Al contrastar este documento rector de la seguridad pública con los precedentes históricos del sector, específicamente el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, saltan a la vista ausencias críticas que limitan el alcance del plan actual frente a los riesgos sistémicos globales e internos.

Mientras que la política criminal contemporánea se aboca a los polígonos delictivos prioritarios, las fiscalías y el sistema penitenciario, las agendas de seguridad nacional de los periodos referidos incorporaban un diseño multidimensional enfocado en preservar la integridad, estabilidad y permanencia del propio Estado.  

De esta forma, al programa vigente le falta la articulación de una verdadera Agenda Nacional de Riesgos que no se limite al análisis delictivo de alto impacto, sino que evalúe y contrarreste de forma proactiva amenazas asimétricas como los desastres naturales de gran escala, el colapso de infraestructura crítica y los flujos migratorios descontrolados, elementos explícitamente regulados en el andamiaje del sector militar y civil en las administraciones pasadas y que fueron abandonadas en esta administración.

Asimismo, al examinar la naturaleza operativa del plan 2026-2030, se evidencia una carencia sustancial en el desarrollo e integración de inteligencias especializadas bajo un esquema unificado, lo cual contrasta abiertamente con los objetivos del periodo 2014-2018, que buscaban la operación formal de un Sistema Nacional de Inteligencia que vinculara las capacidades civiles y militares.

El programa actual carece de líneas de acción claras dirigidas a blindar los sectores energéticos, hídricos, cibernéticos y de salud, los cuales se trataban como temas vitales para la viabilidad de la democracia en la planeación institucional del ciclo 2009-2012. Al centrarse en la proximidad social y en la disminución del índice de homicidios o secuestros, la estrategia actual descuida la defensa exterior de la federación y la seguridad interior desde un enfoque sistémico, ignorando la necesidad imperativa de generar una cultura de seguridad nacional, que capacite a la burocracia y a la sociedad civil en la identificación de vulnerabilidades estructurales frente a presiones geopolíticas externas o la infiltración institucional profunda. Hoy parece que la concepción de seguridad nacional vuelve al anquilosado y obsoleto esquema de la permanencia del régimen, no del sistema democrático.

Esta brecha programática y conceptual no puede subsanarse asumiendo de manera reduccionista que las acciones en materia de seguridad nacional encuentran un sustento suficiente e integral en la simple aplicación de la Ley de Seguridad Nacional vigente. Si bien dicho ordenamiento jurídico provee el marco normativo indispensable, define los conceptos fundamentales y establece la estructura del Consejo de Seguridad Nacional y las facultades del Centro Nacional de Inteligencia, su naturaleza es estrictamente orgánica y procedimental, mas no programática, dogmática, conceptual, ni estratégica. Sustentar la protección del Estado exclusivamente en la literalidad de la ley resulta insuficiente porque las leyes son estáticas y reactivas por definición, diseñadas para normar lo existente, mientras que las amenazas contemporáneas son dinámicas, híbridas y fluidas.

Por lo tanto, la redacción y publicación formal de un Programa de Seguridad Nacional específico en la presente administración no representa un mero trámite burocrático o una duplicidad legislativa, sino una necesidad de primer orden para garantizar la gobernabilidad y la supervivencia del Estado, no del régimen, en el mediano y largo plazo.

Este instrumento de planeación democrática resulta indispensable para trazar la hoja de ruta que unifique los esfuerzos de las fuerzas armadas, las dependencias civiles y los órganos de inteligencia bajo objetivos comunes alineados a las realidades geopolíticas actuales del siglo veintiuno, tales como la ciberseguridad avanzada, las tensiones comerciales globales y la soberanía tecnológica.

Al dotar al gobierno de una visión prospectiva, un programa dedicado permite diferenciar conceptualmente las labores de contención delictiva cotidianas, propias de la seguridad pública, de aquellas acciones orientadas a salvaguardar los intereses vitales de la nación. Solo a través de la publicación de una estrategia explícita y transparente se podrá articular un blindaje institucional sólido que devuelva la certidumbre, fortalezca la soberanía y asegure la viabilidad democrática del país frente a las turbulencias internas y externas de la presente década.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

La verdad, doña Claudia, muchos mexicanos tampoco les creen del todo a ustedes. Porque mientras el PAN acusa a AMLO de presuntos lazos que permitieron al crimen organizado campar a sus anchas con la famosa “abrazos, no balazos”, el sexenio actual sigue cargando con gobernadores morenistas bajo la lupa de Estados Unidos por cosas serias. Y la respuesta es la misma de siempre: todo es conspiración, filtraciones falsas y culpa de la oposición o del vecino del norte.

