La reducción de inspección en centros de detención de inmigrantes coincide con un aumento de muertes bajo custodia. Datos oficiales y de organizaciones independientes evidencian que la población detenida supera las 68,000 personas, y los mecanismos de control se debilitan en un momento crítico.

“Se evidencia que crece la brecha entre la expansión del sistema y la capacidad de vigilancia efectiva. Así, los controles disminuyen y los riesgos dentro de los centros se incrementan”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.

Final del formularioEn 2025, con 31 muertes en centros de ICE, se llega a la cifra más alta en dos décadas y en lo que va de 2026 se tienen 13 fallecimientos. Este incremento rompe la tendencia histórica relativamente estable y plantea interrogantes sobre el impacto de la reducción en la supervisión que refleja una contradicción estructural: a mayor expansión del sistema de detención, menor capacidad de control.

En este contexto, el sistema de inspección se debilita gravemente y la supervisión se reduce en un 36 % en 2025, contrariando la normativa federal del Congreso de 2019, que exige al menos dos inspecciones anuales para centros que albergan detenidos por más de 72 horas. Y así, para el Proyecto Supervisión Gubernamental (POGO) en ningún centro se habría cumplido con esta ley.

Informes reportan fallas en la prevención del suicidio, falta de respuesta a solicitudes médicas, personal sin credenciales adecuadas, casos no reportados de tuberculosis y condiciones de hacinamiento, con una reducción significativa de personal (de 147 empleados a 40) para investigar abusos contra los derechos civiles, mientras que los defensores de detenidos se redujeron de 118 a 5 funcionarios. Adicionalmente, de las 6.000 denuncias presentadas solo se investigaron 183, una brecha que delata la incapacidad institucional para procesarlas.

Para el abogado Quiroga: “según la ley, la supervisión no es un elemento accesorio, sino una garantía mínima para la protección de derechos básicos dentro del sistema de detención”, al advertir que la falta de controles puede derivar en responsabilidades y sanciones legales para el Estado.

La gravedad del problema aumenta en la detención migratoria. ICE apertura más centros, basado en el modelo de grandes complejos con capacidad para miles de personas, pero que contrasta con los limitados mecanismos de supervisión.

“Si el sistema se expande sin controles adecuados, el riesgo no solo será administrativo, sino humano y la ausencia de supervisión efectiva puede terminar amplificando las fallas que eran totalmente prevenibles”, afirmó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.

En conjunto, los datos sugieren que entre menor supervisión es mayor riesgo dentro del sistema de detención migratoria. Para millones de inmigrantes y sus familias, este escenario no sólo representa incertidumbre legal, sino también un temor creciente frente a condiciones que podrían seguir deteriorándose si no se restablecen los mecanismos de control y rendición de cuentas.

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Históricamente, esta responsabilidad ha sido asumida por el Departamento de Seguridad Nacional, que cuenta con un plazo máximo de 72 horas para la transferencia de los niños, al sistema de protección del Departamento de Salud. La situación se agrava cuando el número aumenta frente a niños detenidos con alguna radicación ya en el país, aun cuando se observa una disminución frente a las retenciones en el paso de frontera.

Para el Proyecto Marshall, de enero a octubre de 2025, cerca de 3,800 menores inmigrantes fueron retenidos por ICE y en 1,300 de esos casos, la detención superó los 20 días, rompiendo su misión de minimizar el impacto de la detención infantil, que incluyó a bebés, con el drama humano que esto implica. Otro dato para tener en cuenta es que tras los recortes financieros, 26 mil niños no acompañados perdieron acceso a la representación legal.

Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC. “La ley permite ciertas acciones, pero la detención de menores debe ser siempre la última opción y por el menor tiempo posible”. Resaltó además que “no se trata sólo de quién custodia a los niños, sino de cómo y por cuánto tiempo” y subrayó que el marco legal establece estándares reforzados de protección para niños y adolescentes; marco que data de 1997 (Acuerdo Flores), aun cuando documentos judiciales recientes revelan que la administración actual lo califica de obsoleto.

La reapertura del centro de detención familiar de Dilley, en Texas, con capacidad para 2.400 personas, simboliza este giro: un espacio cerrado en 2021 y reactivado en 2025.

Estas instituciones estales contradicen lo ordenado para la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para la protección infantil y lo permitido por la Immigration and Nationality Act para detener a menores, que debe ser excepcional y de corta duración. Así, el debate se reabre. ¿Los niños pueden ser sometidos a una medida diseñado para adultos?

