De acuerdo con el documento de la iniciativa y los análisis de fuentes como Integralia y OPINE, los puntos más controvertidos son los siguientes:

1. Eliminación o reducción de legisladores «plurinominales»

La propuesta busca atender la crítica social hacia la designación de legisladores por representación proporcional. Aunque la iniciativa afirma que busca revalorar el papel de las minorías, se plantea transitar hacia un modelo donde la pluralidad sea expresión directa de la voluntad popular y no de acuerdos cupulares.

• Controversia: Analistas advierten que eliminar o reducir estos cargos podría generar una mayor sobrerrepresentación del partido mayoritario y dejar sin voz a millones de ciudadanos que votan por opciones minoritarias, debilitando el pluralismo en el Congreso.

2. Reducción del financiamiento público a partidos políticos

La iniciativa propone disminuir el costo de las elecciones y los recursos destinados a los partidos, estableciendo que el financiamiento para actividades ordinarias se fije multiplicando el padrón electoral por el 48.75% del valor diario de la UMA (actualmente es del 65%).

• Controversia: Se argumenta que esta reducción podría asfixiar a los partidos de oposición y aumentar el riesgo de injerencia de financiamiento ilegal o proveniente de grupos de interés en las campañas.

3. Elección de consejerías electorales por voto popular

Se ha planteado la idea de que los integrantes del Consejo General del INE sean electos mediante el voto ciudadano directo.

• Controversia: Organismos de integridad electoral señalan que esto introduciría una variable política en órganos técnicos, vulnerando la independencia de los nombramientos, ya que los candidatos podrían responder a los intereses de las maquinarias políticas que los movilicen en lugar de actuar con imparcialidad.

4. Desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLEs)

La reforma contempla erradicar «burocracias sobredimensionadas», lo que incluye la posible centralización de las funciones de los 32 OPLEs en la autoridad electoral nacional.

• Controversia: La eliminación de los OPLEs plantea riesgos operativos severos, como el colapso técnico del INE por sobrecarga administrativa, especialmente ante la complejidad de las elecciones judiciales concurrentes. Además, se perdería el conocimiento del entorno local y municipal esencial para la organización electoral.

5. Modificación del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)

Cualquier ajuste que afecte al cuerpo operativo del INE se considera un punto de fricción.

• Controversia: La modificación o eliminación del SPEN debilitaría la capacidad técnica del INE para organizar elecciones confiables, incrementando el riesgo de infiltración de funcionarios con fines políticos.

6. Neutralidad y uso de programas sociales

La iniciativa propone prohibir expresamente el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto y exige neutralidad absoluta en su operación.

• Controversia: Aunque la propuesta busca evitar el clientelismo, se critica que la reforma deba endurecer las consecuencias reales (como la inelegibilidad) para los servidores públicos que violen la neutralidad política establecida en el artículo 134 constitucional, y no limitarse a amonestaciones.

7. Se reducen los tiempos en radio y televisión

• Se propone disminuir el tiempo que el Estado pone a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) durante las precampañas y hasta la jornada electoral. Actualmente es de 48 minutos diarios y la propuesta plantea reducirlo a 35 minutos diarios.

8. Regular contenidos generados con Inteligencia Artificial

• Se propone que cualquier contenido relacionado con los procesos electorales que haya sido modificado o alterado mediante el uso de IA u otras tecnologías deba estar debidamente etiquetado por su emisor. Las concesionarias de radio y televisión tendrían la responsabilidad de identificar estos contenidos y advertir sobre aquellos que no estén etiquetados.

9. Lo que faltó

La iniciativa de Reforma Electoral no contempla la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, ya sea para impulsar a determinados candidatos, inhibir la participación de la ciudadanía o financiando a un partido en particular.

Frente a esta realidad, presenté una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Caminos y Puentes Federales. No se trata de una bandera partidista ni de un gesto político, sino de una respuesta urgente a un vacío institucional que hoy favorece a la delincuencia y deja en la indefensión a quienes mueven al país.

