En el último año (primer cuatrimestre de 2026 contra el mismo periodo de 2025), todos los indicadores de violencia letal mantienen tendencia a la baja.

Homicidio doloso: -30%.

Otros delitos contra la vida: -25%*

Desapariciones: -21%

Feminicidio: -8%

Homicidio culposo: -6%

Violencia letal (suma de todos los indicadores): -21%

*La reducción del 25% se obtiene al incorporar las tentativas de homicidio y feminicidio dentro de la categoría de otros delitos contra la vida para 2026, tal como sugiere el SESNSP para fines de comparación histórica. Al excluir estos fenómenos, la reducción, aumenta a 49%; sin embargo, aún se desconoce cuántas presuntas tentativas fueron registradas durante 2025.

No obstante lo anterior, México continúa siendo un país más violento que hace diez años. Al primer cuatrimestre de 2026, la violencia mantiene niveles superiores a los observados en 2015. Considerando la totalidad de registros, la violencia letal incrementó 38% en la última década.

Otros delitos contra la vida: 168%

Desapariciones: 159%

Feminicidio: 61%

Homicidio doloso: 10%.

Homicidio culposo: 2.6%

Violencia letal (suma de todos los indicadores): 38%

Como explicación de la reducción en las cifras de violencia, el Estado aún parece sobreestimar el efecto de las detenciones y la acumulación de políticas de prevención social. La realidad es que, para identificar qué funciona, por qué y bajo qué condiciones, deben también considerarse variables de índole contextual o institucional.

Los focos rojos locales

Más de la mitad de las entidades federativas aún están muy lejos de un proceso de pacificación. En concreto, en 18 entidades federativas los niveles de violencia homicida se mantienen por encima de los registrados en 2015. De estas, cuatro presentan también incrementos durante el último año y en diversos fenómenos asociados a la violencia letal:

Colima

Tasa 2026 de 30.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un alza de 18% respecto al año previo y de 403% frente a 2015. Los homicidios culposos han incrementado 295% desde 2015. La violencia se intensifica ante la disputa entre organizaciones criminales nacionales por el control del puerto de Manzanillo, que es fundamental para la recepción de precursores químicos para la elaboración de drogas.

Morelos

Tasa 2026 de 19.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un alza de 4% respecto al año previo y de 134% frente a 2015. Tanto en el corto como en el largo plazo se observan incrementos en feminicidios, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas. Destaca particularmente un aumento de 362% en los registros de personas desaparecidas desde 2015. Hay presencia de al menos 11 grupos criminales: siete locales, los dos principales cárteles nacionales, y dos regionales (uno de Guerrero y otro de Michoacán). Estas organizaciones disputan mercados ilícitos como el narcomenudeo y la extorsión, lo que parece explicar los incrementos en la violencia letal.  

Oaxaca

Tasa 2026 de 7.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un incremento de 14% respecto al año previo y de 436% frente a 2015. Los feminicidios aumentaron 459% durante la última década y los otros delitos contra la vida registraron un incremento de 668%. El control territorial de la entidad está siendo disputado por una organización criminal nacional y diferentes brazos armados o células de grupos regionales que operan en Oaxaca. 

Veracruz

Tasa 2026 de 4.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un aumento de 12% respecto al año previo y de 145% contra 2015. Los homicidios culposos aumentaron 131% desde 2015, los otros delitos contra la vida 298%, y en un sólo año, entre 2025 y 2026, los registros de personas desaparecidas crecieron 186%. La disputa criminal por el control territorial se da entre las dos principales organizaciones criminales nacionales, grupos armados de otras organizaciones regionales y bandas locales. Cada colectivo busca el monopolio del narcomenudeo, la extorsión y el control de puertos para la recepción de precursores químicos.

Diagnóstico nacional

Aunque las reducciones observadas en los datos federales son relevantes, los niveles absolutos de violencia continúan siendo elevados. En homicidio doloso, otros delitos contra la vida y homicidio culposo, tan sólo en el primer cuatrimestre del año, hay entidades (Colima, Morelos, Sinaloa, Chihuahua y Baja California) que registran tasas superiores a 10 víctimas por cada 100 mil habitantes —niveles que suelen asociarse con escenarios de violencia epidémica .

Recomendaciones de política pública

Frente a las reducciones inéditas observadas en distintos indicadores de violencia letal en México, se requiere un mecanismo técnico e independiente que contribuya a evaluarlas, comprenderlas y sostenerlas. En este contexto, proponemos crear una comisión independiente sobre la reducción de la violencia letal, con autonomía técnica y capacidad para trabajar de manera coordinada, recurrente, cercana y transparente con las instituciones responsables de la política de seguridad.

La comisión debería integrarse por especialistas en violencias delictivas, seguridad pública, justicia, políticas públicas, métodos de evaluación de impacto y análisis de datos. Su finalidad sería producir conocimiento técnico que permita distinguir qué está funcionando para reducir la violencia letal, bajo qué condiciones ocurre y cuáles son los límites de las estrategias implementadas.

Para ello, serían necesarias dos líneas permanentes de trabajo:

1. Examinar la calidad de los registros administrativos

2. Explicar las causas detrás de la reducción de la violencia

En un país con realidades territoriales tan diversas, entender las claves detrás de los resultados es una condición indispensable para construir una política de seguridad más efectiva, sostenible y duradera.

Nota metodológica

En México Evalúa proponemos un análisis multidimensional de la violencia letal, que incorpora cinco indicadores provenientes de fuentes oficiales: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas.

Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores.

Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 26 de mayo de 2026. 

Las proyecciones de población a mitad de año provienen del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Homicidio doloso: -33%. 
Otros delitos contra la vida: -24%
Desapariciones: -23%
Feminicidio: -15%
Homicidio culposo: -5%
Violencia letal (suma de todos los indicadores): -22%

Esta reducción reciente de los indicadores debe analizarse a partir de hipótesis explicativas y no atribuirse automáticamente a una sola causa. 

En México Evalúa, planteamos que existen, al menos, tres hipótesis plausibles sobre la reducción de la violencia en las entidades federativas que deben someterse a prueba para fortalecer lo que funciona y corregir con urgencia lo que no: 
 

1. La eficacia gubernamental. Es decir, que la disminución responde a políticas públicas implementadas por la federación o los gobiernos locales.  

   Bajo esta lectura, la disminución observada en entidades como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas podría explicarse por dos tipos de políticas coordinadas entre la federación y las entidades. Primero las preventivas, con un marcado sesgo de tipo social; y segundo las operativas, orientadas al debilitamiento de las organizaciones (decomisos de armas, drogas, vehículos y detenciones de liderazgos criminales con responsabilidades operativas).

   A favor de esta hipótesis, en marzo se observa una intensa actividad gubernamental: programas sociales, ferias de paz, visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, mesas de paz, consejos locales, detenciones, decomisos de drogas y aseguramientos de armas. Esto muestra un despliegue amplio del Estado para intervenir la violencia desde una lógica multidimensional, que no se limita únicamente al uso de la fuerza. Sin embargo, la principal reserva es que la información disponible no permite identificar con precisión qué acciones explican la reducción del homicidio. 

2. La existencia de regímenes criminales. En algunas entidades, la baja de asesinatos podría explicarse por el control de una organización criminal sobre el territorio.

   En Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Tabasco, Michoacán, Chihuahua o Morelos, la presencia de organizaciones con capacidad regional o nacional puede hacer que la violencia letal no desaparezca, sino que cambie de forma: desapariciones, feminicidios u otros delitos contra la vida. 

   Por ello, la baja del homicidio se debe contrastar con otros indicadores que muestren si el Estado recuperó control territorial o si, por el contrario, la violencia fue administrada por los propios grupos criminales.

3. Posibles inconsistencias en los datos. Éstas pueden surgir a partir de fallas o subregistro en los sistemas de información de policías y fiscalías.  

   Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), convocó a organizaciones de la sociedad civil para presentar diagnósticos sobre la calidad de los registros de incidencia delictiva y de personas desaparecidas. Entre los hallazgos más relevantes, se señaló que en la categoría de otros delitos contra la vida y la integridad corporal algunas fiscalías incorporan tentativas de feminicidio y de homicidio doloso. Asimismo, se advirtió que el estatus de desaparición no se actualiza de manera sistemática por parte de las autoridades responsables. 

   Si bien estos ejercicios de diálogo de cara a la sociedad civil constituyen una señal positiva de apertura y rendición de cuentas, resultan insuficientes para disipar las dudas de fondo. En particular, no permiten conocer si al momento de clasificar los delitos las fiscalías operan bajo criterios técnicos homogéneos o con lógicas discrecionales. Tampoco se puede constatar si han fortalecido sus capacidades institucionales para el registro y actualización de la información. Del mismo modo, no se explican anomalías persistentes en delitos como el homicidio culposo y el feminicidio.

Implicaciones iniciales de política pública 

1. Focalizar la contención en territorios con violencia al alza 

En Yucatán, Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz, Colima y Durango, donde el homicidio doloso aumentó, la respuesta no debería limitarse al refuerzo de la presencia policial o militar. Aunque existe coordinación con la federación, los indicadores continúan al alza, lo que obliga a cuestionar si la estrategia carece de inteligencia territorial, si está llegando tarde o si no está acompañada por capacidades locales suficientes de investigación, prevención y control institucional.

2. Identificar y aislar prácticas efectivas en territorios con reducción

En Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas, donde el homicidio doloso ha disminuido, el reto no es asumir una explicación única, sino evaluar territorialmente los mecanismos que explican las reducciones: fortalecimiento policial, inteligencia criminal, procuración de justicia, prevención focalizada, coordinación interinstitucional o incluso cambios en la dinámica de los grupos criminales. El objetivo es aislar y escalar prácticas efectivas.

3.  Fortalecer la calidad y gobernanza de los datos

Mejorar la calidad de la información es una condición indispensable para diseñar políticas efectivas, particularmente en rubros como personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. Esto requiere avanzar hacia esquemas de gobernanza democrática en los que víctimas, organizaciones acompañantes, academia y otros actores participen en la definición, ejecución y supervisión de las metodologías.

Nota metodológica

Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores.

Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 24 de marzo de 2026. 

Las proyecciones de población a mitad de año provienen de Conapo.

En el primer bimestre de 2026 se observa una reducción en todos los indicadores de violencia letal en comparación con el mismo periodo de 2025, tanto de forma individual como en su conjunto:

Homicidio doloso: -34%. 

Desapariciones: -29%

Otros delitos contra la vida: -18%

Feminicidio: -12%

Homicidio culposo: -3%

Violencia letal (suma de todos los indicadores): -22%

Esta tendencia también se observa a mediano plazo en la mayoría de los indicadores; sin embargo, frente a 2018, persisten incrementos en personas desaparecidas y no localizadas (14%) y en otros delitos contra la vida (80%).

En una escala más amplia, en la última década se mantiene un deterioro en casi todos los indicadores de violencia letal —con excepción de los homicidios culposos—, con aumentos relevantes como 202% en otros delitos contra la vida, 122% en personas desaparecidas y no localizadas, 54% en feminicidio y 31% en la violencia letal agregada (considerando la sumatoria de todos los indicadores).

La reducción de todos los indicadores constituye, en principio, una buena noticia, especialmente si se considera que México ha estado inmerso durante décadas en niveles de violencia muy por encima de la media mundial. No obstante, estos descensos resultan inéditos tanto por su magnitud como por la rapidez con la que se han producido.

Por ello, más que celebrar de forma apresurada, es fundamental que el Estado mexicano encabece procesos de investigación en colaboración con la sociedad civil organizada, la academia y otros actores no gubernamentales, para identificar con claridad las causas de esta reducción. Este esfuerzo debe colocar en el centro a las víctimas, incorporar una visión territorial de la violencia y sostenerse en un enfoque de acceso a la justicia y derechos humanos. Sólo bajo estas condiciones será posible avanzar hacia procesos de pacificación con amplio consenso social y sentido de justicia.

En este contexto, existen al menos tres hipótesis plausibles sobre la reducción de la violencia en las entidades federativas que deben someterse a prueba para fortalecer lo que funciona y corregir con urgencia lo que no: 

1. La eficacia gubernamental. Es decir, que la disminución responde a políticas públicas implementadas por la federación o los gobiernos locales. 

2. La existencia de regímenes criminales. En ellos, la reducción se explicaría por el control territorial ejercido por el crimen organizado. 

3. Posibles inconsistencias en los datos. Éstas pueden surgir a partir de fallas o subregistro en los sistemas de información de policías y fiscalías.

Lo anterior debe derivar, al menos, en tres cursos de acción bajo la política pública: 

1. Concentrar los esfuerzos de contención en las zonas donde la violencia se mantiene alta o incluso va en aumento. Esto implica priorizar el debilitamiento operativo del crimen organizado mediante inteligencia estratégica y no sólo despliegues reactivos. Al mismo tiempo, detonar cambios estructurales en policías, fiscalías y en la reconstrucción de la cohesión social.

2. Identificar las prácticas estructurales que han permitido a ciertos territorios mantener tasas bajas o reducciones sostenidas. El objetivo es apuntalarlas y replicarlas en la medida de lo posible. Esto puede abrir la discusión sobre mayor financiamiento para mejorar las condiciones laborales y la profesionalización policial, así como sobre reformas para institucionalizar buenas prácticas de procuración de justicia y programas de prevención basados en evidencia. 

3. Mejorar la calidad de los datos para contar con diagnósticos más precisos. Esto es crítico en rubros como personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. El esfuerzo debe desarrollarse bajo esquemas de gobernanza democrática, donde víctimas, organizaciones acompañantes y otros actores sociales participen activamente en la definición, ejecución y supervisión de las metodologías. De este modo, la población queda en el centro de la acción pública y se avanza hacia procesos de pacificación con mayor consenso social y sentido de justicia.

Panorama estatal de la violencia 

Consulta los indicadores por delito a nivel nacional y estatal

Nota metodológica

Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores.

Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 24 de marzo de 2026. 

Las proyecciones de población a mitad de año provienen de Conapo.

México Evalúa presentó dos instrumentos para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia penal en nuestro país y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia. El estudio “Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024”, y la plataforma digital Data Justicia.

Radiografía de la Impunidad en México ofrece un diagnóstico sobre el desempeño institucional del sistema penal entre 2019 y 2024 mediante una metodología renovada a partir de fuentes abiertas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su análisis se centra en dos instrumentos: el diagrama de flujo o “tubería” procesal, que permite observar cómo avanzan los casos desde el reporte del delito hasta su resolución, y el Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), que mide la proporción de casos que no obtienen una solución efectiva.

Entre los datos más destacados del estudio se encuentra la persistencia de la cifra oculta, que muestra que el 93% de los delitos en México no se denuncia formalmente ante las fiscalías. Asimismo, el análisis del flujo procesal evidencia una desconexión estructural entre las instituciones de seguridad y las de justicia: 8.8 millones de reportes telefónicos relacionados con delitos fueron recibidos por las policías, mientras que sólo 2.15 millones de denuncias se registraron ante las fiscalías.

Una vez dentro del sistema, los desafíos continúan. Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez. En los tribunales, de 627 mil causas penales acumuladas en 2024, sólo 10.55% alcanzó una resolución efectiva, mediante mecanismos como juicio oral, procedimiento abreviado, suspensión condicional o mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).

El estudio también documenta un incremento significativo del rezago institucional. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron —de 1.3 millones a 2.6 millones— mientras que las causas acumuladas en tribunales crecieron de 221 mil a 425 mil.

