El vicecoordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve, declaró tener muchas coincidencias con el presidente López Obrador; no obstante, reprobó las declaraciones que hizo sobre la Máxima casa de estudios.

“La UNAM es la casa de estudios que le ha dado oportunidad al pueblo de México, la UNAM es la primera universidad en Iberoamérica, inclusive más arriba que la Universidad de Buenos Aires, la UNAM es el centro de pluralidad política de México, la UNAM ha generado miles de profesionistas, científicos, ha generado arte, cultura y existe una pluralidad donde todos los egresados de la UNAM y muchos de los que estamos aquí presentes manifestamos nuestras ideas sin que nadie nos lo limite. Con todo respeto la UNAM no debe de estar en un debate nacional, la UNAM al contrario debemos cerrar filas para seguirla fortaleciendo”.

Al respecto, la vice coordinadora de los senadores del PAN Kenia López, demandó al primer mandatario respetar a la UNAM, “Me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy nuevamente desde la mañanera se atrevió yo diría de manera irresponsable a señalar a esta institución, que de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma. (…) Ya basta de agresiones a la UNAM porque aquí estamos sus egresados para defenderla”.

La vicecoordinadora del PAN, junto con su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez y el priista Manuel Añorve, lanzaron un ¡Goya!, para defender a la máxima casa de estudios de los ataques del presidente

 La consulta para pedirle a los mexicanos un voto a favor o en contra de la investigación de presuntas irregularidades de “actores políticos” del pasado tendrá poco efecto en los planes de mediano plazo de la 4ª-T y podría convertirse en un factor distractor del verdadero objetivo de la actual administración: la reforma antineoliberal del Estado neoliberal salinista.

El debate respecto a presuntas irregularidades de gobiernos anteriores que podrían no configurar delitos penales ni administrativos ha quedado centrado en las figuras emblemáticas de dos expresidentes: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y se quiere agotar en asuntos negativos excluidos del contexto de reforma del modelo económico.

El modelo neoliberal que quiere anular el presidente López Obrador tardó trece años en construirse y consolidarse: del Plan Global de Desarrollo de 1980 a la aprobación del Tratado de Comercio Libre en 1993 y tuvo su centro dinamizador en tres reformas determinantes: la del modelo económico de Estado, la del discurso del liberalismo social y sobre todo la definición del Estado autónomo de compromiso sociales.

Las dificultades legales de las reformas lopezobradoristas bloqueadas en tribunales forman parte del verdadero adversario de la 4ª-T: el modelo neoliberal salinista no nació de decisiones aisladas, sino que primero modificó la Constitución para crear el espacio de decisiones de gobierno. El punto clave fue la reforma del Estado que comenzó en 1983 con Miguel de la Madrid y terminó con el tratado de 1993. El punto central se localiza en el discurso pronunciado por Salinas de Gortari en 1985 para explicar el nuevo modelo neoliberal con Estado ajeno a los compromisos sociales que tenía el viejo Estado de bienestar de la Revolución Mexicana. En ese discurso, Salinas de Gortari dijo que el Estado ya no era más el espacio de la contienda entre clases sociales.

El modelo económico de la 4ª-T se basa en una reconstrucción del viejo Estado priista de intervención directa del Estado en la actividad económica, en la rectoría del desarrollo y en la prioridad de la empresa pública. Además de la privatización del Estado, Salinas de Gortari promovió la privatización de la economía, liquidando el viejo modelo de economía mixta. Hoy, el modelo lopezobradorista se basa en reconcentrar la actividad económica en el Estado como agente productivo y no solo gestor de la actividad privada.

Con o sin consulta, las posibilidades económicas de la 4ª-T dependen de la capacidad legal que reconstruya el Estado para evitar los bloqueos legales. De la Madrid y Salinas de Gortari modificaron la Constitución en los artículos de dominio económico del Estado para establecer el criterio de funcionamiento del mercado. En este sentido, la 4ª-T ha retrasado las decisiones para definir en un discurso-eje del nuevo Estado social de la economía y no se ha preocupado por las reformas constitucionales neoliberales que son la justificación legal para frenar, por ejemplo. las reformas eléctrica y de hidrocarburos.

La 4ª-T desaprovechó la ventaja política de la mayoría legislativa en la primera parte del sexenio y ahora padece desventajas por la pérdida legislativa de las elecciones del pasado 6 de junio. Sin una reforma contraneoliberal del Estado no podrán avanzar las decisiones de configuración de un nuevo Estado como agente directo en la economía.

