Mientras el gobierno presume de un “golpe histórico” al crimen, en los estados afectados se recogen cuerpos, se cuentan daños, se llora a los caídos.

La muerte de un capo no cambia esa realidad.

México sigue en llamas, en una guerra que nadie reconoce y una red de… pic.twitter.com/oU8Ip42nQR

— Adriana Dávila (@AdrianaDavilaF) February 26, 2026

Los círculos se cierran: el Cártel de las Cuatro Letras (CJNG) había violado los límites del poder del Estado el 28 de junio de 2020 –hace casi seis años– cuando operó un espectacular atentado con decenas de balazos contra el entonces secretario de Protección Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

El abatimiento del jefe del Cártel Jalisco, el encarcelamiento del Chapo y el Mayo Zambada como jefes del cártel de Sinaloa y los arrestos de jefes de cárteles menores cambiaron el cuadro político interno de México y desde luego que deben de distorsionar las relaciones opresivas del Gobierno del presidente Trump que se basaban en su argumentación de que el gobierno mexicano no se atrevía a combatir a los cárteles y a sus jefes.

Quedan, de todos modos, los expedientes que tienen que ver con las razones políticas internas en México que permitieron desde 1984 que los cárteles del narcotráfico hubieran podido florecer por razones de la denuncia permanente de que estructuras judiciales y políticas del Estado mexicano estaban articuladas a los intereses de las bandas del crimen organizado.

El encarcelamiento de los grandes capos desde finales de los años noventa hasta el secuestro del Mayo Zambada no habían desmembrado el poder criminal –es decir: económico, político y social– que le había expropiado arbitrariamente espacios territoriales a la soberanía del Estado mexicano.

A pesar de lo significativo de la muerte o encarcelamiento de grandes capos, las estructuras de los cárteles han seguido funcionando. Los operativos en contra de los jefes han buscado solamente el descabezamiento de los cárteles, de Calderón a la fecha, pero a sabiendas de que hay relevos de jefaturas que siguen haciendo funcionar las maquinarias criminales que dominan espacios territoriales nacional.

El Cártel de Sinaloa, por ejemplo, fue descabezado con el arresto del Chapo, el Mayo y uno de los hijos del Chapo, pero los laboratorios sobre todo de producción de fentanilo siguen operando con dificultades pero produciendo drogas y sobre todo continúan contrabandeando en sus productos hacia Estados Unidos para satisfacer las necesidades de los oficialmente reconocidos 48 millones de adictos reconocidos por el presidente Donald Trump.

 Otro de los datos fundamentales sobre la configuración de los cárteles se localiza en la capacidad de acopio de armas de los cárteles y sobre todo en decisiones operativas delictivas no para proteger el tráfico, sino para combatir al Estado que está recuperando su autoridad territorial capturada por los delincuentes. El último dato proveniente de Estados Unidos señala que hasta ahora solo se ha podido decomisar el 3% de armas que de contrabando están en poder de los delincuentes en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Y también hay que registrar el hecho que los grandes cárteles y sus jefes siguen instalados en espacios territoriales detectados por las autoridades, pero sin que existan operativos específicos para recuperar esa soberanía territorial y que los grandes personajes del narco y sus familiares se mueven casi a la vista de todos sin que las autoridades desmantelen esas estructuras donde se encuentra el origen real del poder criminal.

De acuerdo con versiones más o menos documentadas –entre ellas la DEA–, el Cártel Jalisco tiene presencia dominante en cuanto menos una quincena de estados de la República y disputa el control en una docena más de entidades donde otros cárteles tienen el control, y en todo este avance territorial ce hizo ante la incapacidad o la complicidad de autoridades y sociedades en las zonas locales.

El cártel del Mencho tenía varios años de operar con arrogancia en espacios mediáticos con videos que mostraban parte de su capacidad de armamento, pero siempre con la percepción gubernamental de que los grupos delictivos chocaban con el escudo de seguridad y sobre todo del Ejército.

Lo que debe venir ahora es un operativo más que urgente del Estado mexicano para desmantelar las posiciones territoriales controladas por los cárteles y para arrestar a políticos, empresarios y líderes sociales que se habían aliado con los capos para entregar la soberanía del Estado a grupos delictivos que imponían su reinado de terror.

