El libro Colosio: Los idus de marzo de la Colección Indicador Político (versión eBook e impresa en Amazon) toma su título de un escenario político del candidato priista y aporta la pista más obvia que nadie quiere ver porque estuvo a la vista de todos: el discurso del 6 de marzo que representó el verdadero destape del candidato y que deben revisarse con los ojos de Edgar Allan Poe en La carta robada: la carta estaba a la vista de todos.

Tres pistas también ha estado a la vista de todos.

1.- Manuel Camacho Solís, a quien Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo quisieron aplastar con el cadáver de Colosio, hizo una declaración que quedó para la historia: en la cena de Camacho y Colosio en casa del político oaxaqueño Luis Martínez Fernández del Campo “coincidimos en la necesidad de una transición democrática”. Y cuando arreció la campaña para culpar a Camacho del clima turbio en la campaña, Camacho envió una carta a Luis Colosio Fernández, padre del candidato, para decirle con claridad:

“Yo no fui ni podía ser el beneficiario de la muerte de Luis Donaldo Colosio”.

En efecto, el beneficiario es una hipótesis pericial en indagatorias criminales. Y el beneficiario del asesinato fue Ernesto Zedillo Ponce de León, el valido de Joseph-Marie Córdoba, y Zedillo fue impuesto por Salinas de Gortari como el candidato de relevo por su perfil neoliberal y anti camachista. La sucesión sustituta desató otra lucha por el poder y el PRI quiso imponer a Pedro Joaquín Coldwell, el expresidente Luis Echeverría propuso a Emilio Gamboa Patrón y Córdoba controló a Salinas de Gortari para que la candidatura fuera a Zedillo como única garantía de continuidad neoliberal.

2.- El 3 de diciembre de 1995, sepultado por la campaña de Zedillo desde Los Pinos para culparlo directamente del asesinato, el expresidente Salinas de Gortari lanzó una respuesta que debió de haber sido eje en la indagatoria del crimen político y del poder: Ahí usa cuatro veces el adjetivo “tremenda” para referirse a la lucha por el poder en el escenario del asesinato.

En el punto 6 de su misiva a la sociedad, el expresidente Salinas de Gortari definió el escenario político del crimen y sus secuelas:

“Nada de lo que ha sucedido este año en México es ajeno a la lucha tremenda por el poder. Lo que se ha estado dirimiendo es qué proyecto de nación prevalecerá”.

Y también escribió al responder a las acusaciones de culpabilidad en el asesinato: “hay que mostrar con claridad esta tremenda lucha política. Hacerlo así le hará un verdadero servicio a la democratización de México.”

3.- En la inusitada carta de Zedillo a su jefe el candidato presidencial fechada el 19 de marzo –cinco días antes del crimen– Zedillo le dio a Colosio un mensaje de Salinas: “cada vez que haya que señalar tareas pendientes y deficiencias del gobierno, mediará notificación previa y se será receptivo a observaciones sobre la forma de decirlo”. Es decir, sí había ruptura entre presidente y candidato.

4.- Y en un inusitado diálogo de Córdoba con diputados del PRD que lo acusaban de haber fraguado la conspiración del asesinato del candidato, realizado el 30 de octubre de 1996, Córdoba aportó elementos interesantes sobre ese discurso. Lo formal: que era usual tener copia de discursos, que lo envió entre la 1 y 2 de la mañana del 6, que lo leyó al día siguiente a las 8 de la mañana y que lo comentó con Salinas.

Sin inflexiones de voz, de todos modos el superasesor salinista aportó un dato que debe leerse en el escenario del complot del poder (transcripción textual):

“Lo único que me comentó (el presidente Salinas fue): tal vez es innecesario que Colosio haga una cierta crítica al presidencialismo”, no porque lo tomara como algo personal, sino, me dijo, y lo recuerdo: bueno, que espere a llegar a ser presidente y luego verá cómo quiere ejercer el poder presidencial”.

Cualquier investigador o fiscal con dos dedos de frente podría haber aplicado la máxima común; su veo un animal que camina como pato, tiene plumas de pato y grazna como pato, entonces no hay más que deducir que es un pato.

Lo que queda en 32 años de historia pericial del caso Colosio es más que obvio: la consigna del sistema/régimen/Estado fue la de caracterizar el crimen como fortuito, sin conexión política y con un asesino solitario que dijo primero que sí y luego que no y más tarde que más bien quién sabe.

