El desempleo continúa, los precios de la canasta básica están por los cielos y de aprobarse la iniciativa enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, los mexicanos tendrán que pagar más por el consumo de luz de sus hogares y de sus negocios. Este gobierno pegándole como siempre a los bolsillos de las familias mexicanas.

La reforma presentada el pasado 1 de octubre busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución general y con ello, alcanzar dos objetivos:

Primero, desaparecer a los órganos reguladores en materia energética, es decir, eliminar tanto a la Comisión Reguladora de Energía como al Centro Nacional de Control de Energía.

Se le dará a la Comisión Federal de Electricidad completa decisión sobre el sector, lo que es altamente riesgoso. Y al no existir quien vigile y regule la actuación del Estado mexicano, se elimina la competencia y con ello, la inversión extranjera se irá de nuestro país. Nuevamente se perderán miles de fuentes de empleos.

Hemos visto lamentablemente que los servidores públicos de este gobierno actúan anteponiendo su ideología, no el bien servir, ni el bien común. Con este mando total de la CFE, simple y sencillamente se priorizará lo que diga el Presidente de la República o Morena, es decir, no se decidirá por el bien de las personas, ni por el medio ambiente, ni por la soberanía energética.

Y segundo objetivo y más importante, que la CFE genere la electricidad que abastecerá a cada hogar en nuestro país, sin importar el costo o las emisiones contaminantes. Esto, reducirá la participación de las empresas que han desarrollado energía limpia a mejores costos.

CFE no tiene ni la infraestructura, ni la capacidad para producir energía limpia, por lo que deberá recurrir al uso de combustibles fósiles para abastecer a los hogares mexicanos. Se priorizará el uso del carbón, del diésel y del combustóleo, es decir, mientras el mundo combate el cambio climático con el uso de energía solar o eólica, la cual por cierto, es mucho más barata, en México se generará energía sucia y más cara.

Dentro de los foros que ha organizado la Cámara de Diputados, algunos expertos han expresado su preocupación sobre el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, de dióxido de azufre y de dióxido nitroso, con lo cual no sólo se deteriora el medio ambiente, también afectará a la salud de la población.

Ante este panorama, se entiende la preocupación del gobierno norteamericano y la visita de su secretaria de Energía. No puede haber un futuro sostenible en la región si México le apuesta a la regresión, al monopolio de la CFE y al uso de combustibles fósiles. Con la 4T vamos hacia una regresión energética.

Sin duda, la reforma que más dará de qué hablar durante las próximas semanas será la reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República, una de sus tres prioridades legislativas y la más simbólica en términos de afianzar su proyecto ideológico. Quizás, en su imaginario, lograr diluir la participación de la iniciativa privada en el sector energético lo equipararía a Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera.

Esta reforma pretende hacer de la CFE el jugador dominante en el sector, dejando en segundo lugar a las empresas privadas, lo cual minaría la competencia, ya que no sólo tendría prioridad en el despacho de electricidad, sino que también se convertiría en el órgano regulador —el árbitro del juego—, desapareciendo las instituciones que hoy desempeñan esa función, como la Comisión Reguladora de Energía, además de frenar la transición energética a energías limpias.

La reforma, en sus términos, no pasará, han dicho las y los legisladores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, sin los cuales, juntos, sería imposible reunir los votos necesarios para aprobar la reforma. Los líderes de las bancadas panista y priista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero y Rubén Moreira, dijeron, respectivamente, que “si no se hacen las modificaciones … para cuidar la libre competencia y la sustentabilidad, esta reforma está muerta” y que, “así como está, la reforma no pasa… Es una oportunidad … de resolver lo que se tiene que resolver y de dejar lo que se tiene que dejar”.

