Al dar arranque a una serie de capacitaciones electorales y territoriales hacia la militancia panista de la Ciudad de México, Miguel Errasti, secretario de Gobierno del PAN CDMX, dijo que se busca llevar un mensaje de liderazgo a todos los rincones de la capital y recordarle a la gente que donde gobierna Acción Nacional hay una mejor calidad de vida.

“Pretendemos hablar de los buenos gobiernos de Acción Nacional en cada una de las alcaldías y espacios gobernados por nosotros, así como donde hay representación legislativa, donde la calidad de vida es mejor que la que ofrecen alcaldías donde gobierna Morena”.

Errasti comentó que se están capacitando todos aquellos pertenecientes al Sistema PAN en la Ciudad de México, donde incluyen nuestros presidentes de cada una de las demarcaciones territoriales, concejales y diputados.

“Con el famoso “toca-toca”, que significa ir a tocar todas las casas de esta Ciudad para levantar gestiones y resolverle a la gente. Sabemos que el tocar las puertas y escuchar a la gente hará que seamos una verdadera opción en el 2027”.

Hoy, desde la Secretaría de Gobierno del PAN, se estará en capacitación continua con cada uno de los comités delegacionales territoriales y “saldremos de la mano con todos los que son militantes del PAN a tocar cada una de las puertas de las demarcaciones”.

Miguel Errasti apuntó que, donde no gobierna el PAN, “vamos a enseñarles con resultados, logramos mayor seguridad, la recuperación de espacios públicos y la generación de diversos programas sociales exitosos”. El panista puso como ejemplo Manos a la Olla en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Estamos listos para gobernar la Ciudad y sin duda alguna, donde ya gobernamos vamos a levantar la votación porque tenemos los mejores cuadros políticos para enfrenar la tiranía de Morena”.

Hoy, MH, BJ, Cuajimalpa, Coyoacán y Cuauhtémoc, son las alcaldías más seguras para vivir.

“Estaremos trabajando de la mano para refrendar el triunfo rumbo al 2027. Como ya en diversos estados en Acción Nacional vamos a salir tanto líderes en las demarcaciones territoriales, las y los alcaldes, las y los diputados locales y federales, así como concejales a demostrar que somos mejores para gobernar.

“Se trata de que nos vean como una fuerza unida y determinante rumbo al 2027, que somos la mejor opción de gobierno”.

Sin embargo, a pesar de que esa posición parecía ganar —y de hecho sospechosamente ganaba— voluntades en ciertos círculos, siempre hubo, por fortuna, quienes consideraron que tal prédica, es decir, la de pugnar por la no persecución de los delitos graves o de alto impacto, era no sólo ilegal y contraria a la ética pública, sino torpe y contraproducente. Ahora empezamos a ver con claridad esto último.

Luego, ya ese grupo en el poder, en el cual lleva siete años y medio, convirtió su absurda posición en política pública. Para justificarla y darle apariencia de seriedad y algún sustento, así sea engañabobos, inventó un lema, una metáfora y un sofisma.

El lema fue “Abrazos, no balazos”, como actitud frente a la delincuencia. La rima de la frase no la hizo atractiva —salvo para efecto de bromas y de burlas— y menos aún eficaz. Ni remotamente resolvió el creciente problema de inseguridad y violencia que padece el país.

Antes bien, lo agrandó y agravó, como lo indican claramente las estadísticas, por más maquilladas que las presenten. Por encima de las cifras oficiales, la verdad está en la percepción de inseguridad, que en menor o mayor medida es incuestionablemente alta y generalizada entre la población a lo largo y ancho del país. Quien sostenga lo contrario, miente.

La metáfora ha consistido en hacer ruda, muy feroz crítica de la política contraria (la legal, la correcta) mediante una figura retórica pueril y simplona. Se dijo, y aún algunos sostienen, pretendidamente convencidos, que combatir legalmente a la delincuencia equivale a “patear el avispero”. Singular aportación teórica ésta a la ciencia política.

Es decir, que no es conveniente mantener el orden, la seguridad y la paz social mediante la aplicación de los legítimos instrumentos de que dispone el Estado para ello, por el riesgo de que al “alborotar al avispero” la sociedad sufra males mayores. Falso.