A pesar de este panorama, la investigación identifica diferencias importantes entre entidades federativas que demuestran que reducir la impunidad es posible cuando existen decisiones institucionales orientadas a resultados, particularmente mediante una mayor articulación entre policías y fiscalías, un uso más amplio de los MASC y una gestión institucional enfocada en resolver casos.

Como parte del proyecto, México Evalúa también presentó Data Justicia, una plataforma digital interactiva que permite visualizar el funcionamiento del sistema de justicia penal en México mediante gráficos dinámicos y herramientas de exploración de datos. La plataforma integra información pública para facilitar el análisis del desempeño de instituciones como policías, fiscalías y tribunales, y busca fortalecer la transparencia y el uso de evidencia en la toma de decisiones públicas.

Durante la presentación, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio, destacó: “Esta Radiografía busca mostrar, con datos comparables y metodología sistemática, dónde se encuentran los principales cuellos de botella del sistema de justicia penal. Comprender cómo fluyen los casos desde el reporte del delito hasta su resolución es fundamental para diseñar políticas públicas que permitan mejorar la capacidad institucional del Estado y ofrecer respuestas más efectivas a las víctimas.”

Por su parte, Mariana Campos, directora de México Evalúa, señaló: “Reducir la impunidad en México es un desafío enorme, pero también es una tarea posible si logramos articular diagnósticos rigurosos, voluntad institucional y colaboración entre distintos sectores.”

El documento fue comentado por autoridades y expertos: el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República; Bertha Alcalde, fiscal general de la Ciudad de México; el magistrado Carlos Villegas, presidente del Tribunal del Estado de Zacatecas; la magistrada Laura Perla Córdoba Rodríguez, presidenta del Tribunal de Nuevo León; Rodrigo Sánchez, Director General del Sistema Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Víctor de Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro; Cristian Paul Camacho, fiscal general del estado de Zacatecas; Renato Sales Heredia, académico y especialista en derecho penal; y la periodista Erika Grothe.

Entre sus recomendaciones, Radiografía de la Impunidad en México propone:

– Facilitar el acceso a la denuncia mediante la simplificación de trámites, la ampliación de canales de denuncia y el reconocimiento formal de los reportes policiales.

– Fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías e integrar de forma sistemática la información generada por las policías.

– Reducir el rezago institucional mediante criterios claros para el uso del archivo temporal y metas institucionales de judicialización y resolución de casos.

– Ampliar el uso de MASC, que permiten resolver conflictos penales de manera más rápida y con mayor reparación del daño para las víctimas.

– Mejorar la medición y la transparencia del sistema, mediante el fortalecimiento de los registros estadísticos y la interoperabilidad de los sistemas de información entre instituciones.

La reducción de la impunidad requiere coordinación entre instituciones, evidencia para el diseño de políticas públicas y diálogo entre autoridades, academia y sociedad civil.

Desde México Evalúa, reiteramos nuestra disposición a colaborar con autoridades federales y estatales para fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia penal y contribuir a la construcción de un sistema más eficaz, transparente y centrado en las personas.

El estudio completo y la plataforma Data Justicia están disponibles para consulta pública en estos links:

– Radiografía de la Impunidad en México

– Plataforma interactiva Data Justicia

¿Finalmente México es un país más pacífico? No. ¿Tenemos una reducción marginal de la violencia letal en el último año? Sí. 

No podemos afirmar que estemos en el inicio de un proceso de pacificación sostenida. La realidad es que continuamos inmersos en la era más violenta de la historia del país: sólo en la última década, la violencia letal aumentó 72.6% a nivel nacional. 

A pesar de la reducción del homicidio doloso anunciada y celebrada en los últimos meses por el Gobierno federal, la pacificación del territorio nacional sigue siendo una promesa lejana. De hecho, el país se encuentra en una situación más grave. 

Esta intensificación de la violencia letal se observa tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados al compararlo con la última década (2015 a 2025) y con 2018, año que marca el inicio del actual régimen.

Reducción reciente en un nivel de violencia estructuralmente más alto

De 2024 a 2025 se observa una reducción de la violencia letal a nivel nacional de 5.4%, lo que constituye una señal positiva que no debe minimizarse. Sin embargo, esta disminución ocurre desde niveles históricamente elevados y no implica, por sí misma, un cambio estructural en la dinámica de la violencia. El país continúa operando en un umbral de violencia letal significativamente más alto que el observado tanto hace una década como al inicio de la administración 2018-2024.

Al respecto, los datos nacionales muestran un deterioro de largo plazo. En 2015 se registraron 39,653 hechos asociados a violencia letal. Para 2025 la cifra asciende a 68,424, lo que representa un incremento de 72.6%. Si la comparación se realiza con 2018, año en que inició el actual régimen político, el balance también es negativo, con un aumento de 11.8%.

Dos factores son la principal explicación de los picos de violencia letal a nivel estatal: los conflictos entre organizaciones de crimen organizado y las políticas federales orientadas a debilitar sus operaciones.

Los hallazgos de nuestro reporte también invitan a replantear las formas en que el Estado mide la violencia letal. Al día de hoy, la política de seguridad pública se diseña y evalúa con datos parciales y poco confiables. Esto incrementa el riesgo de repuntes violentos no anticipados, con consecuencias graves para la seguridad y la gobernabilidad en los territorios.

Una reducción parcial con dinámicas internas preocupantes

El análisis por proxy de violencia letal muestra una dinámica heterogénea. El homicidio doloso presenta una caída importante desde 2018 (-29.5%) y una reducción marcada en el último año (-21.8%). No obstante, esta mejora no se replica de manera consistente en el resto de los componentes. En particular, persisten incrementos significativos en:

Personas desaparecidas y no localizadas, con un crecimiento sostenido desde 2018 (107.5%) y un repunte reciente durante el último año (21.1%).

Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, que mantienen una trayectoria ascendente muy marcada desde 2015 (361.9%) y 2018 (115.6%).

En este contexto, la aparente caída de los homicidios dolosos no constituye evidencia suficiente para señalar un cambio estructural en la dinámica de la violencia. Más bien refuerza las hipótesis que plantean que la reducción podría estar influida por factores que afectan la calidad y consistencia de los datos, más que a una mejora real en las condiciones de seguridad. Entre ellos: manipulaciones intencionadas en los registros, debilidades institucionales en los sistemas de clasificación, o coerción criminal a nivel local.

Radar de la violencia letal

¿Cómo leer el radar? El eje horizontal traza la tasa del año en curso por cada 100 mil habitantes. La tasa es más alta cuando supera el promedio nacional del año anterior. El eje vertical muestra el cambio porcentual con respecto a ese año. De este modo, ubicamos cuatro conjuntos sobre la situación de la violencia letal en los estados: crítica, persistente, emergente o contenida. Cada conjunto cuenta con sus propias escalas de variación conforme a los datos puntuados en las esquinas exteriores. El radar permite identificar los estados que se encuentran en zonas de transición —aquellos con tasas cercanas al promedio nacional, pero con variaciones significativas en tendencia—, lo que facilita anticipar posibles giros en la dinámica de la violencia y focalizar esfuerzos preventivos.

Recomendaciones de política pública

Reorientar la estrategia de seguridad pública hacia esquemas de pacificación estructural. Las intervenciones deben fortalecer las capacidades institucionales locales sistemáticamente, sobre todo en el ámbito municipal. Sin estructuras locales sólidas —es decir, sin policías y fiscalías profesionales, y gobiernos sin capacidad de gestión y coordinación efectiva—, el combate frontal tiende a fragmentar a los actores criminales, lo que multiplica los focos de violencia en lugar de contenerlos.

Adoptar estrategias multinivel y multirregionales que reduzcan los efectos del desplazamiento territorial de la violencia. La presión operativa concentrada en una entidad puede trasladar la conflictividad a estados vecinos, como se observa en el caso de Sinaloa.

Convertir las experiencias de contención sostenida en laboratorios de pacificación replicables. Casos como Yucatán y Coahuila ofrecen aprendizajes relevantes en materia de profesionalización policial, incentivos laborales, gobernanza local y coordinación intergubernamental.

