En comentarios de posts virales, la cosa se pone picante. Hay quienes lo aplauden a muerte: “Don Ricardo es el único que le planta cara a los gobiernicolas, ¡viva la libertad de expresión!”, dice un usuario en respuesta a su hilo sobre la denuncia. Otro más entusiasta: “Trump lo ve como aliado, esa invitación a la Casa Blanca y ahora estas juntas gritan que Salinas va por la presidencia en 2030, y con respaldo yanqui”. Circulan memes y teorías de que el apoyo de Trump es clave para que Salinas se lance, sobre todo después de que el PAN no lo descarte del todo en entrevistas pasadas. “La 4T le teme porque Salinas tiene lana, medios y huevos para decir verdades”, comentan en hilos libertarios.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay un montón de críticas feroces: “Pura mamada, el señor debe 51 mil millones al SAT y ahora se hace la víctima de persecución política. ¡Pague sus impuestos y deje de evadir!”, le responden en varios posts. Otro usuario lo tacha de “chillón evasor” y dice que la denuncia es solo para ganar tiempo y evitar embargos. En cuentas progobierno, lo pintan como “usurero” que usa instancias internacionales para lavarse la cara mientras critica la reforma judicial que, según él, pone en riesgo las libertades de todos. “Primero fraude fiscal, ahora se victimiza en la CIDH. Patético”, escriben.

Lo que sí es rumor fuerte en redes: Salinas está armando su perfil opositor internacional. Tras la denuncia en la CIDH —donde presentó expediente de acoso fiscal, judicial y administrativo para callarlo por sus críticas a la 4T—, voló a EU y salió diciendo que México necesita “recuperarse de manos de los corruptos”. ¿Se apuntan? Preguntó en X, y los likes volaron. Algunos analistas en comentarios especulan que esto es el arranque de campaña velada para 2030, con aliados gringos y capital para competir. Sheinbaum lo niega todo: “Es un asunto fiscal, no político”, repite, y la Suprema Corte ya validó parte de las deudas.

Al final, son versiones que corren en redes, unas confirmadas por comunicados de Grupo Salinas, otras puras suposiciones de usuarios. Lo cierto es que Salinas no se queda callado, y el pleito con el gobierno ya es internacional. ¿Candidato o solo show? El tiempo y los votos lo dirán, pero en X ya lo ven en Palacio. ¿Y ustedes qué opinan, raza?

Para que un régimen sea realmente democrático se requiere más que elecciones. Éstas, por más libres y transparentes que sean, son apenas un primer elemento básico, pero las democracias plenas garantizan el ejercicio de una serie de derechos y libertades establecidas en las leyes y custodiadas por instituciones fuertes e independientes.

De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para lograr un desarrollo democrático no solamente son necesarias elecciones, sino también otros elementos como el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, un Poder Judicial y Legislativo independientes y eficaces, un sistema de partidos que facilite una buena representación entre los ciudadanos y sus líderes, una sociedad civil participativa y una amplia libertad de expresión basada en el libre acceso a la información. Ésta última es la que hoy en México parece estar, como nunca en la era posalternancia, amenazada.

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non  (N.E. conditio sine qua non = condición sin la cual no) los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

De ahí la importancia de la labor que realizan las y los periodistas y los medios de comunicación que, ni más ni menos, contribuyen —cuando la información es objetiva y veraz— a formar conciencia y criterio a las y los ciudadanos para que tomemos mejores decisiones en libertad.

Sin embargo, en nuestro país, la función de las y los periodistas no es suficientemente comprendida y valorada y, lo que es peor, desde hace décadas han sufrido violencia hasta el límite de pagar con su vida el desarrollo de su profesión, entre otras cosas, porque debido a la debilidad institucional que prevalece en todos los ámbitos y órdenes de gobierno, en muchos sitios, la prensa ha sido el único contrapeso a la corrupción y la ineptitud de las autoridades, y la única que ha expuesto verdades incómodas, como la acción de los grupos criminales en el país.

Por eso, a la larga lista de periodistas asesinados, en apenas mes y medio de este año, se han sumado otros cinco evidenciando, una vez más, que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, no funciona.

El gremio, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales han exigido, sexenio tras sexenio, consistentemente, a las autoridades que hagan su trabajo de prevención y protección, con decepcionantes resultados. Hay que decirlo: sin importar el color del partido en el gobierno, el Estado mexicano les ha fallado.

