El argumento del ‘pasado corrupto’

La estrategia retórica del gobierno federal no es nueva: confrontar las críticas señalando los antecedentes de quienes las formulan. Hay fundamento en el argumento. El PRI gobernó México durante siete décadas con un sistema clientelar y de corrupción institucionalizada. El PAN no fue ajeno a escándalos durante sus administraciones federales, y el PRD acumuló señalamientos en varios gobiernos locales. La oposición actual carga ese lastre histórico, y Sheinbaum lo sabe y lo usa. Sin embargo, el recurso de señalar el pasado no responde a las preguntas del presente.

El factor que la presidenta omite

El argumento presidencial enfrenta una inconsistencia difícil de sortear: si aquellos políticos provenientes del PRI, el PAN o el PRD eran corruptos, ¿por qué se les abrieron las puertas de Morena? La migración masiva de cuadros de los viejos partidos hacia el partido gobernante fue una realidad documentada y ampliamente criticada, incluso desde las filas del propio movimiento. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ilustra el problema: un político que transitó del PRD al PRI y luego a Morena, y que hoy enfrenta una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Además de Rocha, otros nueve funcionarios y exfuncionarios vinculados a Morena quedaron señalados en la misma acusación.

La ciudadanía no permanece al margen del debate. Encuestas recientes aportan datos que complican la narrativa oficial: según el sondeo de AtlasIntel para Bloomberg News, levantado entre el 24 y 28 de abril de 2026 con una muestra de 2,948 personas, el 59% de los encuestados señala a la corrupción como el principal problema del país, por encima de la delincuencia y la inflación. La aprobación de Sheinbaum, que durante la mayor parte de su mandato se mantuvo por encima del 60%, cayó a poco más del 51%, su nivel históricamente más bajo. La percepción de impunidad —y no solo la oposición— alimenta ese descenso.

La corrupción en datos: México frente al mundo

El contexto internacional refuerza las alertas. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 141 de 182 países evaluados, con 27 puntos sobre 100, y en el último sitio entre los miembros de la OCDE. Transparencia Internacional señaló explícitamente que la corrupción ha facilitado la penetración del crimen organizado en la política de países como México. El dato no proviene de la oposición: proviene de organismos independientes de alcance global.

Las voces en disputa

Desde la oposición, el PAN presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por crímenes de lesa humanidad, acción calificada por Sheinbaum como un acto de «cobardía» de un «grupo minúsculo». El PRI, por su parte, protagonizó un episodio cargado de simbolismo al colocar lonas en el Congreso con la leyenda «Narcos del Bienestar», a lo que el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, respondió pidiendo «respeto para la presidenta». Movimiento Ciudadano cuestionó la efectividad de la reforma de integridad de candidaturas impulsada por Sheinbaum, aprobada apenas semanas después de que estallara el caso Rocha, y advirtió el riesgo de que sea utilizada políticamente.

El debate que abrió Sheinbaum con su declaración sobre la «desfachatez» no es solo retórico: toca el nervio central de la credibilidad de la Cuarta Transformación. Un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción no puede sostener indefinidamente el argumento de que el problema es exclusivamente herencia del pasado, cuando ese pasado fue, en parte, incorporado a sus propias filas, cuando los índices internacionales de transparencia continúan en descenso y cuando la ciudadanía, más allá de las trincheras partidistas, percibe que la corrupción sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo del país. Señalar al adversario puede ser táctica política eficaz. Pero no es política anticorrupción.

Las críticas se centran en dos aspectos centrales. En primer lugar, se argumenta que la elección responde a una estrategia deliberada para colocar en el INE a personas alineadas con los intereses del partido mayoritario, lo que podría comprometer la neutralidad en futuras contiendas. En segundo lugar, se destaca la pasividad de la oposición, que no ha presentado iniciativas legislativas, recursos jurídicos ni movilizaciones visibles para modificar el resultado o exigir mayor transparencia en los criterios de selección. Esta inacción se interpreta como una aceptación tácita del desequilibrio actual de fuerzas en el Congreso.