Es el eterno carrusel de la hipocresía mexicana. El PAN recuerda los muertos de Calderón y Fox, como si eso lavara sus pecados. Morena responde señalando que ellos no son los únicos con historial pesado. Mientras tanto, la gente en las calles, pueblos y colonias sigue contando muertos, desaparecidos y extorsiones. Los cárteles no pidieron permiso para expandir sus “negocios”; simplemente encontraron un terreno fértil donde el Estado decidió mirar para otro lado o negociar de formas creativas.

Sheinbaum defiende lo indefendible con la lealtad de quien heredó el trono y la narrativa. Pero para un buen número de mexicanos, ese “nadie les cree” suena a espejo roto: porque tampoco creen que el actual gobierno esté rompiendo de verdad con el pasado que tanto critica.

Al final, el pueblo no quiere pleitos de abogados en La Haya ni discursos mañaneros de indignación selectiva. Quiere que de una vez por todas se combata al crimen sin favoritismos, sin abrazos disfrazados y sin que los políticos usen la seguridad como pretexto para defender a sus santos patrones. Porque mientras sigan tirándose la piedra unos a otros, el que sigue sangrando es México.

1. Seguridad

La agenda de seguridad estuvo marcada por un repunte en los operativos de alto impacto en el norte del país. De acuerdo con los reportes de N+ y Radio Fórmula, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) intensificó los despliegues en el estado de Sonora y la frontera de Tamaulipas, logrando la captura de tres liderazgos regionales vinculados al tráfico de fentanilo. No obstante, la violencia no cesó; Animal Político y los corresponsales de Proceso documentaron una serie de enfrentamientos en la región de Tierra Caliente, Michoacán, que dejaron un saldo preliminar de 12 fallecidos. En su análisis semanal, Jorge Fernández Menéndez destacó que, a pesar de los discursos oficiales de pacificación, la fragmentación de las células criminales sigue desafiando la estrategia de la Guardia Nacional, evidenciando una preocupante falta de control territorial en zonas clave para el comercio internacional.

2. Política y Gobierno

En el plano legislativo, el dinamismo se concentró en el Congreso de la Unión, donde avanzó el debate sobre las reformas regulatorias en materia de energía limpia. Desde el entorno de Presidencia, los reporteros de la fuente confirmaron la presión ejercida desde Palacio Nacional para acelerar el dictamen antes del cierre del periodo extraordinario. Columnistas como Raymundo Riva Palacio y Salvador García Soto coincidieron en que estas maniobras buscan consolidar la hegemonía del Ejecutivo sobre los organismos autónomos. Por otro lado, la oposición intentó frenar las iniciativas mediante amparos colectivos, argumentando violaciones a los procesos parlamentarios. Sergio Sarmiento advirtió en su columna que la aceleración de estas reformas podría debilitar el marco institucional y la división de poderes de cara a la segunda mitad del año.

3. Economía

La volatilidad financiera ocupó el centro de la discusión tras los reportes de El Universal y Excélsior. El Banco de México (Banxico) reportó que la inflación interanual se ubicó en un 4.8%, presionada por el costo de energéticos y servicios. En los mercados cambiarios, el peso mexicano experimentó una ligera depreciación, cotizando cerca de las 17.20 unidades por dólar. En el ámbito del T-MEC, Latinus y EmeEquis revelaron la existencia de nuevas fricciones con las delegaciones comerciales de Estados Unidos y Canadá respecto a las reglas de origen en el sector automotriz. La analista Dolia Estévez señaló que estas tensiones técnicas complican el panorama de inversión extranjera directa, a pesar de los anuncios de expansión de plantas manufactureras en el Bajío reportados por Azteca Noticias.

4. La Noticia Sorprendente

El giro inesperado de la semana provino del sector cultural y político simultáneamente. Aristegui Noticias y Reforma destaparon una investigación interna en la Secretaría de Cultura debido a la sustracción indebida de un lote de documentos históricos y piezas arqueológicas de los almacenes del INAH. El «plot twist» informativo ocurrió cuando se reveló que una de las funcionarias de alto nivel involucradas intentó justificar el traslado de los bienes como parte de una «exposición itinerante privada» no registrada. El escándalo forzó su destitución inmediata y abrió una grieta de desconfianza dentro del gabinete, un flanco que los críticos de la administración capitalizaron de inmediato.