La consulta en nada ayudará a modificar la estructura legal de la economía de Estado neoliberal salinista y lo peor de todo será que tampoco modificará el estatus de libertad de los expresidentes y sus funcionarios porque hasta hoy no hay expedientes judiciales que prefiguren acusaciones de delitos económicos en el pasado. Por ejemplo, no parece haber en el gobierno actual un expediente de revisión de la venta amañada de Teléfonos de México para beneficiar al empresario Carlos Slim Helú, hoy uno de los empresarios consentidos de la 4ª-T.

De ahí que la consulta tampoco sea siquiera un distractor o un factor de cohesión política del gobierno en turno porque no ha generado debate alguno sobre el ciclo neoliberal 1979-2018.

 Política para dummies: la política es de quien la trabaja.

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Las expectativas inesperadas de las elecciones de junio próximo por la disminución de las tendencias del voto de Morena por la ausencia del presidente López Obrador en la boleta han acelerado las decisiones de desensamblaje de la estructura social, política, económica y de Estado del neoliberalismo salinista.

La crisis provocada por la negativa al registro de las candidaturas a gobernador de los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán ha sido el detonador para catapultar esas decisiones con dos mecanismos: escalar el conflicto mediático contra el INE y darle el sentido de la mayoría absoluta y la mayoría calificada a Morena en la próxima Cámara de Diputados.

En la realidad, ni Félix Salgado Macedonio ni Raúl Morón representan nada en el proyecto ideológico de la 4ª-T y la biografía escabrosa del primero estaría dañando a Morena por el tema de las agresiones sexuales. Pero esas dos candidaturas rechazadas por el INE han servido para calentar las elecciones, posicionar a Morena y despertar de su letargo a sus bases.

El proyecto de reformas lopezobradoristas a las reformas neoliberales del PRIAN tiene claro el objetivo de desmantelar el neoliberalismo y fijar las bases funcionales del regreso del Estado. De 1983 a 2018 los gobiernos presidenciales del PRI y del PAN consolidaron un proceso de disminución del Estado y de construcción de una nueva economía privada.

El modelo salinista tuvo decisiones muy claras:

1.- Liquidó el Estado social con la reforma constitucional para crear el Estado autónomo de la lucha entre clases y sectores. Los gobiernos neoliberales se alejaron de la doctrina económica posrevolucionaria de economía mixta: Estado y empresarios en una alianza, bajo la dirección de autoridad del Estado.

2.- Privatizó más de mil empresas propiedad del Estado, muchas ellas, es cierto, sin influencia social en la producción. Adquiridas para salvar el empleo y crear formas de aportación de recursos económicas al Estado, las paraestatales se convirtieron en un lastre deficitario de las finanzas publicas. El caso más claro fue el de los bancos: el Estado le quitó la columna vertebral del poder financiero al sector privado, pero los bancos no dinamizaron la política crediticia y crearon una burocracia dorada de directores que se comieron los recursos.

3.- El modelo de Salinas fue el del Estado con control autoritario de las clases productivas: desarticuló y anuló hasta la extinción al poder sindical y sometió a los empresarios a un dominio fiscal

4.- Desideologizó el partido del Estado pasando al PRI del partido de la Revolución Mexicana al partido del “liberalismo social” o neocapitalismo de mercado.

5.- Los gobiernos panistas y de Peña Nieto avanzaron en la sustitución del Estado de clases por el Estado de ciudadanos en clave de participación en estructuras del Estado. La intermediación de partidos, grupos de poder, sindicatos y cámaras dio paso a la presencia ciudadana de expertos en organismos autónomos del Estado. No fue la ciudadanización indirecta del Estado, sino la incorporación a la burocracia del poder de ciudadanos sin partido y sin filiación social para legitimar las decisiones del Estado y aparentar una apertura social del Estado. Al final, todos los organismos autónomos del Estado estaban controlados por el Estado a través de las designaciones vía el legislativo y la especialización de sus tareas impedía una representación social.

6.- La clave del modelo neoliberal salinista estuvo en el modelo de Estado autónomo de Theda Skocpol –el Estado sin compromisos sociales–, aunque con la coartada de que el Estado se había abierto a la participación ciudadana vía consejos asesores ciudadanos y organismos autónomos.

