El argumento de la soberanía y sus límites

Sheinbaum argumentó que la solicitud de detención con fines de extradición es infundada, al carecer de pruebas, y consideró que la petición obedece a un sentido eminentemente político. La retórica soberanista no es nueva en México: desde los tiempos del PRI, invocar la no intervención ha sido un recurso efectivo para frenar presiones externas. Sin embargo, su eficacia depende de que el argumento sea creíble ante la ciudadanía, no solo ante la militancia.

La mandataria enmarcó el asunto como parte de una campaña de la ultraderecha en Estados Unidos y México que, con miras a las elecciones de ambos países, busca debilitar a la Cuarta Transformación con acusaciones de colusión con el narcotráfico. El problema es que esa narrativa choca con una realidad que los ciudadanos de Sinaloa vivieron en carne propia: años de violencia, desapariciones y enfrentamientos que el gobierno estatal no pudo —o no quiso— contener.

La DEA advierte: esto apenas comienza

El escenario que más inquieta a los estrategas de Morena no es la acusación actual, sino lo que viene. El encargado de la DEA, Terrance Cole, aseguró ante senadores estadounidenses que las acusaciones contra Rocha Moya son únicamente el inicio de otras operaciones, afirmando: «Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México.»

Esta advertencia no es retórica vacía. La entrega voluntaria de dos exfuncionarios abrió una posibilidad que inquieta a Morena: que el resto de los acusados sigan el mismo camino y, al negociar con la justicia estadounidense, revelen información comprometedora. Los acuerdos de cooperación en cortes federales de Estados Unidos funcionan así: a cambio de reducción de penas, los imputados entregan información detallada sobre sus redes. Cada declaración se convierte en prueba documental que los fiscales presentarán ante el jurado.

Cuando esas pruebas empiecen a circular —grabaciones, registros financieros, testimonios bajo juramento— el argumento de «no hay pruebas» quedará obsoleto. Y Sheinbaum habrá comprometido públicamente su credibilidad defendiendo a funcionarios cuya culpabilidad o inocencia, en ese momento, ya no dependerá de ella.

El costo electoral: más que Sinaloa

El caso tiene todas las características para afectar gravemente al partido gobernante: la acusación señala que morenistas conspiraron con el Cártel de Sinaloa para que Morena ganara las elecciones locales de 2021 y, después, le entregara el control del gobierno al crimen organizado. Si esto se sostiene en un juicio en Estados Unidos —con testigos protegidos y evidencia forense— la narrativa de la «transformación moral» de México, piedra angular del proyecto político de la 4T, recibirá un golpe de proporciones históricas.

Las pesquisas de agencias como la DEA y las revelaciones de la prensa internacional han echado por tierra el relato de que la corrupción es un fantasma del pasado. El llamado «escudo moral» que permitía a los candidatos esquivar el escrutinio público se desmorona cuando Washington señala a mandatarios estatales por presuntos nexos con el crimen organizado.

En Sinaloa, el daño ya es concreto. El caso podría tirar las ambiciones de Morena para ganar la gubernatura del estado en 2027, y ha obligado al partido a reconfigurar su búsqueda de aspirantes, ya que varios nombres de peso están dentro del listado de los acusados. Pero el problema no se limita a un estado: si el modelo que se impuso en Sinaloa —donde el crimen organizado actuó como maquinaria electoral— se replica en otros estados, las elecciones de 2027 enfrentarán el riesgo de que los puestos políticos no sean elegidos por la ciudadanía, sino por los criminales.

La apuesta interna: filtros y distancias

Dentro de Morena, la nueva dirigencia intenta hacer un ejercicio de separación quirúrgica. La nueva dirigente del partido aseguró que quienes aspiren a competir por candidaturas en las elecciones de 2027 tendrán que demostrar una trayectoria limpia y sin señalamientos, y que cualquier persona relacionada con prácticas indebidas deberá ser apartada del movimiento. El mensaje suena contundente, pero llega tarde: los mismos perfiles que hoy se busca deslindar fueron avalados, promovidos y celebrados por la cúpula del partido apenas unos años atrás.

Lo que Morena ha querido capitalizar como una estrategia electoral —acusando a gobernadores opositores de violar la soberanía nacional— no les ha dado resultados, mientras que lo que realmente está en juego es el control político rumbo a las elecciones de 2027 y la sucesión presidencial de 2030.