Periodo: 27 de abril al 3 de mayo de 2026

1. Seguridad: Entre la Ofensiva y la Resistencia

La semana cierra con una tensión palpable en el corredor del Pacífico y el Bajío. Según reportes de N+ y Azteca Noticias, se registraron enfrentamientos de alta intensidad en los límites de Michoacán y Jalisco, derivado de operativos de la SEDENA para desarticular células de logística criminal. Las cifras preliminares de la semana arrojan un repunte en homicidios dolosos en Guanajuato y Guerrero, entidades que concentran el 30% de la incidencia nacional.

Jorge Fernández Menéndez destacó en su columna que la estrategia actual enfrenta un desafío crítico ante la sofisticación del armamento decomisado en recientes cateos. Paralelamente, Aristegui Noticias dio seguimiento al hallazgo de fosas clandestinas en la periferia de la Ciudad de México, lo que ha presionado a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar explicaciones sobre la efectividad de los protocolos de búsqueda nacionales.

2. Política y Gobierno: Ajustes en el Ajedrez Legislativo

En Palacio Nacional, la agenda estuvo marcada por la consolidación de las reformas constitucionales pendientes antes del cierre del periodo ordinario. Salvador García Soto reveló movimientos internos que sugieren una reconfiguración en el gabinete para fortalecer las carteras de Gobernación y Seguridad de cara a los próximos meses.

En el Congreso de la Unión, la discusión sobre la autonomía de los organismos reguladores generó choques directos entre las bancadas. Ivonne Melgar y Sergio Sarmiento coincidieron en señalar que la celeridad legislativa podría comprometer la certeza jurídica necesaria para los tratados internacionales. Mientras tanto, reporteros de la fuente de Presidencia confirmaron que la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mantiene en un punto de congelación tras los últimos fallos que frenaron obras de infraestructura clave.

3. Economía: Estabilidad bajo Presión Externa

El panorama económico mostró una resiliencia moderada. El peso mexicano fluctuó cerca de las 17.10 unidades por dólar, presionado por los anuncios de la Reserva Federal y la inflación persistente en el sector servicios. El Universal informó sobre nuevos compromisos de inversión extranjera directa, particularmente en el sector automotriz, impulsados por el nearshoring.

Sin embargo, la sombra del T-MEC reapareció. Dolia Estévez advirtió sobre nuevas consultas iniciadas por Washington respecto a las políticas energéticas de México. Raymundo Riva Palacio analizó cómo estos roces comerciales podrían impactar las proyecciones de crecimiento para el segundo semestre del año, subrayando la necesidad de un diálogo técnico más profundo en la Secretaría de Economía.

4. La Noticia Sorprendente: El «Plot Twist» Informativo

El evento más inesperado de la semana fue la filtración, reportada inicialmente por Latinus y Loret de Mola, de una serie de comunicaciones internas que vinculan a altos mandos de la aviación civil con una red de desvío de recursos destinados a la modernización de radares. Lo sorprendente no fue solo el monto, sino que la investigación fue impulsada por una denuncia anónima desde el propio corazón de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), rompiendo el hermetismo habitual de la dependencia.

La negativa oficial a extraditar a los presuntos acusados desencadena, en primera instancia, una erosión sin precedentes en la confianza mutua que sostiene el Tratado de Extradición de 1978. Históricamente, este mecanismo ha sido la piedra angular de la lucha binacional contra el crimen organizado transnacional.

Cuando un gobierno decide proteger a un alto funcionario electo frente a cargos de narcotráfico, terrorismo y conspiración para importar fentanilo, el mensaje enviado a Washington es de ruptura absoluta. La consecuencia inmediata es la reactivación de una política exterior estadounidense agresiva, donde la cooperación institucional cede el paso a la acción unilateral. Esto se traduce en un incremento de las operaciones de inteligencia en suelo mexicano sin previo aviso, la reactivación de las recompensas multimillonarias y, potencialmente, la designación de México como un Estado que no coopera plenamente en la lucha contra el narcotráfico.