Con la muerte del Mencho termina el ciclo de los grandes capos del narco que comenzó en 1984 con Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero.

Política para dummies: La política, al final del día, se impone sobre la delincuencia.

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

Ello quiere decir que no tardará Estados Unidos en comenzar a presionar nuevamente en el envío de tropas especiales americanas a México bajo el argumento unilateral de que el CJNG opera –según la última evaluación de mayo de la DEA— no solo en las 32 entidades federativas mexicanas, sino que sería el segundo cártel más agresivo con células semiautónomas dentro de territorio estadounidense para el tráfico de personas, de drogas y de huachicol o gasolina robada.

La argumentación del Departamento del Tesoro, apoyada por el Departamento de Estado, la DEA, la CIA y hasta la embajada americana en México, es que el Cártel Jalisco nació y se consolidó sin ninguna objeción por parte del Gobierno mexicano, a diferencia de la persecución creciente contra el Cártel de Sinaloa y el arresto, deportación y hasta secuestro de sus principales líderes, hoy negociando con el gobierno de EU a cambio de información sobre sus apoyos políticos.

El dato más importante de la ofensiva anunciada el miércoles contra el Cártel Jalisco tienes que ver con el contexto de movimientos geopolíticos: justo después del anuncio formal de la presidenta Sheinbaum la mañanera sobre un presunto Acuerdo General bilateral, luego del anuncio del vicecanciller –o subsecretario de Estado– Christopher Landau de que ya hubo –sin tener esa información veraz– acuerdos entre los dos países en materia de seguridad y posterior a una nueva llamada telefónica –la octava– entre Palacio Nacional y la Oficina Oval para reiterar voluntades más de acercamiento o contactos que verdaderas negociaciones de la nueva agenda bilateral.

La declaración de la presidenta mexicana dejó ver que México abandonó ya todos los mecanismos que existieron con la administración de Joseph Biden en el contexto del pomposo Diálogo de Alto Nivel y sus acuerdos correlativos y que ya se entró al modelo de “Acuerdo General” en cuanto menos tres temas realmente muy generales: migración, seguridad y comercio, pero tomando en cuenta que son los temas definidos solo por México. La presidenta informó que comentó con Trump de este acuerdo y que el presidente estadounidense habría dicho que sí…, pero no cuándo.

La decisión anunciada por el Departamento del Tesoro el miércoles contra el Cártel Jalisco está basada en el criterio extraterritorial que inventó el presidente Barack Obama en 2011 para caracterizar a grupos delictivos mexicanos como organizaciones criminales transnacionales y que trajo consigo el criterio de que Estados Unidos aplicaría su sistema de Justicia en territorio mexicano contra bandas delictivas mexicanas, solo que enriquecido ese intervencionismo con una segunda caracterización extraterritorial más grave: asumir a los cárteles del narco mexicano en México como organizaciones terroristas que estarían tratando de destruir a Estados Unidos.

En una de las llamadas telefónicas con la presidenta mexicana, el presidente de Estados Unidos dijo haber pedido que fuerzas militares regulares americanas –Ejército y Marines, concretamente– pudieran ingresar a México a perseguir y destruir los nidos del narcotráfico en territorio mexicano, bajo la argumentación de que las células de nueve cárteles mexicanos que operan en EU –según los últimos reportes de la DEA– tienen su centro estratégico y de inteligencia En México.

En este sentido, no tarda Estados Unidos en comenzar a realizar operaciones dentro de México contra el Cártel Jalisco a partir de estos dos mecanismos extraterritoriales: asumir que las bandas son trasnacionales y que en Estados Unidos no se podrán desarticular si no se atacan en México y echar todo el poder bélico de Estados Unidos o una organización terrorista –equiparable, de acuerdo con las listas oficiales, con Al Qaeda– que convierte el tráfico de drogas en un instrumento de destrucción De Estados Unidos.

La decisión anunciada el miércoles por el Departamento del Tesoro está por encima de cualquier acuerdo general porque estaría construido con la base unilateral y extraterritorial para ver a México como el territorio de un país que deja operar a organismos criminales que quieren destruir el american way of life o modo de vida americano.

