Primero vino el revuelo por Miss Universo: México ganaba, pero el triunfo quedó ensuciado por las revelaciones de corrupción —de las que este gobierno siempre acaba formando parte, de una u otra manera— y por el desconcierto que generó saber que el dueño del concurso era testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Apenas procesábamos esa noticia cuando llegó la siguiente sorpresa: la presidenta anunció la salida del Fiscal General.

Parecía increíble que un concurso de belleza estuviera relacionado y finalmente desembocara en la remoción de un fiscal. Pero la exclamación correcta es otra: la corrupción permitida por este gobierno alcanza —una vez más— niveles internacionales. Los nombres, las filtraciones y las acusaciones comenzaron a circular como si no existiera un procedimiento legal para tomar una decisión de esa magnitud.

El artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República es claro: solo existen dos supuestos para que un fiscal abandone su cargo: la remoción o la renuncia y, las dos, bajo la condición de que existiera una causa grave para proceder. Suponemos que, entre la prisa y las expectativas de un nuevo nombramiento, nadie se tomó la molestia de avisarle esto a la presidenta.

El viernes 28, el Senado seguía sin recibir la renuncia del fiscal. Y no la recibía por una sencilla razón: esa renuncia no existía.

Podemos imaginar un diálogo como el siguiente:

—Licenciado, antes de que esto explote, le voy a pedir que deje el cargo de Fiscal General.

—Presidenta, usted está en todo su derecho de removerme. Respeto su decisión. ¿Cuándo sería?

—El 28, fiscal, muchas gracias

—El 28 de noviembre. Muy bien.

Llegado el día, sorprendida, la presidenta preguntó por qué la renuncia no llegaba al Senado.

—Presidenta, usted está en su derecho de removerme; conforme a la ley, debe enviar una carta al Senado explicando la causa por la que me remueve. Yo tendría derecho de audiencia y a expresar lo que pienso. Pero cuente conmigo.

La presidenta —digámoslo con franqueza— ni siquiera se le había ocurrido pensar en ello por lo que seguramente consultó a las personas de su confianza y la respuesta fue la que todos conocemos: forzaron una carta de renuncia en la que se menciona un hecho, pero no una causa. Y así la enviaron al Senado.

Ni la presidenta ni los miembros del congreso pueden ignorar que todo dispositivo legal tiene una razón de ser. Que el artículo 24 establezca que se requiere una causa grave para la remoción o renuncia del fiscal general obedece a la intención del entonces legislador de no someter el puesto a caprichos políticos que pusieran en riesgo el desempeño del cargo.

Decir que “le ofrecieron una embajada en un país amigo” no es una causa, es un hecho. Y un hecho no satisface lo que exige la ley como presupuesto y condición para la remoción del Fiscal General. Y sobre todo en estos momentos del país.

El Senado, por su parte, hizo gala de su sumisión. No le importó la independencia ni la autonomía de la Fiscalía. Uno de los peores momentos fue cuando entre los discursos se escucharon frases tan absurdas como: “No hay causa más grave que el propio fiscal no quiera serlo.” Así estamos en México entre frivolidades y caprichos todo obscurece y nada se transparenta.

Qué tiempos para el derecho. Qué tiempos para México.

@Mzavalagc

El Escándalo del Fiscal Gertz Manero…¿Qué hay Detrás? …IMAGINATE‼️

– Miss “Empresario” Universe 👑

– Armas,Huachicol,Pemex 💰#VenezuelaLibre Cuernavaca Pesqueria Maldito Comités Morena Grandeza Amlo SCJN libro Ciro Sheinbaum #narcopresidenteaml pic.twitter.com/hB6KDXtRva

— Gerardo Priego Tapia (@gerardopriegot) November 30, 2025

Nuevo episodio de #Realpolitik101

Goethe

Una de las relaciones humanas más compleja y difícil es la de un militante con su partido. Entran en colisión los principios más relevantes de la ética y política.

Siempre he pensado que filosofar es una virtud. Cuestionarse a uno mismo sin cesar, con permanente inconformismo, con todo el rigor del que uno pueda ser capaz. Nunca descartar la posibilidad de desertar cuando la causa ha sido traicionada.

Manuel Gómez Morin, destacado mexicano del siglo XX, fue un ejemplo. En 1927, renunció a la Junta Directiva del Banco de México, institución que él concibió, porque se estaban distorsionando sus fines, y en 1934, a la rectoría de la Universidad Nacional al percibir que su permanencia estaba dañando a esa casa de estudios.

