Recursos retóricos recurrentes, como la definición del Fobaproa como el mayor atraco a la nación; la llamada «guerra» de Calderón contra el narcotráfico como el inicio de una era de violencia que sigue ensangrentando nuestras ciudades; o actos de corrupción que llevaron a la cárcel a varios exgobernadores del PRI —como Javier Duarte y César Duarte, aún en la conversación pública—, son parte esencial de ese discurso que los morenistas utilizan constantemente.

El uso de estos elementos ha sido clave para que Morena gane elecciones, pues su discurso conectó con una ciudadanía hastiada de escándalos de corrupción que se sucedían sin tregua, sin que hubiera castigo para los involucrados. Por ello, no resultó sorprendente que el candidato que en 2018 prometió acabar con la corrupción y basó su campaña en denunciar esta práctica haya ganado la elección presidencial.

El problema, sin embargo, es que el discurso que apela al combate de la corrupción y a los males del «PRIAN» no ha sido consecuente en la práctica por parte de Morena. La incorporación a sus filas de exmilitantes provenientes del PRI y del PAN siembra serias dudas sobre la sinceridad del discurso electoral.

Ejemplos de estas contradicciones sobran: la incorporación y el nombramiento en el gobierno federal de quien pagó una fianza para evitar la prisión de López Obrador; el mantenimiento en el Senado de quien tildó de «secta» al partido; nombrar director del IMSS y luego senador a uno de los arquitectos de la campaña contra el ahora expresidente; convertir en diputado federal a un expresidente del PAN que contribuyó a describirlo como «un peligro para México»; o darle una gubernatura a uno de los coordinadores de campaña de Peña Nieto en 2012.

Esta lista de nombramientos, por citar solo unos pocos casos, no exhibe a un partido comprometido en la lucha contra la corrupción. Más bien, revela a un movimiento oportunista que se esconde tras la máscara de un personaje que promete eliminarla, pero que en la práctica la reproduce y, peor aún, a una escala mayor.

Si en verdad se buscara acabar con esta práctica, no se habrían incorporado a sus filas personajes cuestionados precisamente por su pasado, ni mantendrían en sus cuadros a aquellos que ahora se ven involucrados en nuevos casos de corrupción, como lo demuestran los escándalos en Segalmex y otros más recientes.

Pero el objetivo real es mantener un discurso infinitamente repetible, como demuestran las campañas anticipadas de quienes buscan gobernar un estado o cada oportunidad en que un morenista sube a la tribuna del Congreso para condenar, una y otra vez, al «PRIAN» y a la corrupción del pasado.

El problema es que la realidad ya los alcanzó. Una encuesta de diciembre de 2025 realizada por CE Research muestra que Morena se ubica en el tercer lugar de los partidos percibidos como corruptos, solo por detrás del PRI, que ocupa el primer puesto con el 41 % de las respuestas, y el PAN, con el 22 %. Que el partido en el poder, artífice de su triunfo electoral gracias al discurso anticorrupción, alcance el 18 % en este estudio, evidencia que este recurso se está agotando a un ritmo acelerado.

Tener en sus filas a expriistas y expanistas cuestionados por corrupción, mientras sus propios militantes empiezan a mostrar que la practican, no hace sino acrecentar las contradicciones de Morena, que le pasarán factura en las próximas elecciones.

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La presentación del 18 de octubre incluyó un nuevo logotipo y un lema que sintetiza el objetivo del blanquiazul —«Patria, familia, libertad»—. Con ello, el partido busca recuperar posiciones y atraer a los votantes afines a esta corriente de pensamiento. El PAN también intenta reposicionarse como la voz auténtica de la oposición, apuntando a votantes desencantados por la hegemonía de Morena tras la victoria de Claudia Sheinbaum en 2024.

