De la Garza, actual edil regiomontano, aparece en narconóminas recuperadas por el Ejército en 2009 tras enfrentamientos con Los Zetas en Nuevo León. Estos registros detallan presuntos pagos a funcionarios de seguridad, incluyendo a De la Garza en su etapa como director de Averiguaciones Previas. Adicionalmente, investigaciones lo ligan al Cártel de Sinaloa mediante contratos municipales por 10 millones de pesos adjudicados a empresas fantasma señaladas por lavado de dinero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 240 recomendaciones por tortura sistemática durante su gestión como procurador, prácticas que, según reportes de la ONU, buscaban fabricar culpables para inflar resultados contra el crimen. De la Garza ha rechazado estas imputaciones, calificándolas como ataques políticos orquestados por adversarios, y ha enfatizado su trayectoria en combate a la delincuencia organizada.

Por su parte, Lomelí, senador por Jalisco y exdelegado federal, enfrenta señalamientos por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyeron a su empresa Lomedic en listas de entidades relacionadas con narcotráfico, por presuntamente suministrar precursores químicos para metanfetaminas. Lomelí admitió en investigaciones pasadas ciertas transacciones, pero las atribuyó a operaciones legítimas en el sector farmacéutico, negando cualquier colusión criminal y argumentando que las acusaciones responden a intereses económicos competidores.

Estas revelaciones coinciden con la detención, en febrero de 2026, del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por extorsión, corrupción y presuntos lazos con el CJNG. El operativo federal, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también capturó a tres funcionarios municipales. La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del caso, afirmando que la justicia actúa sin distinciones partidistas. Sin embargo, opositores como el PAN celebran la acción pero cuestionan su selectividad, recordando que Rivera Navarro pertenecía a Morena, mientras figuras como Lomelí permanecen en funciones.

El proyecto Narcopolíticos resalta un patrón estructural: la impunidad que permite a políticos de diversos partidos colaborar con cárteles, erosionando la democracia. Defensores del gobierno argumentan que las detenciones demuestran compromiso con la responsabilidad, priorizando evidencia sólida sobre afiliaciones. Críticos, en cambio, ven un enfoque reactivo y posiblemente sesgado, donde opositores enfrentan mayor escrutinio que aliados. Expertos en seguridad, como los de Artículo 19, advierten que sin reformas institucionales para blindar candidaturas, el narcoestado se perpetúa.

El dilema central invita a polémica: ¿avanzará la Fiscalía General de la República contra De la Garza y Lomelí con igual rigor, o prevalecerá la percepción de justicia selectiva? Esta interrogante interpela la integridad del sistema político, demandando transparencia y acción imparcial para restaurar la confianza ciudadana.

Esta intervención, que circuló ampliamente en redes sociales, refleja un intento de contextualizar el narcotráfico no como una justificación moral, sino como un síntoma de fallas estructurales en el sistema económico y social mexicano. Desde una perspectiva, Castilla alude a estudios como el publicado en la revista Science en 2023, que estimaba al narco como el quinto mayor empleador nacional, superando incluso a empresas como Oxxo o Pemex en términos de fuerza laboral informal. Defensores de esta visión argumentan que el comentario resalta la necesidad de políticas integrales que aborden la pobreza y el desempleo juvenil, en lugar de enfoques puramente represivos. Por ejemplo, analistas socioeconómicos señalan que en regiones como Guerrero o Michoacán, el crimen organizado llena vacíos dejados por la ausencia de inversión pública, ofreciendo ingresos que, aunque riesgosos, superan opciones legales limitadas.

Sin embargo, críticos interpretan las palabras como una peligrosa normalización del delito, equiparando actividades ilícitas con empleo legítimo. Opositores políticos, como representantes del PAN, han calificado el episodio como evidencia de una supuesta complacencia de Morena con el crimen, recordando acusaciones previas de financiamiento ilegal en campañas. En el debate, un participante confrontó directamente a Castilla, cuestionando si el gobierno debería tolerar el narco por su rol «laboral», lo que llevó a una corrección apresurada. Esta polémica invita a reflexionar sobre el pacto implícito entre seguridad y desarrollo: ¿puede el Estado combatir efectivamente el crimen sin resolver desigualdades que lo alimentan? Figuras como Marko Cortés han usado el incidente para criticar el legado de administraciones anteriores, tildándolo de «desastre heredado».