El funcionamiento de este Estado fue paradójico: menor burocracia partidista en el Estado y en el poder, pero mayor control autoritario del Estado. El Estado posrevolucionario-cardenista-priísta perdió su ideología populista y su representación de clase no propietaria que acordaba con los propietarios para construir programas de bienestar social. El neoliberalismo salinista produjo una marginación de 80% de mexicanos que han vivido –según Coneval– con una a cinco restricciones sociales y sólo 20% sin problemas de bienestar.

Esa mayoría segregada votó por López Obrador y Morena y mandó a la coalición neoliberal PRI-PAN-PRD a un tercio de las votaciones. Y este nuevo equilibrio de partidos basado en la dinámica riqueza-pobreza va a plebiscitarse en las elecciones del 6 de junio próximo.

Política para dummies: La política define sus equilibrios en la dialéctica pobreza-riqueza, con o sin Marx.

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Las siete columnas anteriores mostraron la forma y fondo de la contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari 1979-2018 y reforzaron la certeza en que esa estructura productiva –con su correlativo bloque político de poder– será el principal obstáculo para la propuesta posneoliberal de la Cuarta Transformación.

La gran apuesta del proyecto del presidente López Obrador se localiza, por lo tanto, en la consolidación de la mayoría absoluta y la mayoría calificada en la próxima Cámara de Diputados y la conquista de nuevas gubernaturas estatales. En el fondo, la continuidad transexenal personal, de proyecto y de grupo del lopezobradorismo estará primero en el congreso y luego en la sucesión presidencial en 2024.

López Obrador obtuvo una gran victoria política con la mayoría absoluta de Morena en la primera legislatura y el 53%/30 millones de votos para él, pero se ha encontrado con un gran obstáculo político y legal: la reforma constitucional neoliberal que operó Salinas de Gortari y su proyecto de 1983 a 2018. Este dato explica toda la gran operación política para ganar la mayoría absoluta para Morena: trabajar la contrarreforma neoliberal con leyes secundarias hasta conseguir en 2024 la mayoría calificada en el Senado.

No se trata de un objetivo irracional. El PRI gobernó a capricho todos sus proyectos con la mayoría calificada en las dos Cámaras e hizo lo que quiso con la Constitución: la liquidación del Estado social, la subordinación comercial a EE. UU. y la privatización de la economía pública. El regreso del Estado a la predominancia económica y productiva directas –como se ha visto en las leyes de electricidad e hidrocarburos– depende no de la aprobación de las leyes respectivas en San Lázaro, sino de un ajuste a la Constitución hoy determinista en economía de mercado y acotamiento del Estado.

La contrarrevolución neoliberal de Salinas de Gortari fue una victoria salinista basada en cuatro pivotes: un proyecto legitimado por EE. UU. vía el Tratado comercial, una élite de funcionarios e intelectuales mediáticos que construyeron la narrativa de la modernización, las reformas constitucionales al Estado y sobre todo la captura del PRI para convertirlo en la estructura de poder neoliberal. El modelo posneoliberal del presidente López Obrador depende, hasta ahora, sólo de su liderazgo personal.

La clave determinante del éxito del proyecto posneoliberal lopezobradorista exige la mayoría calificada en el Congreso para Morena y sus aliados. Hoy tiene el 66.8% de votos en diputados con Morena, PT, Partido Verde y PES. La meta en las elecciones de junio próximo es, cuando menos, mantener esa ventaja, pero con el objetivo de aumentarla. En el Senado apenas suma 59% de votos, contra el 67% necesario. En este escenario, la batalla por la mayoría calificada en el Senado se dará en el 2024 junto con la votación presidencial.

Del lado contrario, la oposición quiere evitar la mayoría absoluta de Morena por sí misma y bajar la suma de aliados a menos de 67% de mayoría calificada. El eje ideológico de la oposición no es otro que mantener el proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari y evitar el regreso a la preponderancia económica y productiva del Estado. En este sentido, la gran lucha electoral de 2021 se resume en la contienda neoliberalismo/estatismo, con todas las cargas negativas y positivas de cada una de ellas.

