Es el perfil de la primera mujer que llegó a la Presidencia de México. La comunista cuya ideología le prohíbe tener empatía y compasión.

Es la titular de un régimen autoritario, vinculado al crimen organizado, que deshumaniza al disidente por considerarlo una amenaza para la imagen de su gobierno y la aceptación de su partido.

El Mundial ha terminado de poner al descubierto la personalidad de Claudia Sheinbaum. No sólo se trata de una mala Presidenta, de una funcionaria carente de visión y sensibilidad política, sino de un mal ser humano.

La burla y la criminalización de las madres buscadoras que suplicaban a los policías dejarlas pasar al estadio de futbol para visibilizar su tragedia y exigir se investigara la desaparición de sus hijos, mostró a la titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaria de Gobernación como celadoras sádicas de una cárcel estaliniana.

Claudia se rio: “Jajaja había (en la marcha) más compañeros de la comisión de búsqueda que manifestantes”. Rosa Icela, por su parte, ordenó una investigación para saber qué mano externa había pagado el traslado de las madres buscadoras de Jalisco a la Ciudad de México.

Sheinbaum baila sobre los muertos y desaparecidos. Refugiada en un centro deportivo retacado con aplaudidores a sueldo gritó: ¡“Viva México”! “¡Hay un México feliz y en paz!”, cuando hay una nación flotando en sangre gracias a la colusión entre la Cuarta Transformación y el narcotráfico.

La falta de compasión hacia las víctimas se convierte en complicidad cuando se trata de proteger a gobernadores y ex gobernadores que forman parte de la red criminal que sirve al régimen para preservarse en el poder.

La Guardia Nacional, ausente en la búsqueda de desparecidos, en el combate a la extorsión o en los asaltos en carreteras, estuvo presente y actuante para proteger al ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco de los aficionados que le gritaban y lanzaban críticas.

Trump no se equivoca cuando dice a los miembros de G-7 que México está bajo el control de los cárteles, tampoco cuando asegura que el gobierno ya perdió el control. En lo único que se equivoca es cuando afirma que Sheinbaum es una “buena mujer”. No, la Presidenta carece de empatía hacia su país y su gente.

Su incapacidad para reconocer el sufrimiento de los demás ha quedado demostrado a lo largo de su carrera como funcionaria. Ahí está su ausencia e indiferencia hacia las 26 personas muertas en el colapso de la Línea 12 del Metro, lo mismo en el caso del derrumbe del colegio Rébsamen y ahora al recurrir al escarnio para ocultar que México está convertido en una fosa clandestina.

México no tiene una jefa de Estado. Sheinbaum es la agente del Comintern, la militante de un partido que baila sobre los muertos para ocultar el desastre humano y social provocado por el régimen que encabeza. Un desastre que solo se explica por lo que dijo Trump: hay un gobierno que está bajo el control de los cárteles.

El problema de Cuba para México no está en Washington porque al final de cuentas los márgenes de la real politik le han limitado espacios de maniobra al lopezobradorismo. Cuba como fardo que se niega a entender la lógica de la crisis: un modelo estatista autoritario, represivo, dictatorial ya no es ejemplo para Latinoamérica, pero sí sigue siendo un espacio territorial en el continente americano para los intereses geopolíticos de China, Rusia, Corea del Norte Irán y hasta India.

Si la guerrilla revolucionaria tomó el poder el 1 de enero de 1959, la democracia castrista prometida desde el discurso “la historia me absolverá” derivó en un autoritarismo brutal sin ningún espacio mínimo para la disidencia que comenzó a aplicarse en junio de 1961 cuando se dio el primer choque interno entre la democracia socialista y la dictadura comunista: el desencuentro con los intelectuales. Y desde entonces, Cuba ha impedido el salto cualitativo de la Revolución Cubana al Estado Cubano.