Este viraje no es un caso aislado, sino que responde a una ola global de resurgimiento conservador. En Europa, las elecciones al Parlamento de 2024 impulsaron a la extrema derecha: el Rassemblement National de Marine Le Pen en Francia y la AfD en Alemania capturaron escaños récord, capitalizando el descontento por la migración y la economía. En 2025, la AfD se consolidó como segunda fuerza en comicios alemanes, con un 25% de apoyo, impulsada por narrativas antiinmigrantes. En América Latina, el patrón se repite: Daniel Noboa revalidó su presidencia en Ecuador en abril de 2025 con un enfoque en seguridad dura, sumándose a gobiernos de derecha como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Proyecciones de BMI indican que, para 2026, solo Venezuela y Uruguay mantendrán gobiernos de izquierda en la región, con líderes como Santiago Peña en Paraguay, que aspira a más victorias en 2025. En Estados Unidos, el regreso de Donald Trump en noviembre de 2024 reforzó esta tendencia con políticas proteccionistas que inspiran a la derecha regional.

En México, el PAN intenta emular este «giro a la derecha» adaptándolo al contexto local. Su énfasis en valores familiares y antiestatales evoca al partido VOX en España o al trumpismo, pero enfrenta desafíos. El declive de la derecha tradicional —evidenciado en la derrota de Xóchitl Gálvez en 2024— ha abierto espacio a «nuevas derechas» más radicales, como se discute en foros como CPAC México. Hay quienes ven en esta «renovación» un lavado de imagen superficial que maquilla una crisis interna evidenciada en la constante pérdida de votos desde el año 2000 y el creciente rechazo ciudadano a los partidos políticos, según las encuestas. Sin embargo, para el PAN podría ser su última oportunidad para recuperar espacios y evitar el destino del PRD o el que se vislumbra para el PRI.

A esto se suma la similitud entre el nuevo lema panista y el difundido por Eduardo Verástegui —identificado con la extrema derecha— en su campaña para obtener un registro de partido. Esta coincidencia ha provocado alertas en el escenario político por el posible viraje del PAN hacia el extremo de esta tendencia. Por su parte, Movimiento Ciudadano ha rechazado alianzas, alertando sobre un PAN «de derecha extrema».

¿Representa este viraje un renacer viable? La tendencia global sugiere potencial: el descontento por la inflación pospandemia y la inseguridad podría impulsar al PAN si logra movilizar a la clase media urbana. Sin embargo, sin reformas profundas —como la inclusión de voces moderadas—, arriesga alienar a votantes jóvenes y urbanos, perpetuando su marginalidad. En un 2025 de elecciones latinoamericanas clave, el PAN podría capitalizar esta marea conservadora, pero solo si transforma su imagen de «vieja guardia» en un proyecto moderno e inclusivo. De lo contrario, este espejismo se disipará ante el dominio de Morena.

Este avance no parece coyuntural, sino que se inscribe en una tendencia estructural. Factores como la inflación pospandemia, el auge de la desinformación y el rechazo al multilateralismo progresista sugieren que la derecha podría dominar los comicios de 2026-2027, especialmente en Latinoamérica y Europa del Este. Sin embargo, las coaliciones de centroizquierda podrían contrarrestarla si abordan estas demandas. En resumen, el bienio 2024-2025 marca un punto de inflexión hacia un conservadurismo global más asertivo.

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Morena no surgió de un bloque monolítico, sino como un mosaico político impulsado por Andrés Manuel López Obrador en 2011 como movimiento social, para convertirse en partido en 2014. Su crecimiento explosivo se alimentó de deserciones masivas de los viejos partidos: exmilitantes del PRI, como Alfonso Romo o incluso figuras cercanas a Peña Nieto; del PAN, con disidentes conservadores que veían en AMLO un mal menor; y del PRD, donde el propio López Obrador había sido expulsado en 2012 por su radicalismo. A esto se sumaron grupos de izquierda fragmentada, desde trotskistas hasta ecologistas, unidos por un denominador común: el rechazo al «neoliberalismo» y la corrupción de los sexenios previos. Sin embargo, esta convergencia fue más táctica que orgánica. Las rencillas no desaparecieron; se incubaron. Ejemplos abundan: las pugnas entre «jaramistas» (leales a René Bejarano, ex-PRD) y «renovadores» (ex-PRI) por candidaturas locales; o las tensiones como las que se dan con Marcelo Ebrard, cuya lealtad siempre se midió en términos de ambición personal.

