La protección de la infancia en México enfrenta un panorama crítico. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, se han denunciado ya 5,370 casos de corrupción de menores en el país. Esta cifra, extraída de los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pone en evidencia una problemática que, lejos de erradicarse, muestra signos de persistencia en diversas regiones del territorio nacional.

El corte más reciente, correspondiente a febrero de 2026, contabilizó 267 denuncias a nivel nacional. Aunque esta cifra representa una ligera disminución del 3% en comparación con el mismo mes de 2025 (cuando se registraron 274 casos), el acumulado histórico revela que el delito mantiene niveles preocupantes para las organizaciones civiles y las autoridades de procuración de justicia.

Geografía de la vulnerabilidad: los estados más afectados

El fenómeno de la corrupción de menores no impacta de la misma forma a todos los estados. Según el análisis de datos, tres entidades concentran el 42% de los casos totales denunciados en la presente administración:

• Baja California: Encabeza la lista con 1,027 registros.

• Ciudad de México: Se ubica en segundo lugar con 663 denuncias.

• Guanajuato: Ocupa la tercera posición con 567 casos reportados.

No obstante, al observar la incidencia por cada millón de habitantes para ajustar la cifra a la densidad poblacional, el orden de alerta cambia. Bajo esta métrica, Baja California (272), Quintana Roo (211) y Guanajuato (162) destacan como las zonas donde el riesgo relativo para los menores es más elevado.

Tendencia histórica: ¿Hacia dónde vamos?

Al analizar la serie histórica 2015-2026, se observa un crecimiento sostenido en la cultura de la denuncia o en la comisión del delito. Mientras que en 2015 se registraban anualmente poco más de 1,400 casos, para el año 2023 la cifra se disparó a 3,356 denuncias, marcando un máximo histórico.

En el último año completo, 2025, el cierre fue de 3,047 casos, lo que representó una baja del 9% respecto al año anterior, pero aún se mantiene muy por encima de los niveles vistos hace una década. En los primeros dos meses de 2026, ya se han acumulado 510 casos, lo que sugiere que el año podría cerrar en niveles similares a los anteriores si no se intensifican las estrategias de prevención.

Este escenario plantea un reto directo para la agenda de seguridad del Gobierno Federal, especialmente en estados como Nuevo León, donde la variación anual de febrero muestra un incremento preocupante, pasando de 12 a 24 casos en solo un año. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una asignatura pendiente que requiere atención urgente en las políticas públicas actuales.

México enfrenta una crisis sin precedentes en materia de protección infantil. Durante el año 2025, las denuncias por corrupción de menores alcanzaron su nivel más alto en la historia reciente, con un total de 3,199 casos registrados. Esta cifra representa un alarmante incremento del 13% en comparación con los datos de 2024, consolidando una tendencia al alza que no parece ceder.

El cierre del año pasado fue especialmente crítico para las infancias en el país. Tan solo en diciembre de 2025 se contabilizaron 242 denuncias por este delito, lo que significa un disparo del 42% frente al mismo mes del año anterior. Los datos revelan que este fenómeno no es un evento aislado, sino un problema estructural que ha mantenido un crecimiento sostenido desde 2019.

Radiografía del delito: los estados más afectados

El mapa de la corrupción de menores en México muestra focos rojos muy específicos. De acuerdo con las cifras analizadas, el 43% de todos los casos reportados durante el actual sexenio federal se concentran en tres entidades: Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México. Estas regiones se han convertido en los puntos de mayor persistencia regional para este tipo de criminalidad.

Al analizar la incidencia por cada millón de habitantes, el panorama cambia ligeramente, pero mantiene a Guanajuato a la cabeza con 108 casos. Le siguen de cerca Baja California Sur con 103 denuncias y Quintana Roo con 81 registros por cada millón de personas. Estas cifras subrayan la urgencia de políticas públicas diferenciadas para proteger a los menores en zonas turísticas y centros industriales del país.

Un reto persistente para la seguridad nacional

El informe destaca que, a pesar de los esfuerzos institucionales, la corrupción de menores se ha convertido en un delito «estructural». El aumento constante en las carpetas de investigación desde hace seis años sugiere que las estrategias actuales de prevención y combate no han logrado revertir la curva de violencia contra los más jóvenes.

Expertos en seguridad pública señalan que la concentración territorial del delito en estados clave para la economía y la política nacional debe ser una prioridad en la agenda de seguridad. La presión social crece a medida que los números confirman que el 2025 fue el año más oscuro para la integridad de los menores de edad en México.

