Homicidio doloso: -33%. 
Otros delitos contra la vida: -24%
Desapariciones: -23%
Feminicidio: -15%
Homicidio culposo: -5%
Violencia letal (suma de todos los indicadores): -22%

Esta reducción reciente de los indicadores debe analizarse a partir de hipótesis explicativas y no atribuirse automáticamente a una sola causa. 

En México Evalúa, planteamos que existen, al menos, tres hipótesis plausibles sobre la reducción de la violencia en las entidades federativas que deben someterse a prueba para fortalecer lo que funciona y corregir con urgencia lo que no: 
 

1. La eficacia gubernamental. Es decir, que la disminución responde a políticas públicas implementadas por la federación o los gobiernos locales.  

   Bajo esta lectura, la disminución observada en entidades como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas podría explicarse por dos tipos de políticas coordinadas entre la federación y las entidades. Primero las preventivas, con un marcado sesgo de tipo social; y segundo las operativas, orientadas al debilitamiento de las organizaciones (decomisos de armas, drogas, vehículos y detenciones de liderazgos criminales con responsabilidades operativas).

   A favor de esta hipótesis, en marzo se observa una intensa actividad gubernamental: programas sociales, ferias de paz, visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, mesas de paz, consejos locales, detenciones, decomisos de drogas y aseguramientos de armas. Esto muestra un despliegue amplio del Estado para intervenir la violencia desde una lógica multidimensional, que no se limita únicamente al uso de la fuerza. Sin embargo, la principal reserva es que la información disponible no permite identificar con precisión qué acciones explican la reducción del homicidio. 

2. La existencia de regímenes criminales. En algunas entidades, la baja de asesinatos podría explicarse por el control de una organización criminal sobre el territorio.

   En Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Tabasco, Michoacán, Chihuahua o Morelos, la presencia de organizaciones con capacidad regional o nacional puede hacer que la violencia letal no desaparezca, sino que cambie de forma: desapariciones, feminicidios u otros delitos contra la vida. 

   Por ello, la baja del homicidio se debe contrastar con otros indicadores que muestren si el Estado recuperó control territorial o si, por el contrario, la violencia fue administrada por los propios grupos criminales.

3. Posibles inconsistencias en los datos. Éstas pueden surgir a partir de fallas o subregistro en los sistemas de información de policías y fiscalías.  

   Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), convocó a organizaciones de la sociedad civil para presentar diagnósticos sobre la calidad de los registros de incidencia delictiva y de personas desaparecidas. Entre los hallazgos más relevantes, se señaló que en la categoría de otros delitos contra la vida y la integridad corporal algunas fiscalías incorporan tentativas de feminicidio y de homicidio doloso. Asimismo, se advirtió que el estatus de desaparición no se actualiza de manera sistemática por parte de las autoridades responsables. 

   Si bien estos ejercicios de diálogo de cara a la sociedad civil constituyen una señal positiva de apertura y rendición de cuentas, resultan insuficientes para disipar las dudas de fondo. En particular, no permiten conocer si al momento de clasificar los delitos las fiscalías operan bajo criterios técnicos homogéneos o con lógicas discrecionales. Tampoco se puede constatar si han fortalecido sus capacidades institucionales para el registro y actualización de la información. Del mismo modo, no se explican anomalías persistentes en delitos como el homicidio culposo y el feminicidio.

Implicaciones iniciales de política pública 

1. Focalizar la contención en territorios con violencia al alza 

En Yucatán, Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz, Colima y Durango, donde el homicidio doloso aumentó, la respuesta no debería limitarse al refuerzo de la presencia policial o militar. Aunque existe coordinación con la federación, los indicadores continúan al alza, lo que obliga a cuestionar si la estrategia carece de inteligencia territorial, si está llegando tarde o si no está acompañada por capacidades locales suficientes de investigación, prevención y control institucional.

2. Identificar y aislar prácticas efectivas en territorios con reducción

En Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas, donde el homicidio doloso ha disminuido, el reto no es asumir una explicación única, sino evaluar territorialmente los mecanismos que explican las reducciones: fortalecimiento policial, inteligencia criminal, procuración de justicia, prevención focalizada, coordinación interinstitucional o incluso cambios en la dinámica de los grupos criminales. El objetivo es aislar y escalar prácticas efectivas.