Sin embargo, la clave está en las palabras “en sus términos”. Por primera vez en más de tres años la oposición tiene la oportunidad de ser tomada en cuenta, sin embargo —y más importante aún—, tiene la posibilidad de transformar una propuesta contraria a lo que nuestro país y el mundo necesitan, en una reforma para generar electricidad limpia a precios justos y competitivos, y suficiente para satisfacer la demanda tanto de los millones de hogares como del comercio y la industria. Así que los términos que la oposición plantee para sustituir los de la iniciativa presidencial tienen hoy una enorme relevancia para el desarrollo nacional inmediato y futuro.

El análisis de la reforma inició el lunes pasado en la Cámara de Diputados en los foros en donde representantes de empresas, especialistas, legisladores y funcionarios del gobierno han expuesto sus posiciones, destacando argumentos a favor de la propuesta, como los de garantizar la soberanía energética a cargo del Estado; terminar con el saqueo de las empresas privadas y que la generación de electricidad por parte de privados (autoabasto) es abusivo. Quienes están en contra argumentan que el autoabasto es legal; que, dada la ineficiencia de la CFE, la reforma generará energía cara que tendrá que ser subsidiada si se quiere mantener a precios bajos, y que no prioriza las energías limpias.

Pero no sólo actores nacionales están pendientes de la discusión sobre la reforma eléctrica. Jennifer Granholm, secretaria de Energía del gobierno estadunidense, visitó la Ciudad de México y sostuvo entrevistas con el Presidente de la República, legisladores y el sector privado y dijo que “en cada reunión, expresamente comunicamos las preocupaciones reales de la administración Biden–Harris sobre el potencial impacto negativo en la inversión privada de Estados Unidos de las reformas energéticas propuestas” y enfatizó en la oportunidad que representan las energías renovables para impulsar la competitividad de Norteamérica.

La discusión de esta reforma y la atención sobre el Congreso —destacadamente sobre la oposición— continuará, porque esta vez el resultado sí está en sus manos.

La contrarreforma eléctrica se volvió ya una papa caliente en las manos de algunos integrantes del Congreso. No para los miembros de Morena y de los partidos satélites, quienes obviamente levantarán el dedo cuando el Presidente lo indique. Para algunos de ellos, en una de esas, la iniciativa hasta pasará de noche. Tampoco es una papa caliente para los legisladores de Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD quienes ya se opusieron públicamente a la contrarreforma. Pero sí lo es para un incierto número de integrantes del PRI que, por mero cálculo político, tratarán de encontrar algunos aciertos en la iniciativa. Difícil tarea tienen, pues lo que abunda en la contrarreforma son los desaciertos.

1. Para empezar, las tarifas eléctricas subirían de manera notable o, como alternativa, el subsidio que recibe la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incrementaría aún más. La razón es que la reforma permitiría a la CFE despachar primero su producción. Pero el costo unitario promedio de la electricidad generada por la CFE, medido en pesos por megawatt-hora, es aproximadamente el doble que el costo promedio de la generada por el sector privado mediante la energía eólica y la solar.

2. Los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelarían, de acuerdo con la reforma, impidiendo con ello no solo el autoabastecimiento en el caso de empresas grandes, sino inclusive el uso de la energía proveniente de paneles solares en las casas.

3. Se revertiría el mecanismo existente que privilegia la producción de energía limpia sobre la sucia. Al día de hoy, esto se logra dando preferencia de despacho a las energías limpias como la eólica y la solar. Pero con la reforma no habría incentivo alguno, al contrario. Esto a su vez pondría en riesgo los acuerdos ambientales firmados por México, en particular el Acuerdo de París. Además, el T-MEC contiene todo un capítulo, el 24, que establece de manera muy clara la preferencia por las energías limpias, por lo que habría más temprano que tarde controversias en materia ambiental con nuestros socios.

4. Las muchas empresas afectadas por la contrarreforma seguramente emprenderían acciones legales que tomarían mucho tiempo y dinero para resolver (y no necesariamente a favor de México). El desgaste diplomático asociado con ello tampoco sería menor.