Incorporar sistemas de alerta temprana para entidades en condición de vulnerabilidad, particularmente aquellas que se ubican cerca del promedio nacional o presentan incrementos recientes, como Ciudad de México o Nayarit.

Vincular la prevención del desplazamiento y la fragmentación criminal con las políticas de desarrollo territorial. Estrategias como el Plan Michoacán deben integrar explícitamente componentes orientados a la sostenibilidad local.

Adoptar una visión regional de la violencia letal como principio rector de la política pública. Esta perspectiva permite diseñar estrategias integrales y coordinadas, en lugar de las respuestas fragmentadas y de corto plazo.

Entre enero y agosto de 2025 se confirmó la coexistencia de dos realidades. Por un lado, estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Baja California enfrentaron una multiplicidad de organizaciones en disputa por el territorio, con presencia simultánea de violencia letal, extorsión y delitos patrimoniales.

Por otro lado, Yucatán, Campeche, Durango, Aguascalientes y Querétaro constituyeron, de manera general, islotes de resiliencia, donde la incidencia delictiva se mantuvo baja o en retroceso.

Ante estos contrastes, la clave para la política pública es doble: contener los focos rojos con intervenciones focalizadas y aprender de las experiencias exitosas para replicarlas en territorios más vulnerables.

En el reporte anexo, analizamos el comportamiento cuatrimestral de la violencia delictiva asociada a las actividades de las organizaciones criminales y que, por dicho motivo, cuentan con mayor impacto político, económico y social. En específico: violencia letal, extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículo, robo a transportista y robo a negocio.

Fenómenos que destacan

1. Prevalece el conflicto en el noroeste del país a causa de la guerra entre los Chapos y los Mayos y la participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

2. En el sureste, principalmente Tabasco, persiste la guerra entre el CJNG y la Barredora.

3. En el centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), organizaciones nacionales, regionales, locales y microlocales, buscan apropiarse de los mercados ilícitos, como el robo de hidrocarburos o narcomenudeo.

Estados con múltiples focos rojos

Al comparar los siete delitos de violencia letal (homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal; y personas desaparecidas y no localizadas), emergen cinco entidades que, de manera recurrente, ocupan los niveles más altos de incidencia, o bien con los incrementos más acelerados:

Guanajuato: concentra tasas elevadas en extorsión y narcomenudeo, además de repuntes en robo a transportista.

San Luis Potosí: figura como foco en narcomenudeo y robo a transportista, con riesgos crecientes en la seguridad logística.

Estado de México: mantiene alta incidencia en robo a transportista y robo de vehículo, y se ubica en la categoría negativa en varios delitos patrimoniales.

Morelos: aparece entre los estados con tasas más altas en violencia letal, extorsión y robo de vehículo.

Baja California: concentra violencia letal, robo de vehículo y dinámicas criminales asociadas al control de corredores fronterizos.

Estos estados no sólo presentan tasas elevadas, sino que enfrentan la diversificación de portafolios criminales, es decir, múltiples delitos asociados a control territorial y económico.

Estados con reducciones y balances positivos

En contraste, varias entidades se destacan de manera reiterada como experiencias de contención y resiliencia:

Yucatán: se mantiene con tasas bajas en casi todos los delitos y reporta reducciones en violencia letal, narcomenudeo y robo a negocio.

Campeche: logra reducciones en extorsión, robo de vehículo y robo a negocio, consolidándose como un espacio con avances sostenidos.

Durango: aunque no figura en todos los delitos, se ubica en el grupo de reducciones en extorsión y violencia letal.

Aguascalientes y Querétaro: mantienen bajos niveles en secuestro y otros delitos patrimoniales, lo que refuerza su perfil de entidades con entornos de seguridad relativamente controlados.

Estos casos muestran que, pese al contexto nacional adverso, sí existen territorios con capacidad de contención institucional y comunitaria.

Recomendaciones de México Evalúa para la contención, reducción y prevención de la violencia delictiva:

La violencia en México no es inevitable: puede contenerse, reducirse y prevenirse con estrategias sostenidas, basadas en evidencia y adaptadas a las realidades de cada territorio. Desde México Evalúa hemos identificado una serie de acciones clave que buscan fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y sumar a la sociedad en la construcción de comunidades más seguras.

Crear un sistema integral de análisis criminal territorializado que cruce tendencias y tasas de todos los delitos.

Aplicar estrategias diferenciadas por cuadrantes de riesgo según tasa y cambio porcentual.

Consolidar la coordinación interinstitucional y multinivel entre federación, estados y municipios.

Establecer mecanismos de alerta temprana para estados en riesgo de deterioro acelerado.

Fortalecer las fiscalías estatales con unidades especializadas por delito estratégico.

Implementar prevención situacional urbana y logística en corredores, mercados y polígonos críticos.

Reforzar la inteligencia financiera y patrimonial contra extorsión y narcomenudeo.

Desplegar una estrategia social de contención comunitaria en territorios con delitos de alto impacto.

Mejorar condiciones laborales y carrera policial municipal como base de la contención territorial.

Establecer esquemas de corresponsabilidad con sector privado y sociedad civil para prevención y denuncia.

Apunte metodológico

Los datos provienen de las víctimas en carpetas de investigación y la incidencia delictiva (denuncias) reportadas mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) consultadas al 22 de septiembre de 2025 y las proyecciones de población a mitad de año del Consejo Nacional de Población (Conapo).

El reporte considera los siguientes proxys de violencia letal: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal; y personas desaparecidas y no localizadas. Lo anterior,  debido a las anomalías que presentan dichos datos. Por ejemplo,  mayor número de personas desaparecidas que de homicidios dolosos. Esto puede dar cuenta de manipulaciones,  deficiencias o mecanismos de exterminio por parte del crimen. A partir de dichos datos,  se calculan las tasas por cada 100 mil habitantes para realizar comparaciones válidas.

El análisis, elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestra que la eliminación del Seguro Popular, la creación del Insabi y la posterior transición al IMSS-Bienestar debilitaron las garantías presupuestarias, por lo que no se logró consolidar un sistema universal. El resultado: menor cobertura, mayores gastos de bolsillo para las familias y una creciente desigualdad en la atención.
 
Evidencias de un sistema de salud alejado de las mejores prácticas

Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud de los hogares aumentó 41.4% mientras que en las familias de menores ingresos se duplicó ese promedio (83%). Asimismo, el número de hogares que enfrentan gastos catastróficos en salud creció 64.5%. En ese sentido, la población con empleo informal, no afiliada a la seguridad social, y estados rezagados como Oaxaca, fueron los más afectados. El gasto en medicamentos también se elevó a más del doble (116%) a pesar de las compras consolidadas, lo que refleja los persistentes problemas de abastecimiento.

Al cierre del año pasado, 44.5 millones de personas (34.2% de la población) carecía de acceso a servicios públicos de salud, cuando en 2018 era menos de la mitad (20.1 millones). Sumado a ello, en 2024, las consultas médicas en el sector público cayeron 20% respecto a 2018 (59.8 millones menos). Para la población sin seguridad social, la reducción fue aún más severa: 37% (46.7 millones menos). Ante el deterioro de las opciones públicas, 7 de cada 10 personas que tuvieron un problema de salud, quedaron fuera de la atención del sector público. 

Dentro del estudio se realiza una comparación de sistemas de salud pública en otros países como Brasil, Chile y Dinamarca. Se analizaron diversas prácticas implementadas que han sido exitosas y que podrían servir de base para fortalecer el modelo mexicano y acercarlo hacia la cobertura universal y la atención eficiente. Destaca que Dinamarca y Brasil tienen un sistema integrado que no distingue entre trabajadores formales e informales, además de permitir una participación regulada del sector privado en la compra de medicamentos. 