Desde la perspectiva oficial, Morena y sus aliados defienden que el procedimiento se ajustó estrictamente a la ley y que los consejeros fueron elegidos por su trayectoria profesional y académica, sin que existan pruebas documentadas de subordinación partidista. Afirman que las acusaciones forman parte de una narrativa recurrente destinada a erosionar la legitimidad de las instituciones cuando estas dejan de ser controladas por la oposición. Aseguran, además, que el INE mantiene mecanismos internos de responsabilidad que garantizan su funcionamiento imparcial.

La oposición, por su parte, ha emitido comunicados de preocupación y ha advertido sobre riesgos para la democracia, pero hasta el momento no ha desplegado acciones concretas que demuestren voluntad de confrontación. Algunos analistas atribuyen esta actitud a la fragmentación interna de los partidos opositores y a la pérdida de influencia parlamentaria tras los últimos procesos electorales. Otros consideran que se trata de una estrategia calculada para evitar confrontaciones que podrían polarizar aún más al electorado.

Este episodio revive el debate estructural sobre el equilibrio de poderes en México. Mientras unos ven en él una consolidación natural del proyecto político mayoritario, otros advierten que la ausencia de contrapesos efectivos podría debilitar la confianza ciudadana en el sistema electoral y abrir la puerta a interpretaciones sesgadas en momentos clave. La falta de debate público profundo y de propuestas alternativas ha convertido el tema en un foco de polémica latente, donde la responsabilidad recae tanto en el partido mayoritario como en la oposición para preservar la credibilidad de las instituciones.

El caso ilustra una tensión permanente entre mayoría parlamentaria y autonomía institucional. Su resolución no solo definirá la percepción de imparcialidad del INE en el corto plazo, sino que también marcará el tono de la competencia política en los años venideros. La ciudadanía observa con atención si este patrón se repetirá en otras dependencias clave del Estado mexicano.

Analistas consultados coinciden en que el PRI ha ganado la delantera frente al Partido Acción Nacional (PAN). Mientras el PAN aún discute internamente cómo reorganizar sus estructuras territoriales, el tricolor ya tiene un mecanismo operativo y visible. Este timing estratégico genera interpretaciones encontradas. Para sectores priistas, se trata de una respuesta responsable ante el desgaste sufrido en elecciones recientes: un intento por recuperar territorio y conectar directamente con la ciudadanía. Defienden que los “Defensores” permitirán una mejor identificación de problemas locales y una defensa más efectiva de los intereses nacionales.

Sin embargo, voces críticas dentro y fuera del partido advierten riesgos. Algunos dirigentes regionales temen que la figura sirva para concentrar el poder de selección de candidatos en la dirigencia nacional, reduciendo el margen de maniobra de las estructuras estatales. La apertura a candidaturas ciudadanas también despierta suspicacias: ¿se trata de una invitación genuina o de un recurso para legitimar perfiles afines al liderazgo? La experiencia pasada de otros partidos muestra que estas aperturas pueden generar tanto renovación como fracturas internas cuando los aspirantes externos compiten con militantes históricos.

El anuncio también obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de las dirigencias en la construcción de alternativas opositoras. En un contexto donde la oposición busca articularse para enfrentar al partido en el gobierno, el PRI apuesta por anticiparse y marcar agenda. No obstante, analistas independientes señalan que el éxito dependerá de dos factores clave: la capacidad real de estos defensores para generar vínculo con la sociedad y la transparencia en el proceso de selección de candidaturas. Si se percibe como un mero ejercicio de control, el movimiento podría erosionar la credibilidad que el partido intenta recuperar.

De cualquier forma, la jugada de “Alito” Moreno coloca al PRI en el centro del debate preelectoral. Obliga al PAN a reaccionar y plantea preguntas incómodas sobre la verdadera apertura de los partidos tradicionales. La figura de los Defensores de México no solo redefine la estrategia territorial del tricolor; también pone a prueba la voluntad de las oposiciones de renovarse sin repetir viejos vicios de centralismo.