Política para dummies: La política es la coartada política de la política.

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

El mensaje del llamado también Cártel de las Cuatro Letras (4L) fue muy claro:

–Rompió el dominio político e institucional del Estado y consolidó su idea de instalar en Michoacán –y en otras partes—una zona franca de control delictivo.

—Rebasó la definición de la seguridad pública que se asume como «promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos».

–E hizo trizas la doctrina de seguridad interior que las fuerzas políticas y de gobierno se han negado a reglamentar con una ley y que considera la seguridad interior –facultad exclusiva del Ejecutivo de acuerdo con la fracción VII del 89 Constitucional– como “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”

El cártel 4L sabía perfectamente que el asesinato del alcalde Manzo iba a soltar a las fuerzas de seguridad federales.

La narcoguerra del presidente Felipe Calderón Hinojosa fue declarada el 11 de diciembre del 2006 justamente en Michoacán, pasó por la etapa de confrontación violenta entre gobierno federal y grupo delictivo y se ahogó la fase de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador, cuya estrategia tenía dos escenarios: buscar el modelo de una especie de pax narca en la que el crimen organizado no se asentaba en partes del territorio nacional sino que lo utilizaba como tránsito para el envío de la droga hacia Estados Unidos y el compromiso adicional de no generar violencia ni inseguridad en los territorios de paso e inclusive convertirse en garantes de la estabilidad pacífica en zonas de influencia.

El modelo de seguridad en Michoacán fracasó con el ejemplo de Servando Gómez La Tuta, quien se hizo cargo de la seguridad en Michoacán, pero se siguió de frente y se convirtió en un Estado paralelo que manejaba las fuerzas policiacas locales, dominaba los empresarios y cobraba impuestos, sustituyendo las tareas legales que correspondían a las autoridades legalmente electas en las diferentes estructuras y niveles del Estado.

El último reporte de la DEA señala que el cártel 4L tiene el control casi total de alrededor de doce estados y disputa el poder en los demás contra el Cártel de Sinaloa. La configuración del cártel de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho –el líder simbólico que nadie sabe si está vivo o muerto– funciona como una estructura delictiva armada, como una especie de grupo paramilitar con estructuración en comandos, y tiene su actividad primaria como fuerza de choque violento y su configuración celular.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue realizado con el modelo de crimen directo con efectos sociales: en público, en medio de festividades pagano-religiosas y ante la presencia de centenas de testigos, atropellando al aparato de seguridad. Lo pudieron haber venadeado, secuestrado en privado, asesinado en su casa o su oficina, con un atentado vehicular o hasta envenenado. En ese sentido, el asesinato en público fue un desafío al Estado mexicano, a sus fuerzas de seguridad y a la estrategia gubernamental.

Michoacán pudiera ser el dato que se requería para señalar el fracaso de la estrategia de seguridad de los gobiernos federales de 2006 al 2025, y el análisis de este proceso se debe despojar de calificaciones personales a quienes fueron los presidentes y aún a la presidenta actual. La crisis de seguridad no es ni de un partido ni de algún presidente en particular, sino que implica la peor crisis general de seguridad interior que se le ha presentado al país desde que el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 1983 incorporó la seguridad nacional al Plan Nacional de Desarrollo.

Lo que hizo el cártel 4L no fue cobrarle una cuenta política local al alcalde de uno de los más de 2,600 municipios de la República, sino respondió al discurso rebelde del munícipe Carlos Manzo porque estaba alebrestado a la sociedad local y de modo natural su ejemplo comenzaba a ser recogido por la prensa de la Ciudad de México que tiene repercusión nacional al comenzar a ser caracterizado como el Bukele mexicano.

De los abrazos se pasó al periodo de decomisos y arrestos de líderes criminales y ahora enfrenta respuesta criminal con la fase de guerra de cárteles contra el Estado que debiera tener el monopolio estatal de la fuerza contra grupos delictivos armados que quieren quedarse con zonas francas de la soberanía territorial del Estado.

De ese tamaño fue el desafío del cártel 4L contra la República. 

Política para dummies: la política es la regulación de la guerra.

