La política alimentaria en México ha ingresado en un terreno de fricción dialéctica donde la narrativa oficial colisiona frontalmente con la microeconomía de subsistencia. El reciente pronunciamiento del Ejecutivo Federal, que desestima la necesidad de un ajuste en el precio de la tortilla basándose exclusivamente en el valor mínimo del maíz, constituye una simplificación técnica que ignora la complejidad de las cadenas de valor y la realidad operativa de los productores.

Nos encontramos ante un intento de «despolitizar» una decisión económica fundamental, presentándola como un resultado puramente técnico derivado del precio del insumo básico. Sin embargo, como lo sugiere la teoría del discurso, toda decisión de gestión es nítidamente política, especialmente cuando busca neutralizar el malestar social mediante el uso de indicadores parciales. El análisis de coyuntura revela que el problema no radica en el grano, sino en la erosión de los márgenes operativos causada por factores externos a la agricultura: energéticos, logística y una inflación subyacente que no cede.

Los productores, actuando como sujetos sociales con cognición de su propia realidad inmediata, señalan puntos de ruptura que la estadística macroeconómica omite. La operación de una tortillería depende de una constelación de costos: gas, fletes, papel de grado alimenticio, refacciones y salarios, todos ellos sometidos a una presión inflacionaria sostenida. Al insistir en la estabilidad del precio del maíz como único ancla, el discurso gubernamental genera una paradoja: se protege el símbolo (el maíz) mientras se asfixia a la unidad productiva (la tortillería).

Esta discrepancia no es solo económica; es una crisis de representación y de rendición de cuentas. Mientras la autoridad utiliza el «poder de agenda» para estabilizar expectativas, los actores del sector advierten sobre incrementos inminentes de dos a cuatro pesos. Esta tensión ilustra la lucha entre la «gestión de lo existente» y la realidad caótica del mercado, donde los consensos normativos del Estado se enfrentan a la necesidad de supervivencia de los pequeños empresarios.

Para la academia, este fenómeno debe abordarse como un caso de estudio sobre cómo la comunicación estratégica puede convertirse en un obstáculo para el diagnóstico real si se ignora la multidimensionalidad de los actores involucrados. El riesgo prospectivo es claro: un desabasto silencioso o la precarización extrema del sector, derivados de una política que confunde el precio de un insumo con el costo de la vida.

El caso más reciente que acaparó la atención en Estados Unidos fue el de George Santos, exlegislador republicano de Nueva York expulsado del Congreso. Su destitución marcó un hito histórico: es el sexto congresista en la historia de la nación en ser expulsado y el primero que no estaba implicado en casos de traición a la patria o rebelión, como ocurrió durante la Guerra Civil. Santos admitió haber falseado gran parte de su currículum, desde su formación académica y experiencia laboral hasta detalles de su vida personal y familiar.

La trama se destapó tras una investigación de The New York Times que reveló una serie de engaños, lo que motivó una indagatoria de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. La Comisión concluyó que Santos había utilizado fondos de campaña para uso personal y mintió de forma sistemática al público. Este caso ha reavivado el debate sobre la falta de consecuencias para los políticos que recurren a la mentira.

En México, tras el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la prensa se ha dedicado a verificar las afirmaciones y datos difundidos en este acto de rendición de cuentas. El director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, señaló en una entrevista televisiva que “todo informe de gobierno se conforma de cifras alegres e interpretaciones positivas; ningún gobernante hace autocrítica y eso se lo deja a los demás”.

El portal Animal Político, al revisar los datos del Primer Informe, publicó en la red social X (antes Twitter) que “además de decir dichos inexactos, Claudia Sheinbaum también dio datos falsos, engañosos e inexactos durante su Primer Informe de Gobierno”. En su análisis, el medio concluyó que “es falso que la refinería de Dos Bocas ya opera al 100%, es engañoso que en México no haya censura, es discutible que todos los hospitales del país tengan más de 90% de abasto y es verdadero que el nivel de pobreza disminuyó en seis años”.

Una encuesta de Arias Consultores, difundida por el portal Polls MX, evidenció la desconfianza de una parte de la población en las palabras de la mandataria: “Bajo la pregunta ¿crees que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice la verdad o miente?, los resultados revelan que un 56.3% de los encuestados considera que la mandataria federal miente, mientras que un 43.7% cree que dice la verdad”.

