Valdés señaló que la política de López Obrador, de ‘abrazos, no balazos’ envía un mensaje a las organizaciones criminales de “hagan lo que quieran, yo no voy a mover un dedo por detenerlos”.

“Lo que pasó el fin de semana en Reynosa (Tamaulipas) es un escándalo. De un asombro que la sociedad debiera estar en la calle protestando contra la política de seguridad del gobierno. (…) Lo que va de este sexenio con unos niveles impresionantes de violencia, cada vez más descontrolada”, puntualizó.

Valdés señaló que para frenar la violencia en Tamaulipas es necesario el apoyo del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) porque la policía estatal es “insuficiente” para controlar a las organizaciones criminales.

“Requiere del apoyo del Ejército y la Marina y dado el conflicto que trae este gobernador (Cabeza de Vaca) con el presidente López Obrador, la colaboración del Ejército y de la Guardia Nacional en Tamaulipas es nula”, añadió.

En su artículo del pasado 23 de octubre en Milenio Diario, el director del CISEN en los primeros cinco años del gobierno de Felipe Calderón, Guillermo Valdez Castellanos, habla precisamente de ello. Resume en cuatro puntos el escenario del crimen organizado:

1.- Expansión territorial y de rentas de los cárteles.

2.- Construcción de grupos armados como organizaciones paramilitares con pertrechos para defenderse y conquistar nuevas plazas.

3.- Captura y reconfiguración de las instituciones del Estado.

4. Y legitimación social con ampliación de la base social ante el repliegue o el abandono del Estado de sus tareas de vigilancia y bienestar.

Ante este cuadro de estructura de poder de los grupos criminales, dice Valdez Castellanos que las dos primeras no son difíciles de encarar porque implican la capacidad de reorganización de las áreas de seguridad del Estado. Las dos segundas, en cambio, exigen acciones de Estado. En Culiacán se vio un repliegue del Estado que no se ven en el catálogo de decisiones del Estado.

Señala Valdez Castellanos: “los ciudadanos toman partido por los criminales cuando ven que el Estado no los combate o es incapaz de defenderlos. Se alinean con quien perciben que mandan. No son suicidas. Así de sencillo, así de irresponsable, así de grave”.

Asimismo, el exdirector calderonista del CISEN resume, en otro texto, la estrategia del Estado lopezobradorista en cuatro puntos explicada por el secretario federal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño:

1.- Guardia Nacional, aunque hasta ahora solo de reorganización de los efectivos que ya estaban. No hay dinero.

2.- Eliminar la corrupción policiaca. Tampoco hay dinero para despidos e indemnizaciones

3.- Política social: poca dispersa, no hay dinero y sin efectos direccionados.

4.- Nuevo modelo nacional policial. No sólo no hay dinero para profesionalización, contratación y equipamiento, sino que el presupuesto 2020 recortó fondos ara seguridad municipal.

La crisis de Culiacán fue un caso real del funcionamiento operativo de la estrategia de seguridad. Y ahí concluye Valdez Castellanos que la estrategia está definida en el papel, pero no opera en la realidad.

Las críticas al operativo de Culiacán han sido de dos tipos: las destructivas y las operativas. Las primeras han sido desdeñadas por el presidente de la república como el responsable directo –por institución y por decisión– de la estrategia de seguridad. Las segundas están siendo procesadas en los propios cuerpos de seguridad para evaluar errores de percepción y de decisión.

La estrategia de seguridad esta sostenida por dos pilares: el castrense y el civil; en el sector militar-aéreo-naval hay experiencia en la realización de operativos y su capacidad de corrección de errores es dinámica porque su función es operar en escenarios de guerra o confrontación con enemigos y adversarios y atacantes; el sector civil de seguridad, en cambio, ha sido manoseado, no tiene entrenamiento profesional ni escalafonario, la improvisación sexenal es inevitable porque se apostó a la operación policiaca y ha padecido el viejo vicio de los ajustes sexenales de cuentas.

La seguridad pasó al gabinete en 1970 con Gutiérrez Barrios a la Subsecretaría de Gobernación, fue excluida en 1977, pululó en los pasillos de Gobernación, quedó adherida a Los Pinos con el CISEN, tuvo un hoyo en la PGR, se asentó en Gobernación con Manuel Bartlett, pasó luego a la Defensa Nacional vía el Plan Nacional de Desarrollo y ante la herencia priísta de inseguridad el PAN foxista en Los Pinos creó la primera Secretaría de Seguridad Pública en el 2000 y sobrevivió a Calderón. En 2012 Peña Nieto regresó las funciones a Gobernación. Y López Obrador volvió a revivir la SSP.

Los funcionarios civiles, aunque algunos con experiencia, carecen de escalafón, algunos enviados por razones de confianza y no de capacidad. En el sector castrense los mandos van subiendo con reglas y todos deben de tener una maestría en seguridad nacional o en seguridad interior. Los civiles tardan más tiempo en aprender que en irse. Sólo el CISEN tiene una Escuela de Inteligencia, pero parece que carece de funcionalidad. Y no existe relación entre las estructuras policiales locales con las federales.

Con esta estructura de seguridad será imposible dar buenos resultados.

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Presupuesto insuficiente. Si las expectativas del PIB para 2019 están entre 0.0% y 0.2%, con posibilidades de bajar debajo de 0%, los jaloneos por la aprobación del presupuesto para 2020 revelan que no existe una estrategia de reorganización estructural del gasto ni una orientación para crecer el año próximo en la meta de 2%. Las confrontaciones entre senadores y diputados por ajustes de gastos llevarán a un presupuesto de nueva cuenta parchado y sin potencial productivo.

Política para dummies: La política siempre es la misa, lo que varían son los estilos.

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