Esta diversidad ideológica genera fricciones estructurales. Morena alberga desde estatistas radicales que sueñan con expropiaciones hasta liberales moderados que coquetean con el mercado. En el PAN y PRI, se forjaron hábitos de negociación clientelar; en el PRD, de movilización callejera. Hoy, con Claudia Sheinbaum al frente del gobierno, estas tensiones emergen en debates sobre reformas energéticas o judiciales, donde ex-PRI defienden subsidios corporativos mientras ex-PRD exigen purgas anticorrupción. Las elecciones de 2024 expusieron estas grietas: defecciones como la de Miguel Ángel Yunes (ex-PAN) a la oposición, o las filtraciones de chats internos que revelan celos por cuotas de poder. Alcalde lo sabe; su llamado no es ingenuo, sino una estrategia de contención en un partido que, sin AMLO como pegamento carismático, arriesga la implosión.

¿Posible la unidad? En teoría, sí, si Morena invierte en formación ideológica profunda, como propone su Instituto Nacional de Formación Política. Pero en la práctica, las rencillas persisten porque Morena no ha resuelto su identidad: ¿es un movimiento transformador o un catch-all party que absorbe lo mejor (y lo peor) de la política mexicana? La derecha, atenta, ya tuitea sobre «el Frankenstein político» que devora a sus propios hijos. Alcalde apuesta por la disciplina, pero sin reconciliación genuina, el silencio solo pospone el estallido. En un México polarizado, Morena necesita más que llamados: una narrativa compartida que trascienda pasados. De lo contrario, sus diferencias no solo alimentarán a la oposición, sino que erosionarán el proyecto mismo.

El fenómeno de la violencia política en México ha alcanzado niveles preocupantes en el primer semestre de 2025, evidenciando una compleja interacción entre procesos electorales, debilidad institucional y la creciente influencia de organizaciones criminales. Este análisis busca ofrecer una visión imparcial y objetiva sobre las características, el impacto y las implicaciones de esta problemática, basándose en el «Reporte Semestral de Violencia Política en México» de Integralia, que abarca el periodo de enero a junio de 2025.

Violencia Política en México: Un Escenario de Riesgos Crecientes

La violencia política, definida como cualquier tipo de agresión contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos, busca influir en los resultados electorales o fomentar la imposición de regímenes criminales mediante el uso de la fuerza. Esto incluye asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y cualquier otro mecanismo que cause daño físico o emocional.

Durante el primer semestre de 2025, se registraron 253 hechos de violencia política en México, distribuidos en 29 de las 32 entidades del país. De estos incidentes, 112 fueron asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros y 11 desapariciones, además de otros seis delitos menores como robos. Esta situación refleja una tendencia al alza en la violencia política, que se intensificó a medida que se acercaba el día de las elecciones y también en el mes posterior a estas. Las amenazas y los homicidios fueron los delitos que más repuntaron durante este periodo.

Causas y Consecuencias de la Violencia Política

El informe subraya que la violencia política es tanto causa como consecuencia de un proceso de «captura de las instituciones del Estado mexicano». Esta captura facilita que las organizaciones criminales extorsionen, cobren derecho de piso, realicen secuestros o impongan restricciones a la operación de empresas en diversas regiones. La inseguridad y la violencia resultantes tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la estabilidad económica y la continuidad de proyectos de inversión, lo que a su vez incrementa los costos de operación.

Geografía de la Violencia: Foco Municipal y Regional

Geográficamente, la mayoría de los incidentes se concentraron en el centro y sur del país. Veracruz fue la entidad con el mayor número de eventos de violencia política, registrando 81 casos, principalmente en el marco de las elecciones municipales. Otros estados con altos niveles de violencia, incluso sin comicios locales durante el periodo, fueron Guerrero (24 casos), Morelos (21 casos) y Oaxaca (20 casos). Estos cuatro estados se caracterizan por ser zonas de disputa entre diversas organizaciones delictivas. En contraste, Durango, a pesar de haber tenido elecciones locales, registró solo un evento de violencia política.