La sola discusión de esta propuesta evidencia una verdad incómoda: el oficialismo ha preferido reconocer el problema una y otra vez sin asumir la responsabilidad de resolverlo. La inseguridad en carreteras solo vuelve a la agenda pública cuando productores y transportistas, cansados de la indiferencia, recurren a bloqueos para ser escuchados. No es reacción preventiva ni estrategia de Estado; es una respuesta tardía, forzada por la presión social, a un flagelo que se dejó crecer por omisión y falta de voluntad política.

Las carreteras federales se han convertido en uno de los espacios más peligrosos del territorio nacional. Cada cincuenta minutos se registra un intento de robo y tan solo en 2024 se documentaron más de 24 mil robos de carga, un aumento del 16 por ciento respecto al año anterior. Estados clave para la producción, el comercio y el abasto concentran esta violencia. Sin embargo, estas cifras apenas reflejan una parte del problema, porque una proporción significativa de los delitos no se denuncia.

En las reuniones que he sostenido con productores del campo y transportistas durante las últimas semanas, el mensaje ha sido contundente: cuando ocurre un asalto en carretera, no existe una autoridad clara a la cual acudir. Denunciar implica detener la unidad, pagar grúas, enfrentar trámites interminables y, en algunos casos, exponerse a nuevas extorsiones. Para muchos operadores, denunciar significa perder tiempo, dinero y seguridad. Ese vacío institucional explica por qué la impunidad se ha normalizado en las vías federales.

La inseguridad en carreteras no es un problema sectorial ni una molestia aislada. Es un asunto estructural que impacta directamente a la economía nacional. Más del 58 por ciento de la carga y casi el 94 por ciento de los pasajeros se trasladan por carretera. El autotransporte genera millones de empleos y es una columna vertebral del desarrollo del país. Aun así, quienes sostienen esta actividad estratégica hoy se sienten desprotegidos por el Estado.

Este contexto explica las movilizaciones y protestas recientes de productores y transportistas. No fueron actos irresponsables ni presiones indebidas, sino la consecuencia de años de omisiones, de compromisos incumplidos y de una inseguridad que se volvió cotidiana. Los bloqueos incomodan, pero deberían incomodar más las razones que los provocaron.

La semana pasada, tras intensas jornadas de diálogo, se levantaron los bloqueos y se alcanzaron acuerdos para evitar mayores afectaciones. Entre ellos, uno fundamental: avanzar en la creación de una Fiscalía especializada en delitos cometidos en carreteras federales. El problema es que en México los acuerdos sin instituciones suelen quedarse en el papel. Sin voluntad política, los compromisos se diluyen rápidamente.

Por eso la iniciativa que presenté busca reformar la Ley de la Fiscalía General de la República y crear una instancia especializada, con atribuciones claras, personal capacitado y capacidad real de investigación. No se trata de inflar estructuras ni de simular soluciones, sino de cerrar un vacío que hoy permite que el crimen opere con ventaja en las carreteras del país.

Resulta cada vez más difícil entender que, frente a una crisis documentada y reconocida, el oficialismo insista en cerrar la puerta a propuestas que buscan resolverla. No se trata de desconocimiento ni de falta de diagnósticos: los datos están sobre la mesa, las protestas lo confirman y las víctimas se acumulan. Persistir en ignorar alternativas viables por venir de la oposición no es una postura política; es una omisión que tiene consecuencias reales en la vida de miles de personas. Gobernar también implica escuchar, corregir y asumir que no todas las soluciones provienen del mismo lado.

México no puede aspirar al desarrollo mientras sus caminos sigan siendo territorios de riesgo. Proteger a quienes producen, transportan y trabajan no es una concesión ni un favor: es una obligación constitucional. Cuando el Estado falla en garantizar seguridad, no solo incumple su función básica, también rompe la confianza de quienes sostienen la economía todos los días.

La creación de una Fiscalía Especializada en Delitos en Vías Federales es una medida necesaria, posible y urgente. Si el oficialismo decide postergarla o ignorarla, deberá asumir el costo de seguir normalizando la violencia en las carreteras. Porque en este tema ya no hay espacio para la indiferencia: actuar o no actuar también es una decisión política.