Ocurre exactamente lo contrario, porque si la delincuencia y el crimen no se combaten, el simple sentido común indica que esa tolerancia opera como incentivo perverso, pues en lugar de disminuir uno y otro, delincuencia y crimen, obviamente se incrementarán. No se requieren demasiadas luces para comprender que la realidad así es y así funciona.

A propósito, sería interesante que la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, aclarara si el operativo llevado a cabo por su gobierno el domingo 22 de febrero para capturar al capo apodado “El Mencho” fue, o no, lo que llaman patear el avispero. Y de haber sido así, como lo fue en la mentalidad del actual grupo en el poder, explique las razones que se tuvieron para haber variado su política pública en esta materia.

Porque queda en el ánimo de la opinión pública la sensación de que se obedeció más a presiones del exterior que a la exigencia ciudadana al respecto, desoída desde hace más de siete años.

El sofisma consiste en afirmar, con categoría de verdad absoluta, que la delincuencia y el crimen solo pueden ser combatidos con eficacia si se combaten las causas. Se dice que las causas que generan la delincuencia son la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que muchos mexicanos sufren y que, en especial a los jóvenes, los lleva a delinquir.

El sofisma es claro. En primer lugar, porque nada impide que ambas políticas públicas, la de una proactiva e intensa promoción para el desarrollo (y no groseramente clientelar como la del actual gobierno) y el combate legal a la delincuencia, se apliquen simultáneamente.

Se pueden complementar perfectamente. Y en segundo lugar, bajo el supuesto erróneo de que tal política pública diera resultados favorables, sería en el muy largo plazo, en el cual, como dice Keynes, todos estaremos muertos. Y lo más probable será que nunca los dé, por el siempre presente incentivo perverso a delinquir.

El gobierno norteamericano reclamaría por conducto del Departamento de Estado, la poca acción para combatir al narcotráfico, y más en concreto, el tráfico de fentanilo mientras que el gobierno mexicano reclamaría tiene el tráfico ilegal de armas.

Pero también el gobienro de México tiene abierto varios frentes, producto de su su simpatía en relación con países no amistosos con la Casa Blanca. La detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro comienza a relucir una serie de apoyos a los gobiernos de la Cuarta Transformación, así como el envio de petróleo a Cuba con una figura jurídica ilegal.

Además la sombra de las sospechosas relaciones de personajes de la clase política con integrantes de la delincuencia organizada, ha generado una serie de especulaciones en diversos personajes.

Para compensar la insatisfacción del gobierno del presidente Donald Trump, el gobierno de México envió a 37 miembros de organizaciones criminales mientras que se sigue insistiendo en el envío de tropas norteamericanas para combatir los carteles de la delincuencia y del narcotráfico. En febrero de 2025 México remitió a 29 narcotraficantes y en agosto a otros 26 de ellos.

En la pasada administración prevaleció la ausencia de un marco jurídico prometido para complementar los planes de seguridad expedidos, por ejemplo, la Estrategia de Seguridad de la pasada administración promocionó la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés y del Consejo para la Construcción de la Paz que prevé la Estrategia Nacional de Seguridad. Ni una ni otra fue presentada a las Cámaras del Congreso.

Lo mismo con el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa para la Seguridad Nacional y al Programa Nacional de Protección Civil que se derivan del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 – 2024. Ninguno de estos programas fue promulgado, por tanto, el criterio vigente de seguridad nacional, por ejemplo, es el publicado en la administración del presidente Peña Nieto.

Con Washington en la pasada administración las tensiones se profundizaron con eventos sensibles como la detención del general Salvador Cienfuegos en octubre de 2020 en territorio estadounidense, sin previo aviso a México, generando una crisis diplomática y la aprobación en el Congreso mexicano, de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 que limita la actuación de agentes extranjeros en suelo mexicano.

