El panorama de la seguridad patrimonial en México enfrenta un desafío creciente. Al corte de febrero de 2026, el país ha registrado un acumulado de 127,241 denuncias por fraude en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. Esta cifra refleja una tendencia que, lejos de estabilizarse, muestra señales de alerta por el incremento en el volumen de casos reportados ante las autoridades en comparación con años anteriores.

Tan solo durante el segundo mes de este año, se contabilizaron 9,123 denuncias, lo que representa un aumento del 8% respecto a las 8,474 reportadas en febrero de 2025. Si se observa el comportamiento histórico reciente, el año 2025 cerró con un total de 108,724 casos, mientras que los dos primeros meses de 2026 ya suman 18,517 registros, evidenciando una presión constante sobre el sistema de justicia y la economía de los ciudadanos.

La distribución geográfica de este delito revela una concentración crítica en tres entidades específicas. La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco agrupan el 45% del total de los fraudes denunciados en el periodo actual. La capital del país encabeza la lista con 25,352 casos, seguida por la entidad mexiquense con 19,396 y el estado jalisciense con 12,143. En contraste, estados como Tlaxcala (31), Chiapas (199) y Yucatán (260) presentan las cifras absolutas más bajas en el acumulado nacional.

Sin embargo, al analizar la incidencia por cada millón de habitantes, el orden de vulnerabilidad cambia. Bajo esta métrica, la Ciudad de México se mantiene en el primer puesto con una tasa de 2,753 denuncias, pero es seguida de cerca por Baja California Sur con 2,713 y Querétaro con 2,262. Estas cifras sugieren que, independientemente del volumen poblacional, existen regiones donde la probabilidad de ser víctima de un engaño patrimonial es significativamente más alta.

El reporte destaca que el fraude ha mantenido un crecimiento sostenido desde 2015, año en que se registraban poco más de 59,000 casos anuales. Para 2023, la cifra escaló hasta los 114,458 registros, marcando el punto más alto en la serie histórica reciente antes de un ligero descenso en 2025. Esta evolución pone de manifiesto la sofisticación de las redes delictivas y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención ciudadana.

Expertos en seguridad señalan que este tipo de delitos suelen incrementarse en entornos donde el uso de tecnologías digitales para transacciones financieras no va acompañado de una cultura de ciberseguridad robusta. Con casi 20,000 denuncias en apenas dos meses de 2026, el reto para las autoridades federales y locales será contener una cifra que amenaza con superar los récords establecidos en años previos.

Las principales diferencias entre los datos oficiales y los registros de prensa y de organizaciones sociales radican en la magnitud de las cifras, la velocidad de documentación y la consistencia de la información sobre hallazgos de fosas y personas desaparecidas en México.

Las fuentes detallan las siguientes distinciones clave:

1. Captura y temporalidad de la información

• Termómetro alterno: Los registros de prensa funcionan como un «termómetro alterno» que permite capturar hallazgos de fosas clandestinas que suelen tardar mucho tiempo en aparecer en los registros oficiales o que, en ocasiones, nunca son incluidos en ellos.
• Visibilidad de hallazgos: Mientras que las instituciones oficiales dependen de procesos burocráticos y legales para registrar un evento, la labor periodística y de la sociedad civil documenta la realidad diaria en el territorio, llenando los vacíos que dejan las autoridades.

2. Discrepancias en las cifras y tendencias

• Diferencias de magnitud: Existe una brecha significativa entre las fuentes. Por ejemplo, en 2024, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reportó apenas 18 fosas, los medios de comunicación localizaron 585 hallazgos.
• Alineación con fiscalías locales: Los registros de prensa tienden a acompañar mejor la tendencia de crecimiento reportada por las fiscalías estatales, evidenciando una desconexión entre lo que ocurre en los estados y lo que la federación (FGR) reconoce.
• Casos específicos de subregistro oficial:
  • En Guanajuato (2023-2024), la prensa reportó 91 fosas, mientras que la fiscalía local solo reconoció 39.
  • En Quintana Roo (2006-2024), los medios documentaron 27 fosas con 61 cuerpos, contrastando drásticamente con la FGR, que solo reportó 2 fosas, y la fiscalía local, que reportó 3 fosas con 6 cuerpos.