Si se revisa bien la estrategia del presidente Trump, EU no quiere convertir a la isla en el estado 51 –después de jugar con Canadá y Venezuela– ni tampoco le exige la instauración inmediata de un régimen capitalista, sino que está proponiendo un proceso paulatino de apertura política y económica. Pero en estos meses de severas presiones estadounidenses, Cuba no sólo no ha aflojado los hilos de la dictadura sino que los ha reforzado contra sectores que no podrían convertirse en una oposición electoral competitiva sino que en todo caso significan el fracaso del modelo comunista de Fidel Castro en el que no debería existir ni una sola voz en contra.

El apoyo de López Obrador y la presidenta Sheinbaum a Cuba será inútil si el régimen de La Habana no comienza a aflojar el férreo puño de la dictadura. En ese sentido, la solidaridad de México ha tenido que disminuir por la imposibilidad geopolítica de entregarle petróleo y diésel. Y China acaba de enviar quince mil toneladas de arroz, pero La Habana necesita energéticos.

La solidaridad mexicana acaba de ser aprovechada por Christopher Landau, exembajador en México y hoy nada menos que vicesecretario de Estado de la Casa Blanca. El fin de semana aprovechó la circulación de desplegados de solidaridad de grupos de Morena hacia Cuba, pero la experiencia del diplomático llamó la atención a la falta de firmas que identificaran a los solidarios.

Y Landau se burló de la falta de identidad de los abajo firmantes, porque presuntamente estarían legisladores con fuero, pero sobre todas las personas que vayan en contra de decisiones estratégicas de Estados Unidos pesa la facultad discrecional del Gobierno estadounidense de cancelar visas con o sin argumentos claros. Y sí habría mucho apoyo mexicano de morenistas a Cuba, pero nadie quiere dar la cara por temor a perder su visa para Disneylandia.

Pero la jugada de Landau fue de tres bandas porque reveló el miedo que hay en apoyar a Cuba y cachó a botepronto la defensa que hizo la presidenta Sheinbaum de Raúl Castro Ruz por la acusación penal del Departamento de Justicia en contra del hombre fuerte de Cuba, pese a sus casi 95 años. En este contexto, la intervención de Landau al cubanizar a morenistas simpatizantes del castrismo y la referencia al “qué caso tiene” de la presidenta Sheinbaum solo metió a México en la agenda pantanosa de EU con Cuba, pero sin ninguna posibilidad de que Morena o Palacio Nacional pudieran convencer al general de Ejército Castro Ruz a aflojar los nudos de la dictadura brutal Cubana.

No puede discutirse el hecho de que Morena y el bloque López Obrador-Sheinbaum apoyen a la Cuba represiva de los Castro, pero sí se tienen que fijar criterios de que no son actitudes solamente personales sino de políticas de Estado que requieren consenso o acuerdos internos porque no están hablando en nombre de todos los mexicanos sino solo de la élite gobernante.

La Cuba de Castro está cavando su propia tumba política si no decodifica la realidad y entiende que puede ganar espacios de sobrevivencia con el aflojamiento de la dictadura. Pero el régimen cubano se ha creído a pie juntillas su apotegma que será epitafio: patria o muerte.

Política para dummies: la política es una piedra atada al cuello de la intolerancia.

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@carlosramirezh

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

Pemex comenzó a registrar pérdidas sistemáticas a partir de 2015, con la mayor pérdida histórica de ese año: más de 712 mil millones de pesos. Desde entonces, ha cerrado la mayoría de los ejercicios en rojo, acumulando pérdidas por encima de los 2 billones de pesos entre 2015 y 2024. La deuda financiera ronda los 85-100 mil millones de dólares, la más alta entre las petroleras estatales del mundo.

El maquillaje contable —inflar ingresos, diferir gastos y revaluar activos de forma optimista— solo es la última manifestación de una empresa que lleva años intentando ocultar la magnitud de su deterioro.

La encrucijada actual

Ante este panorama, el gobierno enfrenta una disyuntiva complicada. Por un lado, necesita mejorar los números de Pemex para no seguir drenando recursos públicos. Por otro, debe decidir si sigue apostando por un modelo estatista que ya demostró sus límites.