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, señaló: “Los datos de la ENIGH muestran con claridad que las familias mexicanas cargan cada vez más con el peso del financiamiento de la salud. La política pública debe revertir esta tendencia, porque un sistema de salud que empobrece a sus usuarios no cumple su función esencial.”

Por su parte, Mariana Campos, directora de México Evalúa, afirmó: “Nuestro análisis va más allá de exponer las áreas de oportunidad, que son muchas. Buscamos abrir un debate informado sobre cómo podemos y debemos corregir el rumbo para garantizar que el sistema de salud en México proteja, y no empobrezca, a sus ciudadanos.”
 

Propuestas de política pública para un mejor modelo de salud pública:

Con la intención de abrir el diálogo con las autoridades para acercarnos al sistema de sanidad que el país necesita, México Evalúa propone las siguientes medidas:

1. Avanzar en la integración de los distintos subsistemas de salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, IMSS-Bienestar, estatales), para construir un sistema único, universal y sin fragmentación laboral o institucional.
2. Transitar hacia un modelo de financiamiento de la salud pública basado en impuestos generales, en lugar de cuotas obrero-patronales.  
3. Definir e implementar un paquete de servicios básicos universales con garantías explícitas en cuanto a tiempos máximos de espera, mecanismos de exigencia y procesos de evaluación de cumplimiento robustos. 
4. Establecer un modelo de participación privada en el abasto de medicamentos, con regulación de precios, trazabilidad digital, y mecanismos de cobertura universal. 
5. Fortalecer las capacidades estatales y municipales para mejorar la provisión de servicios y disminuir desigualdades regionales.

Desde México Evalúa, hacemos un llamado y contribuimos con información para generar un debate informado y constructivo. Es importante para todos los mexicanos corregir el rumbo del sistema de salud. Sólo con un modelo universal, eficiente y equitativo podremos garantizar que enfermarse en México no signifique empobrecerse.

Consulta el análisis completo aquí.

Los datos oficiales podrían no estar mostrando con precisión la crisis de seguridad en varias regiones de México. Tomando en consideración diversos indicadores de violencia letal, además de las cifras de homicidio doloso, se observa que en 12 entidades prevalece un balance negativo o muy negativo.

La Ciudad de México está a punto de pasar de un balance regular a uno muy negativo. El volumen de desapariciones en la capital sugiere un deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones. Para el periodo enero-julio de 2025, con datos al 18 de agosto, la capital reportó 1306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional.

Comportamientos inusuales en el registro de los delitos

El gobierno mexicano continúa utilizando la misma metodología para medir la violencia letal: los registros de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, esta medición presenta limitaciones para delinear su contexto: deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales. Tampoco refleja el total de los asesinatos en el país. 

Lo anterior se ve expuesto en anomalías en el comportamiento de los datos. De 2024 a 2025, considerando los registros de enero a julio, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 16.4%. Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.6%, y las personas desaparecidas 12.9%. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma a 2019 como año base. A partir de entonces, los porcentajes se disparan 82% y 69.5%, respectivamente.

Las “otras realidades”. La violencia letal en los estados

Los datos nacionales también invisibilizan las dinámicas locales de la violencia letal. Es delicado hablar de un proceso de pacificación a nivel territorial a lo largo y ancho del país cuando se presentan estas cifras:

El tamaño de la violencia en 2025 (cifras totales enero-julio) tasa por cada 100 mil habitantes

Top 5 estados con la tasa más alta de violencia letal

Baja California (87.5)
Sinaloa (79.6)
Morelos (69.5)
Quintana Roo (65.2)
Guanajuato (62.5)

En el periodo enero-julio, Guanajuato sube a los primeros cinco lugares. Colima abandona dicha lista.

Top 5 estados con la tasa más baja de violencia letal 

Yucatán (4.9)
Tlaxcala (6.7)
Coahuila (7.8)
Durango (12.7)
Chiapas (16.9)

En comparación con el periodo anterior, los mismos estados se mantienen dentro de los primeros cinco lugares.

La evolución de la violencia de 2024 a 2025 (cifras totales enero-julio)

Top 5 estados con mayor incremento de la tasa de violencia letal 

Sinaloa (74.2%)
Hidalgo (28.4%)
CDMX (26.2%)
Nayarit (24.8%)
Baja California Sur (22.6%)

Después de un año de conflicto criminal y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas,  Sinaloa se mantiene como la entidad con mayor incremento en la violencia letal.

Top 5 estados con mayor reducción de la tasa de violencia letal 

Zacatecas (39.4%)
Yucatán (33.8%)
Coahuila (31.7%)
Campeche (29.9%)
Chiapas (28.9%)

En comparación con el periodo anterior,  Yucatán regresa a las entidades con mayor reducción de la violencia letal y Coahuila asciende en el ranking.

Un nuevo enfoque para medir la violencia

Para contribuir a tener diagnósticos más precisos, México Evalúa presenta mes con mes un balance sobre la violencia homicida a nivel estatal. Dicho balance centra el foco de atención en la tasa de violencia letal por cada 100 mil habitantes. Esta tasa se calcula en función de la totalidad de registros de todos los proxys: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida, y personas desaparecidas y no localizadas.

A diferencia de otros indicadores, incluidos los empleados por el gobierno, nosotros comparamos, de manera simultánea, la magnitud actual de la violencia letal y su comportamiento a través del tiempo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior. De este modo, valoramos el contexto de inseguridad de cada estado en función de cuatro categorías: 

Muy negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual al alza.

Negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual a la baja.

Regular: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual al alza.

Positivo: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual a la baja.

Considerar esta información de manera conjunta es clave para cuestionar a los gobiernos sobre las causas del incremento o la reducción del problema. 

El contexto de la violencia: estados bajo fuego

Tres entidades mantuvieron, de enero a julio, un balance muy negativo: Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.

– Baja California Sur continúa siendo utilizada como un punto estratégico de las organizaciones para movilizar narcóticos hacia la frontera norte, donde la violencia letal persiste como consecuencia de las disputas entre células operativas de las facciones que anteriormente conformaban el Cártel de Sinaloa.

– Chihuahua es fundamental para las organizaciones, pues controlarla permite diversificar las rutas de acceso a la frontera norte para el tráfico de drogas, personas y armas, la explotación de la industria minera y el cobro de piso en la región central del estado. A finales de mayo, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo público que se identificó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chihuahua, lo que implica la presencia de una nueva organización en la entidad y un nuevo eje de conflicto criminal.

– Sinaloa sigue bajo una violencia letal que persiste al alza pese al involucramiento de alrededor de 100 militares de élite y 11 mil elementos de las fuerzas federales. Lo anterior permite puntualizar que la presencia de estos elementos no inhibe el intercambio de fuego entre organizaciones. Por el contrario, la militarización agrega una capa de violencia al conflicto criminal de la entidad.

Finalmente, otras 15 entidades —seis con balances regulares y nueve con balances negativos— muestran indicios de conflictos criminales susceptibles de desbordarse por la falta de capacidades policiales estatales y la presencia intermitente de elementos federales. Ignorar dichos conflictos podría derivar en otras guerras criminales a corto o mediano plazo.

Saldos positivos

Una buena noticia es que Puebla pasó a las entidades con un balance positivo, aunque mantiene el riesgo de colocarse en uno regular debido a que todavía registra una tasa alta de violencia letal. De este modo, existen 14 entidades con un saldo positivo: Puebla, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Es la segunda ocasión que Zacatecas y Jalisco no figuran en esta lista; lo que genera preguntas sobre sus capacidades institucionales para capturar las diferentes expresiones de la violencia letal y sus incentivos políticos para subreportar estos fenómenos.

Yucatán mantiene un balance positivo, incluso al incorporar otros delitos más allá del homicidio doloso. También destaca que entidades como Coahuila y Campeche mantienen una tendencia a la baja en los registros de violencia letal. Esto sugiere la existencia de condiciones contextuales y de política pública particulares que contribuyen a una evaluación favorable.