El caso también destaca tensiones internas en Morena, donde estrategias como «abrazos, no balazos» son defendidas por unos como humanistas, pero vistas por otros como ineficaces ante la escalada de violencia. En redes, el video acumuló miles de vistas y reacciones polarizadas, desde apoyos a la «realidad cruda» hasta condenas por «defensa del narco». Esta controversia subraya la urgencia de un debate nacional sobre responsabilidad gubernamental en la generación de empleo formal, sin minimizar los costos humanos del crimen organizado, que incluyen extorsiones, homicidios y desestabilización social. En última instancia, el episodio expone las grietas en el discurso público sobre seguridad, donde argumentos económicos chocan con imperativos éticos y legales.

Su nombre es Adriana Marín, varios medios dicen que es Encargada de Comunicación de la bancada de morena en el Congreso Local de CDMX y dijo literal y textualmente que:

“El narcotrafico es uno de los mayores, principales empleadores a nivel nacional”
“Reclutan alrededor de 160… pic.twitter.com/MiltlDnzUS

— Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) January 7, 2026

Lo alarmante no es solo el puesto, sino la consistencia. Myanmar, México, Brasil y Nigeria se mantienen en los primeros lugares en los cuatro indicadores, como un club macabro de naciones donde la paz es un lujo efímero. En México, la letalidad supera los 30,000 homicidios anuales estimados, con civiles atrapados en el fuego cruzado de más de 200 grupos armados fragmentados. La difusión geográfica es devastadora: el 70% del territorio reporta eventos violentos, desde Sinaloa hasta Chiapas, donde el narco dicta la ley. Esto no es un brote aislado; es el legado de una década de inacción estratégica.

Aquí entra la polémica: ¿qué pinta esta clasificación a la luz de la política de «abrazos, no balazos» impulsada por Morena durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)? Esta doctrina, que priorizaba el diálogo social, programas de bienestar y la desmilitarización sobre la confrontación directa con el crimen organizado, se vendió como un giro humanitario al caos de la «guerra sucia» de Calderón y Peña Nieto. En teoría, sonaba noble: invertir en educación y empleos juveniles para «abrazar» a los marginados y evitar balas innecesarias. Pero los datos del ACLED gritan fracaso. Bajo esta estrategia, la violencia no solo persistió, sino que se multiplicó: los homicidios dolosos subieron un 20% en promedio anual, y los cárteles se fortalecieron, fragmentándose en alianzas volátiles que ahora controlan puertos, minas y rutas migratorias.

Interpretémoslo sin filtros: «abrazos no balazos» se tradujo en «impunidad sí, acción no». El gobierno federal redujo operativos contra capos, liberando recursos para que grupos como el CJNG y Sinaloa expandieran su imperio, con eventos violentos pasando de 15,000 en 2018 a más de 25,000 en 2024. Críticos, desde think tanks como el Texas Public Policy Foundation hasta columnistas en El Universal, lo llaman una «pésima decisión que agravó el problema», permitiendo que México se convierta en el país no bélico más letal del planeta. ¿Coincidencia? Mientras Morena presumía «bajadas» en tasas de homicidio (que ACLED desmiente con datos en tiempo real), los civiles pagaban el precio: masacres en Guerrero, extorsiones en Michoacán y un flujo de fentanilo que envenena a EE.UU. y regresa como presiones diplomáticas.

La provocación salta a la vista: ¿es esto el precio de una agenda ideológica que romantiza la pobreza pero ignora el terror? Simpatizantes de Morena argumentan que heredaron un monstruo y que los «abrazos» salvaron vidas al evitar escaladas, apuntando a programas como Sembrando Vida que, supuestamente, redujeron reclutamientos narco. Pero los números mienten poco: el índice ACLED muestra un México más fragmentado y letal que nunca, con turbulencias que se proyectan al 2026 bajo Claudia Sheinbaum, quien hereda esta bomba de tiempo. ¿Seguirá el «no balazos» o pivotará a una Guardia Nacional más autónoma? La oposición, desde PAN hasta MC, ya clama por un replanteo radical, acusando a la 4T de pactar con el diablo por votos en zonas controladas por el crimen.

En este México de 2025, donde un viaje en autobús puede ser una ruleta rusa, el índice ACLED no es solo estadística: es un llamado a la acción. ¿Permitiremos que los «abrazos» se conviertan en epitafios? ¿O exigiremos una política que equilibre empatía con firmeza? El debate arde, y en las calles, la pólvora no espera por consensos.