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A pesar de los esfuerzos gubernamentales y las políticas de seguridad implementadas durante sexenios recientes, como el encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los números no mienten. Durante su gestión, se contabilizaron más de 17,595 homicidios dolosos, consolidando este periodo como uno de los más violentos en la historia reciente del país. El informe también detalla cómo esta ola de violencia ha continuado en los primeros meses de 2025, con cifras alarmantes que ponen en entredicho los discursos oficiales sobre el control territorial y la reducción de la inseguridad.

Las estadísticas reflejan disparidades entre regiones. Estados como Guanajuato, Baja California, Sinaloa y Chihuahua encabezan la lista de entidades con mayor incidencia de homicidios. Estos lugares han sido foco rojo debido a la presencia de cárteles de la droga, enfrentamientos entre grupos criminales rivales y la precaria coordinación institucional para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, en 2024, Guanajuato reportó más de 1,720 homicidios, consolidándose como el epicentro de la violencia en México.

Contrastan zonas como Yucatán, Campeche o Baja California Sur, donde la incidencia de homicidios es significativamente menor. Sin embargo, incluso estas entidades no están exentas de riesgos, ya que la dinámica del crimen puede trasladarse rápidamente dependiendo de los movimientos de los grupos delictivos y la respuesta oficial.

El análisis del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también destaca que, aunque otros delitos como el secuestro o la trata de personas muestran reducciones parciales, el homicidio sigue siendo el delito más letal y extendido. De hecho, representa más del 90% de los delitos violentos denunciados en 2024, superando ampliamente a feminicidios, extorsiones o lesiones graves.

Otro dato preocupante es el promedio mensual de víctimas: en mayo de 2025, se alcanzó un pico de 2,645 homicidios en un solo día, lo que refleja que la violencia no actúa de forma estable, sino que presenta oleadas intensas que saturan los sistemas de salud, judicial y de seguridad. Esta irregularidad complica aún más la posibilidad de diseñar estrategias efectivas para contenerla.

Los desafíos son múltiples. Además del combate al narco y sus redes de corrupción, se requiere una política integral que aborde las causas estructurales de la violencia: pobreza, desempleo juvenil, falta de oportunidades educativas y sociales, y la debilitada capacidad institucional. La sociedad mexicana clama por soluciones reales, no solo por cifras maquilladas o mensajes optimistas sin respaldo. Mientras tanto, los muertos siguen sumando, y cada nuevo día comienza con decenas de vidas truncadas por la guerra silenciosa que se libra en las calles de México.

De ahí la importancia de salirse de las estrategias de grupos gobernantes, las de Miguel de la Madrid a Claudia de Sheinbaum Pardo, y la necesidad de diseñar un acuerdo de Estado con todas las fuerzas económicas, sociales y políticas. En pocas palabras, los crímenes de ayer martes 20 de mayo es la calzada de Tlalpan destruyeron el modelo gubernamental aislado López Obrador-Sheinbaum.

Es muy amplio el contexto en el que ocurrieron los asesinatos en Tlalpan. Y cada uno tendrá capacidad para agregarle escenarios de cualquier tipo. Pero lo cierto fue que los asesinatos contra altos funcionarios del Estado a nivel capitalino ocurrieron horas después de que se celebró la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno actual como continuidad de la estrategia de la administración del presidente López Obrador.

El otro dato que se debe analizar con objetividad, sentido crítico y hasta con intenciones establecer sanciones en función de cualquier estrategia de seguridad fue la falla entonces aspectos elementales de cualquier tipo de modelo de estrategia de seguridad falló la inteligencia porque nadie tenía ninguna idea del grado de violencia criminal en la capital de la República y erró el criterio de seguridad personal de funcionarios jugando a la frivolidad lopezobradorista de que el pueblo los cuida, tomando en cuenta que quiera ser que no los criminales también son pueblo, pero pueblo malo.

El primer círculo del poder del Gobierno de la Ciudad de México careció de cualquier tipo de criterio mínimo de seguridad: la secretaria particular todos los días recogía la misma hora al asesor en la estación del Metro y se iban juntos a la oficina, además de que su vehículo no era blindado, carecía de un chofer con una mínima reparación de seguridad y a nadie se le ocurrió ponerle un escolta, y eso de que se trataba de la secretaria particular de la jefa de gobierno.