3. Naturaleza y origen de los datos

• Datos oficiales (RNPDNO/Fiscalías): Estos registros dependen de que alguien reporte la desaparición y de que la autoridad decida incluir esa información en sus bases de datos, lo cual no siempre sucede por falta de confianza o temor a represalias. Además, el gobierno a menudo condiciona la validez de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación, lo que organizaciones civiles consideran una distorsión de la realidad dado el alto índice de delitos no denunciados.
• Registros de prensa: Se basan en el monitoreo constante de notas periodísticas y la documentación de colectivos de búsqueda, lo que permite observar el panorama forense desde una perspectiva ciudadana y menos sujeta a la voluntad política de transparencia de las instituciones.

En conclusión, los registros de prensa son fundamentales para contrastar la información oficial y evidenciar los «huecos» en los datos estatales y federales, los cuales frecuentemente presentan inconsistencias graves o son retirados del escrutinio público sin explicación.

Las críticas

Las críticas sobre el censo y la clasificación oficial de personas desaparecidas en México se centran en la falta de transparencia, la subestimación de las cifras y una metodología que revictimiza a los familiares al minimizar la crisis.

Las principales críticas documentadas en las fuentes son:

1. Subregistro y distorsión de la realidad

• Brecha con estimaciones ciudadanas: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima que el número real de desapariciones es aproximadamente 2.7 veces mayor de lo que registra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
• Cifra negra ignorada: Las organizaciones civiles critican que el gobierno condicione el registro y la búsqueda a la existencia de una carpeta de investigación, lo cual distorsiona la realidad en un país donde el 93% de los delitos no se denuncian. Esto es visto como un intento de minimizar la crisis para evadir obligaciones de búsqueda.

2. Errores graves en la clasificación («Reclasificación»)

• Categorías «ofensivas» e «incoherentes»: Se critica el uso de categorías como «con indicios» o «actividades posteriores» (como matrimonios o altas en el SAT) para sugerir que una persona no está desaparecida. Activistas señalan que esto es peligroso y ofensivo, ya que no considera posibles homónimos o suplantación de identidad.
• Casos mal clasificados: Se han detectado al menos 269 casos de clasificación errónea en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Personas que siguen desaparecidas, como el profesor Antonio Díaz Valencia o los hijos de la buscadora María Herrera, han aparecido en registros oficiales como «ubicadas» o con «denuncia no confirmada».
• Inconsistencia legal: Expertos señalan que las nuevas categorías del censo son «absurdas» y no están contempladas en la Ley General de Víctimas ni en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

3. Opacidad y manejo de los datos

• Nombres eliminados: A través de la plataforma «Volver a Desaparecer», se identificaron 10,953 nombres que dejaron de estar en el registro oficial tras la implementación de la estrategia de búsqueda generalizada.
• Retiro de información pública: En 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda retiró sin explicación el «Mapa de hallazgos de fosas clandestinas». Además, se critica que el RNPDNO ya no permita descargar tablas individuales ni la versión pública detallada de los datos.
• Inconsistencias en la FGR: Las cifras de la Fiscalía General de la República carecen de consistencia interna; por ejemplo, entre 2023 y 2024, la cifra de fosas reportadas para el año 2014 pasó de 101 a solo 8.

4. Negación de la responsabilidad del Estado

• Desaparición forzada: Organizaciones rechazan la postura oficial de que en México ya no hay desaparición forzada cometida por el Estado. Critican que esta narrativa reduce el fenómeno exclusivamente al crimen organizado, borrando la participación directa o por omisión de agentes estatales.

5. Calidad deficiente de los registros

• Datos incompletos: El propio gobierno reconoce que 36% de los registros (46,742 casos) tienen datos incompletos o insuficientes, como la falta de nombre, sexo o contexto de la desaparición, lo que imposibilita la búsqueda efectiva.
• Falta de variables críticas: Menos del 5% de los registros documentan la pertenencia a grupos vulnerables (indígenas, periodistas, etc.) y apenas el 2% incluye un medio de contacto para los familiares que reportan.

En la fiscalía general de la República (FGR) se inserta en la investigación de delitos del orden federal junto con la integración de carpetas de investigación y su consignación a jueces federales en materia penal.