Sin embargo, no fue sino hasta esta administración que, además de la violencia de siempre, han tenido que sufrir ataques, descalificaciones y presiones desde el mismo poder, por eso, la semana pasada vimos manifestaciones de la prensa sin precedentes, al negarse a hacer preguntas al Presidente, al dar la espalda a la bancada morenista en la Cámara de Diputados y al desatender la conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

Fuerte llamado de atención que esperamos se traduzca no sólo en eficacia del mecanismo diseñado para proteger a las y los periodistas, sino en empatía y responsabilidad desde el podio presidencial.

Los queremos vivos y haciendo su trabajo a favor de la democracia.

Por ello, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador suspender el espacio conocido como “¿Quién es quién de las mentiras?”. Allí, de una manera torpe y sin argumentos de peso, Ana Elizabeth García Vilchis supuestamente revierte las acusaciones que se generan en la prensa contra el Gobierno.

“Ante la escalada de violencia me corresponde pedir la suspensión de este espacio, porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas (…) envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa”, explicó el representante de la CIDH a la prevista Proceso. También calificó este espacio como “totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión y como un momento “de entretenimiento presidencial”.

El relator indicó que lleva más de cinco meses esperando una respuesta del Gobierno de México para que le expliquen a cuál es la meta y la metodología del espacio: “Para mí es lamentable, porque ha han pasado meses: yo la canalicé por las vías formales, he insistido en varias oportunidades, y no hemos recibido respuesta”.

Señaló que “en lugar de condenar tajantemente las agresiones contra la prensa en el mes más trágico para la profesión en tiempos recientes, el presidente declaró que son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar, lo cual puede ser entendido por la sociedad como una forma de disminuir la relevancia del problema”.

Por ello solicitó a las autoridades tener más cuidado con sus comentarios y el momento en que los dicen. “Hay suficiente literatura que plantea de manera inequívoca, que cuando hay violencia contra la prensa, es muy importante que las autoridades particularmente quiénes tienen altos niveles de responsabilidad dentro de los Estados, rechacen contundentemente las violencias contra la prensa. Con tres periodistas asesinados al viernes de la semana pasada, yo no escuché este mensaje”, añade.

Y agregó: “me pregunto qué pueden estar pensando los familiares de las víctimas mortales sobre lo que dicen las autoridades. Me pregunto qué pueden estar pensando los colegas de estos periodistas, cuál es el mensaje que se envía, y creo que es absolutamente desafortunado que en momentos en los cuales las más altas esferas del Estado deben reconocer la legitimidad y el trabajo de la prensa y repudiar las violencias, esto no ocurra”, dice.

Incluso solicito que en lugar del “¿Quién es quién de las mentiras?” este miércoles, un vocero de gobierno informe la situación jurídica del asesinato de Luis Roberto Cruz Martínez, un periodista tamaulipeco que hoy cumple 22 años de asesinado. “Qué bueno sería que en una mañanera como la de mañana se pudieran decir a la prensa qué se está haciendo para superar la impunidad, con casos que llevan 22 años; y a lo mejor acercarse a las familias, a sus colegas”.

Finalmente, indicó que México vive “una crisis de violencia dentro de una tragedia sostenida” en materia de violencia la prensa desde hace más de una década, pero que el mes de enero representa “un momento muy agudo y delicado de esta crisis”, por lo cual “es muy importante que el Estado envíe señales muy claras de acuerdo con el derecho a la libertad de prensa”.

«Desde la adopción de la medida cautelar 409/14, la CIDH brinda un seguimiento cercano al asunto de Ayotzinapa y en el último tiempo ha podido dar testimonio de la importancia de la voluntad política del Estado para el impulso en el caso Ayotzinapa» señaló la Comisionada y Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

«Nadie mejor que las familias saben lo que han tenido que enfrentar en estos siete años de búsqueda de justicia y verdad y el sufrimiento humano que ello conlleva» dijo Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH. «Que su ejemplo de dignidad y perseverancia sea un recordatorio permanente de la importancia de seguir sumando esfuerzos y lograr avances concretos y confiables que hagan realidad su derecho a la verdad» añadió.

A partir del trabajo articulado de las autoridades, con la participación de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello. Asimismo, se han logrado avances investigativos relevantes como la identificación positiva de dos estudiantes; se están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación; y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno.

