La violencia por sexenios y género

El documento revela que la violencia contra periodistas es una constante en las últimas dos décadas. Los sexenios de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador dejaron 43, 44, 44 y 57 víctimas, respectivamente. El actual gobierno, aunque aún en curso, ya suma 5 asesinatos, encendiendo alarmas sobre la falta de mecanismos efectivos para proteger a la prensa.

Además, la violencia tiene un rostro mayoritariamente masculino: de las 169 víctimas, 157 eran hombres y 12 mujeres. Sin embargo, la cifra de mujeres asesinadas, aunque menor, refleja los riesgos específicos que enfrentan las periodistas en un entorno marcado por la impunidad.

Veracruz, el estado más letal

Veracruz lidera la lista negra con 31 periodistas asesinados desde 2001, seguido por Guerrero (18) y Oaxaca (15). Estos estados, junto con Tamaulipas (9) y Michoacán (8), concentran el 60% de los casos. Llama la atención que en entidades como Aguascalientes, Campeche o Tlaxcala no se hayan reportado homicidios, lo que evidencia la desigual distribución de la violencia.

2025: Un año sangriento

El año en curso no pinta mejor. Con 4 asesinatos hasta mayo, la tendencia sugiere que 2025 podría igualar o superar los 12 crímenes registrados en 2022, el año más violento de la última década. La escalada ocurre pese a la creación de mecanismos como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, cuya eficacia sigue en entredicho.

Conclusión: Impunidad y desprotección

La persistencia de estos crímenes refleja un patrón de impunidad: el 90% de los casos permanecen sin resolver. Organizaciones como Artículo 19 señalan que la mayoría de los asesinatos están vinculados al crimen organizado y a funcionarios locales, lo que agrava el clima de autocensura.

México no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino también una erosión democrática. Sin periodistas, no hay información; sin información, no hay democracia. Urgen acciones concretas para proteger a quienes ejercen este oficio esencial. Mientras tanto, la guerra contra el periodismo sigue sumando víctimas.

Fuentes:
– TResearch Internacional (2025).
– Artículo 19: https://articulo19.org/periodistasasesinados/

2.- Periodistas, defensores de derechos humanos, intelectuales críticos, líderes de movimientos sociales activistas, disidentes violentos y dirigentes sociales antisistémicos configuraron, sin coordinarse, un bloque de activismo político que fue minando las bases de legitimación del PRI, del Estado y del Gobierno totalizador.

3.- El régimen priísta utilizó la represión selectiva para disminuir los espacios de crítica y deslegitimación política. De 1976 a 1982 se aplicó la llamada guerra sucia represiva sobre todo contra las organizaciones guerrilleras armadas que confrontaban al Estado por la vía violenta.

4.- El relevo en la élite política al pasar de los viejos cuadros del régimen autoritario a los economistas tecnócratas buscó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la creación de un espacio de estabilización del conflicto, pero los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo no democratizaron el régimen, pero tampoco evitaron la creación de grupos delictivos del poder político y criminal para responder de manera aislada a los disidentes y críticos.

5.- Los tecnócratas rompieron con los compromisos y pactos secretos con el crimen organizado y la estructura policiaca clandestina de la represión, pero tampoco los destruyeron y con ello contribuyeron a fortalecerlos. En el sexenio de Salinas de Gortari se contabilizaron más de 500 periodistas y disidentes asesinados por estructuras del poder como parte de la represión del Estado.

6.- Los gobiernos tecnócratas marcaron una distancia de las estructuras criminales, otra vez sin construir mecanismos de control de las bandas delictivas con capacidad de fuerza para deshacerse de sus adversarios y críticos.

7.- La victimología de los disidentes del sistema/régimen/Estado recoge uno de los puntos más importantes que explicaría las razones de los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos: la represión indirecta a los disidentes radicales y el desamparo institucional contra los críticos del régimen.