Por lo que toca a las acciones del campo de seguridad a nivel federal se encuentran los trabajos policiales de la Guardia Nacional (GN) y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En este entramado de funciones y atribuciones se insertan las Policías Estatales y Municipales, con acciones preventivas y de persecución de los delitos del fuero común, pudiendo coadyuvar con las autoridades federales en la persecución de algunos delitos.

Posteriormente se encuentran los órganos jurisdiccionales del orden federal y para los delitos del fuero común que, mediante el sistema de juzgados y tribunales, federales y locales, imparten justicia a quién la autoridad presente como presunto delincuente.

Por último, se encuentra los centros penitenciarios del sistema federal y estatal que contribuye a purgar una condena y a la reinserción social de los sentenciados.

Hasta aquí a grandes rasgos se explican algunos de los procesos de las instituciones integrantes del sistema de seguridad mexicano, en el que sus procesos, métodos, líneas de acción u objetivos, se cruzan entre sí constituyendo las partes de un todo. 

En teoría debería ser suficiente para que la estrategia de seguridad funcione, aunque existen algunos elementos conceptuales en la Constitución que quizás impidan su interpretación y funcionamiento institucional, es decir la política ideal.

Hay algo o mucho que impide que este entramado de atribuciones, aisladas o conjuntas, se articule debidamente para que prospere la seguridad. Es posible que, entre la voluntad política de algunas acciones de la Federación, de las Entidades Federativas, sumadas a la corrupción e impunidad no lo permitan.

Cuando por cualquier razón la prevención, la procuración y la impartición de justicia presentan deficiencias, es que se presenta la ausencia de un castigo a una falta o un delito.

Esta ausencia produce diferencias en la procuración e impartición de justicia, abre la brecha de desigualdad, genera inconsistencias y deficiencias en los sistemas y subsistemas de procuración e impartición de justicia y, quizás lo más importante, la ciudadanía se siente desprotegida, desamparada y sin saber a quién recurrir.

Cuando la autoridad renuncia o se desentiende de su responsabilidad en la función de seguridad, en la función de procuración, impartición de justicia o en la función jurisdiccional, aparece una ciudadanía furiosa y deseosa de justicia que trae consigo el fenómeno social derivado de los ajusticiamientos o linchamientos en algunas partes del país. 

Hay dudas. Muchas dudas con diversos ejemplos. En enero de 2023 fueron robadas más de 7 millones de balas en dos tráileres que circulaban por carreteras de Guanajuato, sin que hasta ahora algún servidor público haya rendido cuenta por dichos actos; la sustracción de información por kackers informáticos a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la secretaría particular del secretario de Defensa, a Petróleos Mexicanos, al IMSS, al SAT y más recientemente, el abandono procesal de la escena en donde fue capturado Nemesio Osegueda.

No falta la insulsa e impertinente autoridad que viene a revictimizar y a provocar en la sensibilidad ciudadana un frenético reclamo de incapacidad gubernamental.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: ra

cevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

La crisis de violencia contra la prensa en México no cesa y las cifras recientes pintan un panorama alarmante para el ejercicio periodístico en el país. Desde el año 2001 hasta marzo de 2026, se han registrado un total de 173 periodistas asesinados, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan informar en territorio mexicano.

El inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum ha estado marcado por una tendencia preocupante. En lo que va de su administración, hasta el corte de marzo de 2026, ya se contabilizan 9 periodistas que han perdido la vida de forma violenta. Este dato pone de relieve que, a pesar de los cambios de gobierno, el riesgo para los comunicadores sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda de seguridad nacional.

Al observar el comportamiento histórico reciente, se nota una persistencia crítica en el número de homicidios por periodos presidenciales. Tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como en el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se registraron 47 casos en cada uno, mientras que el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) cerró con 48 víctimas. Estas estadísticas muestran que la violencia contra la prensa se ha mantenido en niveles similares durante las últimas dos décadas.

El análisis geográfico de esta tragedia revela puntos rojos específicos en la República Mexicana. Veracruz se mantiene como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo, acumulando 32 asesinatos desde 2001. Le siguen en esta lamentable lista los estados de Guerrero con 19 casos, y Oaxaca y Chihuahua, ambos con 15 registros cada uno. Por el contrario, existen estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán donde no se han reportado asesinatos de comunicadores en este mismo periodo.