Desde la dirigencia se presenta el anuncio como un relanzamiento profundo. Se habla de decisiones serias, meritocracia en la selección de candidatos, apertura a la militancia y el fin de las alianzas con otros partidos. Romero insiste en que el PAN debe recuperar su esencia fundacional para fortalecerse solo, sin depender de coaliciones que, según él, diluyeron su identidad. Para sus defensores, este giro representa una apuesta valiente por principios claros: patria, familia y libertad, sin concesiones que diluyan la doctrina original. Celebran que, después de derrotas recientes, el partido elija reconstruirse desde sus raíces en lugar de improvisar pactos electorales.

Sin embargo, el paralelismo histórico ha encendido la indignación entre militantes y analistas. Volver al “origen” evoca para muchos el PAN de las décadas iniciales: un partido ideológico puro, pero sin gobernadores, sin presidencia y sin peso real en el poder. ¿Significa esto que Acción Nacional acepta regresar a la irrelevancia electoral por mantener su pureza? La pregunta flota en el aire y genera molestia creciente. Militantes de larga trayectoria, que vivieron las victorias de 2000 y 2006, ven con preocupación que el partido pueda optar por un aislamiento que lo deje nuevamente como opción testimonial, incapaz de competir por el poder frente a un adversario consolidado.

Voces críticas dentro y fuera del blanquiazul cuestionan el timing y la forma. ¿Por qué anunciar con diez días de anticipación un cambio tan trascendente sin dar pistas concretas? La espera alimenta sospechas de que el contenido final decepcione. Organizaciones opositoras y analistas independientes advierten que, sin claridad, el mensaje podría interpretarse como un retroceso disfrazado de renovación. Si el “regreso al origen” implica abandonar estrategias ganadoras del pasado, ¿no se condena al PAN a repetir los años de marginalidad que tanto costó superar?

El debate expone fracturas internas. Un sector exige que el anuncio del 21 de marzo traiga propuestas concretas y viables para 2027; otro defiende la necesidad de purificar al partido aunque eso implique sacrificios electorales inmediatos. La indignación crece porque, en un momento donde la oposición necesita unidad y resultados, un retorno ambiguo al pasado podría percibirse como abandono de la responsabilidad histórica de ofrecer una alternativa real de gobierno.

El próximo 21 de marzo será clave. La expectativa es alta y el riesgo también. Si el anuncio no está a la altura de la promesa, la decepción podría ser profunda. Mientras tanto, el PAN enfrenta el escrutinio público: ¿renacimiento genuino o retorno nostálgico a la impotencia? La respuesta definirá no solo el futuro del partido, sino la percepción ciudadana sobre su capacidad real de representar una opción distinta.

Sin embargo, la reforma genera polémica al interpretarse como un mecanismo para consolidar el dominio de Morena, evitando compartir el poder con oposición o aliados. Críticos destacan que el proceso excluyó consultas amplias con la ciudadanía y la oposición, limitándose a negociaciones internas que moderaron aspectos controvertidos, como retrasar la elección judicial o adelantar la revocación de mandato, para sortear rechazos de socios como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Esta exclusión ha indignado a sectores que ven en ello una obsesión por mantener el control, especialmente tras acusaciones de que Morena ha ganado elecciones mediante prácticas que bordean la legalidad, como la sobrerrepresentación en el Congreso, no abordada en la iniciativa.

Desde la oposición, figuras como Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano acusan a Morena de preparar campañas anticipadas bajo figuras como «coordinadores de la 4T», violando normas electorales mientras se discute la reforma. El Partido Acción Nacional (PAN) rechaza la propuesta por no incluir medidas contra la intervención del crimen organizado en elecciones, como nulidad automática de comicios contaminados, argumentando que esto perpetúa riesgos democráticos. Analistas independientes, como Integralia, advierten de una posible regresión democrática, ya que los cambios podrían generar inequidad que favorece al partido en el poder, diluyendo contrapesos institucionales.

Por otro lado, Morena defiende la reforma como un paso hacia la equidad, con asambleas locales para difundirla y llamados a la unidad de la coalición, advirtiendo a aliados que oponerse complica la gobernabilidad. No obstante, el rechazo del PT a eliminar plurinominales, visto como defensa de privilegios, ha generado indignación entre bases morenistas, con exhortos a no votar por «traidores» en futuras urnas. Esta tensión interna revela fisuras en la coalición gobernante.