En términos de seguridad nacional se puede considerar que el acuerdo del Departamento del Tesoro contra el Cártel de Jalisco es la verdadera agenda prioritaria de Estados Unidos con México.

Política para dummies: la política es poder y gana quien la ejerce.

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Luego de varias narcomantas, de volantes que se distribuyeron incluso desde avionetas, de cuerpos desmembrados encontrados en diversos lugares de la entidad, se conocieron mensajes entre Chapitos y la Mayiza en los que el primer grupo reconoce que entregaron a Ismael El Mayo Zambada García y los segundos los acusan de estar protegidos por el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Y por si algo faltara, ahora se ha dado a conocer una posible alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como reporta el columnista de El Universal Héctor de Mauleón: «Hace unos días, volantes arrojados sobre Culiacán desde una avioneta, y enviados por el hijo de El Mayo, hicieron referencia a una supuesta protección que el gobierno de Rocha Moya brinda a Los Chapitos.

«En ese contexto se dieron negociaciones entre los hijos del Chapo y representantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

«La información sobre estos encuentros llegó tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Seguridad Pública federal».

En redes sociales circuló un video, originado en la cuenta de Instagram Culiacanazzo 2.0, que muestra el interrogatorio a un supuesto miembro del grupo de los Chapitos en el que confiesa la cercanía de éstos con el gobierno estatal (fuente @Jefe72138):

En paralelo, se informó de enfrentamientos entre grupos vinculados a la Mayiza y elementos del CJNG, algo que puede provocar que la batalla por Sinaloa se recrudezca, como comentó De Mauleón: «En diversas zonas del país, Zacatecas entre otras, el Cártel Jalisco sostiene crudos enfrentamientos con las células de El Mayo Zambada. Así que el acercamiento emprendido por Los Chapitos encontró muy pronto tierra fértil. Lo que sigue, según analistas consultados, es una escalada de violencia en Sinaloa».

Además hay que considerar que con un gobernador señalado como parte de uno de los protagonistas del conflicto armado, éste no puede ser parte de la solución y su salida de la gubernatura sería parte de una solución para reducir la violencia que se vive, pues como informó Adrian López, director del diario Noroeste en su cuenta de X (Twitter) el lunes 28 de octubre: «Sinaloa cerró la semana más violenta desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó: hubo 56 asesinatos, 8 diarios en promedio».

Estos datos deberían servir para que desde el gobierno federal busque corregir el rumbo y ayudar a reducir la violencia en Sinaloa, pero en realidad están buscando minimizar el impacto de lo que sucede en dicha entidad, para no empañar la imagen de la presidenta Shienbaum, por eso varios líderes morenistas han salido a acusar a la derecha o al conservadurismo de atacar a la nueva administración federal, así como gritar «no estás solo» en la visita de Rocha Moya a la Cámara de Diputados.

La dura realidad tal vez los ponga en su lugar, a pesar de gritos e intentos de cerrar los ojos a lo que viven diaramente los habitantes de Sinaloa.

 Los últimos videos del Cártel Jalisco Nueva Generación para exhibir su capacidad armada constituyen un desafío al monopolio de la fuerza del Estado. Y si además un grupo criminal lanza amenazas contra ciudadanos y empresas, entonces el reto debiera tomarse como institucional.

De todos los grupos delictivos operando, el más arrogante es el Cártel Jalisco, aunque quedó la marca de octubre de 2019 cuando el Cártel de Sinaloa amenazó con dinamitar vehículos cerca de zonas habitacionales militares para lograr la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y encargado del área de tráfico de fentanilo por ese grupo delictivo.

Otros cárteles o bandas menores no hacen tanta ostentación de su capacidad armada de fuerza y han tratado de eludir la confrontación directa con las fuerzas de seguridad, a menos que sean atacadas o confrontadas.

El hecho concreto es que cárteles, bandas u organizaciones del crimen organizado han avanzado en tres frentes operativos: el control territorial, el manejo de propaganda efectiva en redes sociales y la capacidad de construir una fuerza mercenaria armada con armas de contrabando de Estados Unidos que atravesaron la frontera y tienen en México verdaderos tianguis de armas de todo tipo.