En columnas anteriores se mostró la vasta operación política directa de Salinas de Gortari 1979-1994 e indirecta 2000-2018 para lograr el cambio estructural del nacionalismo revolucionario priísta al neoliberalismo de mercado y en esos textos quedaron plasmados los formidables desafíos del proyecto posneoliberal del presidente López Obrador. En términos de estructura productiva e ideológica, ya no basta la fuerza presidencial; para avanzar en sus iniciativas, el presidente actual necesita realizar una gigantesca reforma posneoliberal al Estado constitucional neoliberal de Salinas de Gortari, reforzada por los dos gobiernos del PAN y las reformas de segunda generación que realizó el PRI de Peña Nieto con la alianza del PAN en el Pacto por México.

El escenario está a la vista: sin mayoría calificada en las dos Cámaras y sin reforma del Estado, el proyecto posneoliberal lopezobradorista no podrá consolidarse más allá de 2024.

Política para dummies: La política es un juego de poder.

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En el escenario de tiempo de descanso de semana santa, el presidente López Obrador envió una ley para reformar el sector petrolero en la misma lógica de la reforma del sector eléctrico: recuperar, reconstruir y centralizar la acción del Estado por encima de los intereses empresariales.

Las dos leyes, sin embargo, correrán la misma mala suerte de ser congeladas en la fase judicial porque contradicen los límites de actividad predominante del Estado. En este sentido, la prioridad del proyecto lopezobradorista depende de la reforma constitucional del Estado a la reformas salinistas-zedillistas-peñistas para destruir el marco jurídico del Estado neoliberal.

El modelo estratégico de Carlos Salinas de Gortari para entronizar el proyecto económico-social-político neoliberal se basó en tres reformas claves: la del Estado, la del PRI y la de la Constitución. La primera estableció el límite de la economía pública con la hegemonía del mercado, la segunda desmontó la estructura ideológica del régimen posrevolucionario cardenista y se abrió a una alianza a la derecha panista neoliberal que cuajó con Fox y Calderón y la tercera le puso cerrojo legal al Estado neoliberal.

Las decisiones lopezobradoristas posneoliberales –aunque más bien preneoliberales, o, de manera más sencilla, antineoliberales— han sido bloqueadas por el marco jurídico prexistente que, después de la privatización de la banca, le regresó el poder económico a la empresa privada en el modelo productivo anterior a la expropiación bancaria: una economía mixta de predominante Estado capitalista regulador. Los amparos al contenido de la ley eléctrica han sido acciones legales determinadas por la reforma constitucional del Estado.

Por lo tanto, la viabilidad estatista de la 4ª-T no va a depender de las furias neandertales de Manuel Bartlett Díaz como director de la Comisión Federal de Electricidad, sino de la urgencia de reformar al Estado en la Constitución para restaurar la preponderancia de la economía pública.

El cerrojo del modelo neoliberal salinista se dio en el Tratado de Comercio Libre que subordinó la autonomía de decisiones económicas mexicanas a tribunales contenciosos extranjeros. Los contratos suspendidos por las nuevas leyes de electricidad y petróleo podrán ser bloqueadas e inclusive anuladas por los compromisos pactados y firmados por México en el Tratado de 1993 y revalidados por las reformas al documento en 2018 con el aval del presidente electo López Obrador.

En este contexto, el problema no es del imperialismo estadunidense ni de la subordinación de la empresa privada a tribunales extranjeros, sino de los candados legales, constitucionales e internacionales que dejó bien cerrados el presidente Salinas de Gortari y sin llaves de repuesto para abrirlos. Los primeros tres años de mayoría absoluta en la Cámara de Diputado, una sólida primera minoría en el Senado y un liderazgo personal indiscutible han sido insuficientes para superar las restricciones legales-constitucionales a sus reformas antineoliberales.

Sin una reforma del Estado, una reforma constitucional y una estructura de funcionarios e intelectuales a la altura de las propuestas antineoliberales, la 4ª-T se quedará a medio camino. Existiría la expectativa de mantener mayoría calificada con alianzas en la Cámara de Diputados en 2021 y 2024, la necesidad de reproducir esa mayoría calificada en el Senado en 2024 y una continuidad poselectoral propia o de grupo, pero aún así quedan los próximos tres años de expectativas antineoliberales embargadas en los tribunales judiciales.

La dificultad del proyecto lopezobradorista no es de ideología ni de iniciativas, sino de las reformas salinistas del Estado, de la Constitución y del proyecto posrevolucionario. Sin reformas a esas reformas, las iniciativas del presiente López Obrador irán siendo inutilizadas por el bloque de poder económico empresarial México-EEUU que funciona a través del salinista Tratado de Comercio Libre como gobierno supranacional neoliberal.