El atentado criminal en Tlalpan mostró el escenario real de la inseguridad en la capital de la República que viene desde los descuidos de López Obrador y sus reacciones politizadas de que todas las protestas sociales eran de pirruris y mostró los indicios de que la ciudad que es sede de los poderes federales está infestada de todo tipo de bandas delictivas, y sobre ella pulula la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

A nivel de pavimento, existe ya fermentada una disputa que pronto derivará en lucha criminal callejera a balazos en la CDMX: los conflictos entre las bandas que controlan a los ambulantes, los vendedores de contrabando, los extorsionadores de personas, los cobradores de derecho de piso y los vendedores de droga al menudeo que se campean con toda tranquilidad en las calles de la ciudad ante la mirada sin capacidad de intervención operativa de autoridades y policías.

Y se está agriando también una lucha por la disputa del territorio de la capital de la República y ya está instalado en el Valle de México: los vendedores ambulantes capitalinos y mexiquenses tienen ya el padrinazgo de cárteles de la droga o de bandas delictivas y se ha agregado la presencia del Cártel de La Nueva Familia Michoacana qué opera en el Estado de México y en la zona periférica conurbada.

Puede que existan algunos programas especiales para combatir este tipo de delincuencia en las calles, pero todos los indicios revelan que el grado de impunidad de los delincuentes ha rebasado la capacidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Durante años se advirtió la frivolidad de autoridades del Gobierno capitalino desde la época de Salinas a la fecha y nadie tomó en serio la definición de algún programa emergente de seguridad primero para identificar las características del crimen, luego para intentar blindar a grupos sociales y autoridades y finalmente para evitar que las grandes bandas y carteles tomarán el control del poder de la seguridad en el Valle de México.

Una sola pregunta fue hecha por expertos en seguridad el mismo martes del atentado: ¿a ninguna autoridad se le ocurrió que la secretaria particular de la jefa de gobierno tuviera mínimo blindaje de seguridad? Esta pregunta dimensiona el fracaso de las estrategias de seguridad. Y otra: ¿qué coraza de seguridad tienen los alrededor de diez mil altas figuras públicas capitalinas que deberán tener protección anti atentado?

El asesinato de Colosio como falla de seguridad política y estratégica del Estado se reprodujo en un nivel un poco menor en la figura de la secretaria particular de la jefa de gobierno. 

Política para dummies: la política es una actividad por sí misma que entra en el rango en la seguridad Del Estado.

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Veracruz encabeza la lista como el estado más letal para ejercer el periodismo, con 31 asesinatos registrados en las últimas dos décadas. Le siguen Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, estados donde históricamente han prevalecido altos índices de violencia ligados al crimen organizado, la corrupción y el conflicto político. Este patrón revela cómo la inseguridad estructural afecta directamente la libertad de expresión y pone en riesgo la vida de quienes buscan exponer verdades incómodas.

El análisis de los datos muestra que los hombres conforman la mayoría de las víctimas, con 156 asesinatos frente a 12 mujeres. Aunque esta disparidad obedece posiblemente a la mayor presencia masculina en el sector, también evidencia una brecha de género en el ámbito periodístico. Sin embargo, esto no minimiza la gravedad de los ataques contra mujeres comunicadoras, quienes además enfrentan otras formas de violencia, como acoso o amenazas.

Los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han sido los más mortíferos para la prensa mexicana. Durante sus administraciones se concentraron 48, 47 y 47 asesinatos respectivamente. Esto sugiere que, independientemente de las diferencias ideológicas entre gobiernos, la crisis de seguridad para los periodistas ha persistido sin solución efectiva. En el actual sexenio de Claudia Sheinbaum (octubre 2024-marzo 2025), ya se han registrado cuatro homicidios, cifra alarmante si consideramos que apenas llevamos poco más de medio año.

En lo que va de 2025, tres periodistas han perdido la vida debido a su labor. Esta tendencia posiciona nuevamente a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio. Los asesinatos no son eventos aislados; por el contrario, forman parte de un contexto más amplio de agresiones, desapariciones y hostigamiento que sufren los comunicadores en todo el territorio nacional.

La distribución anual de estos crímenes también arroja luces sobre los momentos más críticos. Entre 2010 y 2012, durante el gobierno de Calderón, hubo un incremento significativo en los asesinatos, alcanzando picos de hasta 12 muertes en un solo año. Aunque posteriormente disminuyeron ligeramente, nunca dejaron de ser una constante preocupante. En 2024, se reportaron 13 casos, marcando un repunte que parece haberse extendido al inicio de 2025.