El dilema sin salida fácil

Sheinbaum enfrenta una ecuación política sin solución limpia. Si abandona el discurso soberanista y permite que la justicia mexicana actúe con autonomía real frente a los acusados, expone a figuras de su propio partido y valida implícitamente las acusaciones estadounidenses. Si, por el contrario, mantiene la defensa incondicional y las pruebas comienzan a presentarse en cortes de Nueva York, quedará atrapada en una contradicción pública insostenible.

El partido está demostrando que la transformación estructural no es sencilla y, de no cambiar de rumbo, el costo en los comicios de 2027 será sumamente elevado. La soberanía nacional es un principio legítimo e irrenunciable. Pero cuando se convierte en el argumento único para defender a funcionarios acusados de pactar con el narcotráfico, deja de ser un escudo y se convierte en una apuesta —una que Morena podría perder ante las urnas.

Desde la perspectiva oficialista, estas filtraciones y acusaciones representan una nueva forma de intervención extranjera destinada a desestabilizar al gobierno mexicano. Defensores argumentan que se trata de maniobras políticas vinculadas a intereses de Washington, especialmente en un contexto de tensiones bilaterales por migración y fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum y aliados han enfatizado la necesidad de que cualquier investigación se realice por autoridades mexicanas, defendiendo la soberanía y rechazando lo que califican como juicios mediáticos sin pruebas presentadas en México. Para ellos, el nacionalismo debe prevalecer ante lo que perciben como ataques selectivos contra un proyecto político popular.

Sin embargo, críticos de distintas corrientes expresan profunda indignación. Señalan que la extensión de las pesquisas desde Sinaloa hacia figuras tan cercanas al núcleo de la 4T sugiere un patrón preocupante de presuntos nexos entre poder político y crimen organizado. El caso de Rocha Moya, acusado de colaborar con Los Chapitos a cambio de protección y apoyo electoral, ha puesto en evidencia presuntas triangulaciones de contratos públicos y lavado de dinero que involucrarían a familiares y colaboradores cercanos. Que el hijo de un expresidente enfrentara señalamientos por huachicol y presuntos beneficios de cárteles genera cuestionamientos sobre si el discurso de honestidad y transformación se sostuvo en la práctica. La posible protección mediante fuero legislativo o cargos públicos para evadir responsabilidades agudiza la percepción de impunidad selectiva.

Esta situación polariza el debate nacional. Para unos, investigar con rigor a quienes ostentan cargos públicos es indispensable para restaurar la confianza en las instituciones y combatir la podredumbre que el narcotráfico ha infiltrado en niveles altos de gobierno. Para otros, aceptar las acusaciones sin cuestionar su origen equivale a claudicar ante presiones externas. La ciudadanía observa con alarma cómo presuntos delitos graves podrían quedar sin consecuencias por cálculos electorales o lealtades partidistas, mientras la violencia y el deterioro institucional continúan afectando la vida diaria.

El desafío radica en la responsabilidad de las autoridades mexicanas: esclarecer con transparencia y evidencia, sin importar el costo político. Ignorar o minimizar estas sombras no fortalece la soberanía; la debilita al erosionar la credibilidad interna y externa. México enfrenta una prueba de madurez institucional: si la 4T resiste con honestidad o si el patriotismo sirve nuevamente como escudo ante escrutinio legítimo. La indignación ciudadana crece ante la posibilidad de que el poder priorice la supervivencia partidista sobre la justicia y la seguridad nacional.

Según el periodista Víctor Hugo Arteaga, Díaz Vega fue de los primeros en acercarse a las autoridades gringas. Se habría entregado en Nueva York después de estar en Europa, y por eso no aparece en los registros penitenciarios normales: le habrían dado beneficios por cooperar. En X y Facebook, varios usuarios repiten esto y comentan: “Es el cerebro financiero, seguro ya está negociando para salvar el pellejo y tirar al gobernador Rocha”. Hay quienes comparten capturas de sus declaraciones patrimoniales, donde pasó de declarar unos cuantos millones a casi 200 en poco tiempo. La gente en los comentarios se encabrona: “De dónde sacó tanto billete el cuate mientras era funcionario”.