El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal

@MarioVzqzR

Con el fin de que las personas puedan desarrollar y mantener una carrera laboral plena, ejercer sus derechos al cuidado de la familia, al desarrollo de su personalidad y formación, así como al disfrute del ocio y del tiempo libre, la LXII Legislatura mexiquense aprobó que las autoridades estatales y municipales promuevan mecanismos y políticas que favorezcan la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

En sesión deliberante, se aprobó el dictamen de la iniciativa de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y del diputado Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador de la bancada del PAN, respectivamente, que busca equilibrar el uso del tiempo de cada persona trabajadora, conforme a sus obligaciones, necesidades y prioridades.

Al exponer las reformas a las leyes de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y a la Orgánica de la Administración Pública estatal, Joanna Felipe detalló que, en la práctica, se trata de implementar programas y acciones permanentes de capacitación y difusión que consideren los principios de flexibilidad laboral, permisos, apoyos, cultura de desconexión digital, bienestar, inclusión y participación.

El documento explica que la idea de equilibrar la vida laboral con la personal, familiar o comunitaria surge a mediados del siglo XX, cuando se comenzó a reconocer que la dedicación excesiva al trabajo provocaba altos niveles de estrés.

En el contexto mexicano, señala que, según datos de Forbes, el 75 por ciento de la población económicamente activa sufre esta condición, lo que coloca a México en el primer lugar mundial, seguido de China con un 73 por ciento y Estados Unidos con un 59 por ciento.

Tras agradecer el apoyo a la reforma, la congresista Joanna Felipe señaló que esta garantiza el derecho a una vida plena, pues el conflicto entre el trabajo y la vida personal afecta a todas y todos.

Añadió que, cuando se alcanza el equilibrio, las personas se concentran más y mejor en sus actividades, mientras que las empresas observan mayor productividad, menor ausentismo y mayores facilidades para retener y atraer el mejor talento.

Nuevo episodio de #Realpolitik101

Esta reforma provocó diversidad de opiniones que incluso resultaron en que el Senado de la República hiciera una consulta a litigantes y personas abogadas y académicas del derecho. Fueron 28 y cada una tuvo cinco minutos para presentar su preocupación. La mayoría de las reflexiones fueron en contra de esta iniciativa y se centraron en los mismos puntos que señalé en los últimos dos artículos: la suspensión del acto reclamado, el interés legítimo, la recusación y, en general, el obstáculo que representan estas reformas en el acceso a la justicia y particularmente al Juicio de Amparo, que es el recurso más importante para proteger a los ciudadanos de los actos del gobierno o de cualquier autoridad que viole sus garantías individuales. Quienes hablaron en contra dieron, francamente, una cátedra de lo que era el interés legítimo, la figura de la suspensión de los actos reclamados y explicaron claramente lo que pasaría si esta reforma fuera aprobada: el amparo se anularía en cuanto a su efectividad.

El Senado llevó a cabo la sesión correspondiente y aprobó la iniciativa con algunos cambios, sin embargo, siguieron las restricciones propuestas, permitieron que se alegara el interés colectivo (¡nada más faltaba!) y en lo que respecta a las restricciones a la suspensión del acto reclamado, se mantuvieron en la postura de la reforma y, con ello, le quitaron efectividad al Juicio de Amparo.

Otro de los temas fue la recusación de los jueces, del que se escucha poco y, sin embargo, es muy importante. Imagínese que quien le cometió una injusticia apoyó la campaña del juez que va a resolver su asunto. Lo conveniente es que no resuelva ese juez porque podría carecer de imparcialidad. Aun así, se mantuvieron las restricciones para pedir cambio de juez.

