Es ingenuo suponer que un delincuente profesional utilizará una línea registrada a su nombre y vinculada a su CURP para realizar llamadas de extorsión; por el contrario, estas medidas incentivan el mercado negro de «chips» y el uso de tecnologías de suplantación que los marcos legales actuales no logran regular con éxito. Al forzar al usuario a entregar información sensible bajo la amenaza de bloquear su servicio, como un recurso hoy vital para el trabajo, la educación y la comunicación, el Estado ejerce una coacción.

En un país con un historial documentado de uso de software espía contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, la creación de este padrón otorga a las instituciones de seguridad una hoja de ruta detallada sobre la vida privada de la población, facilitando el rastreo de movimientos, asociaciones y patrones de consumo bajo un manto de supuesta legalidad.

Por otro lado, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia complementa este esquema al ampliar las facultades de las instituciones de seguridad para intervenir en el ámbito digital con una supervisión judicial que suele ser opaca o reactiva. Esta ley, publicada en julio de 2025, permite una integración de datos que, sumada al registro telefónico, crea un perfilado exhaustivo de los ciudadanos.

La centralización de la inteligencia, si bien teóricamente busca eficiencia, en la práctica elimina los contrapesos necesarios para evitar el abuso de poder. Al no existir mecanismos de transparencia robustos que permitan auditar cómo y por qué se accede a la información de una línea telefónica, el sistema se inclina hacia la fiscalización social. Se vigila al ciudadano para «prevenir», pero esa prevención a menudo se traduce en la neutralización de la disidencia o en el monitoreo de grupos vulnerables, más que en la detención de los grandes capos que operan fuera del radar de estas normativas administrativas.

Finalmente, el riesgo de seguridad de los propios datos es una razón de peso para cuestionar estas políticas. Los sistemas de los operadores y del propio gobierno ya han mostrado vulnerabilidades; un error de configuración, una filtración interna o una violación a la seguridad de la infraestructura crítica como está sucediendo en algunas dependencias e instituciones, bastarían para que la identidad de millones de mexicanos termine en manos de los mismos extorsionadores que la ley dice combatir.

En lugar de fortalecer las fiscalías y los procesos de investigación criminal basados en evidencia de campo, el Estado apuesta por una solución tecnológica autoritaria que trata a toda la población como sospechosa. En este escenario, el Registro 2026 y la Ley de Inteligencia se revelan no como soluciones al problema de la violencia, sino como una oportunidad aprovechada para consolidar un control estatal sin precedentes, donde la seguridad pública es el pretexto y la libertad ciudadana el bien jurídico sacrificado.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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El gobierno norteamericano reclamaría por conducto del Departamento de Estado, la poca acción para combatir al narcotráfico, y más en concreto, el tráfico de fentanilo mientras que el gobierno mexicano reclamaría tiene el tráfico ilegal de armas.

Pero también el gobienro de México tiene abierto varios frentes, producto de su su simpatía en relación con países no amistosos con la Casa Blanca. La detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro comienza a relucir una serie de apoyos a los gobiernos de la Cuarta Transformación, así como el envio de petróleo a Cuba con una figura jurídica ilegal.

Además la sombra de las sospechosas relaciones de personajes de la clase política con integrantes de la delincuencia organizada, ha generado una serie de especulaciones en diversos personajes.

Para compensar la insatisfacción del gobierno del presidente Donald Trump, el gobierno de México envió a 37 miembros de organizaciones criminales mientras que se sigue insistiendo en el envío de tropas norteamericanas para combatir los carteles de la delincuencia y del narcotráfico. En febrero de 2025 México remitió a 29 narcotraficantes y en agosto a otros 26 de ellos.

En la pasada administración prevaleció la ausencia de un marco jurídico prometido para complementar los planes de seguridad expedidos, por ejemplo, la Estrategia de Seguridad de la pasada administración promocionó la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés y del Consejo para la Construcción de la Paz que prevé la Estrategia Nacional de Seguridad. Ni una ni otra fue presentada a las Cámaras del Congreso.

Lo mismo con el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa para la Seguridad Nacional y al Programa Nacional de Protección Civil que se derivan del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 – 2024. Ninguno de estos programas fue promulgado, por tanto, el criterio vigente de seguridad nacional, por ejemplo, es el publicado en la administración del presidente Peña Nieto.

Con Washington en la pasada administración las tensiones se profundizaron con eventos sensibles como la detención del general Salvador Cienfuegos en octubre de 2020 en territorio estadounidense, sin previo aviso a México, generando una crisis diplomática y la aprobación en el Congreso mexicano, de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 que limita la actuación de agentes extranjeros en suelo mexicano.