En alguna de mis lecturas encontré un pensamiento fascinante: “Qué bellas son las llamaradas que se desprenden cuando uno quema sus naves”. Cierto, pero también ese sentimiento de liberación genera un dolor al desprenderse de algo valioso.

Guardo una enorme gratitud a dos organizaciones en las que he hecho mi vida política, el PRI (24 años de militancia) y el PAN (31 años). En los dos casos lo hice con pasión y entrega. El motivo de mi renuncia fue por algo muy elemental: no sentirme respetado en la posición que creía merecer y que fue otorgada a personas que ni remotamente acreditaban méritos para obtenerlas.

En el PAN (cuya historia podemos dividir en dos etapas: la de doctrinario y la de auténtico partido como opción de acceso al poder), por mi permanente crítica, elemento indispensable en toda tarea, se me han negado las oportunidades de servir desde hace 14 años.

Nunca desistí. Puedo presumir de mis constantes “derrotas” postulándome una y otra vez a cargos de elección haciendo campañas en Tabasco y Chiapas en condiciones muy adversas, pregonando la doctrina panista y convocando a la participación responsable.

Ingenuamente creí que con la ineptitud y la corrupción de la anterior dirigencia habíamos tocado fondo. Nuevamente me equivoqué. No hay ningún motivo para retomar la esperanza. Quienes hoy están al frente del partido no tienen ni la convicción ni la voluntad ni el conocimiento para estar a la altura de lo que estos tiempos demandan. Resuenan las palabras del fundador del PAN: “No ambiciones lo que no mereces”.

En mi último trayecto político no puedo ser indiferente cuando aún me quedan ganas de luchar.

He decidido nombrar a Rogelio Ramírez de la O asesor económico internacional; es un economista extraordinario y tenemos la fortuna de que siga colaborando con nosotros. A partir de mañana, el maestro Edgar Amador Zamora será secretario de Hacienda y Crédito Público; es un… pic.twitter.com/s2Yu55olrF

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 7, 2025

La imagen de Rocío, madre y esposa de las víctimas, liderando la marcha en Culiacán, se ha convertido en un símbolo de la desesperación de una comunidad que no encuentra respuestas en sus autoridades. La manifestación masiva, la irrupción en el Palacio de Gobierno y el repudio generalizado contra la administración de Rubén Rocha Moya no son actos de vandalismo ni excesos de emoción. Son la expresión legítima de una sociedad que ya no tolera la inacción de un gobierno paralizado por la violencia y la complicidad.

La respuesta de la Secretaría de Seguridad Federal ha sido anunciar que asumirá la investigación del caso, como si eso bastara para calmar el dolor y el miedo de la población. Pero los sinaloenses no piden reuniones privadas ni gestos burocráticos. Exigen resultados. Exigen justicia para la familia Sarmiento y para las miles de víctimas de la violencia en el estado.

Rubén Rocha Moya ha sido señalado por su cercanía con personajes vinculados al crimen organizado. Sin embargo, ha preferido minimizar las acusaciones, ignorar la creciente violencia y aferrarse al cargo, respaldado por su partido y, en especial, por su amigo Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad ha terminado por alcanzarlo.

En medio de la declaratoria de Donald Trump para considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, Sinaloa enfrenta una ola de asesinatos que ha cobrado más de 1,200 vidas en los últimos meses. El estado se ha convertido en un campo de batalla entre grupos criminales, donde la población civil es la principal víctima.

Claudia Sheinbaum insiste en culpar a Estados Unidos por la violencia, argumentando que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada fue un «agravio» que desestabilizó la entidad. El cínico respaldo de los diputados de Morena a Rocha en este momento de crisis no es solo una muestra de insensibilidad, sino una declaración de impunidad. Mientras las calles de Culiacán arden de indignación, el partido en el poder prefiere cerrar filas con un gobernador mezquino y rebasado por los hechos, antes que escuchar el clamor de los ciudadanos.

La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo a gobernadores y presidentes administrar el costo político de la violencia mientras el crimen organizado dicta las reglas? ¿Hasta cuándo permitiremos que el miedo sea la norma y la justicia, la excepción?