3.  Fortalecer la calidad y gobernanza de los datos

Mejorar la calidad de la información es una condición indispensable para diseñar políticas efectivas, particularmente en rubros como personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. Esto requiere avanzar hacia esquemas de gobernanza democrática en los que víctimas, organizaciones acompañantes, academia y otros actores participen en la definición, ejecución y supervisión de las metodologías.

Nota metodológica

Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores.

Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 24 de marzo de 2026. 

Las proyecciones de población a mitad de año provienen de Conapo.

El panorama de la seguridad en México presenta señales de cambio durante la actual administración. Al cumplirse 557 días del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, las cifras de homicidios dolosos muestran una tendencia a la baja en comparación con el cierre del gobierno anterior, aunque los números absolutos continúan siendo un reto para la estabilidad del país.

Según el informe más reciente de la consultora TResearch, titulado «La Guerra en Números», hasta el 11 de abril de 2026 se han acumulado 38,609 homicidios en lo que va de la actual gestión. A pesar de la magnitud de la cifra, el promedio diario de víctimas ha descendido a 69 personas, una reducción notable frente a las 95 muertes diarias registradas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que concluyó con un total histórico de 202,336 homicidios.

Radiografía de la violencia por estados

La distribución de la violencia no es uniforme en el territorio nacional. El estado de Guanajuato se mantiene como el punto más crítico del país, encabezando la lista con 4,275 homicidios acumulados en este sexenio. Le siguen de cerca el Estado de México, con 2,884 casos, y Chihuahua, con 2,840. Estas tres entidades concentran una parte significativa de la actividad delictiva nacional.

En contraste, entidades como Yucatán, Durango y Coahuila reportan los índices más bajos de violencia. Yucatán, en particular, destaca con apenas 61 homicidios registrados en el mismo periodo, posicionándose consistentemente como el estado más seguro de México.

Tendencias mensuales y comparativa histórica

El análisis detallado del informe revela que el pico de violencia en esta administración ocurrió al inicio, en octubre de 2024, con 2,999 homicidios mensuales. Desde entonces, se ha observado una desescalada gradual. Para inicios de 2026, las cifras mensuales han bajado de los 2,000 casos, registrando 1,598 en enero y 1,366 en febrero, las cifras más bajas en lo que va del periodo presidencial.

En términos comparativos, los primeros 18 meses de este gobierno muestran una variación negativa del 30% respecto al mismo lapso del sexenio anterior. Mientras que con López Obrador se contabilizaron 54,646 muertes en su primer año y medio, la cifra actual para el mismo periodo se sitúa en 38,162. No obstante, al comparar con administraciones más antiguas, la cifra actual sigue siendo superior a los 14,509 homicidios registrados en los primeros 18 meses de Felipe Calderón o los 15,586 de Vicente Fox.

El reto hacia el futuro

Con 1,634 días por delante para concluir el sexenio, la estrategia de seguridad enfrenta la presión de mantener esta tendencia descendente. La reducción del promedio diario de 95 a 69 víctimas sugiere un avance, pero la frecuencia de «un homicidio cada 21 minutos» refleja que la pacificación del país es todavía una meta lejana.

Los datos, basados en estadísticas de mortalidad del INEGI y cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subrayan que, si bien hay una mejora estadística respecto al pasado inmediato, la política mexicana seguirá girando en torno a la capacidad del Estado para garantizar la vida de sus ciudadanos en las zonas más vulnerables.

El panorama de la seguridad en México sigue siendo una de las mayores preocupaciones para la opinión pública y el círculo político nacional. Al cumplirse 459 días del actual gobierno federal, las cifras oficiales revelan una realidad compleja: entre octubre de 2024 y los primeros días de enero de 2026, el país ha acumulado un total de 32,003 homicidios dolosos. Esta cifra arroja un promedio de 70 personas asesinadas cada 24 horas, lo que equivale a un crimen de este tipo cada 21 minutos en territorio mexicano.

A pesar de la magnitud de estas cifras, los datos de los primeros 15 meses de gestión de Claudia Sheinbaum muestran una tendencia a la baja si se comparan con el mismo periodo del gobierno anterior. Mientras que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se registraron 45,286 homicidios en sus primeros 15 meses, la cifra actual representa una disminución cercana al 30%. No obstante, el número actual sigue superando los registros de los arranques de sexenios como el de Enrique Peña Nieto, que sumó 28,261 casos, o el de Felipe Calderón, con 11,465 víctimas en el mismo lapso.