En contra del proyecto neoliberal PRI-PAN-PRD vigente opera el fracaso social del desarrollo, la quiebra de las finanzas públicas y la corrupción, pero a favor no alcanzará el liderazgo personal si no va de la mano de una gran reforma al Estado para construir la legalidad de la nueva fase de la economía pública.

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Política para dummies: La política es el juego estratégico de decisiones intermedias para llegar a las definiciones finales.

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La historia posrevolucionaria de México ha sido la lucha entre el populismo y el neoliberalismo. La fase de la 4ª-T entre el proyecto posneoliberal del presidente López Obrador contra el proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari cumple la oscilación pendular que comenzó en 1940, luego del fracaso populista del presidente Cárdenas y su capitalismo monopolista de Estado.

El país ha tenido dos largos ciclos económicos: el populista de 1934-1982 y el neoliberal de 1983 -2018. El primero promovió reformas sociales en busca del bienestar mayoritario y logró una tasa promedio de PIB de 6%, pero con el alto costo de inflaciones y devaluaciones, corrupciones y autoritarismos; el segundo ajustó a la baja el gasto presupuestal y redujo tamaño y funciones del Estado, pero la factura social aumentó el número de pobres y el PIB se desplomó a 2% promedio anual.

El ciclo lopezobradorista está ajustando sus variables y se basa en tres instrumentos: el gasto social, el regreso del Estado a la actividad productiva directa y la predominancia del gobierno en la distribución de beneficios a la población, aunque sus metas han sido modestas: PIB promedio anual de 4% antes de la pandemia y 0% o menos promedio anual por el hoyo de -8.5% de 2020.

El ciclo populista comenzó con Cárdenas y sus decisiones consolidaron al Estado constitucional como el poder económico predominante. Antes de permitir una clase empresarial productiva, el Estado buscó someter a los empresarios a la autoridad del Estado. De 1940 a 1970 se diseñó el modelo de economía mixta: Estado predominante, empresariado complementario, control de la inflación y la devaluación y políticas sociales generales. Este modelo de “desarrollo estabilizador” fue roto por Echeverría con el aumento del gasto público sin incrementar ingresos fiscales y el déficit presupuestal catapultó la inflación y ésta condujo a la devaluación en 1976 y a la aniquilación del modelo de crecimiento con estabilidad.

En septiembre de 1976 se dio la primera gran derrota del populismo con la Carta de Intención (Rendición) del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para ajustar la política económica a controles estrictos. López Portillo violó los acuerdos y aumentó más el gasto apoyado por los ingresos petroleros y la deuda, pero en 1981 se derrumbó la estabilidad y ocurrió la segunda gran derrota populista: la candidatura presidencial neoliberal de Miguel de la Madrid y su operador Carlos Salinas de Gortari.

De 1983 a 2018 el proyecto neoliberal se apoyo en tres variables: la globalización de los mercados de producción y consumo, el deslindamiento del Estado de compromisos sociales y la privatización predominante de la economía. Pero este modelo aumentó la pobreza y la marginación y deterioró la calidad de los ingresos del trabajo y con ello prohijó un nuevo ciclo populista de Estado que se desprendió del viejo PRI en 1988 y llegó hasta convertirse en Morena en 2014.

Al neoliberalismo le conviene un ciclo populista porque las desigualdades sociales ponen en riesgo las bases mismas de la convivencia productiva; los conservadores mexicanos han sabido ser audaces reformadores modernizadores y los progresistas han podido aceptar la consolidación conservadora de las posibilidades económicas.

Los populismos siempre necesitaron del ancla estabilizadora de los neoliberales, aunque sin establecer determinaciones en las grandes líneas de acción del Estado; los neoliberales, a su vez, tuvieron que acudir a la mediación del Estado para administrar las protestas sociales con programas asistencialistas.

El modelo ideal fue el de desarrollo estabilizador de 1954 a 1970: el Estado ejerció la rectoría económica, los empresarios invirtieron sin exigir espacios de decisión en el Estado y el equilibrio macroeconómico basado en el control de la inflación evitó la ruptura inflacionaria y utilizó la estabilidad del tipo de cambio para generar inversiones a largo plazo. Cuando el desarrollo estabilizador se rompió con Echeverría, la economía perdió su factor de equilibrio y quedó sujeta a los chicotazos pendulares de funcionarios sin visión de Estado.