Aquí surge una ironía histórica muy fuerte: la reforma fiscal profunda que hoy se vuelve necesaria es la misma que promovieron los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón hace casi dos décadas. Una reforma que redujera la carga fiscal excesiva sobre Pemex y abriera la puerta a mayor inversión privada.

Curiosamente, quienes hoy gobiernan con Morena —muchos de ellos ex priistas— fueron los principales opositores a esa reforma cuando provenía de gobiernos panistas. Ahora, ante la realidad financiera, se ven obligados a hacer malabares políticos (“maromas”, como se dice coloquialmente) para justificar un cambio de rumbo que antes rechazaban con vehemencia.

Exploración en aguas profundas: ¿Solución real o ilusión?

Una de las propuestas que más se menciona es reactivar la exploración en aguas profundas del Golfo de México. Técnicamente es viable: hay estimaciones de miles de millones de barriles en la porción mexicana. Sin embargo, la realidad financiera es dura:

Un solo pozo en aguas profundas puede costar entre 150 y 300 millones de dólares.

Desde la perforación exploratoria hasta la producción comercial pueden pasar 7 a 10 años.

Pemex no tiene los recursos propios para financiar un programa ambicioso. Necesitaría socios privados internacionales y un marco contractual atractivo.

Sin una reforma fiscal profunda y sin abrir realmente la puerta a la inversión privada, Pemex simplemente no tiene capacidad financiera para emprender un programa serio de exploración en aguas profundas.

Los tres escenarios legales del escándalo actual

Investigación interna y sanciones administrativas (el más probable a corto plazo): Se castiga a algunos directivos de nivel medio y se intenta minimizar el daño político.

Investigación penal en México: La FGR abre carpeta por fraude fiscal y falsificación de documentos. Podrían caer algunos funcionarios, pero difícilmente la cúpula actual.

Investigación en Estados Unidos (el más peligroso): Si la SEC considera que Pemex engañó a inversionistas internacionales con bonos en dólares, se abrirían demandas colectivas y mayor presión diplomática.

Conclusión

Pemex es un lastre fiscal estructural para México. El maquillaje de resultados solo retrasa el problema. La única salida sostenible pasa por una reforma fiscal profunda, mayor participación privada y decisiones técnicas, no ideológicas.

El gobierno de Sheinbaum enfrenta ahora la paradoja de tener que implementar —aunque sea de forma disfrazada— políticas que antes criticaba ferozmente cuando provenían de Fox y Calderón. La historia, una vez más, cobra factura.

El tiempo se agota. Seguir postergando las decisiones estructurales solo aumentará el costo que, al final, terminará pagando toda la sociedad mexicana.

Como referencia histórica, esta semana pudiera haberse abierto el camino del menor de los Monreal Ávila para abandonar Morena y buscar la gubernatura de Zacatecas por otro partido.

Y el ciclo pudiera estarse sellando con López Obrador envuelto en señalamientos, evaluaciones, datos, percepciones e indicios de que Morena estaría incluido en alianzas perversas hasta ahora con el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y los chapitos, pero con gobernadores morenistas acusados de las más altas niveles de poder de Estados Unidos de haberse metido en la misma cama con cárteles del narcotráfico.

La punta de la hebra se encuentra en Rocha Moya, una figura universitaria en Sinaloa que fue captado por López Obrador para encaminarlo en tres ocasiones hacia la gubernatura y hoy es el principal acusado de haber pactado con la facción de los chapitos del Cártel del Chapo para ganar las elecciones estatales de 2021 a cambio de entregarle posiciones políticas, económicas, presupuestales y de poder local.

Los escenarios que dificultan percibir la posibilidad de que Morena logre eludir la trampa de Trump tienen que ver con estructura interna de ese grupo que ha soñado con ser partido político formal, pero que se ha beneficiado de dos circunstancias favorables: el liderazgo social de López Obrador y el presupuesto público para ejercerlo como un asistencialismo de primer piso que ni siquiera resuelve la pobreza salarial pero sí establece dependencias entre los beneficiarios de las becas, asignaciones y transferencias con el voto para mantener la sigla morena en el poder.