5. Por lo dicho en el primer punto, se acabaría subsidiando aún más a la CFE y este ente público es sumamente ineficiente. Como consecuencia de los cambios incomprensibles y generosísimos en su sistema de pensiones hechos en 2020, sus pasivos laborales han crecido ya tanto que la empresa operará de aquí en adelante con números rojos, se apruebe o no la reforma.

6. Así pues, la CFE requeriría de un enorme subsidio del gobierno federal para poder invertir en otras fuentes de generación de electricidad y mantener funcionando las actuales. Pero resulta que la inversión gubernamental ya está hoy, literalmente, en los huesos. Se tendría que apoyar a la CFE a costa de la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas, así como reduciendo el gasto social.

7. Finalmente, jugar a cambiar las reglas del sector eléctrico es mucho más riesgoso que jugar a cambiar las reglas del sector petrolero. Jugar con la electricidad es jugar con fuego.

Las políticas públicas de este gobierno federal no han sido particularmente atinadas. Por ejemplo, en términos del bienestar económico de los mexicanos este sexenio está perdido. Si bien nos va, no será sino hasta fines del 2022 cuando se recupere el nivel de producción del año 2018. Pero el problema, desgraciadamente, no acaba allí. Durante el sexenio la población de México habrá crecido en más de siete millones y, sobra recordar, los infantes tienen los mismos derechos que el resto de nosotros. Así pues, lo que importa no es el ingreso nacional, sino el ingreso per cápita: lo que le toca en promedio a cada mexicano. Visto así, la situación es francamente desastrosa: a fines del sexenio, en 2024, el ingreso per cápita será similar al que prevalecía en 2018.

A pesar de ello, en Palacio Nacional le siguen echando muchas ganitas para tener más ocurrencias sin pies ni cabeza. Entre ellas se encuentra la contrarreforma eléctrica que acaba de ser enviada al Congreso para su consideración, la cual si fuera aprobada, nos atrevemos a afirmar, pasaría a la historia como el mayor despropósito económico cometido durante el sexenio.

La iniciativa pretende modificar tres artículos de la Constitución (25, 27 y 28) para darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) casi todas las fichas que están en juego en el sector eléctrico. Pero antes de entrar en los detalles de la propuesta bien vale la pena recordar aquí algunas características claves que distinguen al sector eléctrico del resto. La semana que entra comentaremos, si usted nos lo permite, sobre las consecuencias de los cambios constitucionales.

En el proceso de la provisión de electricidad hay que distinguir tres etapas muy diferentes, que no se traslapan o al menos no deberían. La primera, por mucho la más importante, es la generación de la electricidad por parte de la CFE o de las empresas privadas. Los otros dos componentes del proceso son la transmisión de la electricidad a lo largo y ancho del país, así como su distribución a las empresas y los hogares (en la distribución se incluye la lectura de los medidores y los cobros). Por ley, quitando casos exepcionales como el autoabastecimiento, el ente público se encarga de la transmisión y de la distribución. Nadie puede ser culpado por un mal servicio en esas dos últimas etapas excepto la CFE.

La clave de la contrarreforma reside, pues, en saber cómo una empresa privada puede generar electricidad y venderla a la CFE, para que ésta a su vez la envíe a través de sus líneas de transmisión a todo el país. Lo que enreda un poco más el asunto es que la generación de la electricidad puede darse de varias maneras y que algunas de ellas son, por ley, exclusivas de la CFE (por ejemplo la energía proveniente de las hidroeléctricas o de la energía nuclear).

Como usted quizás ya imaginó, los costos de generación de la electricidad son mayores en el caso del ente público, lo cual implica de entrada que las tarifas eléctricas subirán tras la contrarreforma o en su defecto, lo que es igual de malo, todos acabaremos por subsidiar aún más a la CFE. Pero eso, como se comentará la siguiente semana, es tan solo la punta del iceberg.

La Comisión Federal de Electricidad o los mexicanos. Esa es la disyuntiva que le presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente optó por fortalecer a la CFE y no al consumidor. Por lo tanto, no miró a los mexicanos. A quien sí vio y atendió fue al director de la Comisión que, una vez más, lo engañó.