Empecemos por Perseo. Según un tuit de @NoticiasTepoz ayer mismo, el cuate denunció llamadas de supuestos sicarios, y la Fiscalía de Alto Impacto ya metió las narices. Pero en los comentarios, la cosa se pone jugosa. Un usuario, @RedMorelos_N, soltó que fueron dos amenazas en once meses, una salida de un penal pidiendo «cuotas» como si fuera el club de fans del diablo. «¿Y ahora qué, Perseo? ¿Vas a pedir guardaespaldas o nomás cruzas los dedos?», escribió un neta enojado bajo ese post. Otro, anónimo en la sección de replies, andaba sospechando: «Esto huele a que el crimen ya controla hasta los reclusorios. ¿Quién filtró el número del alcalde? Alguien de adentro anda vendido». Rumores, puro cotilleo de teclado, pero con 39 vistas en horas, la gente ya lo comparte como pan caliente. Y no miento, en Tepoztlán, que es puro hippie y pirámides, nadie esperaba que el alcalde zen terminara negociando con el diablo. ¿Será que rechazó pagar piso por alguna obra en el zócalo? Suposiciones, carnal, pero en redes circulan capturas de WhatsApps supuestamente «filtrados» donde un contacto dice: «Si no afloja, le pasa lo de Uruapan». ¿Verdad o fake? Ni idea, pero el miedo se palpa.

Y hablando de Uruapan, ¡uf! El asesinato de Carlos Manzo sigue ardiendo como chile en nogada. Posts de @infobaemexico y @Radio_Formula hablan de marchas con 70 mil almas pidiendo justicia, vestidos de blanco como fantasmas vengadores. Un comentario de @kachoman1 me mató: «Morena desvía la atención con marchas del 15, pero el tiro a Manzo no se borra. ¿Fue por jalarle al CJNG o a Los Viagras? Claudia victimizándose, qué patético». Otro usuario, @moshzm, lo clavó: «Es como si Sheinbaum dijera que ella es la víctima del crimen, igualito que este wey con el 11-S». Y en el hilo de @GrupoMix, con video de la marcha, replies como «El gobierno lo mató por no dejarse» suman miles de likes. Fuentes no oficiales en X juran que Manzo había pedido ayuda federal semanas antes, pero le cayeron con un menor de 17 años como sicario –según El País–, pagado con 50 mil varos, dice un rumor de YouTube. ¿Colusión? Un tuit de @Escaparatista57 lo pinta negro: «Sheinbaum solo exige perdones mientras alcaldes piden auxilio y les dan la espalda». En Puebla, hasta alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán andan temblando, con posts de @JornadaOriente confirmando amenazas y policías renunciados.

Esto pinta un México donde los alcaldes son como patos en feria: expuestos, solos y a merced de capos que mandan más que el mismísimo presidente. Rumores en X hablan de una «lista negra» circulando por Telegram, con nombres de ediles que no pagan cuota. ¿Perseo el siguiente? ¿O ya hay uno en Jalisco rumiando lo mismo? La neta, carnales, da coraje leer estos comentarios: familias aterrorizadas, pueblos en vilo. Pero hey, al menos en redes no nos callamos. Si esto es la «transformación», ¿dónde carajos está el escudo para estos héroes locales? Suposiciones mías, claro, pero el eco en Twitter dice que el crimen no solo mata, sino que gobierna desde la sombra.

En Baja California, la tensión entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su antecesor Jaime Bonilla Valdez, ambos de Morena, escaló a niveles explosivos. Bonilla, quien gobernó de forma interina entre 2019 y 2020, ha sido un crítico implacable. En 2022, desde la tribuna del Senado, acusó directamente a Ávila de negociar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alegando que su administración toleraba la narcoviolencia a cambio de «pactos» implícitos. Estas denuncias resurgieron en mayo de 2025, cuando Estados Unidos canceló la visa de Ávila y su esposo, citando «preocupaciones de seguridad nacional» vinculadas al narcotráfico. Bonilla, en un tuit viral, reiteró: «No todos tienen la capacidad de perseguir al crimen; algunos lo protegen». Ávila negó rotundamente los nexos, afirmando que las acusaciones son «injustas» y orquestadas por opositores. Morena, a través de su bancada en el Congreso local, condenó el episodio como una «campaña malintencionada» de la derecha, sin profundizar en las evidencias presentadas por su propio senador.