La reforma, programada para dictaminarse en comisiones el 10 de marzo y discutirse en el pleno al día siguiente, ilustra cómo la polarización política en México se extiende a la arena institucional. Mientras Morena enfatiza responsabilidad fiscal y democratización, opositores denuncian un diseño que concentra poder, ignorando demandas ciudadanas por transparencia y combate a irregularidades electorales. Este debate no solo cuestiona la viabilidad de la iniciativa, sino que invita a reflexionar sobre el equilibrio de poderes en una democracia en evolución. Sin un diálogo inclusivo, la polémica podría escalar, afectando la legitimidad de futuras elecciones y exacerbando divisiones sociales.

Por su parte, el estudio de Enkoll del 4 de marzo refuerza esta tendencia. Ante la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones para diputados, ¿por cuál partido votaría?”, Morena registró una caída de 6 puntos desde octubre de 2025. En preferencia bruta, pasó del 48% al 42%, mientras que en preferencia efectiva descendió del 61% al 54% en el mismo periodo.

Si bien los sondeos no detallan las causas del desgaste, el contexto sugiere respuestas. El impacto de los escándalos por el uso de artículos de lujo, viajes al extranjero, señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado parece haber modificado la percepción ciudadana sobre el partido guinda.

La «buena noticia» para el oficialismo es que mantiene la hegemonía en las encuestas; la mejor, que la oposición parece incapaz de capitalizar la coyuntura, pese a que la brecha se reduce. Mientras en redes sociales crece el respaldo a una alianza opositora total para 2027 —con el fin de arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados y las gubernaturas en juego—, las dirigencias partidistas caminan en sentidos opuestos. Alejandro Moreno (PRI) lanzó la propuesta, pero Jorge Romero (PAN) respondió que apostarán por una estrategia individual. En tanto, Movimiento Ciudadano mantiene un silencio que anticipa la misma ruta de aislamiento que tomó en 2024.

Incluso «Somos México», organización que busca su registro ante el INE, ha planteado una coalición, pero con la mirada puesta en una candidatura presidencial única para 2030, ignorando la urgencia del 2027.

Sin un diálogo que lime asperezas, sin un discurso atractivo y sin acciones que los saquen de su zona de confort, los partidos opositores no solo desaprovechan la vulnerabilidad de Morena, sino que se arriesgan al rechazo del electorado. Para el PRI, esta parálisis representa la frontera entre conservar o perder el registro. El PAN y MC deberían verse en el espejo del PRD, que terminó desdibujado del mapa competitivo del país.

Morena, en tanto, parece concentrado en modificar las reglas para perpetuarse en el poder; sin embargo, la erosión de su aprobación podría llevarlo por el mismo camino de declive que sus antecesores. Este vacío de representación real abre la puerta a perfiles ajenos a las plataformas tradicionales: candidaturas que, cabalgando sobre el descontento, busquen victorias mediante populismos similares a los que hoy vemos en el escenario internacional.

• Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras

Estos números destacan en un contexto de políticas de austeridad impulsadas por el gobierno federal, que incluyen propuestas para recortar el 25% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). La reforma electoral presentada en febrero de 2026 argumenta que estas medidas reducirían costos excesivos en el sistema democrático, estimados en 61 mil millones de pesos para los comicios de 2024, y promoverían una mayor eficiencia al adelantar cómputos distritales. Funcionarios como la presidenta Claudia Sheinbaum defienden que los cambios fortalecerían la legitimidad al devolver poder al pueblo y racionalizar gastos, asegurando que los cómputos inmediatos brindarían certeza sin necesidad del PREP.

Sin embargo, esta postura genera controversia. Críticos de oposición, como senadores del PRI y analistas independientes, ven en los recortes un debilitamiento deliberado del árbitro electoral, que podría comprometer la transparencia y la equidad en procesos democráticos. Argumentan que, mientras se subsidian megaproyectos con déficits crónicos –el Tren Maya operó al 30% de su meta y pierde 7.1 millones diarios–, se sacrifica la independencia institucional. El ahorro proyectado de 8 mil millones en el INE para 2026 representa solo el 0.07% del gasto público total, equivalente a menos de dos días de intereses de la deuda nacional o una cuarta parte del subsidio anual al Tren Maya. Esta disparidad alimenta acusaciones de autoritarismo disfrazado de eficiencia, donde el control centralizado prevalece sobre la responsabilidad fiscal.