Y es que la contrarreforma energética no sólo tiene que ver con la electricidad, sino que abarca también la manera de enfrentar los problemas. En efecto, en este gobierno, está ganando un círculo de personas que, quizás entre adulaciones, se ha colocado en la conciencia del presidente de la República y se aprovecha de los prejuicios ideológicos para manipular la percepción de la realidad y, así, convencerlo de tomar decisiones que son contrarias a México, pero que favorecen “al grupo”.

Y aquí estamos, con una iniciativa de reforma energética-eléctrica que aplasta a los mexicanos porque hará más cara la luz, será más difícil el acceso a la energía y, es contraria al medio ambiente que debe ser la preocupación de todos.

No hay duda, la iniciativa le da más poder a la CFE, al grado de convertirla en una omnipotente empresa pública, dirigida -además- por uno de los políticos más autoritarios de la historia moderna de México, a quien le estorban los reguladores, razón por la que ahora desaparecen. Al director de la comisión le molesta la competencia y, por lo tanto, la nueva reforma le da la facultad de escogerla a su modo; desconoce las energías renovables y, entonces, cancela la posibilidad de utilizarlas con libertad y, por añadidura, su desarrollo. Es como si estuviéramos hablando de una ley privativa y a modo para Bartlett.

En materia internacional -cosa que no le importa a este gobierno-, la abogada Beatriz Leycegui ha dicho de manera clara que bajará la inversión en México -lo que ya está pasando- porque parte del atractivo de nuestro país como sujeto de inversión radica en el hecho de contar con 13 tratados de libre comercio y 30 acuerdos de protección recíproca a las inversiones que tendrían que garantizar que no se modificará el marco legal para restringir la inversión privada sino, por el contrario, para abrirla más, que aseguraría “que competirían en igualdad de condiciones con las empresas del Estado y que se respetaría el Estado de Derecho y que la autoridad no actuaría con arbitrariedad”. Esta reforma hace que sea precisamente la ley la vía para restringir la libertad de participación y creación de empresas, que no respeta el Estado de Derecho y le concede a la empresa pública todo el poder hasta convertirla en juez y parte.

La lógica es muy simple: Si una empresa privada tiene pérdidas, estas serán asumidas por la propia empresa, incluso podrá quebrar; sin embargo, si una empresa pública, como CFE, tiene pérdidas, subirá las tarifas para salir a flote. En consecuencia, la pérdida la pagaremos los ciudadanos; o bien, generará un subsidio de cientos de miles de millones de pesos que también será pagado por los ciudadanos.

La reforma viene así porque el director de la CFE ha sabido engañar al presidente, explotando sus prejuicios ideológicos. Y no es la primera vez que Bartlett engaña al presidente de manera ventajosa. Lo digo sin quitar la responsabilidad al presidente de México.

ATENCIÓN A LA MINERÍA. Advierto: otro peligro de la reforma al artículo 28 constitucional radica en la explotación del litio como un área que podría convertirse legalmente en un monopolio del estado. En este particular, la iniciativa esconde una adición: “…y demás minerales estratégicos”. ¿Qué significa esta última frase? Que, con mayoría absoluta, -con la que sí cuenta el partido-gobierno Morena-, podrán establecer otros minerales como “estratégicos” y declararlos monopolio del estado, sin necesidad de reformar la Constitución.

Según el análisis realizado por la Coparmex, basado en las cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) correspondientes a septiembre, un megawatt hora le costó a la paraestatal mil 852 pesos, mientras que a la iniciativa privada le costó 332 pesos.

“Es importante mencionar que desde 2019, en promedio, las empresas de generación privada han logrado reducir su costo unitario de generación (precio por MWh generado) en 19.6%. En específico, las plantas de energía eólica y solar han reducido su costo en 20.1% y 19.4%, respectivamente”, informó la Coparmex.