En resumen, con los últimos cambios aprobados, disminuyeron (aunque poco) lo mal que está la reforma. Las afectaciones graves al Juicio de Amparo siguen ahí, el daño que le provocarán a quienes quieran defender sus garantías individuales permanece. No nos sorprende que así sea porque la iniciativa se hizo bajo la visión de proteger más a la autoridad y no al gobernado. Y no crea el lector que es la única reforma a la Ley de Amparo que protege a la autoridad, lo mismo pasó con las reformas que Morena promovió en años pasados. Señalo dos ejemplos en los que, además de fortalecer a la autoridad, perjudica a las y los mexicanos, especialmente a quienes menos tienen:

a) La reforma a la Ley de Amparo publicada el 14 de junio del año pasado prohibió la suspensión con efectos generales de leyes en las que se discuta su inconstitucionalidad.

b) El pasado marzo publicaron la reforma en la que prohibieron los efectos generales a las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de normas generales.

El mismo espíritu ha recorrido esta última iniciativa a la Ley de Amparo porque así es como actúa Morena en las reformas o en la construcción de leyes: siempre en favor de la autoridad y en contra de las y los gobernados.

Al final, sobre las rodillas, en la madrugada de la sesión del Senado que discutió esta iniciativa, un creativo senador morenista solicitó sumar un párrafo que es violatorio de la Constitución: la retroactividad de la ley. Y, como es una reforma que no beneficia a nadie, los reclamos se hicieron escuchar a tal grado que la misma Presidenta pidió que se quitara ese párrafo. Yo no creo que lo hayan hecho con el propósito de distraernos, como dicen algunos, más bien, algo quisieron hacer y no les salió. Yo pediré que se sostenga lo dicho y eliminen el párrafo que permite la retroactividad.

Todavía no sabemos cuándo se discutirá esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, algunas diputadas y diputados ya pedimos un parlamento abierto para tan importante reforma.

@Mzavalagc

Nuevo episodio de #Realpolitik101

El diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y las diputadas Emma Laura Álvarez Villavicencio y Rocío Alexia Dávila Sánchez, integrantes de la bancada del PAN en la LXII Legislatura mexiquense, junto con representantes de la sociedad civil coincidieron en que las madres aún se enfrentan a muchas barreras para ejercer su derecho a la lactancia materna, como falta de espacios dignos para amamantar, el estigma social hacia la lactancia en público, así como la insuficiente atención al impacto emocional y mental tras el parto.

En el Foro Estatal de Lactancia Materna, realizado en el Congreso local a iniciativa de Michel Quiroz Ayala, tercera regidora de Metepec, y de la asociación civil Tribu Hmädi, congresistas y activistas reconocieron que hay avances legislativos en la materia, pero aún prevalecen muchos retos para respaldar y difundir una práctica que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, proporciona todos los nutrientes que las y los bebés necesitan para su crecimiento y el desarrollo pleno de su sistema inmune.

Al puntualizar que, más allá de alimentar y nutrir, la lactancia genera un vínculo de amor para toda la vida entre las madres y sus hijas e hijos, el legislador Anuar Azar resaltó la apertura de la Casa del Pueblo para albergar el foro en el que también representantes de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia compartieron sus experiencias y avances y retos en materia de lactancia materna y protección a la primera infancia, aportaciones que pueden ser consideradas para mejorar el marco normativo para la población.

En su ponencia Protección del derecho a la lactancia, la diputada Emma Álvarez lamentó que las madres se enfrenten a diferentes barreras, por lo que llamó a legislar con empatía, conciencia social y perspectiva de género. Además, compartió que su bancada ha presentado diferentes iniciativas en favor de las primeras infancias y de la lactancia materna, así como para la protección de las familias mexiquenses.

Mientras que la parlamentaria Alexia Dávila indicó que aún existen muchos retos en la materia, como las estrategias a seguir y el acompañamiento del Estado a las madres y a niñas y niños. Asimismo, aseguró que estos temas son prioritarios para la bancada panista, por lo que arroparán las causas en este sentido para materializar políticas públicas.

La regidora Michel Quiroz explicó que el foro se realizó en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna —conmemorada del 1 al 7 de agosto— en sintonía con la importancia de incidir en las políticas públicas, en la asignación presupuestal y en las acciones impulsadas desde la sociedad civil, subrayando la relevancia del derecho a la lactancia y al cuidado digno. Asimismo, entregó al diputado Anuar Azar una iniciativa legislativa orientada a garantizar, visibilizar y proteger este derecho en todo el Estado de México, incluyendo la implementación de lactarios en espacios públicos.