En cuanto al género de las víctimas, la gran mayoría de los periodistas asesinados han sido hombres, con un total de 161 casos frente a 12 mujeres periodistas víctimas de homicidio desde 2001.

El año 2025 cerró con 7 periodistas privados de la vida, y en los primeros meses de 2026 ya se ha reportado un nuevo caso. Estos datos, basados en los registros de la organización Artículo 19, subrayan la urgencia de mecanismos de protección efectivos y de una estrategia integral que garantice la libertad de expresión y la integridad física de los reporteros en todo el país.

México Evalúa presentó dos instrumentos para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia penal en nuestro país y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia. El estudio “Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024”, y la plataforma digital Data Justicia.

Radiografía de la Impunidad en México ofrece un diagnóstico sobre el desempeño institucional del sistema penal entre 2019 y 2024 mediante una metodología renovada a partir de fuentes abiertas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su análisis se centra en dos instrumentos: el diagrama de flujo o “tubería” procesal, que permite observar cómo avanzan los casos desde el reporte del delito hasta su resolución, y el Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), que mide la proporción de casos que no obtienen una solución efectiva.

Entre los datos más destacados del estudio se encuentra la persistencia de la cifra oculta, que muestra que el 93% de los delitos en México no se denuncia formalmente ante las fiscalías. Asimismo, el análisis del flujo procesal evidencia una desconexión estructural entre las instituciones de seguridad y las de justicia: 8.8 millones de reportes telefónicos relacionados con delitos fueron recibidos por las policías, mientras que sólo 2.15 millones de denuncias se registraron ante las fiscalías.

Una vez dentro del sistema, los desafíos continúan. Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez. En los tribunales, de 627 mil causas penales acumuladas en 2024, sólo 10.55% alcanzó una resolución efectiva, mediante mecanismos como juicio oral, procedimiento abreviado, suspensión condicional o mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).

El estudio también documenta un incremento significativo del rezago institucional. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron —de 1.3 millones a 2.6 millones— mientras que las causas acumuladas en tribunales crecieron de 221 mil a 425 mil.

A pesar de este panorama, la investigación identifica diferencias importantes entre entidades federativas que demuestran que reducir la impunidad es posible cuando existen decisiones institucionales orientadas a resultados, particularmente mediante una mayor articulación entre policías y fiscalías, un uso más amplio de los MASC y una gestión institucional enfocada en resolver casos.

Como parte del proyecto, México Evalúa también presentó Data Justicia, una plataforma digital interactiva que permite visualizar el funcionamiento del sistema de justicia penal en México mediante gráficos dinámicos y herramientas de exploración de datos. La plataforma integra información pública para facilitar el análisis del desempeño de instituciones como policías, fiscalías y tribunales, y busca fortalecer la transparencia y el uso de evidencia en la toma de decisiones públicas.

Durante la presentación, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio, destacó: “Esta Radiografía busca mostrar, con datos comparables y metodología sistemática, dónde se encuentran los principales cuellos de botella del sistema de justicia penal. Comprender cómo fluyen los casos desde el reporte del delito hasta su resolución es fundamental para diseñar políticas públicas que permitan mejorar la capacidad institucional del Estado y ofrecer respuestas más efectivas a las víctimas.”

Por su parte, Mariana Campos, directora de México Evalúa, señaló: “Reducir la impunidad en México es un desafío enorme, pero también es una tarea posible si logramos articular diagnósticos rigurosos, voluntad institucional y colaboración entre distintos sectores.”

El documento fue comentado por autoridades y expertos: el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República; Bertha Alcalde, fiscal general de la Ciudad de México; el magistrado Carlos Villegas, presidente del Tribunal del Estado de Zacatecas; la magistrada Laura Perla Córdoba Rodríguez, presidenta del Tribunal de Nuevo León; Rodrigo Sánchez, Director General del Sistema Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Víctor de Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro; Cristian Paul Camacho, fiscal general del estado de Zacatecas; Renato Sales Heredia, académico y especialista en derecho penal; y la periodista Erika Grothe.