Morena nació y no se movió de los espacios de una configuración que políticamente se puede caracterizar como “movimiento de movimientos”, pero sin llegar a ser un partido estructuralmente formado; para garantizar la lealtad y romper con los cacicazgos intermedios dentro del partido, Morena desapareció los sectores corporativos de las clases productivas que habían heredado del PRI y tuvo que pagar el costo de mantener el control a través de grupos tribales dentro del partido.

La estrategia de López Obrador como líder de Morena fue la de mantener la fragmentación de las tribus, pero a condición de fortalecer su capacidad unidireccional de decisión. Y a su favor estuvo la tradición política de la mayoría de los militantes y jefes de tribus de Morena porque provenían de la costumbre presidencialista del PRI, con la circunstancia agravante de que probablemente el 80% de los liderazgos de Morena se cincelaron en los rituales del PRI obregonista-eliascallista-priista-salinista.

El modelo de partido que asumió Morena bajo López Obrador fue el de una especie de confederación de organizaciones y grupos beneficiarios de transferencias directas del presupuesto. Y sin reglas partidistas formales, Morena se armó en el esquema conocido por la teoría de los partidos políticos como una organización “cacha todo”, sin más filtro que refrendar la disciplina hacia el caudillo y sin exigirles compromisos éticos que se desprendían inclusive del propio discurso ahora se ve demagógico de López Obrador.

Al no estar estructurado como partido político, Morena entró en la lógica de asignación del poder por el voluntarismo del líder, inclusive sin preocuparse por encontrar compromisos de entendimiento y hasta pareciera que de manera intencionada dejar las fracturas tribales que se habrían de acumular y agrandar con el tiempo.

Pero también Morena derivo en un partido cártel, es decir, su configuración a partir de liderazgos tribales o de grupo con entendimientos entre ellos para cobrar controlar el mercado y fijar derecho de admisión y condicionar candidaturas. Y este perfil solo pudo haberse solidificado por la condición de Morena como cuarta fase del partido del Estado: primero fue el partido caudillista de Obregón-Elías calles y Miguel Alemán, luego el partido populista de la Revolución Mexicana domesticada de Lázaro Cárdenas y finalmente el partido de profesionales políticos que rompieron sus canales de nutrición con las bases que representaban clases productivas. Y ahora se perfila el modelo de partido asistencialista.

En el fondo, el ADN de Morena es el del PRI, una mezcla que carece de ideología porque las ideas se sustituyen por la lealtad al dirigente, sigue siendo partido del Estado y su fuerza depende del reparto de cargos públicos.

Rocha Moya y el tercer Monreal Ávila estarían mostrando ya el fin histórico de Morena.

Política para dummies: La política sería la síntesis de las ideas y los intereses de clases no propietarias. Lo demás es reparto del poder.

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Uno de los problemas más graves y menos comprendidos por la opinión pública es la fragmentación institucional de las fuerzas de seguridad y la profunda crisis de profesionalización que aqueja a nuestras corporaciones policiales. En México coexisten más de mil 600 cuerpos policiales, con estándares distintos, capacidades desiguales y, en muchos casos, sin una coordinación operativa real. Esta dispersión no sólo genera ineficiencias, sino que es tierra fértil para la corrupción, el abuso de poder y la impunidad.

A esta dispersión hay que añadir la carencia crónica de formación profesional de calidad. En muchas entidades, la capacitación policial no sólo es mínima, sino que se limita a aspectos técnicos sin incorporar una visión ética, legal y de derechos humanos. Los policías, especialmente los municipales, son a menudo abandonados por el Estado: trabajan con salarios bajos, equipo deficiente, sin respaldo institucional y enfrentando un riesgo permanente.

Por otra parte, y en algunos casos el Estado, en diversos lugares del país, ha abandonado su función esencial: garantizar la vida, la libertad y la dignidad de las personas. La ausencia de justicia, la impunidad casi total y la complicidad de algunos funcionarios han permitido que se consolide un sistema paralelo de poder, más temido y obedecido que las propias instituciones legítimas. Las consecuencias son devastadoras: miles de desaparecidos, desplazamientos forzados, ruptura del tejido comunitario y generaciones enteras criadas en contextos de violencia estructural.