La violencia homicida en México no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra ferozmente en regiones específicas que han sido el foco de atención política en los últimos meses. Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta del país en lo que va del sexenio, acumulando 3,625 homicidios. Le siguen el Estado de México con 2,469 registros y Chihuahua con 2,354 casos. Estas entidades enfrentan retos particulares por la presencia de grupos delictivos y conflictos territoriales que no han cedido ante los cambios de administración.

En contraste, existen estados donde la incidencia de este delito es drásticamente menor. Yucatán destaca como la entidad con menos homicidios en el acumulado de este sexenio con apenas 52 casos, seguida por Durango con 87 y Coahuila con 113. Estas brechas regionales alimentan el debate sobre la efectividad de los modelos de seguridad locales frente a la estrategia federal.

Los registros más recientes subrayan la persistencia del desafío. Solo el 2 de enero de 2026 se contabilizaron 41 homicidios en el país, mientras que el día anterior la cifra fue de 49 víctimas. Aunque el promedio diario del sexenio se sitúa en 70, las variaciones mensuales muestran picos de hasta 97 homicidios diarios en los peores días del gobierno actual.

Para los analistas de la política mexicana, la meta es clara pero difícil: lograr que la reducción porcentual respecto al sexenio pasado se traduzca en una percepción real de paz. Con un acumulado histórico de más de 202,000 homicidios en la gestión anterior y un promedio diario actual que sigue siendo elevado, la administración de Sheinbaum se encuentra bajo la lupa constante de una ciudadanía que demanda resultados contundentes en la pacificación del país.

A un año y diez días del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, las cifras de homicidios en México muestran una caída significativa en la tendencia histórica, según un informe de TResearch International con corte al 11 de octubre de 2025. El dato más relevante que captará la atención del público interesado en la política mexicana es la reducción del 29% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en comparación con la administración federal anterior.

El estudio «La Guerra en Números» revela que, en los primeros 375 días del gobierno actual (CSP 2024-2030), se acumularon 26,220 homicidios en el país. Este total arroja un promedio de 70 asesinatos diarios, un número que, si bien sigue siendo alarmante, contrasta drásticamente con los 97 homicidios diarios que promedió el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO 2018-2024), cuyo sexenio finalizó con casi 200,000 víctimas.

Una Tendencia a la Baja: Menos Homicidios Cada Mes

La tendencia mensual refleja una desaceleración en la ola de violencia. La administración de Sheinbaum inició en octubre de 2024 con 2,645 homicidios, el mes con la cifra más alta hasta ahora. Sin embargo, la cuenta ha ido descendiendo, llegando a 1,588 casos en septiembre de 2025. Este patrón se consolida al analizar el acumulado anual.

De enero a octubre de 2025, México registró 18,714 homicidios. Comparado con el mismo periodo del año anterior (enero-octubre de 2024), cuando se contaron 26,051 víctimas, la reducción es de un notable 28%. Este cambio sugiere un efecto de las nuevas estrategias de seguridad implementadas, con un promedio diario que pasó de 87 en el 2024 a 62 en el 2025. La brecha se hace aún más evidente al considerar que, en los días previos a la fecha del corte del informe, la cifra diaria había caído a 44.

El Mapa de la Violencia Persistente

Aunque el promedio nacional haya disminuido, la concentración de la violencia continúa siendo un foco rojo en la agenda política. El informe detalla las entidades federativas que concentran el mayor número de homicidios en lo que va del sexenio de la presidenta.

Los estados que lideran esta trágica lista son Guanajuato (con 3,008 homicidios acumulados), seguido de cerca por Chihuahua (1,869) y Baja California (1,865). Estas tres entidades suman la mayor parte de las víctimas, un desafío directo para las autoridades estatales y la Federación.

En el lado opuesto, el informe destaca a los estados con los mejores resultados en seguridad, con la menor acumulación de víctimas. Yucatán se mantiene como la entidad más segura (37 homicidios), seguido por Durango (58) y Coahuila (100). El contraste entre las zonas más violentas y las más pacíficas refleja la profunda desigualdad en la aplicación de la justicia y la efectividad de las políticas de seguridad a nivel subnacional.