Por otro lado, el periodista Arturo Ángel echó agua al asunto. En sus publicaciones recientes, dice clarito que al corte de junio 2026 no hay ni una sola evidencia documental: ni audiencia en la corte de Nueva York, ni registro en Brooklyn, ni nada. “Teorías las que quieran. Hechos verificables: cero”, escribió. En redes, sus seguidores retuitean y agregan: “Otro que se desaparece como por arte de magia, o será testigo protegido de verdad y lo tienen en lugar secreto?”.

En los comentarios de Instagram y X, la cosa se pone más sabrosa. Unos dicen que es el típico “se entregó pero no está preso” para proteger información clave contra Los Chapitos y el círculo de Rubén Rocha Moya. Otros se burlan: “Mientras en México piden pruebas, el señor ya está del otro lado platicando”. Hay memes de fantasmas y hasta quien pregunta si no se habrá regresado a Sinaloa a comer mariscos tranquilamente.

Lo cierto es que el novelón sinaloense apenas empieza. Si Díaz Vega cooperó, podría ser una bomba para varios personajes encumbrados. Si no, pues seguimos con el misterio del paradero. Mientras, en redes la gente no suelta el tema: unos piden justicia, otros ven persecución política y muchos solo quieren que aparezca de una vez.

Rumores van y vienen, pero lo que queda claro es que este caso tiene a todos con el ojo pelón. ¿Testigo protegido? ¿Desaparecido voluntario? ¿O algo más? En Off the Record seguimos al pendiente de lo que truene. Ustedes sigan mandando sus comentarios, que aquí los leemos todos.

El discurso fue contundente, pero al día siguiente llegaron las matizaciones. En su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que no cree que sea Trump quien encabece esta ofensiva, y destacó que existe buena relación y mucho diálogo con el gobierno estadounidense. La aparente contradicción no es menor: primero se agita la bandera del nacionalismo frente a la militancia, y luego se cuida el canal diplomático. Esta dualidad revela la tensión central del momento político: México necesita a Estados Unidos tanto como le resulta incómodo.

El fondo del asunto: Rocha Moya y la factura política

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y recibir sobornos a cambio de apoyo institucional. Rocha Moya es el miembro de más alto rango del partido Morena en ser acusado formalmente por Estados Unidos.

La respuesta del gobierno federal fue la de siempre: negar, cuestionar la legitimidad de las pruebas y encuadrar el proceso como una maniobra política. La propia presidenta señaló que, si no existen pruebas claras, el objetivo de estas imputaciones «es político». Sin embargo, el argumento resulta difícil de sostener cuando los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York —una de las jurisdicciones más prestigiosas de Estados Unidos— firmaron un expediente de 34 páginas con cargos específicos que incluyen conspiración para importar fentanilo y posesión de armas.

El dilema para Sheinbaum es político, no jurídico: entregar o extraditar a Rocha Moya significaría reconocer que en las filas de Morena hay funcionarios que gobernaron en complicidad con el crimen organizado. Eso derrumbaría parte del relato fundacional de la Cuarta Transformación.

El T-MEC en modo zombi: el costo del callejón sin salida

La crisis diplomática ocurre en el peor momento posible para la economía mexicana. Según el análisis de Eurasia Group, el T-MEC no será ni extendido ni actualizado, y quedará operando como un «zombi», vigente sólo de forma técnica, sosteniendo a empresas y gobiernos en un entorno de negociaciones y presiones constantes. La firma señala que Estados Unidos sabe que ni México ni Canadá pueden darse el lujo de abandonar este trato, lo que le permite absorber cerca del 80% de las exportaciones mexicanas, y prefiere mantener el acuerdo «pasmado» para obtener concesiones económicas y políticas.

Fitch Ratings advirtió que el T-MEC podría operar bajo renovaciones anuales que no garantizan estabilidad a largo plazo, mientras México enfrenta bajo crecimiento, presión fiscal y un entorno regulatorio que complica la inversión. Este entorno resta atractivo a México como plataforma de relocalización productiva, incluso si el T-MEC no desaparece formalmente.

En caso de que una de las naciones no acepte la extensión del tratado en la revisión de julio, el T-MEC entrará en un esquema de revisión anual hasta 2036. Un horizonte de incertidumbre crónica, que se traduce en inversión aplazada y empleos que no llegan.