México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde. Hoy el gobierno de México tiene frentes y con sus desigualdades su margen de maniobra no es amplio, es limitado y riesgoso para su clase política, mientras que Washington parece que le lleva mucha ventaja.

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Desde una perspectiva operativa, la conveniencia también se manifiesta en el fortalecimiento de la justicia penal. A través de programas de asistencia, se ha logrado una modernización parcial de los laboratorios de criminalística y una profesionalización de los Ministerios Públicos bajo estándares que buscan reducir la impunidad. Estados Unidos, al ser el principal mercado de destino de los narcóticos, tiene un interés directo en que las instituciones mexicanas sean lo suficientemente sólidas como para contener el flujo de sustancias en su origen. Esta alineación de intereses crea un paraguas de financiamiento que ayuda a mitigar las deficiencias presupuestarias crónicas de las policías locales y estatales en México.

La seguridad pública mexicana podría beneficiarse de la «economía de escala» que ofrece el Departamento de Justicia y otras agencias estadounidenses, permitiendo que el país participe en redes internacionales de captura de datos y alertas tempranas sobre tráfico de precursores químicos provenientes de Asia, un eslabón que sería imposible de vigilar sin una alianza robusta con Washington.

No obstante, las inconveniencias de esta relación son profundas y tocan la fibra más sensible de la identidad nacional: El argumento de la soberanía, en el que la aceptación de una potencia con una historia de intervencionismo en la región, genera una vulnerabilidad política considerable. Uno de los principales riesgos es la subordinación de la estrategia nacional a las prioridades de seguridad interna de Estados Unidos, las cuales suelen estar dictadas por ciclos electorales y presiones políticas internas que no siempre coinciden con la realidad social de México. Por ejemplo, mientras que para Washington la prioridad puede ser la interdicción masiva de fentanilo, para las comunidades mexicanas la urgencia suele ser la reducción del homicidio doloso y la extorsión. Esta divergencia de objetivos puede llevar a que México sacrifique su paz social interna por cumplir con objetivos ajenos señalados desde el exterior, lo que a menudo resulta en una militarización excesiva y en la adopción de tácticas de confrontación que exacerban la violencia en lugar de pacificar el territorio.

Asimismo, la dependencia de la ayuda norteamericana crea un incentivo perverso que puede frenar el desarrollo de capacidades institucionales propias. Existe la posibilidad de que el gobierno mexicano, al ver cubiertas ciertas necesidades por el financiamiento extranjero, descuide la inversión estructural necesaria para crear una fuerza civil de seguridad nacional que sea verdaderamente independiente. Además, la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano ha sido históricamente una fuente de tensión y desconfianza. Incidentes de falta de transparencia en operaciones conjuntas han demostrado que, en ocasiones, las agencias estadounidenses priorizan sus propios objetivos informativos por encima del respeto al marco legal mexicano, lo que erosiona la moral de las instituciones locales y genera una percepción de debilidad institucional ante la opinión pública.

Finalmente, otra inconveniencia crítica radica en la naturaleza reactiva de la ayuda. Gran parte de los recursos se destinan a la contención y al equipamiento táctico, dejando de lado la prevención del delito y el fortalecimiento del tejido social. La cooperación, aunque necesaria en el ámbito técnico, debe ser gestionada con una cautela extrema para evitar que se convierta en una cesión de control sobre el destino del país. La verdadera conveniencia solo se alcanzará cuando la ayuda deje de ser un parche para las deficiencias del Estado y se transforme en una colaboración simétrica, donde la soberanía no sea el precio a pagar por la tecnología, y donde la seguridad de los ciudadanos mexicanos sea el eje rector de cualquier acuerdo bilateral.

A cambio, el gobierno de Washington podría exigir la caída de aquellos personajes de la clase política involucrados en la delincuencia, en un movimiento político poco conveniente para el régimen de la #4T.

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El panorama de la seguridad y la violencia de género en México presenta matices importantes al cierre del 2025. Según los datos más recientes, las denuncias por acoso sexual en el territorio nacional han mostrado una tendencia a la baja en comparación con periodos anteriores, aunque las cifras globales siguen reflejando una realidad que preocupa a la ciudadanía. Durante el mes de noviembre de 2025, se registraron un total de 881 denuncias por este delito en el país. Esta cifra representa una disminución del 12% si se compara con las 1,004 denuncias presentadas en el mismo mes de noviembre de 2024.