En perspectiva histórica, la lucha contra el crimen organizado y la violencia homicida continúa siendo el mayor reto de México. Si bien el sexenio actual (CSP) muestra un avance al reducir la media diaria a 70, la herencia de sexenios anteriores es pesada: el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) promedió 71 diarios y el de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) alcanzó los 55. Los datos de TResearch confirman que, por primera vez en años, la tendencia se revierte, poniendo las cifras de homicidios por debajo de las alcanzadas en el sexenio inmediato anterior, un argumento que sin duda será utilizado por el nuevo gobierno para defender su estrategia de seguridad.

En un reporte alarmante, la consultora TResearch International ha revelado que la cifra de homicidios dolosos acumulados en los primeros 11 meses del sexenio de Claudia Sheinbaum ha alcanzado la cifra de 23,797 víctimas. Estos datos provienen de fuentes oficiales como el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las estadísticas, fechadas al 30 de agosto de 2025, muestran un promedio diario de 72 homicidios. A pesar de que esta cifra representa una disminución del 29% en comparación con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el mismo periodo, los datos de TResearch indican que la gestión de Sheinbaum se ubica como la segunda con más homicidios en sus primeros 11 meses, solo por detrás de la administración de AMLO, que registró 33,386.

La escalada de violencia en el país es evidente al comparar los promedios diarios de homicidios en los últimos sexenios. Mientras que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari el promedio diario era de 35, y en el de Vicente Fox Quesada era de 28, en el de Enrique Peña Nieto subió a 71 y en el de AMLO alcanzó los 94. Con un promedio de 72 víctimas por día, la administración actual se enfrenta a un desafío considerable en materia de seguridad.

El reporte destaca que la entidad con el mayor número de homicidios en el sexenio actual es Guanajuato, con 2,803 víctimas. Le siguen de cerca Sinaloa (1,694) y Baja California (1,685). En contraste, las entidades con el menor número de casos son Yucatán (31), Durango (54) y Coahuila (85).

En cuanto al promedio diario más reciente, el informe señala que el 29 de agosto de 2025 se registraron 61 homicidios, mientras que el promedio del último mes fue de 76 y el del último año, de 70. Estos números reflejan una problemática de larga data y subrayan la necesidad de políticas de seguridad pública eficaces para revertir la tendencia.

Los datos muestran un incremento constante del promedio de homicidios diarios a lo largo de los años. De un promedio de 28 durante el sexenio de Vicente Fox, se pasó a 55 en el de Felipe Calderón, y a 71 en el de Enrique Peña Nieto. La tendencia alcista parece continuar, aunque con variaciones, lo que demanda una atención urgente por parte de las autoridades.

Según un informe reciente de la consultora TResearch International, México ha registrado una disminución significativa en la cifra de homicidios durante los primeros 11 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en comparación con el mismo periodo de la administración anterior. El documento, con fecha del 16 de agosto de 2025, revela un promedio diario de 72 homicidios y un acumulado de 22,826 en los primeros once meses del nuevo sexenio, una cifra que contrasta con los 33,386 homicidios registrados en los primeros once meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que representa una reducción de 32%.

El análisis, titulado «La Guerra en Números», destaca que esta tendencia a la baja no solo es evidente a nivel sexenal, sino también en el comparativo anual. En el periodo de enero a agosto de 2025, se acumularon 15,322 homicidios, lo que representa una caída del 26% con respecto a los 20,709 casos registrados en el mismo lapso de 2024. Estas cifras sugieren un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad pública, aunque los datos diarios siguen mostrando la persistencia del problema.

A nivel estatal, el informe detalla un panorama mixto. Guanajuato, Sinaloa y Baja California se mantienen como los estados con las cifras más altas de homicidios en 2025, con 1,844, 1,125 y 1,093 casos respectivamente. En el otro extremo, Yucatán, Durango y Coahuila figuran entre los territorios más pacíficos, con 16, 29 y 45 homicidios acumulados en lo que va del año, lo que demuestra la disparidad regional en la incidencia de este delito.

El reporte también ofrece una perspectiva histórica de la evolución del promedio diario de homicidios en distintos sexenios. Mientras que en la administración de Carlos Salinas de Gortari el promedio diario era de 35, y en la de Ernesto Zedillo de 37, la cifra subió drásticamente a 55 con Felipe Calderón y alcanzó un pico de 94 con Enrique Peña Nieto. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el promedio diario fue de 94, un valor ligeramente superior a la cifra con la que cerró su antecesor. La actual administración de Claudia Sheinbaum presenta un promedio diario de 72, lo que la ubica por debajo del pico máximo registrado en el sexenio anterior.