México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde. Hoy el gobierno de México tiene frentes y con sus desigualdades su margen de maniobra no es amplio, es limitado y riesgoso para su clase política, mientras que Washington parece que le lleva mucha ventaja.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

Acicateado por la comunidad académica y sectores especializados de la crítica el presidente Vicente Fox promulgó en 2005 –con muchas limitaciones y contradicciones, pero dando un paso adelante– la Ley de Seguridad Nacional, pero los gobiernos posteriores frenaron su puesta en práctica porque toda estrategia en ese sentido tenía que chocar de manera inevitable con los espacios de soberanía de Estados Unidos.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 del presidente Donald Trump –que es la misma para la Casa Blanca desde la primera que emitió Reagan en 1987 y que viene del Acta de Seguridad Nacional de 1947– representa, sin darle más vueltas al asunto, una amenaza a la seguridad nacional de México, si cruzamos las disposiciones de las estrategias estadounidenses con la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

Las doctrinas mexicanas de seguridad nacional, de soberanía política y de seguridad interior son lo suficientemente legales, sólidas y precisas como para marcarle un alto al monroísmo vulgar de Trump. Pero todos los presidentes mexicanos –desde De la Madrid hasta Sheinbaum Pardo– se han estacionado en el margen retorico del patrioterismo –que no patriotismo– de la política exterior.

El presidente López Obrador, en su estrategia de seguridad pública, prometió un programa para la seguridad nacional y se comprometió a formalizar la doctrina de seguridad interior, pero se quedó en el modelo de torear a Trump; y la presidenta Sheinbaum también anunció un programa de seguridad interior y tampoco ha avanzado en ello.

Frente a Trump, la 4T –de manera paradójica en su discurso refundador– depende de los programas públicos de seguridad nacional de los presidentes Calderón Hinojosa y Peña Nieto e inclusive está en el aire la abrogada –pero latente en principios– Ley de Seguridad Interior que aprobó Peña Nieto y anuló la Corte,

El pasivo de la 4T en materia de seguridad nacional se encuentra en la Ley de Fox: soberanía e independencia (artículo 3): “por seguridad nacional se entienden –dice la ley vigente pero inaplicada– las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano» y manera muy clara el artículo 5 de la Ley caracteriza las “amenazas a la seguridad nacional” mexicana.

Y la lista de amenazas es muy concreta y se encuentra en las estrategias de seguridad nacional de la Casa Blanca 1987-2025 y destacan: interferencia extranjera en los asuntos nacionales que pueden implicar una afectación al Estado mexicano. Las amenazas de Trump de usar a la CIA, a la DEA, al FBI y a los Marines para combatir en México a los cárteles que producen y exportan droga a Estados Unidos representan aún como declaraciones políticas una violación de la soberanía mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional, porque tipifican como “interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano”.

El problema radica en que los gobiernos mexicanos de De la Madrid a Sheinbaum Pardo invocan la seguridad nacional solo hasta la orilla de las líneas fronterizas. Pero la Ley mexicana de Seguridad Nacional contiene en la actualidad tres elementos fundamentales que definirían la estrategia mexicana de ejercicio de la soberanía como línea roja ante el acoso de la Casa Blanca: el Consejo de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la agenda nacional de riesgos; el primero se ha reducido a seguridad pública policiaca, el segundo cercenó tareas de seguridad nacional y solo es un centro de acopio para la política antidrogas y la invisible agenda de riesgos parece ser un secreto de Estado.

Pero la parte más importante está en el Consejo de Seguridad Nacional que debería de operar –vía un Sistema Nacional de Inteligencia para la seguridad nacional– como instrumento rector de la política exterior de México que afecta a su política interior y sobre todo de la relación directa de México con Estados Unidos en materia de seguridad nacional.

Los compromisos incumplidos por López Obrador y Sheinbaum Pardo para crear un Programa para la Seguridad Nacional han dejado vigentes nada menos que los programas de Calderón Hinojosa y Peña Nieto porque contienen toda la doctrina de las oficinas militares y navales que tienen que ver con la soberanía de la república.

Aunque no se quiera y ante la ausencia de programas sexenales para la seguridad nacional, la estrategia del Gobierno mexicano sigue estando la incumplida Ley de Seguridad Nacional. 

Política para dummies: la política es la seguridad nacional del Estado.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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El titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, se encuentra con licencia médica, aunque hay indicios en redes de que su retiro obedece a un asunto personal. Pero sea la razón que sea, el caso es que el contexto internacional de México exige un enfoque estratégico que de muchas maneras debería de comandar la Cancillería:

–Las amenazas de Trump de terminar con el Tratado, y aunque no puede sino hasta 2036, de todos modos sigue enchinchando con amenazas que ya afectaron el intercambio comercial del T-MEC que nació como TCL y se fortaleció en 2018 como un acuerdo no arancelario.