En el ámbito económico, las represalias para el gobierno de México son tangibles y devastadoras. La administración estadounidense posee herramientas de presión quetrascienden el ámbito judicial. La más preocupante es la vinculación del cumplimiento en seguridad con las revisiones periódicas del T-MEC. Si México es percibido como un santuario para figuras políticas ligadas al narcotráfico, los sectores más duros del Congreso en Washington encontrarán el pretexto ideal para imponer aranceles punitivos o endurecer las reglas de origen en industrias críticas como la automotriz y la agroindustrial.

La seguridad nacional de México también se verá comprometida por el aislamiento informativo. El intercambio de datos de inteligencia entre agencias como la DEA, el FBI y sus contrapartes mexicanas suele ser el primer canal que se cierra ante la sospecha de colusión gubernamental al más alto nivel. Al negarse a extraditar a Rocha, el gobierno federal mexicano se arriesga a quedar ciego frente a los movimientos de los cárteles que operan desde el extranjero. Sin el respaldo táctico y tecnológico de Estados Unidos, el ejército y la marina de México enfrentarán una desventaja operativa significativa, lo que podría derivar en un aumento de la violencia interna mientras los grupos criminales aprovechan el vacío de coordinación binacional para expandir su control territorial. A nivel político interno, la decisión de mantener a Rocha Moya en su cargo y bajo protección judicial debilita la legitimidad de las instituciones de procuración de justicia mexicanas. La Fiscalía General de la República queda expuesta como un apéndice de la voluntad ejecutiva, incapaz de procesar de manera autónoma las evidencias presentadas por socios internacionales. Esto genera una percepción de impunidad selectiva que desmoraliza a la ciudadanía y fractura la cohesión social. Las consecuencias para el gobierno actual incluyen una pérdida de capital político frente a una oposición que utilizará el caso como prueba irrefutable de un «narco-Estado» o de una administración que ha claudicado ante el poder de los sindicatos del crimen en Sinaloa.

Finalmente, no se puede ignorar el impacto en la movilidad y los derechos de los funcionarios mexicanos. La negativa a cooperar suele ser respondida con la revocación masiva de visas para la clase política vinculada al grupo en el poder y la aplicación de la Ley Magnitsky, que permite el congelamiento de activos y bienes en el extranjero. El gobierno de México se encamina hacia un escenario donde sus representantes podrían verse impedidos de transitar por el sistema financiero internacional, aislando financieramente a la élite política involucrada. La decisión de no extraditar a Rubén Rocha Moya no es un triunfo de la autonomía nacional, sino una apuesta de altísimo riesgo que compromete el futuro económico, la seguridad pública y el reconocimiento internacional de México como un socio confiable en el concierto de las naciones modernas. La administración mexicana Ojalá comprenda que en geopolítica, la protección de uno o varios individuos rara vez justifica el sacrificio de la estabilidad de una nación entera.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

La presente semana ha estado marcada por la consolidación de la nueva arquitectura de seguridad del Estado y una creciente fricción en el bloque oficialista respecto a la reforma electoral, en un contexto de volatilidad financiera externa que ha puesto a prueba la resiliencia del peso mexicano.

1. Seguridad: La consolidación de la «Súper Secretaría»

El panorama de seguridad nacional giró en torno a la formalización de las nuevas capacidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tras la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al artículo 21, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch adquiere facultades de investigación de delitos y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Sin embargo, organizaciones civiles y medios como Aristegui Noticias y Animal Político han alertado sobre el riesgo de «legalizar la vigilancia estatal». Según lo expuesto por Salvador García Soto, existe una controversia latente sobre la presencia de agentes de agencias extranjeras (como la CIA) operando en territorio nacional; mientras el Gobierno niega colaboración directa en operativos antinarcóticos, la falta de transparencia en los mecanismos de inteligencia militar y civil sigue siendo el punto crítico de la crítica periodística.

2. Política y Gobierno: Fracturas en la 4T

En el Congreso, la agenda legislativa enfrentó un obstáculo inesperado. La reforma electoral propuesta por la administración federal avanzó en comisiones de San Lázaro, pero lo hizo con una división inédita: el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) votaron en contra junto a la oposición (PAN, PRI y MC).

Esta ruptura en el bloque oficialista sugiere que los aliados estratégicos de Morena no están dispuestos a ceder en puntos clave que comprometan su supervivencia presupuestal o política. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria, ha intensificado las negociaciones para evitar un revés en el pleno, mientras columnistas como Sergio Sarmiento destacan que esta falta de consenso pone en duda la «aplanadora» legislativa para el cierre del periodo.