Pese a la tendencia a la baja, los datos muestran que el reto de la seguridad en México sigue siendo uno de los mayores desafíos para el gobierno. El informe de TResearch International se basa en datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fuentes oficiales que respaldan la validez de las cifras presentadas. La nota «La guerra en números» destaca la importancia de monitorear estas estadísticas para evaluar la efectividad de las políticas implementadas y entender el panorama de la violencia en el país.

El informe también detalla la cifra de homicidios por mes, mostrando que en julio de 2025 hubo 1,755 homicidios, una de las cifras más bajas del año. En contraste, octubre de 2024 tuvo el mayor número de homicidios mensuales, con 2,645 casos. La información recopilada por TResearch busca ofrecer un panorama claro y conciso para la ciudadanía, que sigue de cerca la evolución de este problema social. La reducción de las cifras es una noticia alentadora, pero la realidad diaria sigue marcando la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad y justicia en todo el territorio nacional.

El análisis de la realidad socioeconómica y de seguridad en México se ha vuelto un ejercicio cada vez más complejo, donde las cifras oficiales frecuentemente se confrontan con la percepción ciudadana y el escrutinio de expertos. Ante los recientes informes que señalan una reducción significativa en la pobreza y en la tasa de homicidios, surge un debate metodológico que invita a un examen más profundo de los datos. Este fenómeno plantea interrogantes cruciales sobre la validez de las mediciones, la transparencia en la recopilación de información y las implicaciones políticas de presentar resultados positivos en áreas de gran sensibilidad social.

La Medición de la Pobreza: Un Cambio de Criterio

La reciente disminución de la pobreza en México, según datos oficiales, se atribuye en parte a la modificación de las metodologías de medición, particularmente en lo que respecta al acceso a servicios básicos como la salud y el agua. La medición multidimensional de la pobreza, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), considera tanto el ingreso como las carencias sociales. Sin embargo, en el informe más reciente, cambios en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) habrían redefinido las preguntas sobre acceso a la salud y al agua. Esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar si la reducción en las carencias es resultado de una mejora real en la vida de millones de mexicanos o simplemente de un ajuste en la forma de preguntar y, por ende, de contar.

La discusión se centra en si las modificaciones en el cuestionario reflejan una mejora genuina. Por ejemplo, la pregunta sobre acceso a servicios de salud, que solía indagar sobre la afiliación a instituciones públicas de salud, ahora pregunta si la persona se encuentra afiliada o tiene derecho a recibir atención médica en alguna institución pública o privada. Este cambio, sumado a la creación del programa de salud IMSS-Bienestar, habría generado un aumento masivo de personas con acceso a servicios, incluso si la calidad o el tipo de atención recibida no son los mismos que con afiliaciones previas. De manera similar, la pregunta sobre el acceso al agua se habría modificado, lo que podría explicar el gran aumento en las personas con acceso, sin que necesariamente signifique que el acceso sea permanente o de buena calidad.

Un punto central de controversia es la modificación en los cuestionarios de Coneval sobre carencias sociales, particularmente en salud y acceso al agua. Las nuevas preguntas habrían facilitado que millones de personas fueran registradas como beneficiarias de estos servicios en un periodo de dos años, un logro que parece inverosímil dada la infraestructura existente. Por ejemplo, el acceso al agua potable, un indicador clave, mostró mejoras abruptas que no concuerdan con reportes de organizaciones independientes ni con la percepción ciudadana en comunidades rurales. Esta aparente manipulación estadística sugiere que los criterios se ajustaron para proyectar una narrativa de éxito, en lugar de reflejar avances estructurales.

La Cifra de Homicidios: ¿Disminución o Reclasificación?

Paralelamente, las cifras sobre la delincuencia en el país también han sido objeto de un intenso debate. Mientras el gobierno federal reporta una disminución en los homicidios, lo cual es un indicador crucial en la estrategia de seguridad, otros delitos como la extorsión y el feminicidio han experimentado un aumento. Esto ha generado la hipótesis de que se está produciendo una reclasificación de delitos por parte de las autoridades locales o ministerios públicos.