El grupo empresarial señaló que, en caso de incrementarse el costo de la luz, se tendría que aumentar el subsidio público destinado a dicho rubro, dinero que, apuntó, podría destinarse a la compra de medicamentos, el mantenimiento de escuelas o la adquisición de patrullas.

“Para 2022, se tienen presupuestados 73 mil millones de pesos para este rubro, casi lo equivalente al presupuesto destinado a becas para todos los niveles educativos (88%) o al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para todas las entidades (78%)”, señaló la Coparmex en su comunicado.

El organismo encabezado por José Medina Mora señaló que están a favor del fortalecimiento de la CFE, sin embargo, para hacerlo, es necesario mejorar la productividad de la paraestatal así como su eficiencia.

“Hoy su problema recae en la generación de electricidad, ahí reporta constantemente pérdidas que tienen que ser compensadas por otras áreas del negocio y por los subsidios del Gobierno Federal. Esta iniciativa en nada atiende el problema de raíz sino que lo profundizará, debilitará a la CFE”, señaló.

Después de suspender la distribución de gasolinas, de medicinas, de apoyos a académicos y a atletas, inclusive del gas, ahora busca inhibir la generación limpia de energía. Apoyándose en argumentos que podrían ser válidos si tuvieran sustento, el inquilino de Palacio parece intentará nuevamente alterar, para mal, la vida nacional vía un decreto de reforma constitucional en materia eléctrica.

 Dice ir contra la corrupción, disque abaratar la energía eléctrica, evitar el ‘saqueo’ de particulares e inhibir la ‘deuda neoliberal’. En realidad sólo está pretendiendo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa del público consumidor y de paso ayudar a PEMEX. La CFE cumplió su cometido de llevar el fluido eléctrico a todos los rincones del país, pero no ha sabido aprovechar su monopolio en transmisión al dejar de invertir en mantenimiento y tendido de nuevas líneas. Si no tiene recursos para hacerlos, menos tendrá para instalar nuevas plantas, lo que limitará sin duda la futura industrialización. Adiciona inexplicablemente al decreto la nacionalización del litio, mineral apreciado para construir baterías que se utilizarían para mover vehículos eléctricos.

 Su iniciativa de reforma constitucional reserva al Estado “la producción del 54% de la energía eléctrica”, pero en esencia propone una regresión de medio siglo. Como si el mundo se conservara siempre igual y no hubiera cambios en métodos de generación limpios y eficientes. Como si el gobierno federal tuviera suficientes recursos para no requerir inversiones privadas. Como si México no necesitara de más energía eléctrica a precios competitivos hoy, y en el futuro.

 Al regresar al pasado, las energías más limpias y de menor costo de generación (300 plantas en todo el país) tendrían que hacerse a un lado para que la CFE siga contaminando el ambiente al quemar combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo). Olvida que hace 25 años el Estado Mexicano decidió emplear los recursos del contribuyente para reforzar Salud, Educación y Seguridad permitiendo que particulares invirtieran en las nuevas plantas eléctricas. Desde entonces han proliferado las instalaciones de generación eólica y solar por todo el país.

Dejar de utilizar las fuentes modernas eólicas y solares encarecerá el suministro eléctrico al público, tanto a hogares como a industrias y a comercios. Lo más grave es que limitará la producción eléctrica en el futuro: Sin que haya iniciado la discusión en el Congreso ya inhibió inversiones que por lo menos se pospondrán, limitando la disponibilidad en los años por venir.

 Adicionalmente la iniciativa omite el impacto ecológico y muestra el camino contrario respecto a los compromisos que adquirió México para limitar el cambio climático (Paris, 2015). En vez de avanzar en energías limpias, prefiere el aumento del uso de combustibles fósiles, petróleo y carbón, quizá es porque son los que conoce el inquilino. Sin rubor desdeña los compromisos internacionales adquiridos, a él sólo le interesa pasar a la historia con una propuesta de grandes dimensiones, como ésta.