Para el abogado de inmigrantes trabajadores Héctor Quiroga: “Las cifras indican una capacidad instalada y de operación continua; y no parecen excesos aislados. Este escenario plantea un debate crucial: mientras el gobierno defiende la legalidad y el carácter humanitario de estas medidas, organizaciones civiles advierten que se está redefiniendo el límite de lo aceptable en materia de derechos de la infancia inmigrante, con consecuencias que marcarán la política migratoria estadounidense en los próximos años”.

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Este cambio no estuvo asociado a un aumento de la criminalidad ni a una emergencia de seguridad pública. Por el contrario, los datos reflejan una reconfiguración de las prioridades de aplicación de la ley migratoria.

“Mucho se ha hablado de las detenciones de inmigrantes, pero poco sobre el porcentaje que ocupa la comunidad latina en las estadísticas. Estas cifras permiten observar un desplazamiento del enfoque tradicional hacia personas sin condenas penales, muchas de ellas con arraigo laboral y familiar”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.

Cerca del 75 % de las detenciones se concentra en cinco países: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador. México pasó de 1,500 detenciones en 2024 a casi 13,300 en 2025. Guatemala y Honduras registran incrementos abruptos, mientras que el caso venezolano resulta especialmente llamativo por el aumento de detenciones pese a las limitaciones para ejecutar deportaciones sostenidas.

Durante 2025, cerca del 70 % de los latinos permaneció más de 15 días bajo custodia, frente al 40 % registrado en 2024, con un promedio de detención que pasó de entre uno y tres días a más de 25 días. El 80 % de estas personas terminó siendo deportada, con escasas opciones de liberación bajo supervisión u otras vías legales.

Las reubicaciones de arresto fuera del estado se multiplicaron por cinco, con picos de 5,000 traslados en 2025. Más de la mitad de los detenidos fue enviada a centros lejanos de sus redes familiares y legales.

“El traslado frecuente y la larga distancia son obstáculos reales para el acceso a la defensa legal y al acompañamiento familiar”, dijo el abogado Quiroga, en una valoración técnica del fenómeno.

El American Immigration Council documentó un aumento de hasta 2.450 % en la retención de inmigrantes sin antecedentes penales y un crecimiento del 75 % en la población diaria detenida por ICE, que alcanzó a 73,000 personas, poniendo en duda la legalidad y la proporcionalidad de las medidas.

“Las estadísticas no explican las afectaciones humanas, pero sí permiten dimensionar la transformación de la detención en un instrumento central de control”, concluyó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, para quien la separación familiar y pérdida de ingresos aumenta el temor a interactuar con instituciones básicas del Estado.

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El cobarde asesinato contra la ciudadana norteamericana sin antecedentes penales y un reconocido perfil académico e intelectual, desembocó desde hace semanas en protestas en las calles luego de que Trump justificara el flagrante homicidio, señalando a la víctima de ser una “agitadora profesional”, saliendo en defensa del agresor al “disparar en su propia defensa”.

La doble moral de la ultraderecha que es apoyada por el magnate instalado en la Casa Blanca en funciones de Presidente, está regresando las épocas del lejano oeste donde los conservadores de entonces pregonaban la palabra de Dios con la Biblia en la mano y con la otra disparaban el fusil para despojar a los pueblos originarios de sus territorios.

Una prueba de estos resabios de la intolerancia, ocultos en una maniquea santidad religiosa, que retornaron con Trump para tratar de engañar a los estadunidenses, despertó la justificada ira de habitantes de Minnesota que acudieron a protestar a las afueras de una iglesia donde daba su sermón dominical nada menos que el Jefe del ICE en ese Estado, David Easterwood, en su carácter de pastor. “El lobo con piel de oveja”, responsable de las brutales detenciones y represiones contra migrantes, pero también a ciudadanos norteamericanos como la asesinada Renee Nicole Good, fue descalificado por sus falsos mensajes de amor y fraternidad cuando en los hechos contradice la fe cristiana.

El descontento social en Estados Unidos va en aumento porque a un año de haber asumido el cargo, la economía de millones de norteamericanos va a la baja por los efectos inflacionarios causados por la imposición arancelaria de su gobierno que a la par del despido de más de 300 mil empleados públicos y la eliminación de los derechos civiles a discapacitados, adultos mayores y la comunidad gay, entre otros sectores afectados, está creando la tormenta electoral perfecta para los republicanos en las elecciones intermedias de noviembre próximo, donde la popularidad de Trump es una clara señala de alerta al haberse derrumbado a un 30 por ciento.

