En una carta entregada a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la Comunidad Universitaria de la UAEMEX, advierte que un grupo mencionado grupo de poder “en aras de perpetuar su cote de poder”, ha disfrazado el discurso de genero para “colocarse detrás” de una posible candidata para el proceso que tendrá lugar este año.

Explican que, con una estrategia basada en un falso enfoque de género, se han lanzado algunas candidatas a la Rectoría, con el fin de ganar la simpatía del actual gobierno abanderando una candidatura única de mujer.

En la carta, la Comunidad Universitaria de la UAEMEX asegura que se pretende imponer la candidatura única de la actual Secretaria de Administración de la esta universidad, quien incluso ha iniciado con actos anticipados de campaña.

En la carta entregada a la gobernadora añaden que, además, existen inconsistencias en la Dirección de Recursos Humanos, pues se han otorgado plazas y aumentos de sueldo a sus allegados como parte de la política electoral.

Asimismo, revelan que la Dirección de Control y Evaluación de la Gestión es una dependencia de la Administración Central que se ha utilizado como “guillotina o brazo ejecutor” de sanciones infundadas en contra de quienes se manifiesten frente a la corrupción o temas incomodos para la Rectoría.

La Comunidad Universitaria establece que ante la posibilidad de que impongan desde la Rectoría un proceso electoral que sesga la democracia de esta Universidad, debido a la suma de requisitos que limita la participación de cualquier aspirante, se hace necesario que la autoridad estatal revise el proceso electoral.

La misiva dirigida a la mandataria mexiquense, aclara que es necesario asegurar los derechos de la comunidad universitaria en la UAEMEX; así como ampliar la representación universitaria en estos procesos trascendentales para garantizar la democracia, así mismo, se solicita mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos de la Universidad, entre otras cosas, que son una necesidad para todos los sectores que conforman la UAEMEX.

Finalmente, con respecto a la próxima elección del Rector o Rectora, la carta de la Comunidad Universitaria sugiere que la Secretaría General de Gobierno y el Poder Legislativo del Estado de México puedan designar funcionarios, para dar fe como observadores, de que el proceso electoral se guíe sobre parámetros de legalidad, transparencia e imparcialidad.

Si esto se hace realidad, es algo que van a extrañar miembros de la clase política nacional como la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien cuando fue presidenta municipal cobró moches a sus empleados; o los diputados panistas que comandaba Luis Alberto Villareal, famoso por aquella fiesta en Villa Balboa al grito de «ánimo Montana», o el propio López Obrador señalado por Elena Chávez en su libro El Rey del Cash de cobrar moches para financiar sus actividades en su larga etapa de candidato entre funcionarios de gobierno afines a los partidos que encabezó.

Esperemos que no haya quien se queje de la desaparición de esta institución que sirvió para financiar las campañas de muchos políticos que con tal de seguir con sus carreras políticas recurrían a esta herramienta para recibir dinero y la presidenta cumpla su palabra a pesar de la resistencia esperada.

Advertencia presidencial para gobernadores y alcaldes sobre “acuerdos” presupuestales para 2025

“No van a regresar los moches” pic.twitter.com/r8EHOuGQ5I

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 5, 2024

Al cerrar el análisis de la glosa del primer informe de gobierno, el congresista Maurilio Hernández González (morena), presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, resaltó la importancia de la comparecencia del secretario porque la seguridad es uno de los temas más sentidos, recurrentes y de mayor interés para las y los mexiquenses.

Ante el pleno legislativo, Castañeda Camarillo enfatizó que los delitos de alto impacto representan el 22.5% de la incidencia total; es decir, se registraron menos delitos y menos violentos; y expuso que en homicidio doloso la entidad pasó del segundo al tercer lugar nacional; el secuestro registró un decremento del 34.12% y la aprehensión de 193 personas secuestradoras; la extorsión disminuyó por primera vez en cinco años con una baja de 12.9%; el feminicidio cayó en un 28.15%; homicidio doloso contra mujeres en un 25.08%; acoso sexual 28.10%; abuso sexual 9.86%; violación 3.82%.

Por el grupo parlamentario de Morena, las diputadas Nelly Brigida Rivera Sánchez y Arleth Stephanie Grimaldo Osorio reconocieron que el gobierno estatal ha priorizado la construcción de la paz y la seguridad con mesas de trabajo interinstitucional, aunque admitieron que en esta materia falta mucho por hacer y por resolver.

Con este panorama, las congresistas preguntaron por las acciones para atender las desapariciones de personas y para incrementar el estado de fuerza para la policía estatal; así como si hay una mesa interdisciplinaria que aborde la recomposición del tejido social y por los principales programas en materia de prevención del delito.

A nombre del PVEM, el parlamentario Héctor Raúl García González, presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito, llamó la atención en la sobrepoblación de los 23 centros de reinserción, consultó por las medidas para despresurizarlos y la sobrepoblación real; asimismo, cuestionó qué se hace para disminuir el delito de extorsión, cuya denuncia aumentó 20% en los primeros seis meses del año.