Es importante destacar que detrás de cada número hay historias humanas truncadas. Periodistas que investigaban temas delicados como narcotráfico, corrupción gubernamental o derechos humanos fueron blanco de ataques deliberados. Sus familias quedan desamparadas y sus comunidades pierden voces esenciales para exigir justicia y transparencia.

Para combatir este flagelo, es urgente implementar políticas públicas integrales que protejan a los periodistas. Si bien existen mecanismos como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, su efectividad ha sido cuestionada debido a limitaciones presupuestarias y operativas. Además, resulta indispensable fortalecer el sistema judicial para garantizar investigaciones exhaustivas y castigos ejemplares a los responsables.

El silencio mediático derivado de estos asesinatos no solo afecta a quienes ejercen la profesión, sino a toda la sociedad. Cuando callan los periodistas, se erosionan los pilares de la democracia: acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana. Por ello, es fundamental que tanto autoridades como sociedad civil trabajen conjuntamente para revertir esta grave situación.

México necesita urgentemente transformarse en un lugar seguro para el periodismo. Cada asesinato no solo apaga una voz, sino que también oscurece la posibilidad de construir un futuro más transparente y justo.

1. Análisis de Grandes Volúmenes de Información

• La IA puede procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo, identificando patrones en documentos legales, registros judiciales y bases de datos de crímenes.
• Herramientas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) permiten analizar sentencias y precedentes para ayudar a fiscales y jueces a fundamentar sus decisiones.

2. Predicción y Prevención del Crimen

• Algoritmos de predicción delictiva pueden identificar zonas y horarios con mayor probabilidad de crímenes, permitiendo a las autoridades asignar mejor los recursos de seguridad.
• Análisis de redes criminales a través de minería de datos facilita la detección de vínculos entre delincuentes y organizaciones ilícitas.

3. Reconocimiento Facial y Biométrico

• Sistemas de IA pueden analizar imágenes y videos de vigilancia para identificar sospechosos en tiempo real.
• El reconocimiento de huellas dactilares y voz agiliza la identificación de personas en investigaciones forenses.

4. Automatización de Procesos Judiciales

• Chatbots y asistentes virtuales ayudan en la gestión de casos, facilitando la presentación de documentos, seguimiento de expedientes y programación de audiencias.
• La IA también permite digitalizar y organizar evidencia para evitar pérdidas o manipulaciones.

5. Análisis Forense Digital

• Algoritmos pueden recuperar y analizar datos de dispositivos electrónicos en casos de cibercrimen.
• Detección de deepfakes y manipulación de evidencia digital para evitar fraudes o falsificaciones en juicios.

6. Reducción de Sesgos en la Justicia

• Modelos de IA pueden ayudar a minimizar prejuicios en las decisiones judiciales al basarse en datos objetivos y eliminar sesgos inconscientes de fiscales o jueces.
• Sin embargo, es crucial garantizar que estos modelos sean entrenados con datos equilibrados para evitar perpetuar desigualdades.

En resumen, la IA es una herramienta poderosa para fortalecer la procuración de justicia, agilizando procesos, mejorando la seguridad y aumentando la precisión en investigaciones. No obstante, su uso debe ir acompañado de regulaciones éticas y mecanismos de supervisión para evitar abusos y garantizar un sistema justo y transparente.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 156,066 homicidios, lo que representó un incremento del 30% respecto al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), donde se reportaron 120,463 muertes violentas. No obstante, la situación se agravó aún más en el gobierno de López Obrador, periodo en el que se alcanzó la cifra histórica de 199,959 homicidios, un aumento del 28% en comparación con su antecesor.

Los datos evidencian cómo el número de asesinatos ha crecido de manera sostenida en las últimas dos décadas. Entre 2019 y 2023, el promedio anual de homicidios superó los 30,000 casos, con picos de hasta 36,773 en 2020, el año más violento registrado. En los primeros meses del 2025, bajo el nuevo gobierno, se han contabilizado 12,536 homicidios, lo que podría significar un ligero descenso en la tendencia, pero aún es pronto para determinar si representa una mejora sostenida.