La reclasificación implicaría que muertes que podrían tipificarse como homicidios dolosos, se registran bajo otras categorías como homicidios culposos o incluso muertes accidentales, especialmente en escenarios de alto riesgo como enfrentamientos armados o incidentes viales. Este cambio en el registro, si bien podría ser legalmente viable bajo ciertos criterios, tendría el efecto de maquillar las estadísticas de homicidios dolosos, generando una percepción de éxito en la estrategia de seguridad que no se corresponde con la realidad de otros crímenes de alto impacto. La falta de transparencia en la desagregación de los datos y en el proceso de investigación de muertes violentas alimenta estas sospechas y dificulta un análisis objetivo.

Las cifras sobre violencia también están bajo escrutinio. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución del 7% en homicidios en 2024, con un promedio de 82 casos diarios, según anunció Marcela Figueroa en una conferencia matutina en enero de 2025. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contradijo esta narrativa al confirmar un aumento del 3%, con 91 asesinatos diarios. Como señala Carlos Matienzo en El Heraldo de México, la exclusión de feminicidios y la comparación de datos dispares entre Inegi y SESNSP evidencian una manipulación deliberada. Además, el crecimiento de “otros delitos contra la vida y la integridad” —una categoría ambigua que incluye desde inducción al suicidio hasta peligro de contagio— se disparó de 8,064 casos en 2018 a 16,331 en 2024, y ya suma 8,530 en el primer semestre de 2025. Este incremento del 2.5% sugiere una posible reclasificación de homicidios para maquillar las estadísticas.

El delito de homicidio en México ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, con cifras que sugieren una posible contención de la violencia que ha marcado al país en años recientes. De acuerdo con un análisis de TResearch, el promedio de homicidios diarios durante el actual sexenio se ha reducido a 72, una disminución notable en comparación con el promedio de 94 del sexenio anterior. Este dato es respaldado por reportes del gobierno, que señalan una reducción del 25.8% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, lo que representa 22 homicidios menos por día.

Las cifras mensuales publicadas por TResearch International confirman esta tendencia descendente. Mientras que en octubre de 2024 se registraron 2,645 homicidios, el mes de julio de 2025 cerró con 1,755, su nivel más bajo en el período analizado. Este panorama positivo se suma a la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que mayo de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos desde 2016. Asimismo, el acumulado de homicidios de enero a agosto de 2025, de 14,954 casos, representa una disminución del 28% respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, el fenómeno de la violencia letal sigue siendo un desafío, pues se mantiene una alta concentración de crímenes en pocos estados. Un informe de seguridad destaca que siete entidades federativas acumulan el 51.6% de los homicidios dolosos a nivel nacional. El análisis de TResearch identifica a Guanajuato, Sinaloa y Baja California como los estados con las cifras más altas de homicidios en 2025. Por otro lado, la Ciudad de México y el Estado de México han reportado una disminución significativa en este delito.

La situación de los menores también refleja una tendencia de descenso, aunque la problemática sigue siendo preocupante. Entre enero y mayo de 2025, se registraron 356 asesinatos de menores de edad, equivalentes a 2.4 homicidios diarios. A pesar de que esta cifra es menor que el promedio diario de 2.8 registrado en la administración pasada, las muertes de niños, niñas y adolescentes en el país aún superan a las de naciones en conflicto como Afganistán.

A pesar de la aparente desaceleración, la cifra de homicidios diarios en el país continúa siendo alta. El promedio de 72 homicidios diarios de la actual administración, si bien es una mejora con respecto al sexenio anterior, todavía es superior a los 71 de la gestión de Enrique Peña Nieto y mucho más alto que los 55 diarios de la administración de Felipe Calderón. La batalla por la seguridad en México aún se libra día a día, y los números, aunque más bajos, siguen reflejando una profunda crisis de violencia que no ha terminado.

El primer tuit de Campos presenta un mapa que ilustra la violencia homicida por cada 100,000 habitantes entre enero y mayo de 2025. Con colores que reflejan tendencias, muestra a 20 estados en situación crítica, como Baja California (59 por 100,000) y Sinaloa (54), pese a la baja nacional. Argumenta que las cifras agregadas esconden aumentos locales, impulsados por disputas de cárteles y crimen organizado, como los enfrentamientos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Guerrero. Sugiere que esta discrepancia refleja fallas en la recolección de datos y supervisión institucional, un punto reforzado en publicaciones posteriores donde menciona cuerpos no registrados y tácticas de desaparición de cadáveres por parte de cárteles.