¿Cómo leer el radar? El eje horizontal traza la tasa del año en curso por cada 100 mil habitantes. La tasa es más alta cuando supera el promedio nacional del año anterior. El eje vertical muestra el cambio porcentual con respecto a ese año. De este modo, ubicamos cuatro conjuntos sobre la situación de la violencia letal en los estados: positiva, regular, negativa o muy negativa. Cada conjunto cuenta con sus propias escalas de variación a partir de los puntos de corte establecidos. El radar permite detectar cuándo un estado está a punto de cambiar de situación, ayudando a identificar focos rojos.

En esta entrega se identificó un movimiento relevante: Puebla abandonó la etiqueta de regular y pasó a positivo. Hay que matizar que su tasa es muy cercana al promedio nacional y que su tendencia a la baja es moderada. De hecho, en el mes en curso se suscitaron ejecuciones, eventos de violencia política y narcomensajes que señalan un conflicto que se agudiza entre la célula regional del CJNG, “La Barredora” y las organizaciones locales. La autoridad del estado debe tomar acciones proactivas para seguir en la contención y disminución de la violencia letal de manera sostenida.

Por otra parte, aunque se mantienen dentro de un balance regular, Ciudad de México, Hidalgo y Nayarit exponen una tendencia al alza que requiere atención, por la magnitud de los incrementos identificados. Están, de hecho, muy cerca de alcanzar un estatus de muy negativo. 

La autoridad de la Ciudad de México intenta administrar las disputas territoriales entre los dos grandes cárteles de la capital (La Unión y la Anti-Unión) y la organización Cártel del Tren de Aragua que por ahora busca controlar la trata, la extorsión y el narcomenudeo. En esta entrega, Ciudad de México ocupa el primer lugar en materia de personas desaparecidas, seguida por Estado de México. Aunado a la agudización de los conflictos criminales en Morelos, Puebla e Hidalgo, puede establecerse que en la zona centro del país hay conflictos criminales a punto de desbordarse. 

Como se señaló en la entrega anterior, la violencia letal en Hidalgo atravesaba por un proceso de intensificación a partir del conflicto entre CJNG y organizaciones locales por el control del robo de hidrocarburos, con presencia también de La Familia y facciones del Cártel de Sinaloa. El recrudecimiento de la violencia se expresó primordialmente en Tula —municipio donde se encuentra una refinería—. Diversos eventos criminales motivaron el anunció de una nueva estrategia de seguridad por parte del gobernador. De ésta se sabe que considerará una mayor participación de la Defensa y la Guardia Nacional. La autoridad también reportó que la escisión del Cártel local “Los H”, tras la detención de su líder, Hugo Alberto M. M., es la causa del incremento en la violencia, aunque niegan la presencia de organizaciones nacionales en la entidad. Mayor presencia de las Fuerzas Armadas implica replicar el modelo implementado en Sinaloa, con los resultados obtenidos. Debe considerarse que la llegada de proyectos de infraestructura federales como la estación de carga y pasajeros en Tula puede complejizar la administración del conflicto criminal.

Finalmente, Nayarit está intentando contener el enfrentamiento entre Los Mayos (con presencia en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas) y CJNG, conflicto que se ha expresado en actos de violencia contra la autoridad, narcomensajes y ejecuciones. La importancia de la entidad radica en que es una ruta alterna para movilizar narcóticos por el Pacífico.

Tendencias regionales destacadas

El mapa confirma una configuración territorial del crimen organizado caracterizada por altos niveles de violencia concentrados en tres grandes regiones del país: el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste.

En la región noroeste (que abarca entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua), predominan los colores rojo (balance negativo) y café (balance muy negativo), lo que indica una intensa conflictividad derivada de la fragmentación del extinto Cártel de Sinaloa. Las disputas entre facciones como La Chapiza y Los Mayos, así como los enfrentamientos con grupos locales en Chihuahua, generan un entorno de violencia estructural que se agrava por la ubicación estratégica de esta zona como corredor fronterizo para el tráfico de drogas, armas y personas.

En contraste, las entidades que aparecen en color verde (como Yucatán, Tlaxcala, Aguascalientes y Coahuila) indican una menor exposición a disputas violentas. En algunos casos esto responde a la ausencia de mercados estratégicos o al dominio de un grupo que no enfrenta competencia significativa. Sin embargo, una baja intensidad de conflicto armado no debe interpretarse como ausencia de criminalidad, ya que pueden persistir fenómenos locales sin violencia visible como el cobro de piso o la infiltración institucional.

En síntesis, el mapa da cuenta de un país profundamente fragmentado, donde la violencia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en regiones de alta disputa estratégica, mientras otras zonas experimentan un control criminal más estable o menor interés de las organizaciones. Sin embargo, es posible identificar, a grandes rasgos, dos bloques de distribución espacial: el corredor del Pacífico, con mayor violencia, y el corredor del Golfo, en aparente pacificación. Esta configuración exige enfoques diferenciados de política pública, con estrategias territoriales específicas que reconozcan la lógica criminal detrás de cada conflicto.

Anexo

Apunte metodológico

Este reporte considera los siguientes proxys de violencia letal: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal; y personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, se incorporan homicidios culposos y otros delitos contra la vida corporal. Lo anterior, ante la evidencia que sugiere que el incremento de estos fenómenos refleja inconsistencias en el registro de cadáveres o mecanismos de exterminio del crimen organizado. Considerar esta información en su conjunto es útil para identificar patrones con mejor precisión, así como formular preguntas sobre las causas del incremento o reducción de la violencia letal y llamar a la rendición de cuentas.

Los datos provienen de las víctimas en carpetas de investigación reportadas mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y las proyecciones de población a mitad de año del Consejo Nacional de Población (Conapo).

El homicidio doloso ocurre cuando existe la intención de causar la muerte de otra persona. En cambio, el homicidio culposo se comete cuando no existe dicha intención, pero actuar negligente o imprudente provoca la muerte de la víctima.

Comportamientos inusuales en el registro de los delitos

El gobierno mexicano continúa utilizando la misma metodología para medir la violencia letal, aunque los registros de homicidio doloso presentan limitaciones para reflejar el contexto de deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales en las que ocurren y, en ocasiones, no reflejan el total de los asesinatos en el país.

Lo anterior se ve reflejado en anomalías en el comportamiento de los datos. De 2024 a 2025, considerando los registros del primer semestre, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 15.6%. Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.5%, y las personas desaparecidas en 14%. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma como año base el 2019, pues los porcentajes se disparan 93.2% y 70.3%, respectivamente.

Las “otras realidades”. La violencia homicida en los estados

Los datos nacionales también invisibilizan las dinámicas locales de la violencia letal. Es complicado hablar de un proceso de pacificación a nivel territorial a lo largo y ancho del país cuando se presentan estas cifras:

El tamaño de la violencia en 2025 (cifras totales enero-junio) tasa por cada 100 mil habitantes

Top 5 estados con la tasa más alta de violencia homicida

1. Baja California (73.5)
2. Sinaloa (69)
3. Morelos (59.8)
4. Quintana Roo (54.7)
5. Colima (53.3)

Top 5 estados con la tasa más baja de violencia homicida

1. Yucatán (4.3)
2. Tlaxcala (5.3)
3. Coahuila (6.8)
4. Durango (11.2)
5. Chiapas (14.4)

La evolución de la violencia de 2024 a 2025 (cifras totales enero-junio)

Top 5 estados con mayor incremento de la tasa de violencia homicida

1. Sinaloa (79.1%)
2. CDMX (25.5%)
3. Chihuahua (17.3%)
4. Nayarit (19.6%)
5. Hidalgo (15.2%)

Top 5 estados con mayor reducción de la tasa de violencia homicida

1. Zacatecas (37.2%)
2. Campeche (36.1%)
3. Chiapas (30.3%)
4. Coahuila (29.8%)
5. Nuevo León (26.4%)

En comparación con el periodo enero-junio, los mismos estados se mantienen.