El caso de Tabasco pinta un panorama similar, pero con ecos de traición familiar. Javier May Rodríguez, gobernador desde 2021, ha chocado frontalmente con Adán Augusto López Hernández, su predecesor y figura clave en el círculo de Andrés Manuel López Obrador. El detonante: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública bajo López (2019-2021), acusado por May de liderar «La Barredora», un grupo criminal afín al CJNG responsable de secuestros, extorsiones y lavado de dinero. Bermúdez, apodado «Comandante H», huyó en enero de 2025 y enfrenta una ficha roja de Interpol; su historial incluye propiedades de lujo inexplicables y nexos con el huachicol fiscal. May prometió «no encubrir a nadie», iniciando investigaciones que blindaron por cinco años la información patrimonial de Bermúdez, avivando sospechas de protección selectiva. Las acusaciones fracturaron al «grupo Tabasco», con May distanciándose públicamente de López, quien ha evadido el debate. Ante preguntas de la prensa, Morena replicó el guion: «Es una operación de la oposición para desestabilizar», ignorando las pruebas federales que Omar García Harfuch validó con órdenes de aprehensión.

¿Qué ocultan estas dinámicas? A primera vista, parecen luchas de poder post-López Obrador, donde lealtades se reconfiguran ante la presidencia de Claudia Sheinbaum. Bonilla y López, delfines frustrados, podrían estar saboteando a sucesores para posicionarse en 2027 o 2030. Sin embargo, el patrón sugiere algo más oscuro: una red de «pactos de impunidad» con el crimen organizado, heredados de administraciones previas y expuestos por rivalidades internas. En Baja California, la proximidad a la frontera amplifica riesgos de filtraciones a EE.UU., como la visa revocada. En Tabasco, el control territorial del CJNG vía «La Barredora» revela fallas sistémicas en la «estrategia de abrazos, no balazos». Al desviar culpas a la «derecha», Morena evita autocrítica, protegiendo a figuras intocables como López, quien aspira a la SCJN.

Estas fisuras erosionan la narrativa anticorrupción de Morena. Si no se transparentan investigaciones independientes —con participación de la FGR y no solo promesas locales—, el partido arriesga una hemorragia de credibilidad. México no puede permitirse que el combate al narco sea un arma de facciones internas. La verdadera transformación exige rendición de cuentas, no excusas recicladas.

Empecemos con Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc que parece salida de una novela de narcos: ¿por qué carajos no se retira del ruedo nacional si las sospechas la persiguen como mosca a la mierda? En X, los tuiteros no paran de ventilar que la SEDENA la tiene en la mira por nexos con La Unión Tepito y hasta el CJNG. Un usuario, de Narcopolíticos, soltó un hilo brutal: contrató a un extorsionador como escolta, su exnovio «El Choko» está en el bote por la Chokiza, y hasta armas del Ejército le han visto en las manos. Otro, Simón Levy, agrega rumores que involucran a los gringos, que la investigan por lavado de millones en propiedades yankis, y que desapareció de redes para «lavar activos», no la imagen. ¿Y ella? Sigue presentándose en actividades partidistas, como si nada. Usuarios la tunden: «Es la funda perfecta del narco para colarse en la política», dice uno, mientras otro la pinta como candidata de la Chokiza en campaña. No mames, ¿impunidad o qué? La SSP desmiente informes del CNI, pero el chisme arde: ¿se niega a bajarse porque cree que alguien la cubre, o es puro ego?

Y ni hablar de Adán Augusto López Hernández, el delfín tabasqueño que no suelta el hueso del Senado pese al hedor a corrupción que lo envuelve. En las redes, lo pintan como cadáver político andante: su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, prófugo con «La Barredora» del CJNG, robos de huachicol y lavado. Un tuitero lo acusa de aislarse en Morena por el escándalo, con Luisa Alcalde soltando que «no protegen corruptos»… pero sin nombrarlo. Ahora, el bombazo: 79 millones no declarados de empresas fantasma y contratistas tabasqueños, que el SAT le cobró poquito porque, ¿quién sabe? Rumores frescos dicen que es «fuego amigo» de sheinbaumistas para tumbarlo rumbo a 2027, y que su «venta de ganado» por 24 millones es puro cuento chino. Usuarios lo llaman «narco senador» y pasivo de Morena, pidiendo que se vaya antes de que lo arrastren. Él se lava las manos: «Campaña de la derecha», dice, mientras el PRI lo tunde de «cínico y coludido con el crimen».

¿Qué pasa con estos? Sospechas de irregularidades, corrupción y hasta crimen organizado, y ni así se retiran. En X, el consenso es que se sienten intocables: protecciones internas, impunidad de la 4T o simple descaro. ¿Ocultan más? ¿O es que el escenario nacional es un circo donde los payasos nunca salen del toldo? Sigan el chisme, pero investiguen, que aquí nomás amplificamos el ruido de la red.