El informe de TResearch también desglosa el impacto de la violencia por entidad federativa, señalando que estados como Guanajuato, Baja California, Estado de México y Chihuahua se mantienen entre los de mayor incidencia. Guanajuato lidera la lista con 1,660 homicidios en lo que va del sexenio de Sheinbaum, seguido por Baja California con 894 y el Estado de México con 888. En contraste, Yucatán, Baja California Sur y Campeche registran los niveles más bajos de homicidios.

El crecimiento de la violencia en México está vinculado a diversos factores, entre ellos, la lucha entre grupos del crimen organizado, la impunidad y la falta de estrategias efectivas de seguridad pública. Durante el sexenio de López Obrador, la estrategia de «abrazos, no balazos» generó un intenso debate, pues mientras sus defensores argumentaban que priorizaba las causas estructurales de la violencia, sus críticos aseguraban que fomentaba la impunidad y debilitaba la acción del Estado contra los grupos delictivos.

En el inicio del gobierno de Sheinbaum, el reto de reducir los homicidios es inminente. Los primeros indicadores apuntan a una posible baja en los índices de violencia, pero la consolidación de esta tendencia dependerá de la eficacia de las estrategias implementadas en los próximos meses. La coordinación entre las fuerzas federales y estatales, el fortalecimiento del sistema de justicia y el combate a la corrupción serán elementos clave para frenar la ola de homicidios que ha marcado a México en las últimas décadas.

Mientras tanto, la sociedad mexicana sigue exigiendo respuestas y resultados concretos ante una crisis que ha dejado miles de víctimas y ha cambiado la vida de innumerables familias. La seguridad pública sigue siendo un tema prioritario, y su evolución en los próximos años definirá el rumbo del país.

Las libertades con las que cuentan, hoy más que nunca, los grupos delincuenciales en México, ha permitido en los últimos tres años que esos grupos se intercalen en el tejido social en el que hasta hace poco tiempo tenían poca cabida, al menos no tan amplia, y adueñarse de la vida diaria de los ciudadanos para incrementar sus “operaciones comerciales”.

Lo anterior de manera semejante al modo como se coló la mafia a los negocios lícitos en los Estado Unidos pero, en el caso de México, sin la intervención de las autoridades encargadas de la seguridad pública y protegidas por el propio gobierno, y no sólo por aquello de “los abrazos y no balazos”, sino por algunas empresas que sirven de tapadera, obligada a punta de amenazas, balazos y pago de piso para que participen en operaciones tan ilegales como el lavado de dinero que protegen los cimientos económicos fundamentales para el progreso y la acción de las organizaciones criminales.

Como se señalaba en el artículo de “Abrazos y no balazos” la investigadora Vanda Falbab-Brown, del Instituto Brookings, señaló hace tres o cuatro semanas en entrevista para El País (16 a 23 de mayo del 2022), que el vínculo entre el tráfico de drogas y especies en México es cada día más estrecho: “Los pescadores furtivos y tala-montes son obligados a trabajar para el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación que les pagan con metanfetaminas o fentanilo” y los obligan a vender esas drogas en sus propias comunidades.

Ya no sólo son cooptadas las empresas pesqueras del Pacífico y en alguna medida las del Golfo de México, sino en operaciones que abarcan desde el control de las ventas del limón, aguacate y maderas preciosas, sino de empresas farmacéuticas y laboratorios, y hasta pequeñas farmacias y distribuidoras de medicamentos, además del aumento de extorsiones a empresas comerciales de todo tipo y al cobro de piso en mercados públicos y a cualquiera establecimiento que consideren rentable para sus propios negocios.

Con lo anterior se observa una penetración muy preocupante en mecanismos fundamentales para el control social y político de la población en materia económica y política que irá creciendo conforme avance el sexenio y aún más si Morena alcanza la presidencia en el 2024.

Lo anterior representa que, en términos económicos, el dominio de las bandas criminales ha ampliado de manera muy significativa sus posibilidades de crecimiento y, si antes ya tenían manga ancha dado el número de delitos que se denuncian y el pobrísimo porcentaje en que eran castigados, menos del 5 %, ahora, aprovechando el beneplácito de la presidencia de la República, están en la posibilidad, cada vez más plena, de convertir a este país en un estado dominado por el crimen organizado o, si se prefiere la expresión, en un narco-estado, con las consecuencias que ya estamos viviendo, por lo pronto con 126 mil asesinados en poco más de tres años.