–La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump que confirma su primera de 2017 y que no modifica en nada el clima de criterios imperialistas de la estrategias presidenciales desde Reagan en 1987, pero que crea amenazas públicas de intervencionismo desestabilizador –con la CIA o con Marines— a países que no ceden su soberanía a Washington: Panamá, Venezuela, Brasil, Colombia, México y hasta Nicaragua.

–La colonización de la FIFA para contaminar al futbol con temas geopolíticos y la Medalla de la Paz –en modo de corcholata— de la FIFA a Trump.

–La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump fechada en noviembre de 2025 y distribuida el viernes 5 de diciembre y su contenido basado en dos principios clave: la aplicación de la Doctrina Monroe no solo al continente americano como en 1823, sino ahora en todo el hemisferio occidental del planeta, reconstruyendo la línea roja del Muro de Berlín para acotar a Rusia y a China y el principio de llegar “a la paz por medio de la fuerza” o de la guerra.

–Las amenazas de invasiones militares estadunidenses, lasc maniobras en curso de desestabilización por la CIA en Venezuela y Colombia y el intervencionismo político electoral local de Trump para inducir votos a favor de los candidatos de la derecha trumpiana en países sudamericanos.

La política exterior mexicana es presidencialista, pero tiene dos instancias determinantes: el Senado que participa en el mantenimiento de los principios y sore todo la Secretaría de Relaciones Exteriores que no solo funciona con embajadores y cónsules hoy en precariedad salarial, sino como instrumentos de seguridad nacional.

 A la SRE le toca –más bien: debería corresponderle– el papel coordinador de otras dependencias que tienen que ver con acciones de política exterior: Economía por el Tratado, Defensa y Marina por razones de la Doctrina de Defensa Nacional y soberanía, Gobernación en política exterior vis a vis la política interior, Seguridad y Protección Ciudadana por la transnacionalización del crimen organizado y las presiones de Washington, la Fiscalía federal por políticas y estrategias criminales internacionales.

Ahí es donde se percibe el hoyo funcional de la SRE por el permiso del canciller De la Fuente Ramírez, y una prelación escalafonaria que permite del subsecretario del Ramo, un burócrata que funcionó como asistente de compañía de Ebrard cuando fue canciller de López Obrador y sin formación en temas de inteligencia y seguridad nacional.

Se supone –porque en la 4T todos es sospechosismo y juegos de poder– que la relación con EU está en manos del embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma Barragán, un político experimentado que tiene en sus manos los hilos de las relaciones de México con los grupos de poder de Washington.

Pero además del desacomodo burocrático, México ha eludido, más por razones de centralización presidencial, de una estructura de seguridad nacional que funcione; se supone en el México de las suposiciones que existe un gabinete de política exterior, pero en los hechos todo se centra en las decisiones de la presidenta de la República, pero sin mover los engranes políticos como existen en el Consejo de Seguridad Nacional de EU que hoy está presidido –un mensaje imperial– por el también secretario de Estado y en el que tiene un sillón especial –por razones obvias—el secretario de Guerra, ya no de Defensa.

La ausencia de De la Fuente Ramírez por razones personales y la inexistencia de una verdadera Cancillería estratégica no ayudan a procesar información, escenarios, vinculaciones y mensajes frente al abusivo activismo de Trump metiéndose en las políticas nacionales de países supuestamente aliados. 

Política para dummies: La política es un equilibrio entre los objetivos, los instrumentos y sobre todo las tensiones.

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Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha impulsado la Estrategia Nacional de Seguridad, presentada en octubre de 2024 y actualizada en 2025, que incluye explícitamente a Guanajuato como una de las entidades prioritarias debido a su alta incidencia delictiva. Esta estrategia se basa en cuatro ejes principales:

Estos esfuerzos han mostrado resultados mixtos: por ejemplo, los homicidios bajaron un 47% desde septiembre de 2024 en el estado, pero la violencia persiste, como lo evidencian los eventos recientes. Además, se han rescatado víctimas de secuestro virtual y localizado personas desaparecidas.