3. Economía: Nerviosismo global y volatilidad del peso

La economía mexicana reportó una semana de retrocesos moderados debido a factores geopolíticos. El peso mexicano cerró la jornada del 24 de abril cotizando en 17.39 unidades por dólar, acumulando una pérdida semanal del 0.6%.

De acuerdo con reportes de El Universal y Excélsior, la moneda se vio presionada por el escalamiento de tensiones en Medio Oriente y el estancamiento de diálogos entre potencias internacionales. En el plano interno, el INEGI reveló que la actividad económica (IGAE) mostró un repunte, aunque las cifras se mantuvieron por debajo de las expectativas de los analistas, lo que sugiere un crecimiento inercial pero lento para el segundo trimestre del año.

4. La Noticia Sorprendente: Pánico armado en Teotihuacán

En un evento que rompió con la cotidianeidad turística, se reportó un incidente violento en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un individuo armado amenazó a turistas nacionales y extranjeros, gritando consignas de corte histórico y místico. El incidente, cubierto ampliamente por N+ y Azteca Noticias, obligó a un despliegue de seguridad de emergencia. Lo inusual del caso —un ataque con arma de fuego en un sitio de patrimonio mundial bajo resguardo federal— ha desatado críticas sobre la vulnerabilidad de los recintos culturales ante la crisis de salud mental y seguridad pública.

Y ahí está el chiste. Porque las mañaneras de ahora parecen más un ring de preguntas sueltas que un espacio para soltar buenas noticias del gobierno. Los reporteros tiran lo que sea —desde temas calientes como la soberanía violada hasta cualquier otra cosa— y las redes terminan destacando las respuestas incómodas, no los programas que se quieren posicionar. Es como si la conferencia sirviera más para apagar fuegos que para prender reflectores en lo bueno.

El tema de los agentes estadounidenses en Chihuahua ya traía cola. Hubo un accidente, murieron mexicanos y extranjeros, y salió a relucir que andaban en un operativo sin que el gobierno federal lo supiera (o eso dice la versión oficial). Sheinbaum ha señalado que la falla principal estuvo en la autoridad estatal, que no coordinó como debe ser. Críticos, en cambio, se preguntan por qué tanto misterio y por qué dejarlo para después. En redes la gente comenta de todo: unos defienden que hay que respetar los protocolos de soberanía, otros se ríen y dicen que parece que la información se administra con cuentagotas cuando pica.

Es irónico. Prometer detalles para el lunes suena a estrategia para ganar tiempo y controlar el relato. Mientras tanto, en Hidalgo se hablaba de obras y proyectos, pero la pregunta bomba sobre la CIA se llevó los reflectores. Al final, lo que queda es la percepción de que ciertos temas incómodos se manejan con pausa, como si la opinión pública tuviera que esperar turno.

Respeto a la presidenta, que enfrenta un tema delicado de seguridad nacional y relaciones con Estados Unidos. Pero también es válido señalar que esta forma de dosificar la información genera más dudas que certezas. En política, el “ya les digo después” suele dejar un mal sabor, sobre todo cuando las redes hierven con especulaciones.

Al cabo, el lunes llegará y veremos qué se dice. Por lo pronto, el pueblo sigue comentando: ¿fue falta de coordinación o hay más detrás? La mañanera dirá. O no.

El CISEN nació por decisión del secretario de Gobernación de 1985, Manuel Bartlett Díaz, para borrar las pistas que probaban que los nacientes cárteles del narcotráfico estaban siento protegidos por la Dirección Federal de Seguridad de su dependencia en el Caso del agente de la DEA Enrique Camarena; la DFS había funcionado de 1947 a 1982 como policía política anticomunista del régimen del PRI.

Bartlett desapareció del mapa a la DFS y llamó a su amigo y compañero de Facultad de Derecho Pedro Ramírez Vázquez –entonces gobernador de Oaxaca– para que creara la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional; De la Madrid, en el contexto de su Plan Nacional de Desarrollo que por primera vez involucró el tema de la seguridad nacional la transformó en Centro con funcionamiento autónomo. Y Carlos Salinas de Gortari lo adscribió a la presidencia a través nada menos que del superasesor Joseph-Marie Córdoba Montoya.