 Ese inquilino de Palacio sabe las dificultades para que su iniciativa sea aprobada ya que no cuenta con suficientes votos en las dos cámaras del Congreso, pero puede servirle para sus distracciones mañaneras. Aunque sabemos que intentará comprar votos de legisladores de la oposición, es de dudarse que ni aún así sea aprobada. Y si llegara a pasar, con seguridad se enfrentaría a demandas internacionales por violación a los tratados firmados y ratificados. Mejor haría en retirarla.

 De todo lo que incluye la iniciativa sólo podría ser de utilidad lo referente al litio, mineral que puede llegar a tener importancia estratégica por su uso en nuevas tecnologías. No tiene nada que ver con la CFE ni con PEMEX por lo que sería mejor presentarla, y discutirla, por separado.

 daaiadpd@hotmail.com

La organización describió que la empresa dirigida por Manuel Bartlett incurre en subsidios cruzados, de manera que en los estados financieros las subsidiarias que presentan utilidades compensan a aquellas que han incurrido en pérdidas. “De esta forma, los estados financieros no reflejan la situación real de las distintas subsidiarias de la CFE, pues ocultan las transferencias de recursos o subsidios cruzados”.

Tras la reforma en el sector, en 2016 la CFE comenzó su separación legal, a partir de la cual cada una de las actividades de la industria eléctrica en la que participa –generación, transmisión, distribución y comercialización– pasó a transformarse en una diferente empresa subsidiaria.

La organización encontró que estos subsidios cruzados son una práctica recurrente al interior de la CFE desde 2015.

Como ejemplo, entre 2018 y 2020 CFE Distribución y CFE Transmisión transfirieron 150 mil 820 millones de pesos a CFE Suministrador de Servicios. “Si bien este tipo de subsidios no modifican desde una perspectiva contable los estados financieros consolidados de la CFE, sí distorsionan los estados financieros de cada una de las empresas subsidiarias que reciben o transfieren este tipo de recursos”, argumenta el IMCO.

CFE Suministrador de Servicios fue la única receptora de recursos. En los últimos tres años la filial de la eléctrica nacional registró utilidades en sus reportes anuales. Pero de no haber recurrido a esta práctica, la subsidiaria acumularía tres años de pérdidas continuas, que acumulan una saldo negativo de más de 60 mil millones de pesos.

La Comisión explicó que el suministro eléctrico fue interrumpido la madrugada de este domingo debido a que los conductores de un circuito de media tensión fueron robados en el municipio de Solidaridad.

“La CFE solicita a las autoridades encontrar y castigar a los responsables, que han vandalizado la infraestructura de la CFE en reiteradas ocasiones”, expresó la Comisión mediante un comunicado.

La eléctrica estatal insistió en que el corte de energía eléctrica “no se trató de un apagón, sino de una interrupción por causas no atribuibles a la CFE”.

También dio a conocer que el servicio de energía eléctrica fue restablecido “en su totalidad” en la localidad de Playa del Carmen.

El pasado jueves, Manuel Bartlett, director de la CFE, aseguró que la empresa garantizará que no haya más apagones en el país, pues está preparada para diversas amenazas, algo que en menos de una semana, no cumplió.

“Nosotros garantizamos que la CFE va a estar al servicio de la población y que vamos a hacer para que no haya apagones. Aquí estamos todos listos y lo hemos dicho con toda claridad”, dijo en ese momento.

El apagón se suscitó alrededor de las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México y que se extendió casi hasta las 20:00 horas. La CFE, según publicó en sus redes sociales, reanudó el servicio paulatinamente en la ciudad.

Este es el segundo apagón masivo que sufre Ciudad Juárez, luego de que el 15 de febrero pasado la metrópoli sufrió el corte del suministro de energía eléctrica al igual que otras ciudades del norte del país. En total 5.9 millones de usuarios de esa región del país se vieron afectados por el apagón.

Por ese apagón de febrero, también los estados de Nuevo León y Chihuahua se vieron afectados con un 96.89% y 86.58% de consumidores de energía eléctrica que se quedaron sin luz, respectivamente.