La tasa por cada 100 mil habitantes de violencia homicida se calcula tomando como base la totalidad de registros de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida, personas desaparecidas y no localizadas. 

Un nuevo enfoque para medir la violencia

Para contribuir a tener diagnósticos más precisos, México Evalúa presenta mes con mes un balance sobre la violencia homicida a nivel estatal. Dicho balance centra el foco de atención en la tasa por cada 100 mil habitantes de violencia homicida, considerando los datos de todos los proxys (homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida; y personas desaparecidas y no localizadas). Considerar esta información de manera conjunta es clave para cuestionar a los gobiernos sobre las causas del incremento o la reducción del problema.

A diferencia de otros indicadores, incluyendo los que son empleados por el gobierno, nosotros comparamos, de manera simultánea, la magnitud actual de la violencia homicida y su comportamiento a través del tiempo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior. De este modo, valoramos el contexto de inseguridad de cada estado en función de cuatro categorías:

Muy negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual al alza.

Negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual a la baja.

Regular: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual al alza.

Positivo: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual a la baja.

El contexto de la violencia: estados bajo fuego

Tres entidades presentan un balance muy negativo: Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.

En Baja California Sur, la entidad está siendo utilizada como un punto estratégico de las organizaciones para movilizar narcóticos hacia la frontera norte, donde la violencia letal persiste como consecuencia de las disputas entre células operativas de las facciones que anteriormente conformaban el Cártel de Sinaloa.

En Chihuahua, el control de la entidad o sus regiones es fundamental para las organizaciones, pues les permite diversificar las rutas de acceso a la frontera norte para el tráfico de drogas, personas y armas, la explotación de la industria minera y el cobro de piso en el centro de la entidad. A finales de mayo la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo público que se identificó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chihuahua, lo que implica la presencia de una nueva organización en la entidad y un nuevo eje de conflicto criminal.

En Sinaloa, pese a la presencia de alrededor de 100 militares de élite y 11 mil elementos de las fuerzas federales el comportamiento al alza de la violencia letal continúa, lo que permite puntualizar que la presencia de estos elementos no inhibe el intercambio de fuego entre organizaciones y que, por el contrario, se está agregado una capa de violencia en conflicto criminal de la entidad.

Finalmente, otras 16 entidades —siete con balances regulares y nueve con balances negativos— muestran indicios de conflictos criminales susceptibles de desbordarse por la falta de capacidades policiales estatales y la presencia intermitente de elementos federales. Ignorar dichos conflictos podría derivar en otras guerras criminales a corto o mediano plazo.

Saldos positivos

Sólo un tercio del país —13 entidades— presenta un balance positivo: Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Es la segunda ocasión que Zacatecas y Jalisco no figuran en esta lista; lo que genera preguntas sobre sus capacidades institucionales para capturar las diferentes expresiones de la violencia letal y sus incentivos políticos para subreportar estos fenómenos, pese a que su origen partidista es distinto.

Yucatán mantiene un balance positivo, incluso al incorporar otros delitos más allá del homicidio doloso. Esto sugiere la existencia de condiciones contextuales y de política pública particulares que contribuyen a una evaluación favorable.

En esta entrega Querétaro abandonó la calificación de muy negativo y pasó a positivo, pese a que se mantienen las coordinadas del conflicto entre CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima por el robo de combustibles y el control del cobro de piso.

¿Cómo leer el radar? El eje horizontal traza la tasa del año en curso por cada 100 mil habitantes. La tasa es más alta cuando supera el promedio nacional del año anterior. El eje vertical muestra el cambio porcentual con respecto a ese año. De este modo, ubicamos cuatro conjuntos sobre la situación de la violencia homicida en los estados: positiva, regular, negativa o muy negativa. Cada conjunto cuenta con sus propias escalas de variación a partir de los puntos de corte establecidos. El radar permite detectar cuándo un estado está a punto de cambiar de situación, ayudando a identificar focos rojos.

En esta entrega se identificaron dos movimientos interesantes. Querétaro abandonó la etiqueta de muy negativo y pasó a positivo, aunque su tasa es muy cercana al promedio nacional y su tendencia a la baja es moderada, razones suficientes para que la autoridad del estado tome acciones que permitan contener y disminuir la violencia letal de manera sostenida.

Por otra parte, Sonora logró abandonar la categoría de “muy negativo” y avanzar a “negativo”, un cambio que resulta significativo, aunque el conflicto entre facciones del extinto Cártel de Sinaloa en la región noroeste del país persiste e incluso se ha intensificado. Este avance obliga a la autoridad a analizar con seriedad qué estrategias funcionan para mejorar las condiciones de seguridad, conservarlas y, en su caso, replicarlas en otras zonas del estado. Cabe destacar que la cercanía geográfica con Sinaloa convierte a Sonora en una entidad particularmente vulnerable a los efectos del conflicto sinaloense, así como al interés de otros grupos criminales por disputarse el control territorial.

Además, Ciudad de México, Hidalgo y Nayarit exponen una tendencia al alza que requiere atención, por la magnitud de los incrementos identificados.

La autoridad de la Ciudad de México está intentado administrar las disputas territoriales entre los dos grandes cárteles de la capital (La Unión y la Anti-Unión) y la organización Cártel del Tren de Aragua que por ahora busca controlar la trata, la extorsión y el narcomenudeo.

En Hidalgo, el conflicto criminal parece explicarse por la disputa por el control del robo de hidrocarburos. El CJNG busca imponerse a las organizaciones locales y familias que se dedican a este ilícito como una forma de vida. Es preciso recordar que el conflicto entre CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato inició de manera similar, por lo que la autoridad estatal y federal debe intervenir para evitar la conformación de una nueva organización en Hidalgo, a partir de las bandas locales o contener el ingreso de CJNG.

Finalmente, Nayarit está siendo víctima del contagio de la violencia en Sinaloa, a la vez que se está configurando como una ruta alterna para movilizar narcóticos por el pacífico con relativa discreción. Es preocupante el arribo de nuevas organizaciones que busquen el control de dicha ruta ante la debilidad de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Tendencias regionales destacadas

El mapa revela una configuración territorial del crimen organizado caracterizada por altos niveles de violencia concentrados en tres grandes regiones del país: el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste. En la región noroeste, que abarca entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua, predominan los colores rojo (balance negativo) y café (balance muy negativo), lo que indica una intensa conflictividad derivada de la fragmentación del extinto Cártel de Sinaloa. Las disputas entre facciones como La Chapiza y Los Mayos, así como los enfrentamientos con grupos locales en Chihuahua, generan un entorno de violencia estructural que se agrava por la ubicación estratégica de esta zona como corredor fronterizo para el tráfico de drogas, armas y personas.

En contraste, entidades como Yucatán, Tlaxcala, Aguascalientes y Coahuila aparecen en color verde, lo que indica una menor exposición a disputas violentas. En algunos casos esto responde a la ausencia de mercados estratégicos o al dominio de un grupo que no enfrenta competencia significativa. Sin embargo, una baja intensidad de conflicto armado no debe interpretarse como ausencia de criminalidad, ya que pueden persistir fenómenos como el cobro de piso o la infiltración institucional sin violencia visible.

En síntesis, el mapa da cuenta de un país profundamente fragmentado, donde la violencia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en regiones de alta disputa estratégica, mientras otras zonas experimentan control criminal más estable o menor interés de las organizaciones. Sin embargo, es posible identificar, a grandes rasgos, dos bloques de distribución espacial: el corredor del Pacífico, con mayor violencia, y el corredor del Golfo, en aparente pacificación. Esta configuración exige enfoques diferenciados de política pública, con estrategias territoriales específicas que reconozcan la lógica criminal detrás de cada conflicto.