La protección de la niñez en México enfrenta un desafío crítico. Durante el año 2025, las denuncias por el delito de corrupción de menores alcanzaron su nivel más alto en la historia reciente, acumulando un total de 2,957 casos. A pesar de una ligera disminución registrada en el último mes del reporte, la tendencia anual muestra un incremento del 5% en comparación con los 2,822 casos reportados en 2024.

Los datos más recientes, correspondientes a noviembre de 2025, revelan que se registraron 190 denuncias a nivel nacional. Aunque esta cifra representa una baja del 22% respecto al mismo mes del año anterior —cuando se contabilizaron 244 incidentes—, el acumulado anual confirma que el problema persiste con fuerza en diversas regiones del país.

El mapa del peligro: tres estados en la mira

La incidencia de este delito no se distribuye de forma equitativa en el territorio nacional. Tres entidades federativas concentran casi la mitad de la problemática: Guanajuato, la Ciudad de México y Nuevo León agrupan el 43% de todos los casos denunciados durante la actual administración.

Guanajuato no solo destaca por su volumen total, sino también por liderar la tasa de incidencia por cada millón de habitantes. Con una tasa de 100 casos por millón, este estado supera por mucho el promedio nacional, que se sitúa en 23. Le siguen en esta preocupante lista Baja California Sur, con una tasa de 98, y Baja California, con 71 casos por cada millón de personas.

Un máximo histórico que enciende alarmas

El análisis de las cifras históricas permite dimensionar la magnitud del problema. Desde 2019, la cifra de denuncias ha mostrado una tendencia irregular pero mayoritariamente al alza. Mientras que en 2020 se registraron 2,443 casos, para 2022 la cifra subió a 2,949. Tras un breve respiro en 2023 y 2024, el cierre de 2025 marca un nuevo pico en la serie estadística reciente, consolidando este año como el más violento para los menores en este rubro específico.

Este panorama pone bajo la lupa las estrategias de seguridad y prevención en las entidades más afectadas. El hecho de que tres estados concentren tal volumen de denuncias sugiere la necesidad de intervenciones focalizadas y políticas públicas que atiendan las causas raíz de la corrupción de menores en esos entornos urbanos y sociales específicos.

Para un público interesado en la política y la seguridad, estos números no son solo estadísticas; representan fallas en el tejido social y en la protección de los ciudadanos más vulnerables. La reducción observada en noviembre es un dato positivo, pero el récord anual de 2,957 casos es el recordatorio más claro de que la tarea de salvaguardar a la infancia mexicana está lejos de concluir.

Las denuncias por corrupción de menores en México han experimentado una notable disminución en lo que va del sexenio actual, registrando una caída del 52% en comparación con el año 2024. Así lo revela el informe de TResearch International correspondiente a mayo de 2025, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según el estudio, desde el inicio del sexenio, se han contabilizado 1,365 denuncias por este grave delito. No obstante, a pesar de la tendencia a la baja en el acumulado sexenal, mayo de 2025 mostró un ligero repunte, con 276 denuncias, lo que representa un aumento del 7% respecto al mismo mes del año anterior.

Históricamente, las denuncias anuales por corrupción de menores han mostrado fluctuaciones. Pasaron de 1,940 en 2015 a un pico de 2,949 en 2022. Para el año 2025, hasta el corte de mayo, la cifra se sitúa en 1,365, indicando la mencionada disminución sexenal.

El informe de TResearch International destaca que tres entidades federativas concentran casi la mitad de los casos de corrupción de menores registrados en lo que va de este sexenio. Guanajuato encabeza la lista con 286 denuncias, seguido por la Ciudad de México con 168 y Nuevo León con 133, sumando entre las tres el 43% del total nacional.

Al analizar la incidencia por cada millón de habitantes, Guanajuato también se posiciona a la cabeza con 46 casos, seguido de cerca por Baja California Sur con 41 y Baja California con 34, lo que sugiere una mayor afectación en estas regiones en proporción a su población.

Estos datos subrayan la importancia de mantener la atención en este tipo de delitos y fortalecer las estrategias de prevención y persecución en las entidades con mayor incidencia. La reducción en el número general de denuncias es un dato alentador, pero el repunte en mayo y la concentración de casos en ciertas regiones son señales de que la lucha contra la corrupción de menores debe continuar siendo una prioridad en la agenda de seguridad del país.