Desde una perspectiva económica, los defensores del gobierno destacan que estos proyectos representan inversiones a largo plazo para el desarrollo regional, con potencial para generar ingresos turísticos y conectividad. No obstante, los datos revelan ingresos mínimos: el Tren Maya captó solo 387 millones en nueve meses, cubiertos mayoritariamente por fideicomisos y transferencias estatales. Opositores replican que tales déficits evidencian mala planeación, priorizando simbolismo sobre viabilidad, y cuestionan la opacidad en su administración militar.

La polémica se intensifica al contrastar estas pérdidas con la eliminación de órganos autónomos en años previos, que ahorraron 4 mil 400 millones pero costaron contrapesos institucionales. En última instancia, el debate subraya tensiones entre austeridad selectiva y preservación democrática, con riesgos de erosionar la confianza pública si no se abordan con mayor transparencia y rendición de cuentas.

Conscientes de su irrelevancia aritmética en la Cámara de Diputados —donde Morena solo necesita a sus aliados para avanzar—, el PAN, el PRI y MC han optado por una ofensiva de declaraciones estridentes. Sin embargo, carecen de una estrategia que, al menos, eleve el costo político para el gobierno al aprobar la medida.

Movimiento Ciudadano (MC), por ejemplo, califica la reforma como un distractor frente a las crisis nacionales. Su vicecoordinador, Juan Ignacio Zavala, ha planteado que su partido propone medidas para blindar las campañas contra el dinero del crimen organizado y asegurar una justicia electoral donde la representatividad legislativa sea proporcional a los votos obtenidos.

El PAN, en cambio, tilda la iniciativa como la “Ley Maduro”, denunciando un intento del régimen por capturar al árbitro electoral. En un intento de desafío, proponen que los partidos con vínculos criminales pierdan automáticamente su registro. El PRI coincide con la etiqueta de “Ley Maduro” y lanza un lema para el consumo público: “es mejor una democracia cara que una dictadura gratuita”. Los priistas acusan al gobierno de pretender instaurar un esquema de partido único para perpetuarse en el poder; una paradoja, considerando que es el mismo modelo que el PRI ejerció el siglo pasado.

Como se observa, no hay unidad de propósito en la oposición, salvo por el intento de viralizar hashtags. Abordar la reforma sin un texto definitivo, centrar la crítica en la reducción del financiamiento público —pese al hartazgo social por el despilfarro— o defender las plurinominales —cuando sus propias bancadas dependen de ellas—, solo refuerza la percepción ciudadana de que los partidos solo buscan proteger sus privilegios.

Una vez más, la oposición cae en la trampa discursiva de Morena. Al debatir bajo los términos de “austeridad” impuestos por el régimen, validan una narrativa que ya tienen perdida de antemano. Al igual que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, han sido incapaces de articular una estrategia que demuestre los perjuicios reales de la propuesta para el país.

La historia se repite: la oposición no solo carece de los votos necesarios para obligar a una negociación, sino también de la imaginación política para trascender los lemas superficiales.

• Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras

El SAT y la SCJN avalaron los cobros por presuntas prácticas de consolidación fiscal indebida entre 2008 y 2013, involucrando empresas como Elektra y TV Azteca. Salinas Pliego defendió que siempre ha cumplido con sus obligaciones y que el litigio respondía a interpretaciones legales divergentes. Sus partidarios argumentan que el proceso demuestra resiliencia empresarial y que los pagos fortalecen la responsabilidad fiscal en un contexto de combate a la evasión promovido por el gobierno federal. Sin embargo, críticos del empresario, incluidos sectores afines a Morena, lo acusan de haber dilatado el proceso mediante amparos y recursos, lo que habría permitido un uso prolongado de recursos públicos en disputas judiciales.