La respuesta estatal a este fenómeno ha sido ambigua. Por un lado, se han desplegado operativos militares y policiacos de gran escala que, en muchos casos, no logran erradicar las causas profundas del problema y generan daños colaterales severos. Por otro lado, se han tolerado —y a veces fomentado— pactos de facto que perpetúan la impunidad. La solución no puede basarse únicamente en el uso de la fuerza. Es indispensable una estrategia integral, sostenida y con objetivos realistas. Primero, debe fortalecerse la presencia institucional del Estado en los territorios dominados por el crimen, no solo mediante patrullajes, sino con fiscales honestos, jueces valientes, escuelas abiertas, servicios de salud y programas sociales funcionales. La seguridad no puede construirse en el vacío institucional.

Junto con la acción estatal directa, debe impulsarse un modelo de justicia transicional en regiones particularmente afectadas. Esto implica reconocer el sufrimiento de las víctimas, ofrecer mecanismos de verdad, reparación y reconciliación, y construir caminos de salida para quienes, sin haber cometido crímenes graves, están atrapados en estructuras delictivas por necesidad o miedo. La experiencia internacional demuestra que, en contextos de violencia prolongada, la pacificación exige también procesos sociales de reconstrucción, no solo represión.

Finalmente, debemos recuperar la noción de que la seguridad no es la ausencia de crimen, sino la presencia de condiciones para una vida digna. Esto implica empleo, salud, educación, vivienda, respeto, comunidad. Sin estos elementos, cualquier estrategia de seguridad será frágil y momentánea. El Estado mexicano debe volver a ser un garante de derechos, no sólo un administrador de crisis.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

La historia nos dice que nunca se ha dado un momento de entera tranquilidad. Cada una de las etapas, sean recientes o pasadas, ha sido de alguna inquietud predominante. Revísese cualquiera de ellas… guerras, epidemias, desastres naturales, etcétera. Ni en la antigüedad ni, mucho menos, en los los siglos más cercanos a nuestra memoria.

En cada tramo de la historia se han dado los choques entre opuestos. La antigüedad nunca fue tranquila para nadie. Piénsese en las invasiones de las hordas contra Roma o las interminables guerras del Medievo europeo, o las gloriosas revoluciones sociales que, empapadas de sangre, transformaron los mundos de Francia, Rusia, México, y tantos otros países.

Para nosotros, el dramático siglo XIX, y el XX con la Revolución , o los años de la infame Cristiada, las quiebras financieras posteriores de hace 40 años… ni en los años del desarrollo estabilizador, cuando el equilibrio socioeconómico rimaban en un cómodo solaz que desatendió la formación de un pueblo bien capacitado, mientras había quienes  preparaban gestas socialistas queriendo arruinarlo todo.

La actualidad presenta el panorama desolador de los millones de muertes que, tras dos guerras mundiales, se suman en Oriente Medio y en Ucrania. La Sociedad de Naciones de 1918, como luego las Naciones Unidas de 1945, fueron creadas para conjurar nuevas guerras. Ahora es acusada de débil y se juega con la insensatez de desaparecer a la ONU diciendo que sólo puede obedecer las decisiones de su Asamblea General o su muy constreñido Consejo de Seguridad. Su desaparición cancelaría las misiones de paz que salvan vidas y ayudan a centenares de comunidades a pasar del conflicto a los ambientes de paz.

Tal como hoy, el mundo nunca ha estado libre de amenazas que atentan contra los valores más torales de la convivencia. Es por  ello que todo apunta a la urgencia de acelerar el paso para aprender a defender nuestros intereses y nuestra cultura en medio del problemático escenario internacional que nos rodea.