En comparación con Sinaloa y Michoacán —también estados con alta violencia—, el enfoque federal es similar y no parece diferenciado por afiliación partidista. En Sinaloa, tras el arresto de «El Mayo» Zambada en 2024, se registró un aumento del 102% en homicidios en el primer año de Sheinbaum, pero se aplicó el mismo modelo de inteligencia y despliegue de Guardia Nacional. En Michoacán, el «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia» de noviembre de 2025 (después del asesinato de un alcalde) replica el esquema de Guanajuato: más elementos federales (incluyendo de la Secretaría de Seguridad), inversión de 57 mil millones de pesos y atención a causas, con énfasis en fiscalías locales. Los tres estados concentran buena parte de los homicidios nacionales (Guanajuato 11.1%, Chihuahua 7.6%, etc.), y la estrategia nacional los trata como prioridades equivalentes. La diferencia radica en contextos locales: disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa en el noroeste, o autodefensas y CJNG en Michoacán.

Hay un ángulo político que preocupa —el gobierno de Guanajuato por el PAN y posibles motivaciones electorales de Morena—, es cierto que ha habido críticas fuertes de Sheinbaum y Morena al PAN por la inseguridad en el estado. Por ejemplo, se ha atribuido la violencia al «abandono de jóvenes» y a fallas en la fiscalía estatal bajo administraciones panistas. Durante la campaña de 2024, Sheinbaum habló de «ganar Guanajuato» como una «hazaña» y prometió paz con coordinación. Hoy, con Morena en el poder federal y PAN en el estado, las declaraciones políticas persisten, pero las acciones muestran colaboración concreta, como el acuerdo de octubre de 2024 con la gobernadora García. Usar cifras de inseguridad en debates electorales es común en México (de ambos lados), pero no hay evidencia pública concluyente de que esto impida la implementación de estrategias; al contrario, el énfasis en la coordinación sugiere un enfoque pragmático, aunque imperfecto. La complejidad de la violencia —arraigada en disputas criminales, desigualdad y debilidades institucionales— trasciende lo partidista y requiere resultados tangibles más allá de las palabras.

En resumen, hay planes y acciones federales en marcha para Guanajuato, alineados con los de otros estados violentos, pero los resultados no han sido suficientes para revertir la tendencia por completo. Ojalá que la coordinación entre niveles de gobierno se fortalezca y priorice la vida sobre la política.

“Si nosotros las y los priistas no defendemos las instituciones, nadie lo va a hacer. Si no ponemos orden, si no levantamos la voz con firmeza, el régimen vil y corrupto de Morena seguirá aprovechándose del silencio de las y los mexicanos”.

La declaración de Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue pronunciada el 6 de diciembre de 2025 durante un evento de su partido en la Ciudad de México, en medio de una concentración de militantes priistas que gritaban consignas como «¡Fuera Morena!». En ella, Moreno no solo denuncia al gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena como un «régimen vil y corrupto», sino que posiciona al PRI como el último bastión defensor de las instituciones democráticas, en un llamado explícito a la militancia para «poner orden» y romper el «silencio» ante lo que percibe como abusos autoritarios. Esta retórica agresiva —que incluye términos como «narcogobierno» y acusaciones de pactos con el crimen organizado— forma parte de una estrategia más amplia del PRI para revitalizarse ante una crisis existencial, marcada por derrotas electorales y una erosión histórica de su base. Analicemos el contexto, las causas y las posibles implicaciones, basándonos en datos recientes.

El contexto de la crisis: De hegemonía a marginalidad

El PRI, que gobernó México de manera ininterrumpida durante 71 años (1929-2000) y regresó al poder con Enrique Peña Nieto (2012-2018), atraviesa su peor momento desde la alternancia democrática. En las elecciones federales de junio de 2024, el partido obtuvo solo el 15.8% de la votación presidencial (unos 6.4 millones de votos para Xóchitl Gálvez en la coalición opositora), un desplome del 64% respecto a su pico en 2012 (19.3 millones de votos para Peña). En el Congreso, pasó de 211 diputados en 2018 a apenas 70 en 2024, perdiendo posiciones clave en estados como Veracruz, Hidalgo y Durango —bastiones tradicionales— ante el avance de Morena y sus aliados.

