Lo que parecía un caso aislado se convirtió, apenas cinco semanas después, en una crisis sistémica. Un reporte del Los Angeles Timesx reveló que las autoridades estadounidenses investigan también a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos del partido gobernante, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Durazo, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de López Obrador, es considerado uno de los funcionarios de mayor perfil entre los investigados. Sonora es, además, una de las principales rutas de tránsito para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La investigación sobre Villarreal, por su parte, estaría relacionada con el huachicol y el robo de combustible.

La estrategia de Washington y sus lecturas encontradas

La administración de Donald Trump ha pasado de perseguir líderes criminales a apuntar directamente a funcionarios electos. Miembros de la administración Trump insisten en que este enfoque es necesario porque el narcotráfico depende en gran medida de los funcionarios que lo protegen. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, en cambio, las acusaciones constituyen injerencia en los asuntos internos del país. La mandataria ha calificado las investigaciones de intento de influir en los procesos electorales de México. La pregunta que divide a analistas, legisladores y ciudadanos es si Washington actúa movido por genuina preocupación en materia de seguridad o si instrumentaliza la justicia como herramienta de presión geopolítica.

Ambas lecturas tienen sustento. Que el Departamento de Justicia haga públicas sus acusaciones en los meses previos a una elección intermedia de enorme trascendencia para México no parece, en ningún caso, casualidad.

El terremoto interno de Morena

Las implicaciones hacia el interior del partido gobernante son, quizás, más profundas que las diplomáticas. La acusación del Departamento de Justicia ya ha comenzado a provocar efectos dentro de Morena. Según un reporte de Reuters, el caso Rocha Moya estaría generando una fuerte división interna entre grupos de poder con visiones opuestas: por un lado, figuras cercanas al expresidente López Obrador; por otro, dirigentes más jóvenes encabezados por Ariadna Montiel.

El problema estructural no es menor. Solo un tercio de los actuales militantes de Morena a nivel nacional y estatal formaron parte de la fundación del partido en 2014; los otros dos tercios tienen un multicolor pasado partidista. En la hora de las definiciones electorales, la fidelidad ideológica es reemplazada por el cálculo de supervivencia. La construcción de candidaturas para 2027 no será una simple maniobra electoral, sino un complejo proceso de negociación territorial sujeto a presiones simultáneas internas y externas. Para el grupo gobernante, asegurar gubernaturas afines implica articular un entramado político viable tanto frente a redes criminales locales como frente al escrutinio estadounidense.

Las elecciones de 2027: el verdadero campo de batalla

En 2027 se disputará la totalidad de la Cámara de Diputados —donde Morena ostenta actualmente la mayoría— además de 17 gobernaciones. Según analistas, Sheinbaum debe elegir cuidadosamente a los candidatos que respalda, ya que apoyar a figuras en la mira de Washington podría desestabilizar las elecciones y poner en peligro la mayoría de su partido.

El espectro del PRD ronda la discusión pública. Ese partido, otrora poderoso, se diluyó en Morena y acabó por desaparecer como fuerza electoral relevante, víctima de su propia fragmentación interna. Quienes advierten sobre una debacle similar para Morena señalan que las acusaciones estadounidenses, de multiplicarse y hacerse más públicas conforme avancen los juicios, podrían precipitar una oleada de deserciones hacia Movimiento Ciudadano u opciones emergentes. Sin embargo, los datos actuales ofrecen un contrapunto que incomoda a la oposición.

La más reciente encuesta nacional de Buendía & Márquez para El Universal revela que, si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, el 39% votaría por Morena —cinco puntos más que en febrero pasado— mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano se ubican en 11%, 10% y 9%, respectivamente. Los escándalos de narcotráfico, al menos por ahora, no han erosionado las preferencias electorales del partido gobernante.

Esto tiene una explicación que la oposición ha sido incapaz de capitalizar. El PAN careció de un liderazgo nacional capaz de aprovechar el escándalo de Rocha; el PRI enfrenta sus propias contradicciones, y el PRD simplemente ya no existe. La ausencia de una alternativa creíble opera como salvavidas involuntario para Morena.

El riesgo real: la acumulación de evidencia

El verdadero peligro para el partido gobernante no reside tanto en las acusaciones actuales como en lo que los procesos judiciales en Estados Unidos podrían revelar en los próximos meses. Los juicios federales en Nueva York son procesos abiertos donde la evidencia se ventila públicamente. Si las pruebas vinculan a más funcionarios —secretarios de Estado, alcaldes, legisladores y exfuncionarios— el escenario cambia radicalmente. La diferencia entre una acusación y la presentación de pruebas documentales en una corte estadounidense es la diferencia entre el rumor político y el hecho jurídico. Morena puede sobrevivir el primero. El segundo es otra historia.

La declaración llegó en el peor momento posible desde el punto de vista de la evidencia disponible. Un día antes, el diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, había publicado que el gobierno de Estados Unidos inició una investigación contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y contra el de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos mandatarios estatales fueron despojados de sus visas estadounidenses a raíz de estas investigaciones de carácter penal.