No solo en Mineápolis, sino en otras ciudades como Chicago o Los Ángeles, las protestas van en aumento ante la actitud beligerante de un presidente que lejos de dialogar, amenaza abiertamente con aumentar la represión social, amagando desempolvar vetustos ordenamientos como la Ley de Insurrección de 1807, que permite a Washington emplear el ejército en labores policiacas, como el  probable despliegue de mil 500 elementos castrenses a Minnesota. Indudable que dentro y fuera de su país, a Trump los escenarios se le empiezan a complicar y sus entusiastas electorales ya recelan incluso de su estado mental al justificar su pretensión de apropiarse de Groelandia por la fuerza –como actúo en Venezuela–, solo porque el gobierno de Noruega no le entregó el Premio Nobel de la Paz.

Por todo el mundo, sindicatos y organizaciones sociales no solo han salido a las calles a protestar contra el intervencionismo norteamericano, además comienzan a organizarse para enfrentarlo en unidad, razón por la cual políticos y activistas de 50 países realizarán del 26 al 29 de marzo próximo la 1ra Conferencia Internacional Antifascista, a celebrarse en Porto Alegre, con el fin de detener el avance de la ultraderecha alentada por oligofrénico Trump.

Según el Instituto de Política Económica de Stanford (SIEPR), el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES) y la Fundación Kaiser (KFF), los distritos afectados por operativos migratorios registran un aumento del 22 % en las ausencias escolares, lo que coincide con el incremento de los arrestos del ICE en lo corrido del año.

Los datos de Deportation Data Project, indican que de enero a agosto de 2025 se registraron 77.740 arrestos: en Texas (20.150), Florida (9.080) y California (5.860). En estos estados se concentra casi el 45 % de niños en edad escolar que viven en familias inmigrantes. Así, donde más se endurecen los operativos, más se resiente la asistencia escolar.

“Las redadas no solo tienen consecuencias legales o familiares; su impacto se extiende a la rutina cotidiana de miles de niños que, por miedo o precaución, dejan de asistir a la escuela. Es un efecto invisible, pero profundamente humano”, explicó el abogado de trabajadores inmigrantes Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., al analizar los hallazgos del informe.

El NCES calcula que al finalizar 2025, EE. UU. alcanzará 50 millones de estudiantes, de los cuales el 29 % son de origen hispano o latino, frente al 16 % registrado en el año 2000. Solo en California, Texas y Florida viven más de 4 millones de niños inmigrantes, que sufren impacto indirecto de la política migratoria. Para la Fundación Kaiser, 9 millones de niños integran familias inmigrantes, y más de 5.5 millones tienen padres que carecen de estatus legal. Un 33 % ha considerado retirar a sus hijos del sistema educativo, y ya el 12 % cambió de escuela o distrito, por temor a que sean interrogados o discriminados por su estatus migratorio.

En los estados del Sur, donde se concentran las operaciones de ICE, el aumento de inasistencia fue del 14 %, frente al 6 % en el Noreste, donde la actividad migratoria es menos intensa.

“El miedo se convierte en una variable que condiciona la asistencia, la participación y hasta el rendimiento académico de los niños, aun cuando esto no figure en los reportes oficiales. La escuela deja de ser un lugar de aprendizaje para convertirse en un espacio de riesgo. Y con esto se confirma que el ausentismo escolar no depende solo de factores académicos o de salud, sino del clima político y migratorio local y así la escuela estadounidense es hoy un reflejo de la diversidad del país.

Por eso, las políticas migratorias deberían considerar también sus impactos en el aula. Detrás de cada cifra hay una historia que no se cuenta: la de un niño que falta a clase porque su familia tiene miedo y ninguna política debería tener como consecuencia que un estudiante deje de aprender por temor a ser deportado o perder a sus padres”, afirmó el abogado Quiroga.

El panorama sugiere que las políticas migratorias no solo están redefiniendo el mapa social de Estados Unidos con impacto al entorno educativo.  El miedo, antes confinado a los límites de la frontera, hoy se sienta en los pupitres y ya es parte del paisaje escolar de Estados Unidos.