Los escenarios que nadie quiere ver

El más probable es que la relación bilateral continúe en un estado de tensión administrada: discursos soberanos hacia adentro, pragmatismo hacia afuera. Pero los escenarios de riesgo son reales. Si Trump decide reactivar aranceles generalizados contra México, el impacto en el peso, el empleo y las finanzas públicas sería inmediato. Y si el Departamento de Justicia presenta públicamente las pruebas que alega tener contra otros funcionarios de Morena, el gobierno enfrentará una crisis de legitimidad sin precedentes.

La pregunta que recorre los pasillos de Palacio Nacional no se hace en voz alta: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a sacrificar el bienestar económico del país para proteger a sus cuadros políticos? La respuesta que se observa en los hechos, no en los discursos, sugiere que la lealtad partidista va por delante del interés nacional. Eso no es soberanía: es impunidad con bandera.

Celebrar una asamblea en la que los asistentes aprueban a mano alzada una directriz no equivale a organizar elecciones y ejercer un cargo público. En lo primero, la rendición de cuentas es prescindible por tratarse de un círculo cerrado, en tanto que en la segunda la transparencia y la responsabilidad de atender incluso a quienes no votaron por el candidato resultan obligatorias.

El escenario se agrava cuando en un acto público aflora la radicalización. El pasado 31 de mayo, en el evento con motivo de su elección presidencial, la mandataria señaló, respecto a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y nueve coacusados más, que dicho país busca influir en los comicios mexicanos de 2027 y que las oficinas de esa dependencia estadounidense «pueden volverse el principal elector de México». Cuestionó si Washington realmente persigue combatir el crimen o si su meta es puramente electoral.

Adicionalmente, en una muestra de las incongruencias de su discurso, criticó la gestión de Felipe Calderón —al evocar el mensaje del expresidente en apoyo a la gobernadora Maru Campos— al afirmar que fue un narcogobierno y recordar el caso de García Luna, precisamente juzgado por Estados Unidos en una corte de Nueva York, la misma sede judicial de donde emanaron las acusaciones vigentes contra Rocha Moya y sus coacusados. La memoria no es el fuerte de la presidenta Sheinbaum ni de sus propagandistas.

El hecho de que la mandataria exclamara en la explanada del Monumento a la Revolución que “¡ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia!” advierte que la radicalización es la vía elegida para capotear la coyuntura política del país. Muestra de ello fue su afirmación de que el Gobierno enfrenta duras campañas de desinformación impulsadas por “las derechas internacionales”.

En lugar de reconocer la infiltración del crimen organizado en su propio partido y su intervención en los procesos electorales —como sucedió en Sinaloa en 2021—, la presidenta Sheinbaum se refugia en el asambleísmo y la confrontación como respuesta a lo que intenta tipificar como injerencismo de Estados Unidos. El problema es que, si antes validaron y celebraron la sentencia del Departamento de Justicia estadounidense en el caso García Luna, ahora tendrán que sostener el mismo criterio frente a los procesos que vienen en contra de destacados militantes de Morena, por más mítines o discursos que organicen. El dilema no radica en un gobierno extranjero o en la extrema derecha, sino en el empeño de proteger a políticos vinculados a los cárteles del narcotráfico. Pero poco se puede esperar de quien confunde el asambleísmo con la democracia.

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Del otro lado, los de Morena no quisieron ni oler las playeras de “Yo con Rocha”. Y aquí viene lo bueno: el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, le llevó una playera alusiva al morenista Gerardo Fernández Noroña, quien ha defendido públicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Resulta que Noroña la aventó, no se la puso y hasta se puso de malas. Videos de ese momento ya están virales, con miles de vistas y comentarios de todo tipo.

En redes, la gente no se guarda nada. Un usuario escribió: “Noroña defiende a Rocha pero no se pone la camiseta, puro bla bla”. Otro comentó: “Los del PAN les pusieron el espejo y Morena se rajó”. Hay quienes dicen que esto muestra doble moral: apoyan con discursos pero no con acciones cuando hay acusaciones fuertes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por supuesto, también hay versiones que defienden a Morena. Algunos morenistas en comentarios argumentan que no se trata de playeras sino de defender la soberanía y que no van a caer en provocaciones del PAN. “Es circo opositor”, dicen varios. Otros usuarios mencionan que Noroña mostró su apoyo verbal pero rechazó la playera para no distraer del debate principal sobre la reforma judicial.