Esta caída se acentúa en 2025 con elecciones locales y legislativas intermedias en varios estados (e.g., Durango, Veracruz, Colima), donde el PRI ha perdido terreno adicional. Encuestas de Mitofsky y El Financiero muestran que su intención de voto nacional ronda el 10-12%, por debajo del PAN (18%) y lejos de Morena (55-60%). Factores clave de esta crisis:

– Corrupción y descrédito: Escándalos como la «Casa Blanca» de Peña Nieto y casos de gobernadores priistas (e.g., Javier Duarte en Veracruz) han erosionado la confianza. Un sondeo de Parametría (noviembre 2025) indica que solo el 22% de los mexicanos ve al PRI como «confiable».

– Falta de renovación: Críticas internas por el control de «dinosaurios» como Moreno, quien ha sido acusado de clientelismo y de bloquear candidaturas jóvenes.

– Dominio de Morena: La 4T ha capturado votantes priistas tradicionales con programas sociales, dejando al PRI sin narrativa clara.

En X (Twitter), el hashtag #FueraMorena ha sido impulsado por Moreno con más de 50 posts en los últimos meses, acumulando 1.2 millones de interacciones, pero con un 40% de críticas que lo tildan de «oportunista» o «vendido» por sus alianzas pasadas con Morena en 2021.

El giro agresivo: ¿Estrategia de supervivencia o desesperación?

La cita que destacas no es aislada; es el clímax de una escalada retórica que Moreno ha intensificado desde octubre de 2025, coincidiendo con el arranque de campañas para elecciones estatales de 2026-2027. En posts recientes, lo califica de «narcoestado», «régimen corrupto» y «traidor al pueblo», enfocándose en temas como la inseguridad (e.g., coche bomba en Michoacán), la Ley de Aguas (acusada de «robo al campo») y la designación de la fiscal general (rechazada por el PRI como «sumisión al poder»).

Esta agresividad busca:

– Movilizar la base: Eventos como el del 6 de diciembre reúnen a miles de militantes, recordando las marchas masivas del PRI en los 90s, para contrarrestar la apatía interna.

– Posicionarse como oposición «firme»: Diferenciándose del PAN, al que acusa de «lloriquear» y de debilidad, Moreno promueve una «gran coalición» amplia (incluyendo ciudadanos independientes) para 2027, aunque el PAN rechaza alianzas por desconfianza.

– Aprovechar el descontento: Temas como la violencia (homicidios +4% en 2025) y la economía estancada (crecimiento 0.2%) son munición para atacar a Morena, atrayendo votantes desencantados.

¿Última oportunidad en 2026-2027? Posibles consecuencias

Las elecciones de 2026 (gubernaturas en Durango, Veracruz, etc.) y 2027 (presidenciales) son vistas como un «todo o nada» para el PRI. Si logran al menos 15% nacional, podrían mantener registro y negociar alianzas; de lo contrario, arriesgan la disolución (umbral del 3% en votación). El discurso agresivo podría:

– Beneficios: Ganar visibilidad en un México polarizado (63% percibe inseguridad, INEGI), atrayendo a exmorenos desilusionados. Moreno ya habla de «coalición amplia» pese a rechazos del PAN.

– Riesgos: Aumenta la confrontación, con posibles represalias judiciales (Moreno enfrenta investigaciones por enriquecimiento) o pérdida de moderados. En X, el 35% de replies a sus posts son de burla o acusaciones de hipocresía por el pasado priista. Analistas como Denise Dresser lo ven como «desesperación de un partido zombie», pero podría catalizar una renovación si se traduce en victorias locales.

En resumen, esta ofensiva verbal es un intento del PRI por sobrevivir reinventándose como «defensor de las instituciones» en un panorama donde Morena domina. Refleja no solo la crisis del partido, sino la polarización mexicana: ¿revitalizará al PRI o lo hundirá más? El 2026 será el veredicto.

De entrada, se puede asegurar que, de no haber sido privado de la vida el referido presidente municipal, el llamado “Plan Michoacán” jamás se habría elaborado y tampoco, obviamente, dado a conocer. Por duro que parezca decirlo, ese instrumento debe su existencia al asesinato del alcalde Manzo.

Señalado lo anterior, bien vale la pena preguntarse cuál es la naturaleza jurídica de ese Plan. De su aspecto político y de su eficacia en cuanto instrumento de política pública ya se han ocupado numerosos analistas.

En efecto, los opinadores serios y de vena crítica, en su gran mayoría, han dicho que ese no es el primer plan gubernamental para combatir la imparable ola de violencia que desde hace más de dos décadas azota al estado de Michoacán. Que en realidad es el tercero de estos planes en menos de veinte años, que los dos anteriores fracasaron rotundamente, y este lo más probable es que corra la misma suerte.