8.- El Estado se ha olvidado –basado en la doctrina Salinas del Estado autónomo– de la protección de todos los ciudadanos y se ha reducido a la mera función de Gobierno al servicio del grupo gobernante en turno. Por esta razón, los mecanismos institucionales para proteger a disidentes no funcionan en tanto que representaría el fortalecimiento de la crítica contra el Estado: el abandono social como represión tangencial.

9.- Los periodistas asesinados en los últimos años han sido víctimas de la ausencia de una política de Estado para proteger la crítica y la disidencia; los caciques, funcionarios locales y capos del crimen organizado están bastante lejos de la persecución estatal por amenazar, corromper, agredir y asesinar a periodistas y defensores de derechos humanos, debido a la existencia de una complicidad perversa entre el Estado y los poderes criminales en contra de la prensa crítica.

10.- El problema de la prensa crítica radica la inexistencia de estructuras sociales que financien la autonomía productiva de la comunicación política y por lo tanto la consolidación de la inevitable dependencia de los medios respecto de la publicidad estatal como la más importante fuente de ingreso. Esta realidad revela la soledad de la crítica y la denuncia periodística sobre la corrupción pública o privada y sobre los abusos del crimen organizado que ha capturado Instituciones del Estado y espacios territoriales de la república.

11.- La violencia contra periodistas y todo tipo de disidentes y críticos del Gobierno y del Estado forma parte de la ausencia de instituciones democráticas más allá de la demagogia de respeto al voto. En los hechos prácticos, todo periodista, crítico o disidente dañado por agresiones delictivas representa un espacio menos en el escenario del debate democrático.

12.- Mientras las instituciones del Estado no asuman la victimología de periodistas y disidentes, los críticos seguirán siendo asesinados ante la pasmosa pasividad del Estado y del incumplimiento de su función reguladora del equilibrio de poderes institucionales/poderes fácticos.

—-0—-

Política para dummies: La política es el alma del Estado, aunque muchas veces deambula como fantasma.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del medio que la publica.

La violencia por razones de género que ocurre a las mujeres y a las niñas por el hecho de ser mujeres es grave e inocultable. Para las mujeres de Morelos fue un inicio de semana muy sangriento; en el municipio de Xoxocotla, una mujer fue hallada sin vida a un costado de la carretera de Alpuyeca- Jojutla; el segundo caso se registró en el poblado de Tetillas, en Yautepec; en tanto, el tercer feminicidio, fue el de una actriz, a quién asesinaron con una arma de fuego en un centro deportivo a plena luz del día y en presencia de su hijo de 11 años de edad.

A esos feminicidios se suman los ocurridos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer; en Temixco, una mujer de 30 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental al llegar a su casa. Ese mismo día en el municipio de Tetecala, encontraron los restos de Vicenta, tenía varios días desaparecida.

Con 22 feminicidios registrados de enero a octubre del presente año, Morelos es la cuarta entidad más peligrosa para las mujeres, con una tasa de 2.07 por cada 100 mil habitantes; en homicidios dolosos contra mujeres, se ubica en el séptimo lugar con 64 carpetas de investigación y una tasa de 6.02 por cada 100 mil habitantes.

Son 642 municipios de 22 entidades y de la Ciudad de México que cuentan con alerta de violencia de género, esto es que uno de cada 4 municipios, están obligados a cumplir con acciones de seguridad, prevención, acceso a la justicia y reparación del daño para las mujeres y las niñas, sin embargo, las estadísticas evidencian que esto no ocurre.

Para atender las alertas de violencia de género, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informó que en 2021 ha destinado 121.3 millones de pesos para la prevención de los feminicidios, la atención al rezago en las carpetas de investigación y la atención especializada a niñas y mujeres en las comunidades indígenas y afromexicanas, presupuesto que, a la vista de las cifras, resulta insuficiente.

Ante este panorama es necesario que las autoridades revisen la Alerta de Violencia de Género, porque en la actualidad tienen una fecha de inicio, pero no de término, además no cuentan con indicadores o medidas de impacto, tampoco se establece el plazo entre la solicitud y la fecha en que se decreta.