Estos datos, como es obvio y que deben ser razonados con sentido estratégico, no aparecen en el libro de los cinco exdirectores del CISEN, y las razones están más que a la vista: todos ellos fueron responsables del fracaso primero en la definición de un verdadero concepto de seguridad nacional del Estado y segundo porque carecieron de experiencia en el tema y al final de cuentas convirtieron al CISEN en un organismo de espionaje interno con carácter político. En los hechos, tres fracasos se deben acreditar a los directores del CISEN –entre ellos los cinco salidos de las catacumbas del pasado–: el auge del narcotráfico como problema de seguridad nacional, la falta de un enfoque de Estado en la seguridad nacional para vincularse a Estados Unidos y todos ellos se sometieron a los dictados de Washington y al gobierno salinista le falló el CISEN en el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Y le tocó al CISEN panista postrarse ante EU en materia de seguridad nacional.

Pero hay que registrar un dato prioritario: al general Jorge Carrillo Olea –presentado con homenajes y reconocimientos en el libro– le correspondió el tránsito de la seguridad nacional de Dirección General en gobernación al Centro con autonomía relativa, y de premio el presidente Carlos Salinas de Gortari lo eligió por dedazo gobernador de Morelos.

Y ahí duró poco: de 1994 a 1998 por razones que tienen que ver con la seguridad policíaca estatal en el escenario de la seguridad pública: los jefes judiciales de Morelos en la gubernatura de Carrillo Olea controlaban a las bandas de secuestradores y se probó fehacientemente que los mandos de los cárteles del narco en aquel entonces –amado Carrillo y Juan José El Azul Esparragoza– vivían a la vista de todos en Cuernavaca, el primero de ellos en una residencia a unos metros de la casa oficial del gobernador Carrillo.

Dos masivas protestas ciudadanas en las calles terminaron por decidir al presidente Zedillo a echar a Carrillo Olea de la gubernatura, y en 1997 el periódico The New York Times reveló las vinculaciones del mandatario estatal con el narcotráfico.

Ahora, en la presentación del libro que lleva como  pomposo subtítulo “reflexiones y propuestas desde la experiencia”, fue Carrillo Olea el más duramente crítico del indefendible por inexistente sistema de seguridad nacional de la 4ªT,  aunque los coautores Alejandro Alegre Rabiela, Eduardo Medina Mora Icaza, Jorge Tello Peón (sucesor de Carrillo Olea y continuador de ese modelo de seguridad nacional inexistente) y Guillermo Valdés Castellanos también se vieron contaminados por la falta de la más mínima autocrítica, y, eso sí, se lanzan propuesta teóricas, quizá con la secreta esperanza de que pudieran ser llamados a asesorar al Centro Nacional de inteligencia que sustituyó al CISEN y que fue adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Quedó subrayada la ironía fuera de lugar del general Carrillo Olea al calificar al actual gabinete de seguridad nacional “como redacción de periódico de tercera”, pero deben darse a conocer los resultados de su gestión solo en dos años que fue director, de un kínder, 1989-1989, aunque su estilo que nada tenía que ver con la seguridad nacional y su pupilo Jorge Tello Peón, director el Centro de 1994 a 1999,  hoy es por cierto encargado de enseñarle a los estudiantes del ITAM lo que debe ser la seguridad nacional que le tocó acumular puros fracasos.

Quizá los alumnos del ITAM deberán realizar un seminario especial para evaluar de manera crítica los resultados del funcionamiento del CISEN en 1989 a 2018 y descubrir que el fracaso en el ciclo cuatroteísta no es menor al del periodo PRI-PRIAN.

Política para dummies: la política se mide por los fracasos, no por los éxitos.

carlosramirezh@elindependiente.mx

http://elindependiente.mx

@carlosramirezh

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

Periodo: 15 al 21 de marzo de 2026

1. Seguridad: Entre la «Pax Narca» y los Operativos de Precisión

La semana estuvo marcada por una dualidad en las cifras de violencia. Mientras el Gabinete de Seguridad reportó una disminución del 14% en delitos de alto impacto en lo que va del año, la realidad en el terreno mostró fisuras críticas. Se registraron incidentes violentos en la Ciudad de México (el «Viernes Rojo» en la colonia Morelos) y ataques directos contra la Guardia Nacional en diversas entidades, resultando en bajas de elementos federales.