Entre sus recomendaciones, Radiografía de la Impunidad en México propone:

– Facilitar el acceso a la denuncia mediante la simplificación de trámites, la ampliación de canales de denuncia y el reconocimiento formal de los reportes policiales.

– Fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías e integrar de forma sistemática la información generada por las policías.

– Reducir el rezago institucional mediante criterios claros para el uso del archivo temporal y metas institucionales de judicialización y resolución de casos.

– Ampliar el uso de MASC, que permiten resolver conflictos penales de manera más rápida y con mayor reparación del daño para las víctimas.

– Mejorar la medición y la transparencia del sistema, mediante el fortalecimiento de los registros estadísticos y la interoperabilidad de los sistemas de información entre instituciones.

La reducción de la impunidad requiere coordinación entre instituciones, evidencia para el diseño de políticas públicas y diálogo entre autoridades, academia y sociedad civil.

Desde México Evalúa, reiteramos nuestra disposición a colaborar con autoridades federales y estatales para fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia penal y contribuir a la construcción de un sistema más eficaz, transparente y centrado en las personas.

El estudio completo y la plataforma Data Justicia están disponibles para consulta pública en estos links:

– Radiografía de la Impunidad en México

– Plataforma interactiva Data Justicia

Las seis cabañas donde se encontraba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron invadidas por personas no autorizadas, lo que ha impedido que los peritos puedan determinar con certeza si los objetos e indicios hallados en el lugar se encontraban allí originalmente. Esta grave omisión pone en tela de juicio la integridad de la investigación y abre la puerta a la impunidad para uno de los criminales más buscados del mundo.

El caso de Tapalpa es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo: la profunda crisis que atraviesan las fiscalías y el ministerio público en México. Durante años, se ha debatido sobre la necesidad de reformar el sistema judicial, pero los esfuerzos se han centrado principalmente en la elección de jueces, ignorando la importancia fundamental de fortalecer a las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos.

La falta de recursos, la capacitación deficiente, la corrupción y la interferencia política son algunos de los factores que han socavado la capacidad de las fiscalías para cumplir con su mandato. Como resultado, la gran mayoría de los delitos en México quedan impunes, lo que fomenta la violencia y la inseguridad.

La alteración de la escena del crimen en Tapalpa es un recordatorio doloroso de que la justicia en México sigue siendo una promesa incumplida. Mientras no se aborden de manera integral las deficiencias del sistema de fiscalías y ministerio público, la impunidad seguirá reinando y los ciudadanos seguirán siendo víctimas de la violencia y la injusticia.

Es necesario un debate serio y profundo sobre la reforma del sistema judicial en México. Un debate que trascienda los intereses políticos y se centre en la construcción de instituciones sólidas, eficientes y transparentes que garanticen el acceso a la justicia para todos.

La impunidad no es una fatalidad, es el resultado de la inacción y la falta de voluntad política. Es hora de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y ponga fin a esta situación que carcome los cimientos de la democracia y la convivencia social.

Los recientes datos de México Evalúa sobre violencia letal en el país no son solo cifras, son gritos ensordecedores que exponen las profundas grietas en el tejido social y la alarmante incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El informe no solo presenta un panorama desolador, sino que también pone en entredicho la efectividad de las políticas públicas y las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.

La violencia letal en México ha alcanzado niveles epidémicos, convirtiéndose en una sombra constante que acecha a todos los rincones del país. Los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas y los feminicidios se han convertido en una trágica realidad cotidiana, sembrando el miedo y la desconfianza en la sociedad. Las cifras no mienten: México Evalúa reporta una alarmante tasa de 26.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023, cifra que supera con creces el promedio mundial y que sitúa a México entre los países más violentos del mundo.

Esta espiral de violencia no solo tiene un impacto directo en la pérdida de vidas humanas, sino que también genera graves consecuencias sociales y económicas. La inseguridad inhibe la inversión, frena el desarrollo económico y genera un clima de incertidumbre que dificulta la convivencia pacífica. Además, la impunidad que rodea a la mayoría de estos crímenes alimenta el círculo vicioso de la violencia, ya que los perpetradores actúan con la convicción de que no serán castigados.