Y como una excepción, no en la CDMX, en esta entidad fueron aprendidos por la policía de la capital hace unos días 10 integrantes del cartel de Sinaloa que pretendían establecer como base de sus operaciones el pueblo de Topilejo, a la salida de Cuernavaca Morelos. Al respecto, es importante destacar este hecho, en primera instancia, por la eficacia y eficiencia del jefe de esa policía Omar Harfush, cuya actuación ejemplar ha sido destacada en la protección de los capitalinos.

Pero, en segunda instancia, el intento de los narco-criminales para establecerse en un mercado tan amplio como el Área Metropolitana de la ciudad más grande del país, en la que se estima existen más de 10 mil puntos de venta de narco-menudistas desde hace ya más de una década.

Lo peor es el arraigo del crimen como una especie de fenómeno natural, como una especie de epidemia para la que no existen vacunas y ahora tampoco la cirugía representada por las fuerzas del orden público, ahora maniatada por el mismísimo Ejecutivo Federal.

El crimen cometido contra los padres jesuitas en la Tarahumara, uno de los cuales había bautizado a su asesino, denuncia el nivel de criminalidad cotidiana, y de costumbre y familiaridad a la que ya estamos llegando y, lo peor, acostumbrando.

Aún faltan catorce días para que en la CDMX den inicio, formalmente, las campañas electorales del próximo 4 de abril, pero quien ya ha echado a andar su maquinaria para la contienda es Claudia Sheinbaum, a través de las instituciones gubernamentales. Y es que apenas se dieron a conocer los nombres de quienes encabezarán las candidaturas de oposición, y de inmediato comenzó el uso faccioso de las instituciones.

El domingo pasado nos despertamos con la noticia del lamentable fallecimiento, en un “accidente automovilístico”, de Leonel Luna, quien había sido registrado por la oposición como candidato a diputado local. Sin embargo, más allá del incidente, el gobierno local debe responder por el uso faccioso de la información que han difundido sobre este hecho.

Por un lado, apenas habían transcurrido unas cuantas horas y en las redes sociales ya circulaban imágenes del accidente, violentando la dignidad del ahora occiso, y violando lo dispuesto en el artículo 293 Quáter del Código Penal, la denominada Ley Ingrid, que prohíbe a los servidores públicos difundir imágenes, audios, videos e información reservada del “lugar de los hechos o del hallazgo, evidencias, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la Ley como delitos”.

Sólo funcionarios públicos pudieron haber filtrado las fotos y videos, al ser los únicos con acceso a la escena del percance. Además, apenas dos días después del accidente, la Fiscalía carnal informa que el accidente se debió a que Luna conducía con altos niveles de alcohol en la sangre. Sin embargo, todos los que lo conocimos sabemos que, por motivos de salud y recomendación médica, Leonel no ingería alcohol. Es increíble la versión que se aventuró a dar la Fiscalía y con ello sólo buscan dañar su memoria y dar un contexto de irresponsabilidad personal a un evento que no lograron esclarecer. Después, el miércoles pasado, fue detenida la candidata de la oposición a diputada local por el Distrito 9, Diana Sánchez Barrios. La Fiscalía informó que se le imputan delitos cometidos en 2019 y 2020, así que la pregunta es: ¿por qué no se le detuvo antes, sino hasta que los medios de comunicación dieron a conocer su candidatura?

Apenas se conocieron los nombres de los candidatos de oposición y el gobierno capitalino ya ha hecho sentir el uso electoral que hará de las instituciones, y eso que ni siquiera han iniciado las campañas. Claudia Sheinbaum está cayendo en el mismo juego sucio del que se quejó en la campaña del 2018, cuando acusó a Mauricio Toledo de desviar recursos humanos y materiales de Coyoacán para perjudicar su candidatura.

Ante esta embestida desde el poder, el silencio insultante de los dirigentes de la oposición. La Fiscalía calumnia a Leonel Luna y la reacción de las dirigencias fue, por decirlo bonito, tímida. Después detienen a Diana Sánchez y de nuevo lo que predomina es una reacción discreta.

Como en el México del siglo XX, la campaña será una contienda del gobierno y su partido contra la oposición, con la diferencia de que, en aquella época, los dirigentes no tenían temor de alzar la voz y alertaban a la ciudadanía de la represión y las elecciones de Estado. Ahora, si acaso, lo hacen en las redes sociales.

Artículo publicado el 21 de marzo de 2021