Estos señalamientos no ocurren en el vacío. En abril pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de la entidad de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción Los Chapitos. Los diez funcionarios sinaloenses fueron señalados por introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales. Entre los señalados también figuran el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó a las autoridades de Estados Unidos y fue presentado ante un tribunal de Nueva York.

Lo llamativo del caso de Durazo es su trayectoria: antes de ser gobernador de Sonora, se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La ironía es difícil de soslayar: el hombre que encabezó la política de seguridad nacional del gobierno que prometió acabar con la corrupción enfrenta hoy investigaciones en el país vecino por los cargos más graves que se pueden imputar a un servidor público.

La respuesta oficial ha seguido un libreto predecible. La secretaria de Comunicación del gobierno de Sonora, Paloma Terán, declaró que «es completamente falsa la información publicada» y que Durazo «no ha sido notificado de investigación alguna». En términos similares se pronunciaron las autoridades de Tamaulipas, calificando los señalamientos como acusaciones «sin una sola prueba» y afirmando que no existen «documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable».

Sin embargo, los hechos operativos contradicen la narrativa de la inocencia proclamada. Pese a tener canceladas sus visas, ambos gobernadores continúan viajando a Estados Unidos bajo un esquema especial conocido como Significant Public Benefit Parole. En el caso de Durazo, fuentes con conocimiento del asunto confirmaron que viaja regularmente para recibir atención médica bajo ese mecanismo. En el caso de Villarreal, al cruzar a territorio estadounidense es frecuentemente escoltado por oficiales estadounidenses. Resulta difícil reconciliar este esquema con la idea de que se trata simplemente de una campaña de difamación.

La presidenta Sheinbaum ha intentado encuadrar la acumulación de señalamientos como una maniobra de interferencia electoral. Ha enmarcado las denuncias de Washington como una campaña para intentar interferir en las elecciones de 2027. A su vez, ha defendido que durante el sexenio anterior se registraron más de 84,000 detenciones de integrantes del crimen organizado, de las cuales al menos 39 personas tenían un perfil relevante en la jerarquía criminal, y preguntó: «Si hubiera habido una colusión, ¿entonces por qué hubo detenciones?»

El argumento tiene cierta lógica interna, pero elude la pregunta central: ¿por qué el Departamento de Justicia estadounidense, con sus capacidades de inteligencia e investigación criminal, presentaría cargos formales —respaldados por declaraciones de testigos y cooperantes— contra tres gobernadores morenistas si todo fuera fabricación política? La respuesta oficial no ha podido abordar esa pregunta sin recurrir a la teoría de la conspiración.

El patrón que emerge es inquietante. Cada vez que surgen nuevas acusaciones, el gobierno las descarta como «intervencionismo», «campaña de la ultraderecha» o «injerencia electoral». Es un reflejo defensivo que, si los tribunales estadounidenses eventualmente presentan pruebas formales, quedará como un monumento a la negación deliberada o a la ignorancia conveniente. El apoyo popular, por sí solo, nunca ha sido garantía de inocencia; la historia política mexicana y universal lo demuestra con cruda claridad.

La pregunta que ya flota en el ambiente político no es si Sheinbaum reconocerá haber errado —los tiempos políticos raramente permiten esa clase de honestidad—, sino cuándo y de qué manera intentará cambiar el relato cuando el peso de la evidencia ya no pueda ser ignorado. Las palabras pronunciadas el 4 de junio de 2026 llevan fecha de caducidad.

El expediente se abre en Baja California. El 10 de mayo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la de su esposo, Carlos Torres Torres, en lo que la propia mandataria calificó como una decisión administrativa sin explicación oficial. «No hay acusación, no hay delito, no hay falta que perseguir», declaró flanqueada por su gabinete, sin permitir preguntas de la prensa. Sin embargo, investigaciones periodísticas vincularon la medida con el presunto intento de Ávila de detener excavaciones en una fosa clandestina en Tijuana, así como con investigaciones abiertas en México y Estados Unidos contra su esposo por lavado de dinero, robo de combustible y corrupción. Para mayor complejidad, el exgobernador Jaime Bonilla la acusó directamente de ser cómplice del crimen organizado, señalamiento que la gobernadora rechazó pero que alimentó la narrativa que la rodeaba. A más de un año del incidente, el proceso para recuperar su visa continúa sin resolverse.

El caso más grave es el de Sinaloa. El 29 de abril de 2026, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos formales contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, acusándoles de colaborar con los Chapitos —la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense a cambio de millones de dólares en sobornos. La acusación señala que desde la campaña electoral de 2021, miembros del cártel sustrajeron urnas e intimidaron a rivales para asegurar la victoria de Rocha Moya. Este parece ser el primer caso en que fiscales estadounidenses acusan formalmente a un gobernador mexicano en funciones, lo que lo convierte, según analistas de InSight Crime, en un movimiento de alto valor simbólico que evidencia lo que llaman «gobernanza criminal híbrida»: la difuminación de fronteras entre crimen organizado y política local. El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia al cargo. La Fiscalía General de la República (FGR) revisa la solicitud de extradición, pero hasta ahora alega falta de pruebas suficientes para proceder.