Posterior al anuncio, ha surgido una ola de cuestionamientos en redes sociales y medios, atribuidos al «aparato propagandista» de Morena. Se le vincula con el caso Jeffrey Epstein, basados en supuestas asociaciones con figuras como el príncipe Andrew, aunque estas alegaciones carecen de evidencia judicial concreta y parecen derivar de campañas digitales. Además, se difunden rumores sobre la liquidez de Banco Azteca, sugiriendo que los pagos fiscales y deudas pendientes podrían comprometer su estabilidad. Calificadoras como S&P y Fitch han degradado sus ratings a niveles especulativos, citando contingencias fiscales y riesgos operativos, lo que alimenta especulaciones de inestabilidad. Grupo Salinas ha respondido demandando a comunicadores por «terrorismo financiero», alegando daños millonarios por información falsa que provocó retiros masivos de depósitos.

Estas controversias se enmarcan en especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Salinas Pliego en 2030. En entrevistas recientes, como con Financial Times, ha expresado disposición a competir si la oposición no presenta alternativas viables ante el dominio de Morena. Encuestas lo posicionan en el top cinco de preferencias opositoras, con hasta 29% en sondeos internos del PAN, que lo ve como un perfil externo capaz de desafiar al oficialismo. Sus detractores interpretan los ataques como un intento de neutralizarlo, similar a estrategias contra otros aspirantes opositores desde 2025. Por el contrario, aliados destacan su experiencia en economía y su crítica al intervencionismo estatal como activos para un relevo generacional.

Este episodio resalta divisiones profundas: por un lado, se celebra como un triunfo del Estado de derecho; por otro, se percibe como persecución política. El desenlace podría influir en la percepción pública de la responsabilidad fiscal y la independencia empresarial frente al poder político, en un año electoral que anticipa mayor polarización.

El recuerdo de las negociaciones entre gobierno y oposición para concertar reformas electorales es hoy un eco del pasado; un pasado que parece retornar bajo las formas del partido hegemónico de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, más allá de criticar la actitud del gobierno para desestimar aportes ciudadanos y opositores, cabe preguntar: ¿qué están haciendo estos últimos para hacerse oír y lograr que sus propuestas sean tomadas en cuenta?

Mientras el PT y el PVEM ya dialogan con la titular de Gobernación —bajo el pragmático reconocimiento de que sus votos son indispensables para la iniciativa—, la oposición partidista carece de fuerza numérica. Basta observar que, si la totalidad de los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano decidieran abstenerse en la próxima sesión, la reforma avanzaría sin obstáculos: Morena y sus aliados poseen las mayorías necesarias para aprobarla.

En este escenario, las propuestas del Observatorio Permanente de Integridad Electoral, de Red Cívica, del INE y de Somos México contrastan con la ausencia de planes integrales por parte del PRI, PAN o MC. Apenas un decálogo de la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, ha surgido como postura oficial desde esas filas.

¿Qué opciones tienen estos partidos para integrarse a la negociación encabezada por Pablo Gómez? La realidad es cruda: sin peso en las cámaras, sin liderazgos con capacidad de interlocución y sin una estrategia clara, la oposición tiene poco margen de maniobra. Recurrir a la protesta social o a marchas multitudinarias —herramientas que han servido a otros grupos— parece su única alternativa, pero surge de nuevo la duda sobre su verdadera capacidad de movilización para presionar a la presidenta Sheinbaum.

Hasta ahora, las críticas más sólidas provienen de analistas, especialistas y periodistas. Las observaciones de los políticos de oposición son escasas. La arena pública debería ser el primer campo de batalla donde los partidos den la pelea para convencer a la ciudadanía de la necesidad de un diálogo plural.

La impresión prevaleciente es que la oposición se ha dado por vencida o que apuesta a que las fracturas internas en la alianza oficialista frenen los puntos más punitivos, como la reducción del financiamiento público y la eliminación de plurinominales. En cualquier caso, sin un esfuerzo visible en la plaza pública, la oposición parece incapaz de influir en una reforma que la afectará tanto a ella como al resto de los mexicanos.

• Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras