En redes sociales, la comunidad gamer anda eufórica, como si hubieran ganado el Mundial. Circulan versiones de que esto es una victoria total, que los críticos desde el principio decían que la idea era una reverenda tontería, imposible de aplicar sin caer en lo absurdo. Un usuario posteaba: «¡Gracias a Dios, la presidenta cancela impuestos a videojuegos violentos!», y otro más sarcástico: «Al fin alguien se dio cuenta que clasificar GTA de Mario Kart es como separar el agua del aceite». Hay memes a todo lo que da, con Sheinbaum como heroína salvando el Call of Duty o el Fortnite del IEPS.

Pero no todo es fiesta. Hay trascendidos y comentarios que no están confirmados, como que el verdadero motivo fue el rechinchiflote masivo en redes y la presión de la industria, que ve a México como el mercado número uno en Latinoamérica con más de 76 millones de jugadores. Algunos sospechan que el gobierno vio venir un desmadre legal con plataformas gringas que no iban a separar facturas, y mejor echaron reversa para no armar más bronca. Otros chairos defienden que igual van campañas de «construcción de paz» para advertir a los morrillos de adicciones y violencia, aunque suene a sermón de tía preocupada.

Otros rumores en comentarios de X dicen que Ricardo Monreal ya salió a decir que la presidenta no puede «omitir» el impuesto así nomás, que hay que modificarlo en el Congreso, lo que huele a pleito interno en Morena. No está confirmado, pero pinta que hay divisiones: unos ven derrota, otros pragmatismo.

Al cabo, sea por complicaciones reales o por el madrazo digital que les llovió cuando aprobaron la ley, los gamers respiran tranquilos. No pagarán extra por su dosis de balazos virtuales. Y los críticos, pues ya andan diciendo «se los dijimos». Versión confirmada: el impuesto se cae. Las no confirmadas: que fue puro miedo al backlash o que viene algo peor disfrazado de campaña educativa. Mientras, sigan jugando, carnales, que esta vez la 4T les dio un respiro.

En EE.UU., el Parents Music Resource Center (PMRC), liderado por Tipper Gore, presionó en 1985 para etiquetar álbumes de rock con advertencias por letras «explícitas». Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, testificó ante el Senado defendiendo su música. Argumentó que canciones como «We’re Not Gonna Take It» trataban temas románticos o de rebelión, no violencia, y bromeó: «Si las letras incitaran al amor, tendríamos una epidemia de amor, no de crimen». Años después, en los 90, videojuegos como Mortal Kombat y Doom fueron acusados de inspirar masacres escolares, llevando a audiencias congresionales y propuestas de prohibiciones. Sin embargo, estudios de la Asociación Americana de Psicología (APA) concluyeron que no hay prueba de causalidad, solo correlaciones débiles en comportamientos agresivos temporales.

En México, el diputado morenista José Armando Fernández Samaniego defendió el impuesto durante el debate fiscal de octubre de 2025, afirmando que los videojuegos violentos «generan violencia desde la pantalla» y que es «justicia social» que contribuyan al Estado para atender sus consecuencias. Esta postura ignora críticas de opositores como la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, quien argumentó que la violencia en México surge de fallas estatales en seguridad y justicia, no de consolas, y que países como Japón, grandes consumidores de videojuegos, no son los más violentos. El impuesto, aplicado a títulos como GTA o Battlefield, se presenta como medida de salud pública, pero carece de respaldo empírico.

La ciencia es clara: revisiones meta-analíticas, como las de la APA en 2020, indican que no hay evidencia suficiente para afirmar que los videojuegos causen violencia real. Estudios en España y México muestran que el uso de videojuegos no correlaciona con agresividad vial o comportamientos delictivos, y que factores como el entorno socioeconómico son más determinantes. En cambio, los videojuegos pueden fomentar habilidades cognitivas y sociales.

Esta política de Morena refleja un conservadurismo cultural disfrazado de progresismo, similar al de los republicanos estadounidenses. En lugar de abordar raíces reales de la violencia –como la impunidad y la pobreza–, se estigmatiza a millones de gamers, principalmente jóvenes. Críticas en redes sociales destacan la hipocresía, recordando que México enfrenta crisis reales no vinculadas a pantallas. Si el rock no creó una «epidemia de amor», los videojuegos no generan criminales. Urge basar leyes en evidencia, no en pánicos morales, para una verdadera justicia social.