Lo que más se comenta en las redes es la diferencia de actitudes. Mientras el PAN sacó sus playeras sin pena, en Morena nadie quiso ponerse la de Rocha. Esto ha generado un montón de memes y reacciones sarcásticas: “Apoyo pero desde lejos”, “Solidaridad selectiva” y cosas por el estilo.

Al final, este tipo de shows en el Congreso dan mucho de qué hablar. Unos lo ven como estrategia política inteligente del PAN para exponer contradicciones. Otros lo llaman payasada que no resuelve los problemas reales del país. Como siempre en Off the Record, son versiones y rumores que corren en redes, algunos confirmados por videos, otros puro comentario caliente de los usuarios. Lo cierto es que la imagen quedó: guerra de playeras, apoyos a medias y mucho morbo político.

Esta situación genera profundas controversias. Para sectores oficialistas, la entrega de un alto exfuncionario a la justicia extranjera representa una humillación nacional y evidencia de presión externa indebida. Critican que Estados Unidos actúe como juez supranacional mientras México cuenta con instituciones propias para investigar. La narrativa oficial enfatiza la defensa de la soberanía y la responsabilidad de procesar internamente cualquier irregularidad, rechazando cualquier intento de injerencia.

Sin embargo, la oposición y analistas críticos expresan indignación ante lo que perciben como una grave falla del Estado mexicano. Un exsecretario de Seguridad, responsable de combatir al crimen organizado, se entrega en el extranjero en lugar de enfrentar a la justicia nacional. Esta decisión plantea preguntas incómodas sobre la confianza en las instituciones mexicanas: ¿por qué un general prefiere someterse a tribunales estadounidenses? La posible entrega de información sensible sobre la estructura política de Sinaloa podría exponer detalles explosivos sobre financiamiento de campañas, protección a cárteles y control territorial, alimentando el descrédito de la Cuarta Transformación en el estado.

El caso ilustra tensiones estructurales. Una postura sostiene que las acusaciones estadounidenses, sin sentencia firme, buscan desestabilizar gobiernos opositores al modelo anterior y presionar en temas migratorios y de fentanilo. Otra, más incómoda, señala que la impunidad interna y la presunta colusión entre poder y narco han erosionado la soberanía real: cuando funcionarios huyen o cooperan con el extranjero, el Estado mexicano pierde capacidad para garantizar control y justicia propia. La selectividad de las investigaciones previas en Sinaloa —denuncias locales ignoradas durante años— contrasta con la reactivación actual, lo que genera sospechas de oportunismo político.

La audiencia del 1 de junio no solo definirá el rumbo legal de Mérida, sino que pondrá bajo escrutinio la credibilidad del sistema de seguridad mexicano. Ciudadanos observan con frustración cómo altos mandos presuntamente vinculados a grupos criminales eluden la responsabilidad nacional, mientras miles de familias sinaloenses padecen violencia cotidiana. Esta fractura profundiza la polarización: ¿defensa legítima de la soberanía o escudo ante posibles complicidades? La respuesta determinará si México fortalece sus instituciones o permite que controversias externas sigan revelando sus debilidades internas.

El episodio invita a reflexionar sobre la verdadera fortaleza estatal: aquella que investiga con rigor y transparencia, sin importar presiones ni orígenes de las denuncias.

El señor Inzunza, que hasta hace poco negaba todo y presumía estar en su tierra rodeado de «gente buena y honesta», ahora opta por hacerse a un lado. No es para menos. Circulan versiones fuertes de que los gringos ya empezaron a pasar pruebas concretas al gobierno mexicano. Documentos, testigos, quién sabe qué más. Suficiente para que la presidenta Claudia Sheinbaum empiece a oler que defender a Inzunza y a Rubén Rocha Moya se está convirtiendo en una batalla que ni el más optimista ganaría.

Porque defender a los suyos es una cosa, pero cuando el vecino del norte suelta la bomba y empieza a compartir carpetas, la cosa se pone color de hormiga. Rocha Moya ya está con licencia, el alcalde de Culiacán también, y ahora Inzunza se suma al club de los «temporalmente ausentes». ¿Será estrategia o puro instinto de supervivencia política?