La violencia política se concentró predominantemente a nivel municipal, con 200 casos registrados, lo que representa el 79% del total de incidentes. Este enfoque municipal se explica por dos factores principales: la debilidad estructural de los gobiernos locales y el interés de los grupos criminales en controlar estos gobiernos para acceder a recursos, la policía, impunidad y mercados ilegales. La violencia se manifestó en 174 municipios, es decir, el 7% del total del país. El Puerto de Veracruz concentró 11 casos, mientras que la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México registró siete, y Cuernavaca, Huitzilac y Puebla, seis cada uno.

Perfiles de las Víctimas y Partidos Afectados

En cuanto a las víctimas, el 63.2% de los casos de violencia política registrados a nivel nacional durante el primer semestre de 2025 fueron cometidos contra funcionarios o exfuncionarios públicos. Además, el 15% de las víctimas fueron figuras políticas, y el número de aspirantes que sufrieron violencia aumentó del 14.6% en el primer trimestre al 21.7% en el segundo. La mayoría de las víctimas (79%) fueron figuras políticas, funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a cargos a nivel municipal.

Morena fue el partido político con el mayor número de víctimas, con 73 casos de violencia política registrados contra personas vinculadas a este partido. Le siguieron el Partido del Trabajo (PT) con 28 casos y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 27. Sin embargo, es notable que un número significativo de víctimas (69 casos) no tenían afiliación a ningún partido político, ocupando el segundo lugar en la lista de afectados. Aunque los funcionarios y aspirantes de Morena fueron los más afectados, el informe señala que también son quienes ocupan más puestos de elección popular y tienen mayor exposición mediática.

Es importante destacar la baja incidencia de violencia en las elecciones judiciales. Con solo tres excepciones, no se registraron actos de violencia política contra candidatos a puestos de elección en el Poder Judicial, tanto local como federal.

Conclusión

El panorama de la violencia política en México durante la primera mitad de 2025 revela un fenómeno multifactorial, impulsado en gran medida por la búsqueda de control territorial y recursos por parte de organizaciones criminales, que explotan las debilidades institucionales, especialmente a nivel municipal. La intensificación de los incidentes durante los periodos electorales subraya la vulnerabilidad de los actores políticos y la necesidad urgente de estrategias integrales que aborden tanto la seguridad pública como el fortalecimiento del estado de derecho. La información presentada, obtenida de un riguroso seguimiento hemerográfico, proporciona una base fundamental para comprender y enfrentar este desafío que impacta la democracia y la gobernabilidad en el país.

El ingreso de Musk en la política con el Partido América surge de una ruptura con Trump, especialmente tras su oposición a la reciente ley fiscal y de gasto del expresidente, conocida como la “One Big Beautiful Bill”. El hilo de X destaca que Musk criticó esta legislación por considerarla fiscalmente irresponsable, lo que lo llevó a establecer una nueva entidad política. El Partido América busca desafiar la dominación de largo plazo de los partidos Republicano y Demócrata al apuntar a escaños legislativos clave: específicamente, de 4 a 6 escaños en el Senado y 26 en la Cámara de Representantes. Esta estrategia aprovecha las mayorías estrechas en ambas cámaras, donde un pequeño número de votos puede inclinar decisiones críticas, como se vio en la aprobación reciente de la ley fiscal, que dependió de un desempate del vicepresidente en el Senado y una ajustada votación de 217-212 en la Cámara Baja.

El hilo sugiere que el enfoque de Musk no busca una mayoría absoluta, sino posicionar al Partido América como un factor decisivo de equilibrio. Al asegurar un número modesto pero estratégico de legisladores—potencialmente tan solo 3 a 4 senadores y 10 a 13 representantes—podría negociar con cualquiera de los partidos principales para influir en la legislación o incluso en los resultados presidenciales en un escenario de elección contingente. Esta táctica explota la estructura del Colegio Electoral de EE. UU., donde la falta de una mayoría de 270 votos desencadena una decisión congresional. El plan de Musk de apuntar a estados como Maine y Nebraska, que asignan votos electorales proporcionalmente, y posiblemente influir en el Pacto Interestatal del Voto Popular Nacional, indica un entendimiento sofisticado de la mecánica electoral.