En lo que va del año 2025, el acumulado de denuncias por acoso sexual alcanza la cifra de 10,630 casos. Este número indica que, a nivel anual, se ha logrado una reducción del 9% en comparación con el cierre de 2024, año en el que se contabilizaron 11,648 registros oficiales. Esta tendencia descendente ocurre después de que México alcanzara un pico histórico de incidencia delictiva en el año 2023, cuando las denuncias escalaron hasta los 13,819 incidentes reportados ante las autoridades.

Dentro del contexto político actual, el periodo correspondiente a la administración de Claudia Sheinbaum, que comprende de octubre de 2024 a noviembre de 2025, suma un total de 10,630 denuncias por acoso sexual. Estos datos, extraídos de las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permiten observar la frecuencia del delito y su preocupante concentración geográfica.

La estadística revela que solo tres entidades federativas concentran casi la mitad de la incidencia nacional en este rubro. El Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León reúnen, en conjunto, el 46% del total de las denuncias presentadas. De manera desglosada, el Estado de México encabeza la lista con 2,644 denuncias. Le sigue la Ciudad de México con 1,431 registros. Por su parte, el estado de Nuevo León contabilizó 777 casos de acoso sexual durante el periodo reportado.

Sin embargo, al analizar la incidencia bajo la lupa de la densidad poblacional, el mapa de riesgos cambia. Querétaro se posiciona como el estado con la tasa más alta de denuncias por cada millón de habitantes, alcanzando una cifra de 318. En segundo lugar se encuentra Baja California Sur con una tasa de 209. Quintana Roo ocupa el tercer puesto con 167 denuncias por cada millón de personas. Es relevante notar que estas entidades superan por mucho el promedio nacional, el cual se ubica en 84 registros por cada millón de ciudadanos.

La evolución histórica muestra que, antes del descenso actual, el crecimiento del delito fue constante. En 2015, México apenas registraba 1,109 denuncias. Para 2018, la cifra saltó un 60% llegando a 2,712 casos. El aumento más drástico ocurrió en 2022 con un crecimiento del 55%. Los datos de TResearch subrayan que, aunque 2025 muestra una mejoría del 9% respecto al año previo, el reto de erradicar este comportamiento en los espacios públicos y privados sigue siendo una prioridad pendiente en la agenda de seguridad nacional.

México cerró noviembre de 2025 con una cifra alarmante: 74 feminicidios registrados en un solo mes, convirtiéndose en el periodo más violento para las mujeres en lo que va del año. Este dato representa un incremento del 16% en comparación con noviembre de 2024, cuando se reportaron 64 casos, lo que enciende las alertas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad actuales.

A pesar del repunte crítico de finales de año, el acumulado anual de enero a noviembre de 2025 muestra un total de 672 feminicidios, lo que supone una disminución del 15% respecto a los 789 casos contabilizados en el mismo lapso del año anterior. Estas cifras, basadas en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan una realidad contrastante: mientras la tendencia general del año parecía ir a la baja, el último mes rompió con la racha positiva, superando con creces el mínimo histórico de 46 casos registrado en febrero.

En el mapa de la violencia de género, tres entidades concentran la mayor preocupación durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sinaloa encabeza la lista con 76 casos, seguido de cerca por el Estado de México con 74 y la Ciudad de México con 61 feminicidios. El caso de Sinaloa es particularmente drástico, consolidándose como el punto más crítico para la seguridad de las mujeres en este arranque de sexenio.

Al analizar la continuidad política en el país, las estadísticas de la denominada «Guerra en Números» detallan que, bajo la gestión de Morena, se han acumulado un total de 6,430 feminicidios. Esta cifra se compone de los 5,556 casos registrados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los 874 reportados hasta el corte de noviembre de 2025 en la administración de Sheinbaum.

La fluctuación mensual de estos delitos muestra que la violencia no ha dado tregua de manera uniforme. Tras un inicio de año con cifras menores a los 60 casos mensuales entre febrero y mayo, la incidencia comenzó a subir de forma sostenida a partir del segundo semestre. El pico de noviembre no solo es el más alto de 2025, sino que iguala los niveles registrados en el último trimestre de 2024, lo que sugiere un patrón de recrudecimiento de la violencia hacia el cierre de cada año.

La sociedad civil y los analistas políticos observan con atención estos indicadores, pues el feminicidio sigue siendo la expresión más extrema de la inseguridad en México. Aunque el descenso anual del 15% es un dato estadístico favorable, los 74 nombres de mujeres que faltan tras el mes de noviembre recuerdan que la crisis de seguridad está lejos de resolverse y que los estados más poblados y conflictivos siguen siendo una deuda pendiente en materia de justicia.