El contexto es elocuente. En todo 2025 se registraron 14 mil personas desaparecidas, la cifra más alta de la que se tenga registro, un 67% por encima de los números del primer año de López Obrador. En los siete años de gobiernos de Morena han desaparecido más de 70 mil personas, duplicando las desapariciones ocurridas en el sexenio de Peña Nieto. Las madres buscadoras que salieron a las calles durante la inauguración mundialista no lo hicieron instigadas por ningún extremo político: lo hicieron porque el Estado no ha resuelto una crisis humanitaria que crece cada año, incluyendo durante la llamada Cuarta Transformación.

La estrategia gubernamental de identificar culpables externos tiene antecedentes en la política mexicana, pero su utilización sistemática en el presente sexenio merece examinarse con rigor. Sheinbaum acusó que los actos violentos durante las movilizaciones son «montados» y buscan «dar una idea de que hay caos», relacionando la violencia con grupos de ultraderecha y con declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego. Que existan actores oportunistas que intenten capitalizar la protesta social es un fenómeno documentado en cualquier democracia. Lo que resulta analíticamente indefendible es elevar esa posibilidad a explicación central, desplazando las causas estructurales.

La presidenta sugirió que las manifestaciones de la CNTE y otros grupos inconformes estarían financiadas, poniendo en duda que se trate de movilizaciones con causas legítimas. Sin embargo, las demandas del magisterio —abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, incremento salarial, eliminación de la USICAMM— llevan años sobre la mesa y ningún gobierno las ha resuelto. Acusarlas de ser un montaje político no las hace desaparecer.

La presidenta Sheinbaum cuenta con una aprobación del 72%, pero sus políticas contra la corrupción y el crimen organizado son condenadas por el 78% de la ciudadanía. Esa paradoja revela un gobierno con popularidad personal intacta pero con déficits de gestión que ya son perceptibles para la mayoría. Señalar culpables sin nombre completo —la ultraderecha, la ultraizquierda, «grupos que no identifico plenamente»— es un recurso retórico que tiene un costo progresivo en términos de credibilidad.

Organizaciones como Fundar advirtieron que el gobierno busca «minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda», al cuestionar las cifras oficiales de desaparecidos. La responsabilidad de un gobierno no se mide por su habilidad para construir un relato alternativo, sino por su capacidad para resolver los problemas que originan el descontento.

El riesgo político de largo plazo es claro: cuando la narrativa del culpable externo se agota, lo que queda es la evidencia de lo que no se hizo. Las protestas del Mundial no fueron solo un problema de imagen internacional; fueron el síntoma visible de una brecha creciente entre el discurso de la transformación y la realidad de quienes todavía esperan respuestas.