La reacción de Trump, calificando el movimiento como “ridículo” y un “desastre”, subraya la amenaza percibida para su influencia política. El expresidente teme que un tercer partido pueda restar votos, potencialmente perturbando victorias republicanas en elecciones cerradas, como las de Arizona (margen del 4.7%) o Georgia (2.3%), donde 93 votos electorales estaban en juego. Esta tensión se agrava por el apoyo previo de Musk a Trump, que incluyó una contribución de 277 millones de dólares y la amplificación de su campaña a través de X. El cambio sugiere un pivote estratégico, posiblemente motivado por diferencias ideológicas o el deseo de construir una base de poder independiente.

Un paralelismo histórico surge con Ross Perot, cuyos intentos presidenciales en 1992 y 1996 obtuvieron el 18.9% y el 8% del voto popular, respectivamente, sin ganar votos electorales. El Partido de la Reforma de Perot desafió al sistema bipartidista durante un período de descontento económico, similar al enfoque de Musk en la responsabilidad fiscal ante debates sobre el gasto gubernamental. Sin embargo, análisis posteriores sugieren que Perot no alteró significativamente el resultado entre George H.W. Bush y Bill Clinton, indicando que el éxito de terceros partidos a menudo se ve limitado por el sistema electoral de “el ganador se lo lleva todo” y la lealtad de los votantes a los partidos mayores. La propuesta de Musk se diferencia por su enfoque en influir en el Congreso de manera específica, lo que podría ofrecer un camino más viable.

El potencial del Partido América depende de varios factores. Primero, los recursos financieros de Musk—estimados en miles de millones—le dan una ventaja significativa para financiar campañas y esfuerzos mediáticos, especialmente a través de X, que posee. El hilo cita una encuesta de Newsweek que indica que el 40% de 1,000 votantes registrados están abiertos a apoyar la iniciativa, con un 14% considerándolo “muy probable”, sugiriendo una demanda latente por una alternativa. Este apoyo podría traducirse en el 3% al 5% de votos necesarios para asegurar los escaños legislativos objetivo, especialmente en estados indecisos. Segundo, el clima político actual, marcado por polarización y descontento con ambos partidos, podría abrir una ventana para una nueva voz, particularmente alineada con políticas libertarias o enfocadas en eficiencia.

Sin embargo, los desafíos son considerables. Construir un partido con la infraestructura para competir en un sistema dominado por dos partidos es una tarea formidable, requiriendo no solo fondos, sino también organización local y acceso a boletas en todos los estados. El hilo menciona el rechazo de Musk a una alianza con el Partido Libertario, liderado por Steven Nekhaila, que podría haber proporcionado una base existente, indicando una preferencia por la independencia que podría retrasar el progreso. Además, el sistema electoral de “el ganador se lo lleva todo” en 48 estados representa una barrera, aunque la estrategia de Musk para influir en estados proporcionales y abogar por una reforma electoral a través del Pacto Interestatal del Voto Popular Nacional busca contrarrestar esto. El precedente histórico muestra que partidos como el de la Reforma lucharon por mantener el impulso más allá del entusiasmo inicial, planteando dudas sobre la longevidad del Partido América.

El impacto en el sistema político estadounidense podría ser profundo si tiene éxito. Un tercer partido con una presencia pequeña pero estratégica podría desequilibrar el poder, obligando a los partidos principales a adaptarse o negociar en temas clave. El análisis del hilo de la votación reciente de la ley fiscal—donde tres senadores republicanos y dos representantes se opusieron—ilustra cuán frágiles pueden ser las mayorías, ofreciendo un punto de apoyo para un nuevo actor. En una elección contingente, los votos electorales de Musk podrían determinar la presidencia, un escenario visto por última vez en 1837, aunque lograrlo requeriría una precisión en el targeting y la participación de votantes.

Las comparaciones con Perot destacan tanto oportunidades como riesgos. Las campañas de Perot capitalizaron las ansiedades económicas, pero carecieron de la influencia institucional que Musk busca a través del Congreso. La riqueza y el control mediático de Musk le dan herramientas que Perot no tenía, pero el sistema bipartidista arraigado y la inercia de los votantes siguen siendo obstáculos significativos. La mención del hilo de las victorias estrechas de Trump en estados clave sugiere que incluso un cambio del 1% al 3% de votos podría ser decisivo, pero también arriesga dividir el voto conservador, beneficiando potencialmente a los demócratas—un temor de Trump.