Apunte metodológico

Este reporte considera los siguientes proxys de violencia homicida: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal; y personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, se incorporan homicidios culposos y otros delitos contra la vida corporal. Lo anterior, ante la evidencia que sugiere que el incremento de estos fenómenos refleja, de manera respectiva, inconsistencias en el registro de cadáveres o mecanismos de exterminio del crimen organizado. Considerar esta información en su conjunto es útil para identificar patrones con mejor precisión, así como formular preguntas sobre las causas del incremento o reducción de la violencia homicida y llamar a la rendición de cuentas.

Los datos provienen de las víctimas en carpetas de investigación reportadas mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y las proyecciones de población a mitad de año del Consejo Nacional de Población (Conapo).

El homicidio doloso ocurre cuando existe la intención de causar la muerte de otra persona. En cambio, el homicidio culposo se comete cuando no existe dicha intención, pero actuar negligente o imprudente provoca la muerte de la víctima.

El menor crecimiento de la recaudación limita los planes de ajuste fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum y presionan a ejercer más recortes al gasto público. Todo ello en un contexto desfavorable, pues los ingresos petroleros no han cumplido con las expectativas.

En el primer trimestre de 2025, los ingresos públicos fueron impulsados por una recaudación histórica de la cobranza, como lo detallamos en esta investigación. Dos terceras partes de estos ingresos no recurrentes se debieron a un concepto llamado “cobranza virtual”. En él, la recaudación aumenta al limitar los beneficios fiscales futuros para los contribuyentes. Es decir, el gran crecimiento de los ingresos se debió en gran medida a este ajuste contable.

Sin embargo, si se compara la recaudación de mayo de 2025 con la de mayo de 2024 (del día 1 al 31 de cada mes), las estrategias de cobranza ya están perdiendo empuje: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ascendió a 196.4 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de sólo 0.8% en el mes. Asimismo, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) llegó a 54.1 mmdp, una caída de 1.8% mensual.

Aunque el crecimiento sigue siendo positivo, los ingresos tributarios están perdiendo capacidad para compensar los faltantes de ingresos en otras áreas. Para mayo, los ingresos tributarios van 3.5% (81.5 mmdp) por encima de lo estimado, mientras que los ingresos petroleros acumulan un retraso de 31.7% (174.2 mmdp) frente al programa.

En suma, el total de ingresos del Sector Público acumula un faltante de 64.5 mmdp (-1.8%) frente al programa. Este faltante de recursos ha provocado que el Gobierno haya aplicado mayores recortes al gasto de lo que tenía previsto. Al 31 de mayo, el presupuesto ejercido se quedó 5.7% o 224.3 mmdp por debajo del programa, el tercer mayor recorte desde 2011. Los principales sectores afectados han sido educación, salud e inversión pública.

Tres hitos de las finanzas públicas

1. Los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron 109.9 mmdp; pero el Gobierno le devolvió 91.3 mmdp vía transferencias. Así, el Estado terminó con ganancias de sólo 18.6 mmdp, apenas el 4.9% de la renta petrolera.

2. El costo del pago de la deuda llegó a 460 miles de millones de pesos en mayo: el nivel más alto en los últimos 25 años, y un aumento real de 13.1% (53.2 mmdp) desde el mismo mes de 2024.

3. En mayo, por cada peso del endeudamiento público se destinaron 0.97 centavos a la inversión física, de manera que la Regla de Oro del endeudamiento (que la inversión pública sea igual o superior a la cantidad de deuda) ya no se está cumpliendo.

¿Cómo van los ingresos totales del sector público en 2025?

Respuesta rápida: Superaron el registro del año pasado, pero no cumplieron las expectativas

– Los ingresos totales del Sector Público llegaron a 3.4 billones en mayo de 2025: esto es 3.7% (123.3 mmdp) por encima del mismo periodo de 2024.

– Sin embargo, los ingresos no cumplieron las expectativas del Gobierno: se esperaba una recaudación de 3,536.1 mmdp, pero se obtuvieron 3,471.6 mmdp: 1.8% (64.5 mmdp) menos.

¿Y los ingresos específicos del Gobierno federal?

Respuesta rápida: Son mayores, pero se reducen por Pemex.

– Los ingresos del Gobierno federal (ingresos tributarios, petroleros exclusivos del Gobierno, derechos y aprovechamientos) subieron a 2.7 billones en mayo de 2025. Esto representa un incremento de casi 10.8%, equivalente a 266.9 mmdp, en comparación con 2024.

– Si bien estos ingresos fueron mayores en 4.3% (112.3 mmdp) a la cifra esperada para mayo de 2025, si descontamos las transferencias a Pemex fueron superiores en tan sólo 0.8% (21 mmdp).

¿Cómo va el gasto público de enero a mayo de 2025?

Respuesta rápida: Se registra un gran recorte para reducir el déficit.

– El gasto neto total de enero a mayo ascendió a 3.7 billones. Una reducción de 5.3% (209 mmdp) respecto al mismo periodo de 2024.

– El costo del pago de la deuda fue el concepto con mayor incremento: 13.1% o 53.3 mmdp. El que más cayó fue la inversión física: 29.1% o 142.8 mmdp.

¿Hay mejoría presupuestal para financiar derechos ciudadanos?

Respuesta rápida: No, de hecho hay recortes en casi todos los rubros del gasto.

– El sector con la mayor reducción en mayo fue la inversión física: -142.8 mmdp (-29.12%) versus mayo de 2024, seguido por Salud -36.3 mmdp (-10.8%) y Educación: -34.7 mmdp (-8.0%).

– La excepción es el gasto en la función Protección social (pensiones principalmente) la cual ascendió a 905 mmdp, esto es 40.8% del programa anual. Frente a 2024 presentó un aumento real de 4.5% (39.2 mmdp).

¿Se cumplió con el programa de gasto aprobado?

Respuesta rápida: No, es el tercer mayor retraso desde 2011.

– El gasto neto se quedó 5.7% (224 mmdp) por debajo del calendario. Es el tercer mayor retraso desde 2011.

– La Secretaría de Energía fue la excepción, presentó un sobreejercicio de 14% (11.53 mmdp). Le siguió la CFE con 2% (3.43 mmdp). En contraste, Pemex tuvo un subejercicio de 14%, equivalente a 37.3 mmdp.

¿Cómo se perfila el gasto en inversión con Sheinbaum?

Respuesta rápida: Hay un recorte en la mayoría de los rubros de inversión.

– La inversión física se contrajo (29.1%) equivalente a 142.8 mmdp frente al mismo periodo de 2024.

– A mayo de 2025, la inversión física sin considerar la inversión de Pemex descendió a 211.1 mmdp, un decremento real de 37.2% (125 mmdp menos) contra el mismo periodo de 2024.

¿Se está reduciendo el endeudamiento y su costo en 2025?

Respuesta rápida: El endeudamiento se está reduciendo, pero el pago de intereses sigue subiendo.

– Los ingresos aumentaron en 3.7% (123.3 mmdp) contra 2024, y el gasto fue recortado en 5.3% (209 mmdp). Así, el balance público para mayo 2025 fue negativo en 226.3 mmdp. En total, es 57.8% (309.9 mmdp) menor que hace un año.

– El costo del pago de la deuda llegó a 460 miles de millones de pesos en mayo: el nivel más alto en los últimos 25 años, y un aumento real de 13.1% (53.2 mmdp) desde el mismo mes de 2024.

¿Hay mejoras en la sostenibilidad fiscal?

Respuesta rápida: No. Por primera vez en el año la inversión es menor al déficit público.

– En mayo, por cada peso del endeudamiento público se destinaron 0.97 centavos a la inversión física.

– El margen fiscal de los ingresos públicos descontando los gastos ineludibles fue por 1,473 mmdp en mayo; esto es sólo 1.2% (17.6 mmdp) mayor al espacio fiscal observado en mayo de 2024. Pese a los recortes el margen fiscal sigue siendo inferior a lo observado previo a 2019.