Los legisladores del PT Gabriel Kalid Mohamed Báez y Ernesto Santillán Ramírez resaltaron el éxito de la estrategia para la construcción de la paz con seguridad e inteligencia gubernamental y preguntaron cómo se materializa la coordinación entre los tres niveles de gobierno con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional; además por el impacto de mujeres policías en el combate a la violencia de género, medidas para el combate a la extorsión y si se tiene un catálogo de personas detenidas para que la Fiscalía General de Justicia pueda llevarlas debidamente a proceso.

Tras señalar que la seguridad debe ser prioridad del gobierno y reconocer los avances reportados, el parlamentario Mariano Camacho San Martín (PRI) apuntó que la confianza de la población en la policía estatal es de apenas 52.8%; solicitó información sobre las acciones para la profesionalización de las policías y la coordinación con las corporaciones municipales y por la certificación de las corporaciones policiacas.

Al exponer que la inseguridad está vinculada con la impunidad y ésta con la corrupción y la negligencia, la congresista Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) lamentó que la incidencia delictiva es de 55 mil 880 víctimas de delito por cada 100 mil mexiquenses; señaló que las cifras de seguridad omiten que, según encuestas, el 87% de personas vive con miedo; y preguntó por las medidas de protección a mujeres y personas de grupos vulnerables y las acciones de compatibilidad de la estrategia de seguridad.

El coordinador parlamentario de MC, el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, ofreció su confianza al funcionario, aunque no un “cheque en blanco”, y adelantó que velarán porque las cifras coincidan con la realidad; además, pidió ahondar en la estrategia contra la inseguridad y saber el tiempo en qué dará resultados, y entregó una propuesta por escrito de un modelo exitoso en la materia.

Para la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) el garantizar la seguridad requiere tiempo y recursos, aunque afirmó que con voluntad, presupuesto y coordinación se puede atacar la inseguridad, y consultó por la coordinación con los tres órdenes de gobierno, el aumento en el robo de autos, negocios y bancos, cómo ganar la confianza de la gente y lo qué se hace respecto del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem).

En su oportunidad, el secretario Cristóbal Castañeda explicó que la estrategia por la seguridad y la paz va de la mano de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y consiste en atender las causas, contar con más y mejores policías, investigación militar del delito y relación interinstitucional que sí está funcionando.

Tras invitar a las y los diputados a una mesa de trabajo para que les muestre cómo opera y se integra la dependencia, compartió que, sobre las extorsiones vinculadas al uso de celulares y tecnologías, se requieren más programas y capacitación, así como legislación; de los Cusaem dijo que debería integrarse a la estructura formal, y que se está implementando un sistema para mejorar el sistema operativo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad.

ooOoo

“Según López Obrador, ahora sí se iban a castigar los delitos electorales, pero le faltó decir una cosa: que se van a castigar los delitos electorales pero siempre y cuando los delincuentes no sean de Morena. O sea, para irnos entendiendo, a sus delincuentes los protege y hasta los defiende”, apuntó el queretano en su video semanal.

Por ello, acusó a López Obrador de “defender a los suyos, pese a cualquier delito que hayan cometido, pero a la vez se lanza contra opositores “hasta con acusaciones falsas”.

Sobre el caso de Delfina Gómez, el 12 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa impuesta por el INE, de 4.9 millones de pesos a Morena por el ilegal financiamiento de los gastos del partido con dinero retenido a empleados del municipio de Texcoco en la administración de la actual funcionaria federal.

El caso, sin embargo, ha recibido el indulto presidencial desde la conferencia mañanera, donde López Obrador aseguró que se trataba de una campaña de desprestigio, aun cuando la autoridad electoral encontró elementos suficientes para aplicar la sanción.

El INE acreditó que Morena usó un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades, esto con la retención de un porcentaje del salario de trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, así como del DIF municipal, tras una querella interpuesta por el PAN en 2017 contra de Delfina Gómez por descontar parte del salario de trabajadores entre febrero de 2013 y julio de 2015.

Anaya Cortés consideró que el INE hizo una buena investigación sobre los “diezmos” cobrados en Texcoco y añadió que el problema el actual gobierno con el INE es porque su trabajo le estorba.

“En tres años del gobierno de Morena, el juego está bien claro: criticaron la corrupción para luego tolerarla entre los suyos. Criticaron la impunidad para luego cobijar con ella a sus cercanos. Criticaron las injusticias contra los opositores para luego cometerlas contra los que hoy les estorban. Pues no, no son iguales. Resultaron peores”, finalizó el opositor.