La ostentación del Cártel Jalisco y del Cártel de Sinaloa es, en sí misma, un desafío a la autoridad de seguridad del Estado. El video de amenazas del Cártel Jalisco contra medios de prensa puede leerse como una provocación que derivó en una victoria simbólica del crimen organizado porque no generó ninguna decisión real Estado para responder al desafío.

De todos los grupos delictivos, el Cártel Jalisco es el que tiene como prioridad el control de zonas territoriales y hasta ahora ha fijado su cuartel general en Michoacán y de manera simbólica en Aguililla por ser la zona de nacimiento del líder del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.

Este grupo ha sido insistente en difundir videos para exhibir su capacidad de fuerza: mercenarios vestidos con traje de faena de combate, armas de alto poder, camionetas con blindaje rudimentario e ineficiente y capacidad de organización. No se tienen datos de existencia de algún liderazgo con enfoque político como para suponer que este cártel anduviera en busca de constituirse en un grupo armado con propuesta política que ponga en un brete al Estado si domina zonas territoriales y se asume, dentro del derecho internacional público, como fuerza beligerante.

Asimismo, otros grupos delictivos han ido capturando estructuras de gobiernos municipales y estatales para fortalecer y garantizar el funcionamiento de sus actividades delictivas, aunque hasta ahora tampoco se perciben intenciones de imponer a cuadros delincuenciales como funcionarios de los distintos niveles de Gobierno. El objetivo ha sido solo controlar policías municipales y autoridades locales para evitar las persecuciones de seguridad.

El mensaje del Cártel Jalisco contra medios de comunicación se centra de manera exclusiva en la imposición de una censura en contenido informativo respecto a la cobertura de la guerra entre este grupo contra autodefensas en Michoacán. Sin embargo, al amenazar de muerte a una periodista y a varios medios de comunicación este grupo está escalando provocaciones que pudieran generarle nuevos conflictos al Estado.

Hasta donde se tienen datos, la estrategia nacional de seguridad no tiene ningún apartado que contenga algún plan específico para combatir, desarticular, desarmar o confrontar a los principales cárteles del crimen organizado que operan en México y que tienen bases operacionales en Estados Unidos. Las estrategias de seguridad de gobiernos anteriores se centraron en buscar el descabezamiento de los principales cárteles, aunque la capacidad escalafonaria de emergencia mantuvo la vigencia del cartel por sí mismo y de sus actividades delictivas. Hoy, en cambio, no hay ninguna decisión para desarrollar operaciones contra las estructuras y dirigencias de los grupos delictivos.

Aunque el Cártel Jalisco carezca de la decisión final para cumplir sus amenazas, de todos modos el video del lunes pasado fue un desafío al Estado.

 Política para dummies: La política es, en sí misma, una estrategia de seguridad del Estado.

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 La demanda de México en una corte de Boston contra las empresas productoras de armas de fuego en Estados Unidos representa también un enorme desafío para la estrategia mexicana de seguridad interior. En efecto, las empresas que fabrican las armas cometen muchas irregularidades comerciales para ponerse al servicio de las bandas delictivas.

En el contexto de la demanda mexicana ocurrió el lunes 9 de agosto la distribución de un video de voceros de una célula michoacana del Cártel Jalisco Nueva Generación con amenazas de muerte contra periodistas y agresiones contra medios de comunicación nacionales. El video exhibe a un pequeño grupo de militantes del cártel portando armas de alto poder que son ilegales en México.

El proceso legal de la demanda en la corte de Boston será largo, costoso y con victorias y derrotas parciales y al final el objetivo mexicano exige el pago de indemnizaciones al gobierno mexicano por la afectación de ciudadanos mexicanos en las agresiones en lugares públicos estadounidenses.

Sin embargo, del video del Cártel Jalisco escaló niveles superiores de desafío a la seguridad del Estado y constituyó un punto de inflexión que pudiera reunir las condiciones y circunstancias para advertir que este grupo delictivo comenzaría una guerra contra organizaciones sociales y ciudadanos ajenos a la delincuencia y que implicaría también instalar una zona de guerra alrededor de periodistas y de medios de comunicación.