Un punto de análisis obligado fue la aclaración de Omar García Harfuch (Secretario de Seguridad) sobre la liberación de la hija de Ismael «El Mayo» Zambada, argumentando falta de cargos vigentes. No obstante, según lo expuesto por Raymundo Riva Palacio, estas decisiones operativas siguen enviando señales mixtas sobre la estrategia de «abrazos» frente a la presión del Pentágono, que esta semana reiteró su oferta de ayuda directa para combatir a los cárteles, una propuesta que incomoda en Palacio Nacional.

2. Política y Gobierno: El Tablero Sucesorio y Reformas

La agenda política se concentró en el Congreso de la Unión, donde se aprobó el acuerdo para el registro de aspirantes a cargos judiciales, proceso que iniciará el 23 de marzo. En los pasillos de San Lázaro, la atención se centró en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con nuevas iniciativas que buscan endurecer el control civil, mientras la Comisión de Marina desahogó expedientes clave de soberanía en la Zona Económica Exclusiva.

En el ámbito partidista, trascendió una posible purga en la cúpula de Morena. Columnistas como Salvador García Soto y reportes de Latinus sugieren que en abril se concretará la salida de figuras centrales como Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán de la estructura operativa del partido, buscando una «oxigenación» de cara a los retos legislativos del segundo semestre.

3. Economía: Resiliencia bajo Sombra del T-MEC

El panorama económico recibió un aire de optimismo moderado. Instituciones como BBVA Research y el IMEF ajustaron al alza la previsión del PIB para 2026, situándola en un $1.8\%$. Este ajuste responde a la resiliencia del consumo interno y una recuperación del empleo formal. El tipo de cambio se mantuvo estable, oscilando cerca de los $18.00$ pesos por dólar, aunque con una advertencia clara sobre la inflación subyacente que no termina de ceder.

El reto estructural, sin embargo, es la revisión del T-MEC. Marcelo Ebrard (Secretario de Economía) minimizó los riesgos ante el Senado, pero analistas como Sergio Sarmiento subrayan que la incertidumbre por las políticas arancelarias de Estados Unidos y la baja productividad nacional siguen siendo el «talón de Aquiles» para la inversión extranjera directa.

4. La Noticia Sorprendente: El «Efecto Ring Royale»

El plot twist de la semana no vino de la macroeconomía, sino del espectáculo legislativo. El diputado Sergio Mayer desató una polémica inusual al defender la costosa remodelación de su oficina en la Cámara de Diputados (pagada con recursos propios, según él) y anunciar su intención de organizar un evento de lucha libre tipo «Ring Royale» dentro del ámbito político. Lo que comenzó como una crítica por privilegios terminó en un debate surrealista sobre la banalización de la labor parlamentaria.

La administración del presidente Donald Trump sostiene que la acción busca neutralizar capacidades militares sensibles y reducir riesgos asociados al desarrollo de armamento estratégico iraní. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho público un cronograma claro ni condiciones concretas de desescalada, lo que deja abiertas preguntas sobre la duración y el alcance real de la intervención.

Las comparaciones históricas no han tardado en aparecer. Uno de los precedentes es la invasión de Irak en 2003, bajo el gobierno de George W. Bush, justificada en su momento por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Otro ocurrió durante la administración de Barack Obama cuando el uso de drones en Pakistán, Yemen y Somalia amplió el debate sobre operaciones sin declaración formal de guerra, mientras que en 2011 Estados Unidos lideró junto a la OTAN la intervención en Libia. Más recientemente, bajo el mandato de Joe Biden, se ordenaron ataques selectivos contra milicias respaldadas por Irán en Siria e Irak. En todos esos escenarios, la discusión sobre la consulta al Congreso y los límites constitucionales del Ejecutivo fue constante.

La diferencia en el momento actual es la dimensión estratégica del objetivo y el riesgo de respuestas indirectas por parte de actores regionales aliados de Teherán. Sin una hoja de ruta pública, el margen para la especulación crece y con él la volatilidad diplomática.

Un conflicto externo con repercusiones internas

En el frente internacional, las reacciones reflejan un mapa fragmentado. El Reino Unido, que había mostrado comprensión hacia las preocupaciones de seguridad de Washington, indicó que no brindará respaldo militar. España adoptó una postura similar, mientras que Alemania y Francia han insistido en la contención y en la necesidad de privilegiar la vía diplomática. Portugal expresó respaldo político condicionado. Rusia y China, por su parte, criticaron abiertamente la ofensiva por sus implicaciones geopolíticas y energéticas. En el Golfo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos mantienen una postura cautelosa, centrada en la estabilidad regional y la seguridad de rutas estratégicas.