La respuesta del Estado mexicano ante esta crisis ha sido fragmentada, reactiva y en gran medida ineficaz. Las estrategias de seguridad se han centrado tradicionalmente en el uso de la fuerza y en la militarización de la seguridad pública, enfoques que han demostrado ser insuficientes para abordar las causas estructurales de la violencia. La falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la debilidad de las instituciones policiales y la corrupción imperante en el sistema de justicia son obstáculos fundamentales que impiden una respuesta efectiva ante la violencia letal.

Es imperativo que el Estado mexicano reconozca la magnitud de la crisis y adopte un enfoque integral para abordar la violencia letal. Esto requiere ir más allá del uso de la fuerza y centrarse en la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y la atención a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Además, es fundamental promover la participación ciudadana y el diálogo social para construir una cultura de paz y legalidad.

El informe de México Evalúa es una llamada de atención urgente que no puede ser ignorada. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de actuar con determinación para poner fin a la espiral de violencia que asola al país. La inacción o la persistencia en estrategias fallidas solo conducirán a una mayor pérdida de vidas humanas y a un debilitamiento aún mayor del tejido social. Es hora de actuar con responsabilidad y compromiso para construir un México más seguro y justo para todos.

El asesinato de Carol y Kimberly, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no representa un hecho aislado ni una anomalía estadística; es la manifestación más cruda de una crisis estructural que ha convertido el cuerpo de las mujeres en el territorio donde se despliega la incapacidad —o la falta de voluntad— de un Estado para garantizar la vida. Mientras los discursos oficiales se tiñen de luto y solidaridad en fechas conmemorativas, la realidad en las calles de México dicta una sentencia implacable: en este país, se mata a las mujeres porque es posible hacerlo sin enfrentar consecuencias. La impunidad no es un fallo técnico del sistema judicial; es el aceite que permite que los engranajes de la violencia sigan girando con una eficiencia aterradora.

Desde una perspectiva de sociología de los partidos y comunicación estratégica, el tratamiento del feminicidio en México ha pasado por un proceso de «normalización burocrática». Los gobiernos, independientemente de su color ideológico, han optado por una gestión de la percepción antes que por una gestión de la seguridad. Se presentan cifras que hablan de «reducciones porcentuales» o de «atención a las causas», pero la vivencia cotidiana de las ciudadanas des miente cualquier gráfico de Power Point presentado en una conferencia matutina. La brecha entre la estadística oficial y la percepción de inseguridad es un abismo que se llena con el miedo legítimo de quienes saben que la justicia es un bien escaso y mal distribuido.

La raíz del problema no se encuentra solamente en la patología del agresor, sino en el entorno de permisividad que el Estado genera. Cuando un feminicidio ocurre y la respuesta institucional es la dilación, la revictimización o la pérdida deliberada de expedientes, se está enviando un mensaje político clarísimo: la vida de la mujer es prescindible. Esta «desechabilidad» de lo femenino es el resultado de un sistema de justicia que tarda años en procesar casos que deberían ser prioritarios. En México, la justicia que llega tarde no es justicia; es una forma sofisticada de olvido institucional.

Analicemos la contradicción intrínseca en la narrativa del Estado. Por un lado, se presume una modernización de los aparatos de inteligencia y una presencia militarizada en gran parte del territorio nacional bajo el argumento de la seguridad pública. Sin embargo, esta fuerza no se traduce en protección para las mujeres. Carol y Kimberly eran estudiantes, jóvenes con un futuro por delante en una institución que representa la aspiración social y académica. Su asesinato en Morelos —un estado sumido en crisis de gobernabilidad y pugnas territoriales— subraya que los espacios que deberían ser seguros han sido capturados por la lógica de la violencia. La falta de seguridad no es solo la ausencia de policías; es la ausencia de un Estado de derecho que funcione para todos, no solo para las élites.

Además, existe un punto de fricción crítico en la comunicación estratégica gubernamental: el uso de la «perspectiva de género» como un accesorio retórico y no como un eje transversal de política criminal. Se crean fiscalías especializadas que nacen presupuestalmente muertas, sin capacidad operativa ni personal capacitado, funcionando más como una fachada para calmar la indignación social que como verdaderos órganos de procuración de justicia. El resultado es un simulacro de atención que agota a las familias de las víctimas y permite que los perpetradores sigan en libertad, integrados en la sociedad, listos para repetir el ciclo.