La reciente detención de funcionarios públicos vinculados al robo de combustible, un caso que involucró a personal de la Secretaría de Marina, es otra muestra de cómo se usa la mentira para apoyar una narrativa que favorece a un gobierno o partido. Días antes, la propia presidenta Sheinbaum había afirmado que “en México se acabó la corrupción” y que era cosa del pasado. Es posible que le faltó agregar, por los detalles que se dieron a conocer luego de las detenciones, “del sexenio pasado”.

La mentira persiste como un recurso de los políticos, sin consecuencias inmediatas, a menos que los ciudadanos empiecen a considerar este factor al momento de emitir su voto.

• Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras

Los datos del analista Juan Ortiz en EmeEquis son contundentes: en su primer año como senador, Noroña solo presentó tres iniciativas. A lo largo de diez años como legislador federal, apenas acumuló 17 propuestas. «La mayoría fueron desechadas y solo una fue aprobada. En un Congreso donde la política legislativa se mide en capacidad de negociación y construcción, Noroña quedó reprobado».

El ahora expresidente del Senado será recordado más por sus confrontaciones, provocaciones y exabruptos que por un trabajo legislativo efectivo. Esto nos obliga a preguntarnos por qué continuamos tolerando políticos que priorizan un discurso lleno de descalificaciones y agresividad sobre el diálogo y la búsqueda de consensos.

La estrategia de la viralidad

El discurso agresivo de legisladores y gobernantes, aunque contrario al espíritu conciliador de la política, es una estrategia calculada. Busca captar la atención mediática, ya que las declaraciones polémicas generan titulares y se vuelven virales, aumentando la visibilidad del político. Además, este comportamiento refuerza la lealtad de sus bases al polarizar el debate, creando una narrativa de «nosotros contra ellos» que fortalece la identidad de sus seguidores, una táctica muy común en la actual administración.

Este enfoque también desvía la atención de problemas estructurales o críticas a su gestión, centrando el foco en conflictos personales. Al atacar a sus adversarios, los políticos no solo los descalifican, sino que movilizan a sus bases electorales, apelando a las emociones en lugar de a la racionalidad. El lenguaje agresivo genera un sentimiento de pertenencia y lealtad, solidificando la identidad de un grupo al definir a un enemigo común.

Además, un discurso confrontacional permite al político proyectar la imagen de un líder fuerte y decidido, dispuesto a luchar por los intereses de «su gente» frente a la amenaza de «los otros». En un entorno de información fragmentada y rápida, los mensajes agresivos son eficientes porque son simples y memorables, lo que facilita su difusión y la fidelización de un electorado que se siente representado y validado en su frustración.

Sin embargo, esta táctica conlleva riesgos: puede alejar a los votantes moderados y fomentar un clima de división social. A corto plazo, el discurso agresivo otorga relevancia y poder mediático; a largo plazo, puede erosionar la credibilidad y la confianza en las instituciones. En un entorno donde la atención es un recurso escaso, la agresividad se convierte en una herramienta para destacar, aunque a costa de la calidad del diálogo público.

• Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras

El análisis político, como subdisciplina de las ciencias sociales, se enfrenta constantemente a la tensión entre la descripción objetiva de los fenómenos y su interpretación ideológica. En el contexto actual de México, se observa una marcada tendencia a politizar cualquier acontecimiento, atribuyendo responsabilidades y culpabilidades a actores políticos específicos, incluso cuando los hechos sugieren otras causas o la autocrítica por parte de los gobiernos en turno. Esta dinámica, particularmente la recurrente atribución de problemas a «la derecha», merece un análisis exhaustivo para comprender sus implicaciones en la esfera pública y la gobernanza.

El fenómeno de la «politización» de los acontecimientos se refiere a la acción de enmarcar un suceso o una situación dentro de una narrativa política, asignándole causas y efectos que se alinean con una determinada ideología o agenda. En México, esta práctica se ha vuelto una constante en el discurso oficial, donde se busca vincular casi cualquier adversidad a la influencia o acciones de la oposición, en este caso, la «derecha». Esta estrategia discursiva, lejos de ser un mero ejercicio de opinión, cumple una función política específica: la de consolidar una narrativa hegemónica, desviar la atención de posibles fallas propias y movilizar a la base de apoyo.