Es importante que se revisen los conceptos de violencia feminicida y violencia de género, así como el que se establezca a las entidades federativas, las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del país las medidas presupuestales y administrativas necesarias y de carácter extraordinario que deberán instrumentar para hacer frente al mecanismo.

Es una prioridad el tener espacios seguros para las niñas y mujeres, tanto públicos como privados, lo que implica que a quienes corresponde tomar las decisiones deben tener una conciencia de género y el tiempo para evaluar las acciones, actividades y políticas públicas, dado que cualquier estrategia que se emprenda debe tener el impacto de la visión de género.

¿Competencia democrática? Inhabilitada. La respuesta feroz a la intención de un importante segmento de la oposición a presentar una candidatura presidencial de unidad, con el objetivo de marginar al dictador Daniel Ortega del poder, vía el mandato de las urnas, se tradujo, al correr de los últimos meses, en la detención penal de los candidatos más competitivos, junto con varias decenas de líderes opositores provenientes del sector privado, el activismo político y la academia.

¿Libertad de prensa? Bloqueada. La crítica periodística no tiene cabida, porque la administración del dictador Ortega retiene en aduanas el papel con el que se imprimen periódicos, como sucedió con La Prensa, que es el diario con mayor antigüedad de ese país. Lo mismo que se emprende persecución fiscal mediante la imposición de arbitrarias multas millonarias en contra de canales televisivos que difunden las reiteradas violaciones del régimen a los derechos humanos, según dan constancia las notas de medios internacionales como El País. Además, otras fuentes abiertas acusan el cierre de 20 medios críticos.

¿Bienestar social? Inexistente. Se calcula que, en los últimos tres años, más de 80 mil nicaragüenses se han trasladado a Costa Rica con solicitud de refugio. Sin embargo, especialistas como la Organización Integral para las Migraciones afirman que ha emigrado hasta un 11% de la población y este indicador podría empeorar. Ello debido a que, a la par de la persecución política, la crisis económica provocada por la pandemia podría provocar una nueva escalada migratoria hacia Estados Unidos y la misma Costa Rica.

Así, el dictador Daniel Ortega ha venido estrangulando las condiciones que propician y dan legitimidad a la democracia, en su afán de garantizar el control totalitario del sistema político. Un control que no sólo está encaminado a asegurar un quinto mandato presidencial —conseguido hace unos días en una elección que ya desconoció Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Colombia y Chile, entre otras naciones—; sino, eventualmente, a afianzar una dinastía familiar en la que su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, se perpetúe en el poder con base en el uso faccioso de la fuerza pública y las instituciones de justicia.

Por ello, no hay manera de permanecer indiferente a lo que acontece en Nicaragua. Permitir que transcurra en la impunidad este agravio a la democracia podría constituir un grave antecedente en que la utilización dictatorial del aparato gubernamental comience a ser la regla más que la excepción en la región latinoamericana. Más aun cuando este tipo de dirigentes políticos han encontrado nuevas fórmulas de evitar rendir debidas cuentas por sus excesos de poder.

Cosa de recordar cómo Nicolás Maduro suspendió las negaciones con la oposición democrática —tras la extradición a Estados Unidos de su presunto operador financiero, quien es acusado de lavado de dinero—, tras años de obstaculizarle a los venezolanos tanto la división y equilibrio de poderes como la celebración de comicios electorales legítimos con las más mínimas condiciones de equidad.

Por el peso de su poder nacional, muchos son los que están a la expectativa de cómo Estados Unidos influirá en esta crisis democrática. Algunos analistas piden cautela por las implicaciones de que Nicaragua se termine alineado con los intereses rusos, cuando este país ha dado muestras de interferencia directa en los asuntos de la región. Valga recordar las divergencias con el gobierno colombiano por sus actividades de espionaje, las cuales concluyeron con la expulsión de dos diplomáticos rusos hace un año. Sin embargo, no sólo es tarea de Estados Unidos, sino del resto de la región hacerle ver a la clase dirigente nicaragüense de que no hay manera de que tengan viabilidad en el mediano plazo sus objetivos dictatoriales.