En conclusión, el Partido América de Elon Musk representa un experimento audaz en la política estadounidense, aprovechando sus recursos y las vulnerabilidades legislativas y electorales actuales para desafiar el statu quo. Aunque toma inspiración de los esfuerzos de Perot, su enfoque en influir en el Congreso de manera específica ofrece un enfoque distinto. El éxito dependerá de la capacidad de Musk para convertir su poder financiero en capital político, navegar las barreras sistémicas y capitalizar el descontento público. Hasta ahora, el proyecto está en sus primeras etapas, con la oposición de Trump y los precedentes históricos sirviendo como advertencias y posibles catalizadores. Los próximos meses revelarán si este movimiento reconfigura el panorama político de EE. UU. o se desvanece en los anales de los intentos fallidos de terceros partidos.

Me notificaron del INE para “requerir información” sobre los acordeones 🪗 de la Elección Judicial.

No tengo problema en contestar su cuestionario, pero todo iba bien hasta que salen con que quieren saber quiénes son mis fuentes. ¿Qué tal? 😤

(Un periodista no revela sus… pic.twitter.com/pZAMPsfpX4

— Laura Brugés (@LauraBruges) June 29, 2025

El requerimiento del INE pide a Brugés que confirme sus publicaciones, identifique fuentes y aclare el financiamiento detrás de las irregularidades reportadas, una medida que ella considera una violación a la ética periodística al obligarla a revelar informantes confidenciales. Esta demanda ocurre en un contexto más amplio de una elección judicial controvertida, marcada por una tasa de abstención del 87% y documentadas irregularidades, según análisis recientes. La presión para divulgar fuentes, pilar de la libertad de prensa, parece disuadir la investigación periodística, con Brugés expresando frustración por el tiempo y recursos desviados para cumplir, lo que podría desalentar a otros de realizar escrutinios similares.

Este fenómeno trasciende casos individuales, sugiriendo un efecto silenciador sobre periodistas y ciudadanos. El hilo de Brugés revela su reticencia a involucrarse más en la cobertura legislativa debido a reformas propuestas que amenazan la expresión, un sentimiento compartido por seguidores que critican las acciones del INE como intimidantes. La obligación de responder en 72 horas, junto con acusaciones vagas de posible influencia electoral, crea un entorno donde la autocensura podría proliferar. Patrones históricos en México, donde la presión gubernamental ha suprimido a los medios, refuerzan los temores de que estas medidas erosionen los contrapesos democráticos.

Por otro lado, el INE justifica estas acciones como necesarias para garantizar la integridad electoral, investigando afirmaciones de influencia indebida en la elección judicial. Su mandato de supervisar el financiamiento de campañas y las irregularidades ofrece una base legal para tales indagaciones, buscando mantener la transparencia en un proceso criticado por baja participación y presunta manipulación. Sin embargo, la falta de límites claros al abordar contenido en redes sociales arriesga un exceso, especialmente cuando involucra expresión protegida.

Las implicaciones son profundas. Si periodistas y ciudadanos perciben cada publicación como un posible riesgo legal, el acceso público a información independiente podría disminuir, debilitando el discurso democrático. El caso de Brugés, respaldado por pares y organizaciones como la Red de Defensoras Electorales, subraya una resistencia colectiva a esta tendencia. Aun así, la pregunta persiste: ¿puede la supervisión electoral adaptarse a la expresión digital sin sofocarla? Mientras México navega esta tensión, el resultado podría redefinir los límites de la libre expresión en la era digital, con todas las partes a la espera de una resolución que equilibre fiscalización y libertad.

La elección del dirigente estatal de Acción Juvenil, la sección del PAN que coordina la participación política de los jóvenes, en Puebla, el pasado 8 de junio, estuvo marcada por acusaciones de compra de votos, hostigamiento, amenazas y firmas falsificadas. Incluso, un audio difundido por medios estatales respaldó estas denuncias, llevando al candidato perdedor a afirmar que todo el proceso interno «estaba comprado».