Por su parte, Miriam Concepción Martínez Romero, presidenta de Tribu Hmädi A.C., lamentó la presión social que enfrentan las mujeres al amamantar en público, y afirmó que esta situación debe atenderse de manera conjunta entre sociedad civil, legisladoras, legisladores y servidoras públicas. Señaló que es indispensable fortalecer los sistemas de apoyo sostenibles para las madres y reflejar ese compromiso en leyes claras, políticas públicas firmes, programas comunitarios de acompañamiento, campañas de educación y entornos laborales que respeten y promuevan este derecho.

El foro incluyó el panel “Experiencias exitosas y retos en materia de lactancia materna y protección a la primera infancia”, en el que participaron Patricia Arévalo Rubio y Ana Luisa Pérez Aguilar, presidentas de los sistemas DIF de Atizapán y Huixquilucan, respectivamente, así como Karina Norma Bastida Guadarrama, directora de Inclusión y Desarrollo Familiar del DIF de Metepec. Las ponentes compartieron los programas, acciones y políticas impulsadas en sus municipios para fomentar la lactancia materna como una práctica de salud pública y desarrollo infantil.

También se desarrolló el panel “Políticas públicas de cuidado y activismo a favor de la lactancia materna”, con la participación de Fernanda Guerrero, fundadora de la empresa RAME; Jazmín Flores de Lucio, directora de Salud de Tribu Hmädi A.C.; Faviola Capetillo Hernández, coordinadora estatal en Ciudad de México y Estado de México del Colectivo Pacto por la Primera Infancia; Teresa Ginez Serrano, diputada federal por el PAN; y Adriana Sánchez Huitrón, docente del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios.

Durante sus intervenciones, se destacó la necesidad de priorizar la lactancia materna mediante apoyos sostenibles; de convocar a la sociedad civil a respaldar activamente esta práctica; de atender los desafíos legislativos para acompañar la lactancia materna exclusiva con un marco jurídico sólido; y de consolidar políticas públicas de cuidado y atención a la primera infancia en la entidad.

“Un verdadero cambio para el desarrollo de nuestra nación requiere de un verdadero cambio de paradigmas en las políticas públicas”, sostuvo la legisladora al presentar la propuesta que define áreas prioritarias para impulsar el crecimiento y bienestar del país.

Mayuli Martínez destacó que el turismo representa el 8.8% del PIB nacional, genera más de 10 millones de empleos directos e indirectos, y constituye el 77% de las exportaciones de servicios, ubicándose como el tercer generador de divisas del país, solo por debajo de las remesas y la industria automotriz, y por encima del sector petrolero.

El paquete legislativo incluye iniciativas orientadas a:

1. Declarar constitucionalmente al turismo como área prioritaria para el desarrollo nacional y obligar al Estado a garantizar inversiones progresivas en el sector.
2. Mejorar la conectividad carretera hacia destinos con potencial turístico, para facilitar la llegada de visitantes.
3. Retomar la promoción turística internacional, ante la ausencia de inversión pública en esta materia que ha dejado a México en desventaja frente a otros destinos globales.
4. Establecer más fines de semana largos, que fomenten el descanso familiar e impulsen la economía local en centros turísticos.
5. Incluir a personas con discapacidad en el sector turístico, para cerrar brechas de desigualdad e impulsar la inclusión laboral.
6. Mejorar los servicios públicos en zonas aledañas a destinos turísticos, como drenaje, pavimentación, recolección de basura y alumbrado.
7. Impulsar la enseñanza de idiomas en regiones turísticas, para brindar herramientas que fortalezcan las oportunidades laborales de la población local.
8. Proteger el medio ambiente, mediante acciones para conservar y restaurar playas y ecosistemas costeros frente al cambio climático.

La senadora por Quintana Roo subrayó que su propuesta no solo responde a una lógica económica, sino también a un compromiso con el bienestar social, la equidad y la sostenibilidad en las regiones donde el turismo es una palanca de desarrollo.