“Lo que pasa en México es terrorífico, vuelve a ser el país con más muertos en un año, aunque es un país en teoría en paz”, explicó Deloire a EFE, coincidiendo con la publicación este jueves de su balance anual.

“Los periodistas que investigan sobre el narcotráfico, sobre lo bajos fondos de una clase política corrupta, son asesinados con más frecuencia que en otros países. Es siniestro”, añadió.

A lo largo de 2021 siete periodistas fueron asesinados en México, lo que eleva a 47 el número de víctimas en los últimos cinco años. Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández se sumaron este año a la lista de homicidios.

RSF puso el foco en Sonora, un estado “gangrenado por grupos armados y el tráfico de drogas” donde desaparecieron dos reporteros y otros dos fueron asesinados.

Deloire apuntó directamente a las autoridades locales, a las que acusó de no hacer lo suficiente para detener los homicidios.

Recordó que presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad durante los mandatos de los dos anteriores presidentes mexicanos, pero señaló que el actual, Andrés Manuel López Obrador, “no ha logrado mejorar la situación”.

“México tiene organismos oficiales para la protección de periodistas, bien con medidas activas, bien a través de una Fiscalía especial para crímenes contra ellos. Pero en realidad es solo una gran burocracia muy ineficaz (…) que se habitúa a esa situación y hace poco para evitarlo”, lamentó.

Además de apelar a las autoridades, Deloire lanzó un llamamiento a los grandes medios del país y a los periodistas que trabajan en las zonas menos peligrosas para que se solidaricen con los que trabajan en los estados de más riesgo.

“Necesitan su solidaridad. Es hora de que haya una movilización del conjunto de los periodistas mexicanos en favor de los que corren riesgos”, dijo el responsable de RSF.

Deloire indicó que la situación de la prensa en México evita que el país pueda afrontar el problema que tiene con la violencia.

“No acabarán con su violencia endémica si no detienen la violencia contra los periodistas, porque son los periodistas con sus investigaciones los que podrán permitir que se tomen otras medidas”, dijo.

Se observa, que a lo largo de los 35 meses del sexenio de López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios.

El mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue octubre de 2020, con 3 mil 328; en cambio, el mes con menor registro de homicidios dolosos fue octubre pasado con 2 mil 238 eventos, pese a que febrero de 2021 es considerado por las propias autoridades como el mes con menos asesinatos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, se registró una disminución de 0.4 por ciento en los homicidios dolosos.

De enero a septiembre de 2021, la disminución ha sido de 3.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Haciendo la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo en otros sexenios, el actual Gobierno encabeza el registro de dicho delito con 105 mil 123 incidentes, superior al de la Administración pasada, con Enrique Peña Nieto, que registró 62 mil 145.

En el mismo periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón se registraron 39 mil 672 homicidios dolosos, y, en el gobierno del expresidente Vicente Fox, se registraron 40 mil 563.”, concluyó.

De acuerdo con el reporte, el comunicador fue hallado sin vida con una herida producida por arma de fuego, sin que exista hasta el momento algún detenido por el delito.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Fredy López llegó a su domicilio a bordo de su automóvil, procedente de Tuxtla Gutiérrez, cuando fue agredida por un hombre que disparó un arma de fuego.

La Fiscalía estatal indicó que inició las investigaciones para dar contra quien o quienes resulten responsables del asesinato del periodista.

Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 22 periodistas, de acuerdo con el más reciente reporte de la organización Artículo 19, que denunció que el Estado mexicano sigue sin cumplir con sus obligaciones para la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión.

En el primer semestre del año, tres periodistas fueron asesinados y el motivo principal que se presume dentro de las investigaciones correspondientes, está el posible vínculo con su labor informativa.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, han sido asesinados 142 periodistas y personas defensores de derechos humanos, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

El 61% de los homicidios contra periodistas se concentran en seis estados: Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, el Estado de México y Oaxaca.