AMLO dijo que “ahora sí se van a castigar los delitos electorales”.
Le faltó decir que siempre y cuando los delincuentes no sean de MORENA.
El caso de Delfina lo denunciamos hace 5 años y finalmente concluyó. Tanto que criticó la impunidad, para cobijar con ella a sus cercanos. pic.twitter.com/qFBT5jzRsx

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 24, 2022

Pese al veredicto, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a su funcionaria ante lo que calificó como una “campaña muy injusta”. Para defenderla, el mandatario federal la convocó a su conferencia mañanera de este martes para expresarle su solidaridad y decir de ella que es una mujer “honesta y digna”.

“Quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina (…) Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del gobierno federal”, señaló.

Argumentó que el dinero retenido a los trabajadores de Texcoco fue, como en otras ocasiones, aportaciones voluntarias a su movimiento: “La acusación que le hacen es de que cuando fue presidenta municipal, trabajadores del Ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero”.

El presidente comparó que Delfina Gómez sigue viviendo en su casa de Texcoco, “nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos”.

Y agregó: “Todo esto lo comento porque sí hay toda una campaña en todos los medios, hasta en los que supuestamente o todavía fingen ser independientes y progresistas, objetivos, profesionales, nada de eso. Hay toda una intencionalidad político detrás. Y el Tribunal Electoral, lo mismo”.

López Obrador explicó que esta denuncia surgió cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México en 2017 “y no tuvo efecto. Pero ahora, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, vuelven a lo mismo. Se me hace muy injusto que se ataque de esa manera a la maestra, no es honesto”.

El mandatario federal también tundió al Tribunal Electoral: “Ah y el Tribunal Electoral lo mismo, nada más porque por respeto no hablo de que en esa campaña para gobernador, no hablo, hubo otra denuncia que no se le dio seguimiento, de otro candidato, pero eso ya se los dejo a ustedes que son mirones profesionales”, dijo en alusión a la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedionio a la gubernatura de Guerrero, por no reportar gastos correctos para su campaña.

La sanción que ratificó el TEPJF

La sanción que ratificó el TEPJF el 12 de enero obliga a Morena a pagar 4 millones 529 mil pesos por una retención de salario de empleados en Texcoco cuando fue alcaldesa del municipio.

Aquel día, la Sala Superior del TEPJF confirmó, por unanimidad, la sanción al confirmar que Delfina Gómez, retuvo el 10% del salario a los empleados de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) para financiar al partido entre los meses de febrero de 2013 y julio de 2015.

En 2017, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja contra Delfina Gómez, quien entonces era candidata a la gubernatura del Estado de México, por presuntamente descontar 10% del salario de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, por un total de 2 millones 264 mil 612 pesos. La autoridad electoral confirmó que se trató de un esquema de financiamiento paralelo.

“Después de un extenso trámite dentro del procedimiento sancionador, el tres de septiembre de 2021 el Consejo General del INE resolvió (INE/CG1499/2021) que se acreditó una infracción en materia de fiscalización por parte de Morena, por lo que le impuso una sanción de 4 millones 529 mil pesos.

“No obstante, consideró que no se acreditó un beneficio concreto y directo a favor de la campaña electoral para diputada de la ciudadana Delfina Gómez Álvarez. La resolución fue recurrida por los partidos Morena y el PAN”, confirmó el TEPJF en un comunicado donde ratificó la sanción.

La investigación concluyó que esos montos fueron destinados a las campañas electorales de Morena.

Tras concluir la fiscalización de las campañas federales y locales del pasado proceso electoral, el INE impondrá a los partidos políticos multas económicas por un total de 1 mil 207 millones 297 mil 676 pesos, por haber cometido irregularidades como no transparentar el origen y destino de recursos, no reportar contratos o rebasar topes de gastos de campaña.

Tan sólo Morena deberá pagar un tercio de ese monto. Las multas para el partido en el gobierno ascienden a 373 millones 128 mil 568 pesos, de acuerdo con un informe de resultados en materia de fiscalización con corte al 17 de julio.

La cifra combina la fiscalización de las campañas a nivel federal y estatal. El INE someterá a votación las sanciones en sesión del Consejo General el próximo jueves.

Como parte del dictamen avalado en la comisión de Fiscalización del órgano electoral y que será puesto a debate este miércoles en el Consejo General del INE, se expone que durante la gestión de Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (2012-2015), la morenista no reportó ingresos por 2.1 millones de pesos para esta fuerza política.

La sanción parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco” y los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político (que se concretó en 2014) y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez.

“Se tiene certeza gracias a la evidencia que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, que el partido político Morena reconoció dentro de la contabilidad de la otrora candidata Delfina Gómez Álvarez a diversas personas físicas y morales como proveedores de productos y servicios, que fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido su registro como partido político nacional) de los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco”, se indica en el documento.

Además se precisa que fueron emitidos cheques en beneficio de Morena por parte de “la principal retenedora de recursos, la C. María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado”.

Aunque los recursos no fueron reportados por la entonces candidata, Morena sí reconoció beneficiarse de dicho monto en 2015, por ello consideró el órgano electoral que “el sujeto obligado fue omiso”, y calificó la acción como una falta “grave especial”.