“El turismo no es solo una actividad económica, es una oportunidad de transformación para millones de familias mexicanas”, concluyó.

Es urgente que los legisladores de Morena reconsideren su postura y colaboren con la oposición para atender de manera efectiva las demandas de los estados, sobre todo en situaciones críticas como la sequía que pone en riesgo la vida de miles de chihuahuenses. La política debe anteponer el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses partidistas, pues el futuro de las comunidades rurales de Chihuahua está en juego.

En un oficio fechado el 11 de febrero de 2025 y firmado por la senadora Verónica Nohemí Camino Farjat, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, se solicitó la rectificación del turno de las siguientes iniciativas provenientes del Congreso del Estado de Chihuahua:

• Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 16 segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado el 15 de mayo de 2024, y que fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Segunda, expediente 27411 LXV.
• Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado el 6 de noviembre de 2028, y turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Segunda, expediente 825 LXIV.

“El tema aquí es claro: ¿quién tiene el interés de evitar que yo maneje los temas de Chihuahua? ¿Por qué se decide turnar a otras comisiones dos iniciativas que, en la Comisión de Desarrollo Rural, habrían tenido un trámite mucho más ágil? Es cierto que la secretaria Camino Farjat fue quien envió el oficio, pero, realmente, ¿cuál es la mano que mece la cuna? ¿Quién está detrás de todo esto, asegurándose de que los temas de Chihuahua no pasen por mis manos? Porque no se trata solo de una cuestión administrativa, sino de un juego político donde parece que hay actores moviendo las piezas con una intención clara”, cuestionó el senador.

“Aunque palo dado ni Dios lo quita” sobre las iniciativas que fueron enviadas por el Congreso local de Chihuahua, por obvias razones yo tenía un interés fundamental de revisar y procesar estas iniciativas para darles cauce necesario para fortalecer los esquemas de desarrollo rural sustentable en nuestro país. Lo cual lamento, pero es una decisión de la Mesa Directiva y ojalá y tengan nombre y apellido, esta decisión de retirar de esta comisión dichas iniciativas”, insistió Mario Vázquez.

Es relevante recordar que este no es un caso aislado. En los últimos meses, Morena ha bloqueado de manera reiterada propuestas que buscan resolver los problemas más urgentes de Chihuahua. Un ejemplo claro de esto ocurrió en noviembre de 2024, cuando el senador Mario Vázquez Robles presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al gobierno federal la asignación de recursos destinados a mitigar los efectos de la sequía en la entidad. Sin embargo, la reunión de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica fue cancelada por Morena, impidiendo la discusión y posible aprobación de dicha propuesta.

Durante su intervención en el Pleno, el legislador Diego Barroso, destacó la importancia de eliminar barreras de movilidad que dificultan la plena participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana. «La verdadera identidad de un país es su capacidad para incluir a todos», citó al escritor mexicano Carlos Fuentes, enfatizando que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso universal a los espacios públicos. 

La propuesta legislativa busca adicionar un párrafo a la fracción 17 del artículo 68 de dicha ley, con el propósito de que los cajones de estacionamiento reservados para personas con discapacidad o personas de movilidad limitada, estén ubicados lo más cerca posible de los accesos principales de los establecimientos. 

«[…] En la mayoría de los casos, los cajones reservados se encuentran a distancias considerables, obligando a las personas con discapacidad a trasladarse sobre arroyos vehiculares, lo que no solo genera obstáculos innecesarios y frustración, sino que también aumenta el riesgo de accidentes», explicó el legislador. 

«Con la aprobación de esta reforma, haremos la diferencia en la vida de quienes enfrentan dificultades de movilidad, garantizándoles un acceso más seguro y equitativo a los espacios públicos», subrayó. 

Finalmente, el diputado agradeció a sus compañeras y compañeros diputados por sumarse a la iniciativa, destacando que la movilidad es un derecho fundamental y un pilar para la construcción de un México más justo, accesible, incluyente y solidario.