En este sentido, falta también que las autoridades mexicanas tomen las decisiones correspondientes para frenar el ingreso clandestino de armas estadounidenses y para atacar con decisión a las bandas criminales que de manera ofensiva y retadora ostentan su armamento.

La demanda de México se basa en el argumento de que las empresas productoras se dedican a fabricar armas con dispositivos adicionales de agresividad y lo hacen con campañas de promoción publicitaria. Es decir, se trata de armas para la utilización en actividades criminales. En la argumentación mexicana hay evidencias de que algunos rifles de alto poder pueden convertirse en mecanismos automáticos de mayor efectividad mortal.

A ello se agrega el hecho de que la comercialización de las armas tiene muchos hoyos en Estados Unidos que son producto de las irregularidades en el funcionamiento de la segunda enmienda constitucional que permite la compra y posesión libre de armas de fuego por parte de ciudadanos y la creación, por cierto, de milicias no militares.

Si el problema original radica en la fabricación y comercialización libre hoy legal de armas, el asunto se complica más por la existencia de un tráfico creciente y descontrolado de contrabando de armas a otros países, sobre todo a grupos de combatientes políticos que buscan en sus naciones que el cambio de gobierno por la violencia. Sin embargo, en los últimos cuarenta años ha crecido la venta ilegal de armas a bandas criminales, ya sea en operaciones dentro de territorio estadounidense o introducidas a otras naciones por contrabando que aprovecha la corrupción de autoridades fronterizas.

En sus vídeos propagandísticos, los principales grupos del crimen organizado en México ostentan armas de alto poder obtenidas en el mercado clandestino de compra-venta, sin que se hayan realizado las reformas legales correspondientes en las leyes mexicanas para impedir y castigar estas prácticas que pudieran estar construyendo grupos armados de poder que le quieran disputar en algún momento al estado el monopolio de la fuerza.

En ese sentido, la demanda mexicana en Boston debe conducir dentro de México a reformas en las leyes correspondientes para castigar la posesión de armas que serían de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Asimismo, urge que las autoridades mexicanas realicen investigaciones para identificar y desmantelar a las bandas que se dedican a traficar con armas de fuego y que tienen casi como únicos compradores a los grupos criminales.

La posesión de armas de alto poder en manos de particulares deberá ser un delito perseguido de oficio y castigado con severidad. Sin embargo, los delincuentes que son atrapados con armas de alto calibre pueden salir en libertad por la falta de caracterización de nuevos delitos graves. Mientras el acceso a las armas exista como producto de la corrupción fronteriza bilateral y en tanto las bandas criminales puedan acceder a todo tipo de calibres destructivos, la inseguridad y la violencia dentro del territorio mexicano seguirá creciendo hasta el grado de que pronto podamos ver crecer guerras a balazos en las calles.

La estrategia de seguridad actual ha relajado la persecución de delincuentes y por tanto ha facilitado la circulación de personal ilegal armado como parte de las bandas delictivas. El asunto ha llegado al nivel grotesco de que las bandas criminales más importantes han construido aparatos de defensa muy domésticos para combatir la capacidad de fuego de las fuerzas armadas, entre ellas vehículos blindados de manera rudimentaria y pequeños submarinos para traficar no sólo droga sino también armas.

Está muy bien que el Gobierno mexicano obligue al sistema judicial estadounidense a atender el tema de las matanzas de nacionales de otros países dentro de Estados Unidos, aunque la demanda mexicana, en caso de ser exitosa, no se convertiría en una modificación de la estructura criminal y de seguridad estadounidense ni en el combate a las bandas armadas criminales en México.

Zona Zero

·         La amenaza contra periodistas y medios por parte del Cártel de Jalisco también revela la ineficacia y casi inutilidad del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido agredidos, amenazados y asesinados por el crimen organizado. No hay recursos, todo se agota en escoltas armados y la autoridad federal no quiere tomar la gran decisión estratégica: combatir de frente y de manera directa a la estructura armada del crimen organizado.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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