Es un error pensar que la acción del gobierno basta para hallar los caminos adecuados. Siendo comunes los retos, también serán los trabajos para todos. Es indispensable el concurso de la sociedad civil a través de sus  asociaciones y demás instituciones y entidades, para que, junto con el gobierno, resolvamos en unidad lo que en muchos casos requiere coordinación internacional. México tiene que alcanzar calidad mundial al menos en los más elementales capítulos de alimentación, salud, educación, oportunidades de empleo, y todo en un clima de seguridad.

En materia de alimentación habrá que utilizar los bancos de alimentos que los recogen de diversas empresas para distribuirlos en los estratos más pobres y vencer la alta propensión a la obesidad y con la cooperación de los fabricantes de dulces y demás confites, controlar la tendencia a la diabetes.

Es en el campo de salud que tenemos mucho que completar en distribución de vacunas y medicinas y formación de médicos, además de ampliar la red de consultorios en zonas rurales.

La sociedad civil ha sido esencial en lo que a la promoción de la democracia en todos los ámbitos y regiones a través de asociaciones políticas muy activas en los años 90 del siglo pasado, como la Asamblea Democrática para el Sufragio Efectivo, el Consejo para la Democracia, el Grupo San Ángel o la Alianza Cívica. Juntas presionaron al gobierno para que hubiera una credencial electoral con foto, ayudaron también en la creación del Instituto Federal Electoral, del Tribunal e introdujeron el conteo rápido.

Es en materia de seguridad donde converge la mayor preocupación actual, que se enfoca en la batalla necesariamente internacional contra las organizaciones criminales extendidas, desde nuestro país, a todas las regiones del mundo sin excepción.

Se trata aquí de la inaplazable y urgente tarea en la que no podemos permitir que el tema de la soberanía sea utilizado para servir como escape a la responsabilidad que legal y humanitariamente nos incumbe.

Tenemos que entender cómo compartir la inaplazable necesidad de erradicar el poder de las mafias, a fin de realizar el potencial humano que aún está encerrado en la energía y creatividad de nuestra juventud, que se desplegará en el ilimitado horizonte de nuestra comunidad.

Dejemos las fútiles discusiones que no nos conducen a buen puerto. Mejor dediquemos nuestro tiempo a cumplir con las tareas que más urgen.

Los datos son en realidad un mapa del dolor; hoy, más de 132 mil personas están desaparecidas. Son vidas interrumpidas y miles de familias que siguen esperando una respuesta. Este problema, profundo y persistente, se agrava con una cifra que estremece: existen 72 mil restos humanos sin identificar; 20 mil más que en 2021 —fecha en que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitó México—, y se han localizado más de 4,500 fosas clandestinas. No es estadística, es reconocer una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad.

Ante este escenario, la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar que la Asamblea General de la ONU aborde con urgencia la situación en México no debe verse como un ataque, sino como una oportunidad. México forma parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos precisamente para eso: para ser evaluados, señalados y, sobre todo, para corregir el rumbo. Esta intervención abre una puerta necesaria para atender la crisis con apoyo técnico, recursos y el acompañamiento especializado que la magnitud del problema nos exige.

Lo más delicado es que la ONU ha advertido indicios fundados de que estas desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad al realizarse de forma generalizada o sistemática. Por ello, es urgente erradicar la impunidad y mejorar las capacidades forenses. No podemos permitir que las familias y las madres buscadoras sigan haciendo solas, y con sus propios recursos, el trabajo que le corresponde a las instituciones del Estado.

Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. México necesita verdad, justicia y, por supuesto, respuestas. Reconocer la crisis es el primer paso para salir de ella y devolverle la paz a quienes hoy tienen un lugar vacío en su mesa. Es momento de asumir que cada día sin acción prolonga el dolor de miles de familias.

El pilón: Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, pueda congelar-inmovilizar cuentas bancarias con base en meros indicios y sin autorización judicial, trasladando a los ciudadanos la carga de probar la licitud de sus recursos. Yo respeto las resoluciones del Poder Judicial, pero ésta no la comparto. Esta reforma ya había sido cuestionada en el pasado y, con una lógica similar, en ese momento logró frenarse por nuestro máximo tribunal; ahora no ocurrió lo mismo.