Este fenómeno refleja una política centralista que debilita el federalismo y pone en riesgo la capacidad de los gobiernos locales para atender sus necesidades. Las participaciones federales (Ramo 28), son el único fondo de libre disposición para estados y municipios, representan solo el 14 por ciento de la bolsa federal. Las aportaciones (Ramo 33), son recursos con destino definido por el Gobierno Federal representan un porcentaje decreciente del gasto total.

En 2018, incluyendo el Ramo 23 (previsiones salariales y económicas), significaban aproximadamente el 31 por ciento del presupuesto federal; para 2025, se redujo a menos del 27 por ciento, a pesar de que el presupuesto ha crecido significativamente en términos nominales.

La realidad es más preocupante si se considera que gran parte de los recursos se generan directamente en los estados y municipios, pero no regresan a ellos en forma de inversión o desarrollo, sino que se concentran en la Federación. Esta situación que contraviene el federalismo constitucional afecta las finanzas locales limitando su desarrollo y capacidad de atender las demandas ciudadanas.

En el Senado de la República, los senadores del PAN votaron en contra de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos para 2025, denunciando cómo el centralismo absorbe los recursos que deberían destinarse a los estados y municipios. En mi intervención señalé como ejemplo el caso del Fondo Minero, cuyo último ejercicio alcanzó los $3,738,951,934.00, distribuidos de manera directa para obras de desarrollo y beneficio comunitario.

Chihuahua, por ejemplo, recibió 452.6 millones de pesos, de los cuales 169.7 se

asignaron al Gobierno Estatal y 282.9 millones a los municipios. Algunos municipios

beneficiados fueron:

* Chínipas, con 35.5 mdp.

* Ocampo, con 66.3 mdp.

* Santa Bárbara, con 33.2 mdp.

Otros ejemplos incluyen:

* Baja California, con 22 millones de pesos, de los cuales 8.3 millones fueron para el Gobierno Estatal y 13.8 para los municipios; de estos, 13 millones se destinaron

exclusivamente a Mexicali.

* Sonora, recibió 1,104 millones de pesos, distribuidos en 414 millones para el Gobierno

Estatal y 690 millones para diversos municipios.

* Zacatecas, que recibió 718 millones de pesos.

Hoy, esos recursos se pierden en la “licuadora” del Presupuesto Federal y no regresan a las comunidades dedicadas a la minería. Esto no solo afecta las finanzas locales, sino que también debilita su capacidad para enfrentar los impactos sociales y ambientales de la minería, limitando sus oportunidades de desarrollo.

La eliminación de fondos como el Minero, el Fondo Metropolitano y el Fondo de

Seguridad Pública refleja una política centralista que ignora las necesidades de las comunidades más vulnerables y socava la autonomía de los estados y municipios.

Es urgente revisar el pacto federal hacendario. Mientras los estados y municipios enfrentan mayores responsabilidades, sus recursos son cada vez más limitados. Los estados y municipios deben contar con una mayor participación en la distribución del presupuesto y con mecanismos que garanticen la estabilidad de los fondos para la seguridad, desarrollo, infraestructura y bienestar de las comunidades. El centralismo no solo concentra recursos, sino que también problemas, dejando a las regiones sin herramientas para enfrentarlos.

Revisar el pacto federal hacendario no es solo una necesidad, es una obligación para asegurar un México más equitativo, justo y fortalecido desde lo local. Es momento de devolverle a los estados y municipios lo que les corresponde. ¡A Chihuahua lo que merece!

El autor es senador de la República, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal

@MarioVzqzR