En esta montaña rusa de tensiones sociales y políticas se encuentra atrapada la economía mexicana. El modelo pendular es de ciclos y la crisis de bienestar y de crecimiento necesita de un nuevo acuerdo productivo de redistribución de autoridades o seguirá oscilando para posponer un desarrollo estable por temporadas de ciclones sociales e inundaciones políticas.

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Política para dummies: La política es la clave para un acuerdo productivo de clases.

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Se trata de la misma Coparmex que se alió al PAN para resistir, inducir e impulsar sus propuestas de economía de mercado. Esa alianza estratégica comenzó en 1982 al oponerse a la expropiación de la banca, bajo la dirección política del empresario Manuel J. Clouthier, en ese 1982 como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula de cúpulas del sector privado. Clouthier sería, en la primera versión Coparmex-PAN, candidato panista a la presidencia en 1988.

En 1983, por estímulo del embajador estadunidense en México John Gavin, se creó una Santa Alianza para apostarle a la derrota del PRI en las elecciones intermedias de 1985 y en las presidenciales de 1988: las figuras y cúpulas empresariales, la jerarquía católica conservadora, el PAN y la embajada de EE. UU. Pero ese bloque de poder no duró mucho porque el gobierno de De la Madrid y el de Carlos Salinas de Gortari privatizaron la banca, liquidaron el Estado y metieron al país en el modelo neoliberal en el largo ciclo 1980-2018.

Ahora la Coparmex aparece como el eje ideológico, político y de propuesta de clase de la alianza PRI-PAN-PRD, partidos que ya registraron sus plataformas electorales de 2021 en el INE y que ahora han tenido que archivar para asumir la agenda económico-política-social de la Coparmex en el grupo Sí X México comandado por el empresario anti Estado y anti sistema Claudio X. González. La esencia de la plataforma de este grupo empresarial es frenar las reformas de Estado del gobierno del presidente López Obrador y regresar al modelo neoliberal salinista.

Bajo la cobertura de supuesta “agenda ciudadana”, Sí X México ha agrupado en su seno a organizaciones de ultraderecha ideológica ultraconservadora como la Unión de Padres de Familia, Provida y similares, contra las que, de manera paradójica, el PRI y el PRD en el pasado no muy lejano combatieron por fundamentalistas y opositoras a la agenda sexual progresista de la izquierda.

Si de por sí las plataformas electorales del PAN difieren de las del PRI y el PRD y entre éstas también hay enfoques divergentes, al final los tres partidos firmaron un Decálogo de pronunciamientos que nada aterrizan, pero que configuran propuestas de restauración del proyecto neoliberal salinista que Morena ha ido reformando en las leyes y en las decisiones de gobierno.

La alianza oscura entre Sí X México de Claudio X. González e intelectuales que le acompañan y Va por México del PRI-PAN-PRD comienza con el apellido “Por México” como cuerpo ideológico de identidad. Por el PAN regresa el calderonismo, por el PRD se mantiene el chuchismo repudiado por neoliberal y oportunista por Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador y por el PRI se refuerza el bloque salinista del Pacto por México de Enrique Peña Nieto.

Lo malo de la alianza PRI-PAN-PRD-Coparmex ha sido su falta de estrategia para configurar candidaturas de la sociedad civil: las plurinominales fueron agandalladas por los líderes que controlan los partidos y en las 170 distritales que se ganaran con campañas en distritos van a poner a líderes sociales comunitarios que no serián otros que caciques locales sin arraigo social.

Por lo tanto, la meta de la Alianza Coparmex se convertirse en un contrapeso podría fallar desde su origen. En la cámara de diputados vigente el bloque opositor apenas suma 27.4% de legisladores, contra 68.6% del Grupo Morena y aliados. Sin recursos, sin liderazgos y con el aparato político morenista en contra el bloque opositor sostiene su apuesta no en la Coparmex que ha dado agenda y no recursos económicos, sino en la fractura interna en Morena.

Con ausencia real de la sociedad civil en las candidaturas, el bloque opositor va a representar los intereses empresariales de la Coparmex y su asociación con organizaciones de la ultraderecha.

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Política para dummies: La política se hace con liderazgos, no con buenos deseos ni engaños.

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