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De hecho, si se considera la capacidad promedio de 130 pasajeros por avión, el cálculo arroja un máximo de 128.960 inmigrantes deportados en este semestre, lo que proyecta a unas 260 mil deportaciones anuales.

Guatemala, Honduras y México, principales destinos; Alexandria, Harlingen y El Paso, los puntos de partida

Las deportaciones indican que Guatemala recibe 235 vuelos (24 %), seguido de Honduras con 198 (20 %), México con 127 (13 %) y El Salvador con 99 (10 %). Otras rutas se dirigieron a Ecuador, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Brasil. El lugar de origen de estos vuelos proviene, principalmente, de Alexandria, Luisiana, con 260 vuelos (26 %), seguido de Harlingen con 233 vuelos (23,5 %) y El Paso en Texas con 178 (17,9 %). Estas cifras refuerzan la centralidad de Texas como el eje de la política migratoria aérea, en deportaciones y traslados internos.

“La magnitud gastos evidencia que la estrategia en negativa en resultados, y costosa para los contribuyentes”, dijo el abogado de inmigración Héctor Quiroga.

La discusión reciente sobre dotar a ICE de una flota propia abre un flanco adicional. “Cualquier decisión de capitalizar una flota debe evaluarse con métricas de costo-efectividad y resultados verificables; de lo contrario, el gasto de adquisición y mantenimiento podría superar con creces los beneficios operativos”, puntualizó.

Así, las políticas de deportación masiva chocan con la capacidad operativa real de la agencia. Y miles de inmigrantes siguen atrapados en un circuito de traslados internos que prolonga su incertidumbre jurídica y personal.

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Mientras que en términos de arrestos, según el informe Deportation Data Project, de enero a junio, (ICE) ha detenido a más de 109.000 inmigrantes. Texas encabezó la lista de estados con aproximadamente el 25%, le siguen Florida con el 11%, California con el 7%, Georgia 4%, y Arizona 3%.

“Si bien el discurso oficial se ha centrado en las deportaciones masivas, las cifras reflejan una realidad distinta: desde enero de 2025, ICE ha optado cada vez más por liberar a personas bajo programas de Alternativas a la Detención. Este enfoque, que convive con un alto número de arrestos, plantea un contraste con la narrativa pública”, explicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office.

En relación con las cifras de arrestos totales, de enero a julio se pasó de 49.000 a 109.000, lo que representa un incremento del 120%, comparando el primer semestre de 2024 con el actual. Al respecto, en 2024, el promedio diario de arrestos por parte de ICE se mantenía estable en unos 200, pero desde la cifra se triplicó, llegando a unos 600 diarios. A partir de mayo, las detenciones aumentaron todavía más llegando a cerca de 1.000 por día, situación que coincidió con la orden de llevar a cabo 3.000 arrestos diarios encomendada a ICE. Sin embargo, este meta aún está lejos de cumplirse y, de hecho, el número de personas arrestadas, por lo menos a finales de junio, disminuyó en aproximadamente 800 personas por día.

Anexo 1: Número de arrestos vs. porcentaje de personas que cometieron un crimen.

De las celdas al monitoreo ATD: una realidad actual

Las Alternativas a la Detención (ATD) se han venido convirtiendo en una opción válida a la hora de liberar a indocumentados.  Las cifras de ICE y TRAC Immigration, indican que más personas están siendo dejadas en libertad con sistemas de monitoreo tecnológico.

Por ejemplo, el promedio en los primeros 6 meses de 2025 es un 93% superior al mismo período de 2021 (inicio de administración Biden).

“El aumento en las liberaciones bajo ATD no es un simple dato estadístico, sino una señal de que la administración está gestionando la capacidad de detención de forma estratégica. Optar por la supervisión en la comunidad, aun en un contexto de discurso firme sobre deportaciones, podría responder tanto a limitaciones logísticas como a consideraciones legales y presupuestales. Esto evidencia que, en la práctica, las políticas migratorias no siempre se alinean con la retórica política”, indicó el abogado de inmigrantes trabajadores Héctor Quiroga.

Aunque unas cifras distan de otras, el informe de ICE indica que, con corte al 29 de junio, la agencia mantenía un total de 183.091 personas activas bajo monitoreo y vigilancia de sistemas ATD, con un costo total diario de $226.526,04 dólares.  De estos, bajo SmartLink, se encontraban155.675 personas, con monitor de tobillo o de muñeca un total de 23.338 y de 2.861, respectivamente, y con identificación por voz: 1.204. La duración promedio en el programa es cercana a los 700 días, es decir, casi dos años.