¿El “Plan Michoacán” se debe encuadrar jurídicamente dentro de lo que la Constitución General de la República denomina el “sistema nacional de planeación democrática”? Una primera lectura de los preceptos de la Carta Magna que hacen referencia al tema, que son los artículos 25 y 26, pareciera sugerir que no, en razón de que el primero hace referencia a la planeación de la “actividad económica nacional”, y el segundo define qué debe entenderse por planeación del desarrollo en términos del crecimiento de la economía, el cual —crecimiento— debe tener “solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad”. Hasta aquí, pareciera que el “sistema nacional de planeación democrático” está referido exclusivamente a la materia económica.

Sin embargo, una lectura más atenta del texto constitucional deja en claro que el aspecto económico es tomado como el núcleo que impulsa el desarrollo nacional, a partir del cual se sustenta la vida en sociedad de los mexicanos de manera integral, es decir, en todos sus ámbitos: social, político, cultural, medioambiental, de seguridad pública, etcétera.

Por lo anterior, de manera tan clara como categórica, el artículo 26 constitucional dispone que: “Habrá un plan nacional de desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente [todos] los programas de la Administración Pública Federal”.

Entonces, pues, el sistema nacional de planeación democrática establecido por la Constitución, contra lo que pudiera pensarse, no está constreñido única o exclusivamente al terreno estrictamente económico, sino que abarca y rige todos los ámbitos en los que el Estado, entendido en este caso como el gobierno federal, ejerce las funciones que legal y legítimamente le corresponden conforme a lo establecido en la Constitución. Y que, por razones de orden y de transparencia, pero sobre todo de eficacia, está obligado a planear y programar (que no son lo mismo), en beneficio de los gobernados.

Y tan es así que el ordenamiento reglamentario en esta materia, que es la Ley de Planeación, señala en su artículo 21 que “la categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo” (PND) y que los demás son programas, que los podrá haber “sectoriales, institucionales, regionales o especiales”, determinados en el PND que cada seis años se ha de expedir al inicio de cada administración federal, o bien los “que determine el presidente de la República posteriormente” (artículo 22).

¿Qué tipo de programa es el indebidamente llamado “Plan” Michoacán, y qué requisitos establecidos en la ley debió haber cumplido? Lo veremos en la siguiente entrega.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, junto con la Dirigencia Nacional, encabezada por Jorge Romero Herrera, salió este miércoles a las calles para escuchar y ofrecer soluciones con propuestas firmes a la ciudadanía.

“Tenemos un compromiso muy activo e importante con la ciudadanía, queremos escuchar, queremos saber cómo se siente la ciudadanía y decirles que en el PAN, sí hay un proyecto de gobierno que ofrece soluciones”.

Luisa Gutiérrez, junto con todas y todos los secretarios del PAN CDMX, así como integrantes del CEN PAN, realizaron este ejercicio de acercamiento con la ciudadanía para construir una plataforma política y electoral de cara a las siguientes elecciones.

Luisa Gutiérrez adelantó que así será y “que se vayan acostumbrando los de enfrente, que se acostumbren a que el PAN está en las calles y está trabajando”.

Luisa Gutiérrez manifestó que serán activaciones en todas las alcaldías, en cada colonia y desde luego, la dirigencia panista local irá a todas las comunidades a apoyar y resolver.

“Se trata de una estrategia territorial que va de la mano con este exitoso relanzamiento del partido, estamos defendiendo la patria, la libertad y la familia”.

Es, dijo, dialogar directamente con la ciudadanía que no se siente identificada con los ideales populistas de Morena, platicar con las personas que están abandonadas y que no quieren más este tipo de mal gobiernos.

Nuestras brigadas panistas junto con legisladores, concejales, dirigentes y líderes sociales, tienen claro el mensaje del PAN: ofrecer más salud, seguridad pública, acceso a seguridad y respeto a la dignidad humana.

“La estrategia territorial del PAN, es clara con una renovación digital y contacto directo con la ciudadanía, sobretodo, con la que está totalmente lastimada. Queremos platicar con jóvenes, adultos mayores, mujeres jefas de familia y todos los sectores que no están siendo escuchados”.