Sinaloa ha roto el silencio con una manifestación histórica. Ahora le toca al gobierno decidir si seguirá defendiendo delincuentes e ignorando la indignación de la gente o si, por primera vez, pondrá la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político.

El presidente durante su mañanera de este jueves, 2 de septiembre elogió la trayectoria de Ríos González resaltando que es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la misma institución.

Ya entró en funciones la nueva consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González. Aunque depende del titular del Ejecutivo, trabajará en estrecha coordinación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. pic.twitter.com/7KvqQemm2x

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 2, 2021

De siempre, nuestra clase política ha visto en la renuncia no un acto de dignidad, de decoro personal y hasta de arrojo, en algunos casos. La ha visto más bien como un fracaso, una obligación del enemigo o una jugada de sacrificio en la que el que menos tiene que ver es el dimitente. Eso en el caso de alguna apuesta fallida por arriesgada, una jugada que salió mal.

Para los presidentes, las renuncias de sus colaboradores por fallas en su gestión son casi imposibles, las ven como una derrota ante los medios, ante los adversarios. ‘No les voy a dar la cabeza’ de fulano, dicen, aunque el fulano, a partir de ese día, prácticamente camine sin cabeza. Por eso son extraños los gestos –casi arranques– de dignidad de algunos para dejar algún puesto.

Cuando se trata de algún accidente, una tragedia que normalmente acarrea la pérdida de vidas humanas, la renuncia llega forzada por el titular, ya que se la pide la opinión pública y ya ‘no aguanta la presión’, entonces la renuncia de algún responsable del percance sirve de válvula de escape, una suerte de pequeño tanque de oxígeno para ir saliendo del problema.

Esta concepción de la renuncia por parte de nuestros políticos se convierte en un problema para nuestra vida pública, pues no deja margen a salidas de alguna ética personal. La ciudadanía piensa que lo que le importa a los funcionarios es mantener el puesto, no perder el trabajo; y los funcionarios piensan en no ceder nada ante los enemigos para no mostrar fisuras o dar señales de debilitamiento. La rendición de cuentas ante la población se limita entonces a patear el bote hacia adelante para que nadie se haga responsable y el tiempo tire sobre los sucesos una cubetada de olvido.

En algún momento tiene que llegar algún elemental sentido de responsabilidad pública por las muertes de la tragedia del lunes. Las renuncias no solucionan la pérdida de las vidas humanas, ni siquiera aminoran la dimensión de la desgracia, pero es –aparte de investigaciones y otras cuestiones de índole técnica– casi el único gesto humano que le queda a la autoridad frente a sus gobernados. La renuncia –y no estoy refiriéndome ni sugiriendo la de Sheinbaum– es una manera de mostrar solidaridad y empatía: un acto público de disculpa.

En ésas estamos con la tragedia del Metro en la CDMX. Es inevitable pedir responsabilidad a un grupo político que lleva tres décadas tomando todas las decisiones en la capital del país. A veces van juntos, a veces están peleados, pero son los mismos y el poder los reúne. Lo mismo está Mario Delgado con Marcelo que con Mancera o con López Obrador –que se ocupa a conveniencia de desconocer a unos y a otros–. Nada hay de extraño en que se les pidan cuentas de las cosas que han hecho unos y tapado otros. Son décadas de tapaderas, de acomodos entre ellos, hasta que llegaron a la presidencia y siguen con la capital. El problema es que les está explotando en las manos todo lo que hicieron mal –ellos mismos– en el pasado.

La austeridad llevada al grado de parálisis se ha convertido en una política criminal del gobierno federal y el capitalino. Tienen que responder por eso. Y no se trata de politizar una tragedia, sino simplemente de tratar de impedir que la política de este gobierno siga siendo pura tragedia.

León Gastélum señaló que tomó la decisión de presentar su renuncia formal a Morena y seguir siendo parte del grupo parlamentario del PT en el Senado de la República.

“No pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena y traicionando y mintiéndole al pueblo. Eso no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos 9 años y como consejera estatal política 2012-2021”, escribió en un mensaje.

La legisladora aspiraba a la candidatura por la alcaldía de Mexicali, Baja California, sin embargo, Morena se inclinó por Norma Bustamante, a quien León Gastélum acusa de llegar con una imposición.

En sus redes sociales, la senadora por Baja California informó que apoyará a Jorge Hank Rhon, quien busca la gubernatura de Baja California con el Partido Encuentro Solidario (PES).