La violencia contra la mujer en México debe entenderse también como un fracaso del sistema de partidos para articular demandas ciudadanas reales. La clase política ha instrumentalizado el dolor de las víctimas, utilizándolo como arma arrojadiza contra el adversario de turno, pero sin ofrecer una ruta crítica de reforma profunda al sistema penal y preventivo. El debate se queda en la superficie, en la condena fácil en redes sociales, mientras en los juzgados locales y en las policías municipales impera la corrupción y la misoginia sistémica.

La indignación que despiertan casos como los de Carol y Kimberly no debe ser efímera. Debe servir para señalar que el contrato social en México está roto. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanas del asesinato violento ha perdido su razón de ser fundamental. La impunidad garantiza que el costo de matar sea cero. Mientras el sistema político no entienda que la seguridad de las mujeres es la prueba de fuego de su legitimidad, seguiremos contando historias de vidas truncadas. La pregunta no es qué falló en el caso de Carol y Kimberly; la pregunta es qué está funcionando tan bien en el sistema para que los asesinos sigan sintiéndose dueños de la vida ajena.

Para romper esta inercia, se requiere una reingeniería total de la seguridad y la justicia. No basta con aumentar las penas, pues el endurecimiento legal es irrelevante frente a un 95% de casos que nunca llegan a sentencia. Se necesita capacidad de investigación, eliminación de la corrupción en las fiscalías y, sobre todo, una voluntad política que deje de ver al feminismo como un movimiento opositor y empiece a verlo como una exigencia mínima de supervivencia. El silencio del Estado ante la muerte de las mujeres es, en última instancia, un grito de complicidad que resuena en cada rincón del país.

Para dimensionar la magnitud del problema, basta observar el cierre del año 2025, que registró un total de 290,123 carpetas de investigación por este delito. Esta cifra representa un aumento sostenido si se compara con los 210,188 casos reportados en 2019, lo que evidencia que las estrategias de prevención actuales no han logrado frenar la tendencia al alza.

Un inicio de año con cifras récord

El arranque de 2026 no muestra señales de alivio. Tan solo en el mes de enero, se contabilizaron 22,347 denuncias, lo que equivale a un promedio de 721 carpetas de investigación iniciadas cada día en todo el territorio nacional. Si se analiza por hora, las autoridades mexicanas abren, en promedio, 30 expedientes cada 60 minutos por agresiones dentro del entorno familiar.

Los focos rojos en el mapa nacional

La violencia no se distribuye de manera uniforme. El Estado de México encabeza la lista con el mayor número de casos absolutos, acumulando 2,339 denuncias solo en el primer mes de 2026. Le siguen de cerca la Ciudad de México con 2,284 y Nuevo León con 1,655 casos. Estas tres entidades concentran una parte significativa de la incidencia delictiva nacional.

En el extremo opuesto, estados como Campeche (53 casos), Tlaxcala (40) y Yucatán (16) reportan las cifras más bajas, aunque los especialistas advierten que estas diferencias pueden estar influenciadas por la cifra negra o la falta de cultura de la denuncia en ciertas regiones.

La comparativa sexenal: Un reto para la administración

Al realizar un análisis acumulado por periodos presidenciales, los datos son contundentes. En los primeros 14 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han acumulado 334,948 reportes de violencia familiar. Esta cifra ya supera ampliamente lo registrado en periodos equivalentes de administraciones pasadas; por ejemplo, en el mismo lapso del sexenio de López Obrador se contabilizaron 243,651 casos, mientras que con Peña Nieto la cifra fue de 111,061.

Evolución histórica del delito

Desde 2015, cuando se registraron 127,424 casos, el delito ha crecido año con año de manera casi ininterrumpida:

 * 2017: 169,412 casos.

 * 2020: 220,031 casos.

 * 2023: 284,133 casos.

 * 2025: 290,123 casos.

Este incremento del 128% en la última década pone de manifiesto la urgencia de reevaluar las políticas de protección a las víctimas y los mecanismos de sanción, en un contexto donde la violencia doméstica parece haberse normalizado en la estructura social del país.