Su hilo detalla matices estadísticos. Aunque los homicidios dolosos bajaron un 13.4% interanual, las desapariciones subieron un 18% y otros delitos contra la vida aumentaron un 2.6%. Campos critica la obsolescencia de basarse solo en tasas de homicidio, proponiendo un indicador más amplio que incluya feminicidios, desapariciones y otros actos violentos. Esto, dice, es esencial, ya que los datos nacionales no captan dinámicas locales, con estados como Sinaloa y CDMX mostrando incrementos del 67.2%. Un gráfico de radar comparando tendencias de 2024-2025 respalda su llamado a redefinir las métricas para abordar omisiones institucionales y estrategias criminales.

Políticamente, el análisis de Campos desafía la narrativa de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha destacado la reducción de violencia como un logro. Su publicación, a pocos meses de iniciar su mandato, eleva las apuestas, mientras voces opositoras en X, como @Almagno27, refuerzan su escepticismo, acusando manipulación de datos. Por otro lado, simpatizantes gubernamentales podrían defender que la baja refleja estrategias efectivas, aunque las evidencias de Campos sobre desapariciones y picos regionales complican esta postura. La credibilidad de su análisis se sostiene en los datos independientes de México Evalúa, pero su enfoque en disparidades locales abre el debate sobre la responsabilidad federal versus estatal.

La implicación más amplia es una posible erosión de la confianza pública en las estadísticas oficiales, un tema recurrente en la política mexicana. El llamado de Campos a métricas transparentes responde a demandas de rendición de cuentas, aunque corre el riesgo de politizarse, especialmente con las elecciones intermedias de 2026 en el horizonte. Su crítica también se cruza con presiones de EE.UU., como las recientes acusaciones de Trump sobre cárteles (16 de julio de 2025), que podrían agravar tensiones bilaterales si se exponen más los retos de seguridad de México.

En conclusión, el análisis de Campos revela un panorama de seguridad complejo donde el progreso nacional oculta crisis locales. Aunque su enfoque basado en datos fortalece el argumento, la respuesta política determinará su impacto. Este debate subraya la necesidad de métricas sólidas y transparentes para guiar políticas efectivas.

México continúa enfrentando un desafío significativo en materia de seguridad, con las cifras de homicidios que evidencian la persistencia de la violencia en el país. Según el reciente informe «La Guerra en Números: Homicidios en México» de TResearch International, la nación registró 70 homicidios el día de ayer, elevando el promedio diario del actual sexenio a 74 víctimas. Este panorama se presenta en un contexto donde ya han transcurrido 277 días de la administración actual, acumulando un total de 20,295 homicidios desde octubre de 2024 hasta julio de 2025.

El análisis mensual de las cifras revela fluctuaciones, pero mantiene una constante preocupación. En julio de 2025, se han registrado 206 homicidios, mientras que el mes de junio cerró con 1,818 casos. Los meses con mayor incidencia en lo que va del sexenio fueron octubre y noviembre de 2024, con 2,645 y 2,526 homicidios respectivamente. Por otro lado, febrero de 2025 ha sido el mes con la cifra más baja, registrando 2,098 homicidios.

A nivel anual, el 2025 acumula 12,791 homicidios hasta julio. Comparativamente, el año 2024 cerró con 30,898 homicidios, marcando una ligera disminución respecto a años anteriores. El 2020 se mantiene como el año con el mayor número de homicidios registrados, alcanzando las 36,773 víctimas, mientras que el 2023 cerró con 31,062.

Históricamente, los sexenios previos también han mostrado cifras elevadas. La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) concluyó con 199,968 homicidios, promediando 94 diarios. El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) registró 156,066 homicidios, con un promedio de 71 diarios. En contraste, administraciones anteriores como la de Vicente Fox Quesada (2000-2006) tuvieron promedios diarios menores, con 28 homicidios y un total de 60,280.

La distribución geográfica de los homicidios durante el actual sexenio muestra que Guanajuato lidera la lista con 2,504 casos, seguido por Sinaloa con 1,451 y Baja California con 1,400. En el lado opuesto, Yucatán, Durango y Baja California Sur se posicionan como las entidades con menor incidencia, registrando 26, 40 y 72 homicidios respectivamente en el mismo periodo.

Los datos de este informe, recopilados de fuentes oficiales como el INEGI (Defunciones por Homicidio, 1990-2023) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2024-2025), reflejan la complejidad y la magnitud del desafío de la violencia en México. La «Guerra en Números» continúa siendo una herramienta clave para comprender la evolución de este flagelo y las zonas más afectadas.