En Veracruz, durante la elección municipal de Poza Rica, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, denunció una grave irregularidad: «después de reventar el conteo en Poza Rica, y con los paquetes abiertos, súbitamente aparecen decenas de votos nulos que están marcados por Movimiento Ciudadano y otros partidos», acusando directamente a Morena de estos hechos.

En la elección judicial, se detectaron en Michoacán 23 mil 415 boletas con anomalías. De estas, 12 mil ni siquiera estaban dobladas, lo que sugiere que fueron introducidas ilegalmente en las urnas; además, 11 mil presentaban la misma letra o patrón de relleno, lo que indica que una sola persona pudo haberlas marcado.

Por su parte, en la elección de Durango, Morena, a través de su secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán —quien desestimó los malos resultados obtenidos y rechazó el apodo «Andy»—, denunció intimidación contra sus candidatos y militantes, así como compra de votos. Adicionalmente, en el mismo estado, la candidata de Morena al municipio de Santiago Papasquiaro, Karen Fernanda Pérez Herrera, fue detenida con dinero en efectivo, sobres y una copia del padrón electoral local.

Retomando la elección judicial, la distribución de «acordeones» —y la coincidencia con los nombres de los candidatos ganadores— empañó la credibilidad del proceso electoral, sugiriendo una inducción del voto. Esto se vio agravado por la confusión de la boleta y el escaso conocimiento de los electores sobre las trayectorias de los candidatos.

Este recuento de hechos, ocurridos solo en junio de 2025, evidencia un patrón de prácticas recurrentes en cada comicio. Resulta preocupante que estas irregularidades sean perpetradas por todos los partidos políticos, ya sea en elecciones locales, federales o en procesos internos.

Gran parte de los discursos de la clase política actual, sin importar su afiliación partidista, se llenan de condenas a las prácticas antidemocráticas, que, según afirman, atentan contra la libertad de elección del pueblo. Sin embargo, convenientemente, ocultan que sus propias fuerzas políticas también recurren a ellas.

Las condenas a acciones como el acarreo, la compra de votos, la intimidación, el robo de urnas, la manipulación de paquetes electorales, las campañas de desinformación, los ataques contra candidatos —en ocasiones, mortales—, la inducción del voto, el secuestro de operadores o representantes partidistas, las amenazas a electores para que no acudan a las urnas, y las traiciones de funcionarios de casilla o de partido, se han vuelto una constante después de cada jornada electoral. Lo notable es que estas irregularidades son atribuidas a todos los partidos, o al menos las acusaciones se dirigen a todos los institutos políticos.

Si todos los políticos se consideran demócratas, si todos los partidos aseguran rechazar cualquier práctica antidemocrática, si los gobernantes de cualquier signo partidista presumen haber sido electos de manera democrática, entonces, ¿quiénes llevan a cabo estas irregularidades? Algo no cuadra en estas historias, lo que nos lleva a la pregunta crucial: ¿en qué momento las prácticas democráticas perdieron terreno frente a las autoritarias?

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En Durango, las redes están que no paran con el tema de los 39 municipios en juego. Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la coalición Morena-PT-PVEM se llevó 22 municipios, o al menos eso gritó a los cuatro vientos Luisa María Alcalde, la jefa nacional de Morena. Pero en X, hay usuarios que juran y perjuran que la cosa no fue tan limpia. Algunos tuiteros aseguran que en Lerdo hubo “mano negra”: desde presuntas detenciones a coordinadores de campaña de Morena hasta rumores de compra de votos. Un usuario escribió: “En Lerdo fue un cochinero, los policías locales querían bajarse a un coordinador de Flora Leal, ¿neta eso es democracia?”. Otros, por el contrario, dicen que el PAN, con su estrella Toño Ochoa reelecto en la capital, está inflando sus números y que no todo es miel sobre hojuelas para los blanquiazules. Hay quienes murmuran que la coalición PAN-PRI se quedó corta frente a lo que esperaban, y que el PRI, solito, apenas rascó un puñado de municipios.