En América Latina, el reciente arresto de Nicolás Maduro, tras una operación con respaldo internacional, ha reforzado la percepción de una política exterior más activa y directa en distintos frentes geográficos.

En el plano interno, una encuesta llevada a cabo por Reuters indicó que solo el 25 % de los estadounidenses apoyaban los ataques en Irán. La preocupación gira en torno al costo humano, el impacto fiscal y la posibilidad de una prolongación indefinida del conflicto en un año políticamente sensible.

Desde el ángulo migratorio, el impacto podría sentirse más pronto de lo previsto. El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., advierte que “las tensiones bélicas en regiones con población vulnerable suelen generar desplazamientos forzados; si la inestabilidad en Irán y países vecinos se profundiza, es razonable anticipar un aumento en solicitudes de asilo, tanto en Europa como potencialmente en Estados Unidos”.

Seguridad nacional y el riesgo de estigmatización

En territorio estadounidense, la comunidad iraní-estadounidense, estimada en alrededor de 500 mil personas según datos del U.S. Census Bureau, mantiene una presencia significativa, especialmente en California, donde se calcula que residen más de 200 mil, seguida por Texas y Nueva York. Se trata de una comunidad con perfiles profesionales diversos y una alta participación en sectores académicos, empresariales y tecnológicos.

En este contexto, entre 2021 y 2024, más de 1,500 ciudadanos iraníes fueron detenidos al intentar ingresar irregularmente al país, y una parte recibió autorización temporal mientras sus casos eran procesados. Más allá de las cifras, el punto sensible radica en cómo la seguridad nacional puede influir en decisiones migratorias futuras.

Históricamente, en contextos de tensión internacional, los gobiernos han adoptado medidas más estrictas en materia de visados y controles de antecedentes. El riesgo, advirtió el abogado Quiroga, es que “un enfoque amplio de seguridad derive en restricciones desproporcionadas o en estigmatización de comunidades por su origen”.

Entre tanto, las autoridades federales ya han elevado los niveles de alerta y reforzado protocolos de vigilancia ante posibles amenazas, incluidas acciones cibernéticas o ataques inspirados por la escalada en Medio Oriente. Aunque no se han confirmado represalias directas contra comunidades específicas en Estados Unidos, el clima de tensión es evidente.

Grandes eventos bajo lupa y procesos migratorios más rigurosos

El impacto podría extenderse incluso a grandes eventos internacionales. La próxima Copa Mundial, que tendrá como una de sus sedes principales a Estados Unidos, se desarrolla bajo planificación normal, sin anuncios de boicot ni cambios logísticos. No obstante, un deterioro sostenido del escenario regional podría traducirse en protocolos de seguridad más estrictos para delegaciones y aficionados, así como en revisiones migratorias más exhaustivas para visitantes provenientes de regiones consideradas estratégicamente sensibles.

En el plano consular, un entorno de mayor tensión internacional suele implicar tiempos de procesamiento más largos, verificaciones adicionales y mayor coordinación entre agencias de seguridad. Esto puede afectar tanto a solicitantes de asilo como a estudiantes, empresarios y familias en proceso de reunificación.

La evolución de Furia Épica no solo definirá el equilibrio de poder en Medio Oriente. También pondrá a prueba, una vez más, el delicado balance entre seguridad nacional, derechos civiles y política migratoria dentro de Estados Unidos.

Acerca de Quiroga Law Office, PLLC.

Somos una firma de abogados de inmigrantes para inmigrantes, que se crea para ayudar a las personas a alcanzar el sueño americano. Estamos ubicados en Washington; Nevada y México.  

Quiroga Law Office, PLLC, ha sido reconocida en diferentes oportunidades como una de las firmas con más alto crecimiento en Estados Unidos en INC 5000 y en Law Firm 5000.

Para obtener más información, póngase en contacto: 

Jhon Quintero Bonilla 

Director de Relaciones Públicas - Quiroga Law Office, PLLC.

Correo: jhonq@quirogalawoffice.com 

Teléfono: (509) 255-3522, Ext. 294.