Anexo 2. Liberaciones de ICE en 2021, 2024 y 2025.

Para conocer la investigación completa, te invitamos a hacer clic en este enlace en el que encontrarás mapas, tablas e información adicional.

También puedes hacer clic en este link y acceder a mapas interactivos, en los que puedes filtrar, incluso, por mes, estado y tipo de tecnología.

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“No es casualidad”: el abogado de inmigración Héctor Quiroga advierte sobre un posible patrón coordinado

“Estamos viendo que en ciertas ciudades los fiscales están solicitando al juez que desestime el caso justo cuando la persona se presenta voluntariamente a su audiencia. Esto no parece casual”, advirtió el abogado Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, quien explicó también que tras ese “dismissal of charges”, el inmigrante, quien hasta ese momento creía estar cumpliendo con la ley, se encuentra con una patrulla migratoria esperándolo a la salida para luego ser deportado de inmediato.

Este escenario estaría afectando principalmente a dos tipos de personas: aquellas que ya cuentan con una orden previa de remoción, y quienes llevan menos de dos años en el país sin documentos. En ambos casos, ICE puede ejecutar una expulsión expedita sin necesidad de intervención judicial, lo que plantea serios cuestionamientos éticos y jurídicos.

Un acuerdo no confirmado, pero cada vez más evidente

Si bien no existen documentos oficiales que prueben este supuesto acuerdo, los testimonios y patrones observados en distintos tribunales sugieren la existencia de una política no escrita. “Lo que estamos verificando es si hay una instrucción interna entre los fiscales y ICE para hacer esto de forma coordinada. No todos los fiscales están actuando así, pero en ciertas jurisdicciones el patrón se repite”, explicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.

La aparente estrategia consistiría en solicitar el cierre del caso ante el juez, lo que deja al inmigrante sin protección judicial, y permitir así que ICE actúe sin restricciones. En la práctica, esto evita el debido proceso que toda persona debería tener garantizado bajo la Constitución estadounidense.

Riesgos para el debido proceso y la seguridad jurídica

El uso de este mecanismo pone en tela de juicio la separación de poderes y la función protectora de las cortes migratorias. “Cuando el caso se retira, el juez ya no tiene jurisdicción, y en ese vacío legal, ICE actúa”, insistió el abogado Quiroga. Esta táctica, aunque legalmente posible, plantea un conflicto profundo sobre el uso del sistema judicial como una trampa más que como un espacio de resolución de derechos.

El problema no se limita al procedimiento. También está en la sensación de desconfianza que esto genera en las comunidades migrantes. “¿Cómo le decimos a una persona que debe ir a corte si puede terminar deportada simplemente por presentarse?”, indicó.

La amenaza al Habeas Corpus: una alerta más amplia

Esta situación se agrava ante los intentos de la actual administración de limitar o incluso eliminar el uso del Habeas Corpus en ciertos procesos migratorios. Esta figura constitucional ha sido uno de los últimos recursos con los que cuentan los inmigrantes para frenar deportaciones arbitrarias. La eliminación del Habeas Corpus dejaría a estas personas totalmente indefensas. Es el único recurso que queda cuando el sistema no garantiza el debido proceso.

Las ciudades más afectadas

Aunque aún no hay un mapeo oficial, se han identificado incidentes con estas características en Baltimore, Las Vegas y Seattle. Sin embargo, el abogado Quiroga señaló que otros casos similares podrían estar ocurriendo en otras jurisdicciones sin visibilidad mediática. “Esto es apenas la punta del iceberg”, señaló.

El temor es que se esté generando una política nacional informal que utilice la comparecencia legal de los inmigrantes como una oportunidad para acelerar su remoción, sin necesidad de pasar por el proceso que las cortes ofrecen.

Confianza en las instituciones, en riesgo

Este tipo de prácticas podría tener consecuencias duraderas en la relación entre las comunidades migrantes y el sistema judicial estadounidense. Cuando los inmigrantes perciben que acudir a una corte los expone a ser deportados, es probable que prefieran permanecer en la clandestinidad, lo cual debilita todo el sistema migratorio y judicial.

“No pedimos impunidad. Pedimos que se respete la ley. Que no se usen las cortes como una emboscada”, concluyó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.

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