La reciente detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila por el partido Morena, ha sacudido el tablero político de Jalisco y del país, no solo por la gravedad de las imputaciones —extorsión a empresas tequileras y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, sino por las implicaciones estratégicas que este suceso proyecta hacia el proceso electoral de 2027. En un momento en el que la seguridad y la corrupción son las principales preocupaciones del electorado, la acción judicial se convierte inevitablemente en una herramienta de narrativa política.

El Caso Tequila: Entre la Justicia y el Costo Político

La captura de Rivera Navarro, junto con otros funcionarios clave de su administración como el Director de Seguridad Pública y el de Obras Públicas, bajo el marco del «Operativo Enjambre», representa un golpe directo a la imagen de integridad que Morena busca proyectar. Las acusaciones no se limitan a la relación con grupos criminales; incluyen denuncias por extorsión sistemática a la industria privada y violencia de género contra regidoras.

Desde una perspectiva analítica, este evento coloca al partido oficialista en una posición defensiva. Aunque Morena Jalisco se ha deslindado rápidamente bajo la premisa de que «nadie está por encima de la ley», el impacto mediático de ver a uno de sus alcaldes trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano es innegable. La oposición ha capitalizado el evento, recordando el apoyo que figuras nacionales brindaron al edil durante su campaña, lo que alimenta la percepción de una falta de filtros éticos en la selección de candidatos.

La Hipótesis del Equilibrio Político-Judicial

En la política mexicana, la justicia suele percibirse a menudo a través del prisma de la compensación. Tras una detención de alto perfil en las filas del partido en el poder, surge con frecuencia lo que analistas denominan «la tentación del equilibrio». Esta estrategia consiste en proceder legalmente contra figuras de la oposición para neutralizar el costo político y evitar que la narrativa de «corrupción y complicidad» sea monopolizada por un solo bando.

Para el Gobierno Federal y las autoridades estatales, el reto es demostrar que estas acciones no son «vendettas» ni simulaciones para equilibrar la balanza electoral, sino esfuerzos legítimos de limpieza institucional. Sin embargo, la proximidad de los comicios intermedios de 2027 genera un entorno de sospecha. Si en los próximos meses se observan detenciones de alcaldes de partidos opositores bajo cargos similares, la opinión pública se dividirá entre quienes ven una lucha genuina contra el «narco-Estado» y quienes interpretan una estrategia de control de daños para limpiar la imagen de Morena mediante la distribución de culpas.

Perspectivas y Posturas

Las posturas respecto a este fenómeno son divergentes:

1. Postura Institucionalista: Sostiene que las detenciones son resultado de investigaciones de inteligencia (como las mencionadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) y que la filiación partidista es irrelevante frente a la evidencia criminal. El éxito del Operativo Enjambre se mide en la desarticulación de redes de extorsión, no en votos.

2. Postura de la Oposición: Argumenta que el caso de Tequila es solo la punta del iceberg de una supuesta infiltración criminal en la estructura de la «Cuarta Transformación». Temen que cualquier acción futura contra sus militantes sea una «cacería de brujas» diseñada para empatar el marcador de escándalos.

3. Postura Crítica/Ciudadana: Existe un escepticismo profundo. Para el ciudadano común, la detención de alcaldes de cualquier partido refuerza la idea de que la política local ha sido capturada por el crimen organizado. El riesgo para 2027 es que este desencanto se traduzca en una baja participación o en un voto de castigo generalizado.

Conclusión Prospectiva

La detención de Diego Rivera Navarro ha abierto una caja de Pandora en Jalisco. El manejo que se dé a las investigaciones posteriores determinará si el Estado recupera la confianza ciudadana o si el proceso judicial se degrada en una táctica de marketing electoral. El «equilibrio» mediante la detención de opositores podría ser una tentación política atractiva para mitigar el impacto negativo en Morena, pero si no se sustenta en pruebas irrefutables, corre el riesgo de victimizar a la oposición y radicalizar la polarización de cara a 2027. En última instancia, la verdadera prueba de fuego será la consistencia de la ley frente a cualquier color partidista.