En Veracruz, el relajo está aún más sabroso. El PREP dio a la alianza Morena-PVEM el gane en 60 municipios, pero Movimiento Ciudadano (MC) sorprendió como la segunda fuerza con 41 alcaldías. ¡Vaya que le dieron un susto a los grandes! Sin embargo, en las redes, la cosa se pone turbia. Hay quienes dicen que en municipios como Boca del Río y Xalapa, Morena “se robó” el triunfo con artimañas, mientras otros acusan al PAN de cantar victoria antes de tiempo. Un tuitero soltó: “En Veracruz, el PAN dice que arrasó, pero el PREP no miente, ¿o sí? Morena les dio un baile en varios lados”. Y no falta quien mencione al candidato independiente Miguel Ángel Grajales, que se llevó Zaragoza con el 43.3% de los votos. En X, algunos lo pintan como el “héroe del pueblo”, pero otros sospechan que su victoria “huele raro” y que podría haber algo más detrás.

Lo que sí está claro es que las elecciones en ambos estados estuvieron marcadas por el caos: violencia, denuncias de infiltración del crimen y hasta quema de paquetes electorales en Veracruz. En las redes, la gente no se cansa de especular: ¿hubo dados cargados? ¿Quién realmente ganó y quién está haciendo berrinche? Por ahora, nadie tiene la última palabra, y los cómputos oficiales que arrancan el 4 de junio podrían cambiar el cuento. Hasta entonces, esto es puro Off the Record, ¡así que no se crean todo lo que leen!

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) en México mostró un aumento de 1.2 puntos en mayo de 2025, situándose en 46.7 puntos, según datos desestacionalizados publicados por el INEGI y el Banco de México. A primera vista, la cifra podría interpretarse como una señal de optimismo en la economía nacional. Sin embargo, un análisis más profundo revela matices que preocupan a quienes observan con lupa el desempeño gubernamental.

Este incremento mensual se explica por avances en los cinco componentes que integran el indicador, los cuales miden la percepción de los hogares sobre su situación económica actual y futura, así como la del país y la propensión a adquirir bienes duraderos. No obstante, al comparar la cifra anual, el ICC experimentó una disminución de 0.2 puntos con respecto a mayo de 2024. Este retroceso anual, aunque marginal, es una señal de alerta que contrasta con el discurso oficialista de un país en franco crecimiento.

La confianza del consumidor es un barómetro clave de la salud económica, ya que refleja las expectativas de las familias sobre sus ingresos y la estabilidad de su entorno. Un ICC en ascenso mensual podría ser resultado de factores coyunturales o campañas de comunicación que buscan generar una percepción positiva, sin necesariamente reflejar una mejora estructural en las condiciones de vida de los ciudadanos. La disminución anual, por su parte, sugiere que la confianza a largo plazo no se ha consolidado, lo que podría deberse a la persistencia de desafíos económicos como la inflación, la incertidumbre en el mercado laboral o la falta de inversión productiva.

El Banco de México y el INEGI elaboran este indicador a partir de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), que recaba información en 32 ciudades del país. Es importante recordar que, a finales de 2023, la recolección de datos en Guerrero se vio afectada por el huracán Otis, lo que implicó que las cifras de noviembre y diciembre de ese año no consideraran la información de Acapulco de Juárez. Si bien esta situación se normalizó en enero de 2024, es un ejemplo de cómo eventos externos pueden distorsionar la fotografía económica y dificultar una lectura precisa de la realidad.

Para una oposición crítica, este ligero repunte mensual en la confianza del consumidor no es motivo de festejo. Es fundamental ir más allá de los titulares y analizar la trayectoria a mediano y largo plazo del indicador, así como los factores subyacentes que influyen en la percepción de los ciudadanos. ¿Realmente los mexicanos están mejorando su poder adquisitivo? ¿Se están creando empleos de calidad? ¿Existe certidumbre jurídica y económica para la inversión? Estas son las preguntas que deben responderse para evaluar si el aumento de la confianza es un reflejo de una economía robusta o simplemente un espejismo en un contexto de constantes desafíos.

La ciudadanía informada y crítica debe estar atenta a la evolución de estos indicadores, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a las autoridades. La verdadera confianza se construye con hechos tangibles y no con cifras aisladas.