Lo chistoso del asunto es que mientras en México algunos todavía gritan «¡intervencionismo!», del otro lado parece que traen recibo en mano. Y la responsabilidad, esa palabra tan incómoda, empieza a pesar. Porque si las acusaciones tienen sustento, no se trata solo de un senador en apuros, sino de hasta dónde llegó la supuesta protección a ciertos grupos en Sinaloa.

Inzunza dice que las imputaciones son falsas y dolosas. Ojalá sea cierto, por el bien de todos. Pero mientras tanto, su licencia temporal huele más a «me quito para no estorbar» que a un acto de nobleza republicana. Sheinbaum, que ha tratado de mantener la línea de «confiemos en nuestras instituciones», podría estar llegando al punto en que defender a estos personajes ya no solo es riesgoso, sino políticamente suicida.

Al final, el pueblo mexicano, harto de promesas y más harto de que el narco y la política sigan bailando el mismo son, solo espera una cosa: que haya consecuencias reales. Porque licencias temporales van y vienen, pero la desconfianza se queda.

El gobernador con licencia de Sinaloa, que se fue de “licencia temporal” justo cuando la cosa se puso color de hormiga, ahora tendrá que presentarse a rendir declaración. El mismo que juraba por su biografía intachable y que Morena defendía a capa y espada como víctima de una persecución gringa. Resulta que sí, la autoridad mexicana está investigando. Qué chistoso cómo cambian las cosas cuando el comunicado oficial sale a la luz.

El tono de la FGR es serio: quieren avanzar “con seriedad y exhaustividad”. Traducción para el pueblo: ya no se puede seguir haciendo como que no pasa nada. Mientras la presidenta y los de Morena salían a decir que eran puras calumnias imperialistas, la Fiscalía abría carpetas. Al final, hasta el más pintado tiene que dar la cara.

Rocha Moya dijo que acudirá “con la frente en alto”. Ojalá sea cierto y la verdad salga a flote, porque el tema no es cualquier cosa: acusaciones de protección al Cártel de Sinaloa, reuniones con líderes narcos y toda la novela que pintan desde Nueva York.

Lo que queda claro es que por más que se grite “¡no pasa nada!”, las instituciones terminan haciendo su trabajo, aunque sea a cuentagotas y con presión del norte. El pueblo mexicano, harto de tanto circo, solo quiere que no haya impunidad para nadie, venga de donde venga.

Al final, los “nonsanctos” también tienen que comparecer. Y eso, compadre, ya no lo para nadie.

En los comentarios de Facebook y X la gente no se calla. “Otra vez lo mismo de siempre”, escriben unos. “Llegaron diciendo que iban a cambiar todo y ahora censuran a sus propios aliados pagados”, rematan otros. Hay quienes defienden la jugada: “Es estrategia para no darle balas a la oposición, la derecha anda buscando cómo regresar”. Pero la mayoría huele a control puro y duro.

Según las versiones que corren (y ojo, que muchas no están confirmadas, son puro rumor de redes), a cambio de portarse bien y cuidar la narrativa de la transformación, desde el gobierno federal les van a aumentar los apoyos a estos “comunicadores independientes”. Ya saben, más recursos, más visibilidad o lo que sea que les ayude a seguir empujando la línea oficial. En los hilos de Twitter y posts virales, los usuarios ironizan: “Medios alternativos, pero con manual de lo que sí se puede decir”.

Lo que más cala en los comentarios es la contradicción. Morena llegó prometiendo transparencia y acabar con los pactos oscuros del pasado, y ahora circulan estas historias de reuniones a puerta cerrada donde supuestamente se vetan temas incómodos. Rocha Moya sigue siendo el elefante en la habitación: mientras el partido baja el tono de la defensa cerrada, en redes piden que los creadores ni lo mencionen para no “hacer ver mal al movimiento”.

Claro, todo esto son versiones y suposiciones que andan volando en redes sociales. No hay grabaciones ni documentos oficiales que lo confirmen al cien, pero el solo hecho de que esté pegando tanto dice mucho del hartazgo de la gente. Un usuario lo resumió cabrón: “Cambió el color, pero la maña sigue igual”.

Al final, si estos pactos existen o no, lo que queda claro es que el control de la narrativa sigue siendo prioridad para el partido en el poder. Y la gente, que no es pendeja, lo está viendo y comentando en tiempo real.