Desde la perspectiva de la teoría del discurso y la hegemonía, desarrollada por autores como Chantal Mouffe (2007, 2009), la política no es solo la gestión de asuntos públicos, sino un campo de batalla donde diferentes discursos compiten por establecer la «verdad» y definir el sentido común. En este sentido, la constante acusación a la «derecha» no es un error de análisis, sino una estrategia deliberada para construir un enemigo común que justifique las acciones del gobierno y aglutine el apoyo popular. Al presentar a la «derecha» como la raíz de los problemas, se busca deslegitimar cualquier crítica o alternativa, situando al gobierno actual como la única opción viable y progresista.

La despolitización de ciertos ámbitos, como la economía, ha sido una táctica neoliberal para presentar decisiones técnicas como apolíticas, pero la tendencia actual en México invierte esta lógica, politizando incluso lo aparentemente trivial. El caso de la cancelación de un concierto en el Multiforo Alicia, atribuido por los organizadores a la presencia de policías y militares y subsecuentemente ligado por algunos al antagonismo político, ilustra esta dinámica. Un evento que en otras circunstancias podría ser visto como un problema logístico o de seguridad, se transforma en un campo de disputa política donde se buscan responsabilidades ideológicas.

Esta estrategia de culpar a la «derecha» por los problemas, incluso los propios, puede tener varias motivaciones y consecuencias. En primer lugar, funciona como un mecanismo de defensa y elusión de responsabilidades. Al externalizar la culpa, el gobierno evita el escrutinio sobre sus propias políticas, decisiones o inacciones. Esto puede generar una percepción de infalibilidad y victimización que refuerza la imagen del líder como alguien que lucha contra fuerzas oscuras y poderosas.

pic.twitter.com/fvxnhXau4p

— Multiforo Alici@ (@multiforoalicio) May 31, 2025

En segundo lugar, fortalece la polarización política. Al dividir el escenario entre «buenos» (el gobierno y sus partidarios) y «malos» (la oposición y sus aliados), se profundizan las divisiones sociales y se dificulta el diálogo constructivo y la búsqueda de consensos. Esta polarización, si bien puede ser efectiva para movilizar a la base propia, obstaculiza la gobernabilidad y la capacidad de abordar los desafíos nacionales de manera unificada.

En tercer lugar, puede erosionar la confianza en las instituciones. Si cada problema se atribuye a complots o sabotajes de la oposición, se fomenta una cultura de la desconfianza hacia cualquier voz disidente o crítica. Esto puede llevar a una ciudadanía que no cree en la rendición de cuentas y que percibe la política como un juego de culpas en lugar de un espacio para la resolución de problemas.

Desde una perspectiva metodológica del análisis político, es crucial trascender estas narrativas simplistas. Como señalan los documentos sobre métodos y técnicas para el análisis político (Arroyo, 2012; Beranger, 2016), la investigación rigurosa requiere la identificación de causas múltiples y la consideración de diversos factores, tanto internos como externos. Un análisis imparcial buscaría comprender las complejidades de cada situación, explorando la interacción de actores, instituciones, procesos económicos y sociales, y no limitarse a una explicación unidimensional basada en la confrontación ideológica.

La importancia del método en el análisis político radica precisamente en su capacidad para ir más allá de la opinión cotidiana y ofrecer una comprensión más profunda de la realidad (Alarcón Olguin). Esto implica un enfoque sistemático, la recopilación y evaluación de evidencia, y la formulación de argumentos basados en datos y no solo en la retórica. En el caso de la constante culpabilización de la «derecha», un análisis crítico invitaría a cuestionar: ¿Existen pruebas concretas que vinculen a la «derecha» con el evento en cuestión? ¿Podrían existir otras explicaciones, como deficiencias en la gestión, falta de recursos o desafíos estructurales? ¿Qué actores se benefician de esta narrativa?

En conclusión, la tendencia a politizar todos los acontecimientos y a culpar a la «derecha» por los problemas, incluso los atribuibles a la gestión gubernamental, es una estrategia discursiva que busca consolidar una narrativa hegemónica y eludir responsabilidades. Si bien puede ser efectiva en el corto plazo para movilizar el apoyo político, a largo plazo puede socavar la confianza en las instituciones, profundizar la polarización y dificultar la resolución efectiva de los desafíos nacionales. Un análisis político riguroso, guiado por métodos y técnicas adecuadas, es indispensable para trascender estas narrativas simplistas y ofrecer una comprensión más compleja y objetiva de la realidad política.