La CIDH y ONU-DH observan que la apertura al escrutinio internacional sienta precedentes positivos para la investigación de los casos de desaparición en México. Resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. Al mismo tiempo, destacan que resulta prioritario determinar el paradero de los estudiantes; cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes; impedir filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de víctimas y testigos; y sancionar al funcionariado público que obstaculizó la justicia y cometió violaciones a los derechos humanos durante la investigación.

El transcurso de siete años en una investigación por graves violaciones a los derechos humanos tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación. Razón por la cual es necesario que se redoblen los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes.

La CIDH y la ONU-DH reconocen la lucha de las familias y personas defensoras de derechos humanos que las acompañan; así como la destacada labor y compromiso de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa aunado a los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI), se permitió derribar la fabricación de una versión de los hechos que menoscabó las obligaciones internacionales del Estado respecto de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso de los estudiantes desaparecidos y sus familias.

En este sentido, la CIDH y ONU-DH expresan su solidaridad con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y reiteran que seguirán acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral. También reconocen la importante labor de sus representantes: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar – Centro de Análisis e Investigación y la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), quienes representan y acompañan a las familias de las víctimas, así como la fundamental labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) en el caso.

La CIDH, a través de su Mecanismo Especial para el Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), continuará prestando la asistencia técnica al Estado en el marco de la medida cautelar 409/14 que aún se encuentra vigente; así como facilitando las labores de coadyuvancia del GIEI a las investigaciones.

De igual manera, la ONU-DH refrenda su compromiso de continuar brindando asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base de su mandato en el país y del acuerdo suscrito por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019 en el marco de su visita oficial a México.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La ONU-DH presta asistencia a los Estados, responsables primordiales de proteger, garantizar y promover los derechos humanos, y a través de su mandato trabaja por el fortalecimiento de la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos; la asesoría en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas con enfoque de derechos humanos; el impulso en la elaboración de diagnósticos sobre la situación de derechos humanos; la realización de capacitaciones; la promoción de la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos; la armonización legislativa; y el monitoreo general de la situación de derechos humanos en el país.

A la presentación de la denuncia también acuden los presidentes del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno; y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano.

El objetivo de presentar esta denuncia en estas instancias internacionales por parte de los presidentes de la coalición «Va Por México» es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en nuestro sistema democrático, sobre el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores.

Desde finales de los años 80 la construcción democrática en México fue constante y sin retrocesos, ahora vemos un ataque obstinado del presidente de la República contra las instituciones, la aprobación de leyes a modo, la complicidad y falta de estrategia que combata al crimen organizado.

Cortés Mendoza aseguró que, «en el pasado proceso electoral, hubo complicidad del gobierno de México con el crimen organizado, pues lamentablemente durante todo el proceso electoral no hubo una sola acción para garantizar la seguridad en la República, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, líderes políticos así como también de candidatas y candidatos, unos incluso en actos públicos».

El presidente nacional del PAN recalcó también que «esos hechos reprobables hicieron que se viviera uno de los procesos más violentos en la historia de nuestro país».

Señaló, que es oportuno decir en las instancias internacionales que si el terrorismo es una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general, en México podemos afirmar que en buena parte del territorio nacional se padece el terrorismo.

El Quinto Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellekt Consultores registró 737 víctimas, de las cuales 89 perdieron la vida en atentados, 35 eran candidatas o candidatos.

De igual manera el líder blanquiazul detalló que «la costa del Pacífico merece especial atención por parte del gobierno, porque son innumerables los indicios de que no solo se trató de la injerencia del crimen organizado en las elecciones, sino que, incluso, pudo haber una alianza entre estos grupos y el gobierno morenista para favorecer a sus candidatos».

La presentación de esta denuncia ante instancias internacionales es complementaria a las acciones legales presentadas por Acción Nacional ante las autoridades mexicanas, con el único propósito de defender y proteger la democracia y el derecho de las y los mexicanos de elegir libremente a sus representantes.

Aclaró que, mientras tanto, en México no presentarán denuncias ante las autoridades judiciales ni electorales para no poner en riesgo la vida de nadie, ya que “una denuncia contra la intervención del crimen organizado para beneficiar a Morena nos puede costar  la vida y la de nuestras familias”.

En el marco de la primera Reunión Plenaria de los nuevos diputados federales, Cortés explicó que el PAN presentará “una narrativa de todos los hechos violentos en la narcoelección y del narcoterrorismo que se vivió en el proceso electoral”.

Insistió que “un hecho como éste no puede quedar en el olvido, porque no hay ley electoral que sirva y porque vivimos un proceso electoral violento e inseguro”.