De los 48 periodistas asesinados, ya con el caso de Fredy López, solo se ha dictado sentencia en 5 casos (10.63%).

Ante ello, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, arremetió contra la estrategia “abrazos” del gobierno de AMLO, pues México ya supera los 100 mil asesinatos en tres menos de tres años.

De modo que Marko Cortés calificó al gobierno de la 4T como el de las promesas incumplidas, las crisis y los engaños.

“Este gobierno es el de las promesas incumplidas, las crisis y los engaños. Claramente los abrazos no han funcionado, van más de 100 mil homicidios en menos de 3 años, más que en cualquier otro gobierno”

Las críticas de Marko Cortés se dan luego de que según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México superó los 100 mil asesinatos en lo que va del gobierno de AMLO.

En el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, en México se registran más de 100 mil 300 asesinatos. De ellos, 99 mil 569 corresponden a homicidios dolosos, más de 2 mil 800 fueron tipificados como feminicidios

Este número de asesinatos resulta un 16 % mayor a los contabilizados en los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto.

Anaya reprodujo un audio en el que López Obrador señala: “Me parte el alma saber que hay 74 homicidios diarios en nuestro país”.

Destacó que en los tres años de su gobierno, lópez Obrador acumula 100 mil mexicanos muertos.

“¿Pues qué creen? Hoy según cifras de su propio gobierno, hay 94 homicidios diarios. No, qué partida debes tener el alma, Andrés Manuel. Ponías el grito en el cielo por los 74 y hoy, contigo, hay 94 homicidios diarios. De ese tamaño es tu fracaso. ¿Pues qué se podía esperar de una ocurrencia, una tontería como la de ‘abrazos no balazos’?”, criticó el excandidato presidencial en su video semanal.

Insistió en que la estrategia de ‘abrazos no balazos’ ha sido un “rotundo fracaso”. Añadió que solo se han conseguido más ciudadanos muertos, delincuentes liberados y opositores perseguidos.

“Es cierto que el problema no es nuevo, pero en los últimos tres años en lugar de mejorar, hemos empeorado. Un problema de este tamaño no se va a resolver con frasecitas ni con ocurrencias”, apuntó Anaya.

Según datos de la plataforma ‘Informe de Seguridad’, donde el promedio diario de homicidios dolosos varía cada mes, en junio en promedio de asesinatos diarios fue de 75, mientras que en julio fue de 76 y en agosto, de 77.9.

En tres años AMLO ya acumula 100 mil mexicanos muertos.

Trágica ironía: ¿Se acuerdan cuando decía esto? “Me parte el alma saber que hay 74 homicidios diarios”

¡Qué partida debes tener el alma, Andrés Manuel: con tus “abrazos no balazos” pasamos de 74 a 94 homicidios diarios! pic.twitter.com/SSdVWjM8kp

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 13, 2021

En contraste, en agosto de 2020 hubo 76 asesinatos. El pasado 22 agosto fue uno de los días más violentos en la capital, con 11 crímenes. Tan sólo en los dos primeros días del mes pasado hubo 10 homicidios.

Armando Rodríguez, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, dijo que en 2021 se observan ejecuciones en las alcaldías A. Obregón, V. Carranza, M. Hidalgo y Cuauhtémoc.

En esas cuatro demarcaciones se han registrado ejecuciones de entre tres y cinco personas tan sólo en un día.

El investigador resaltó que hay una dinámica en los grupos delincuenciales que “consiste en una reorganización, por lo que se seguirán registrando algunos picos de violencia”.

Rodríguez dijo que la estrategia del Gobierno local se ha enfocado en detener a quienes están implicados en ejecuciones y narcomenudeo y no a los líderes.

“Si detienes a estas personas entonces restas capacidad operativa. Las acciones del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se han orientado a detener operadores de los grupos criminales, no se ha preocupado demasiado por los líderes, más bien por los ejecutores”.