La onda expansiva alcanzó este mismo miércoles 3 de junio a dos gobernadores más. El diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, reveló que el gobierno de Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por contrabando de hidrocarburo —el llamado huachicol— así como por posibles nexos con el Cártel del Noreste. Ambos habrían visto canceladas sus visas, pero ingresan a territorio estadounidense bajo el programa conocido como Significant Public Benefit Parole, un mecanismo reservado típicamente para personas que colaboran con autoridades como testigos o informantes ante un gran jurado. La implicación es de enorme peso político: si estos gobernadores están cooperando con fiscales estadounidenses, es que tienen información que ofrecer —información que, de salir a la luz, podría escalar el escándalo de manera impredecible. El gobierno de Sonora negó categóricamente la información, mientras que Villarreal rechazó los señalamientos calificándolos de falsos. Adicionalmente, se especula que Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, también se encontraría en la mira del Departamento de Justicia.

El patrón que emerge es estructural, no anecdótico. No se trata de un gobernador que tomó una mala decisión aislada, sino de un fenómeno que atraviesa al menos cinco entidades federativas gobernadas por Morena en distintas regiones del país. La pregunta que el poder político mexicano evita responder es si existe una dinámica sistémica de permisividad o de cooptación entre ciertos cuadros del partido gobernante y el crimen organizado.

La respuesta de Sheinbaum ha sido políticamente calculada, pero analíticamente insuficiente. Desde el Monumento a la Revolución, la presidenta declaró que «vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México», y preguntó retóricamente si los intereses estadounidenses son legítimos o si la ultraderecha de ese país utiliza a México para posicionarse rumbo a sus elecciones. Cooperación, dijo, «no significa subordinación». El embajador estadounidense Ronald Johnson respondió en redes sociales con un llamado a la unidad: «La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos». El choque diplomático es real, pero Sheinbaum incurre en una omisión grave: denunciar la posible instrumentalización política de las investigaciones no puede sustituir a una respuesta institucional clara sobre las acusaciones concretas contra sus correligionarios.

La tensión entre soberanía y responsabilidad es el nudo político del momento. México tiene razones históricas para desconfiar de las intenciones de Washington y para rechazar cualquier forma de intervención unilateral en su territorio. Pero invocar la soberanía cuando los propios gobernadores de un partido son señalados de facilitar el tráfico de drogas que mata a decenas de miles de estadounidenses al año —y que también destruye comunidades mexicanas— convierte un principio legítimo en una pantalla de protección para la impunidad. La soberanía no es inmunidad; es responsabilidad de gobernar con apego a la ley.

El costo político para Morena de cara a las elecciones de 2027 será difícil de calcular, pero la narrativa ya está instalada en la opinión pública: el partido que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción enfrenta la acusación de haber permitido —o no impedido— que algunos de sus gobernadores operaran en la zona gris entre el Estado y el narco. Que esa acusación provenga de Washington y no de las instituciones mexicanas dice tanto sobre el poder corruptor del crimen organizado como sobre la fragilidad del Estado de derecho en México.

El chiste es que Sinaloa no es el único patio con sospechosos. La atención de los gringos, según reportes y filtraciones que circulan desde hace meses, se está moviendo rápido hacia Baja California y Tamaulipas. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila ya vivió el trago amargo de que le cancelaran la visa, junto con su esposo, por presuntos temas de lavado y cercanía con facciones locales como Los Rusos. No es acusación formal todavía, pero el radar está encendido.

En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal también ha cargado con señalamientos viejos y nuevos sobre posibles nexos con grupos del Cártel del Golfo o remanentes de Los Zetas. El estado fronterizo siempre ha sido tierra fértil para estos rumores: control de plazas, aduanas y rutas de trasiego que valen millones. No son los únicos, claro. Históricamente, gobernadores de todos los colores han sido mencionados cuando el poder y el dinero sucio se juntan.

Lo sarcástico del asunto es que mientras en México se grita “¡Soberanía!” y se exige que las pruebas vengan completitas, del otro lado del río siguen acumulando carpetas con testigos protegidos, seguimientos financieros y grabaciones que tarde o temprano salen a la luz. ¿Quién sigue en la mira? La lista de posibles “nonsantos” es larga: alcaldes de ciudades fronterizas, secretarios de seguridad estatales y hasta algunos legisladores que han hecho carrera en zonas calientes.

Al final, esto pone a prueba la famosa responsabilidad de las instituciones mexicanas. Si la FGR actúa con rapidez y transparencia, bien. Si se hace la del “ni modo” o el “falta de elementos”, el vecino del norte no se va a quedar cruzado de brazos. Y los ciudadanos, hartos de balazos y fentanilo, se preguntan si algún día verán caer a los de arriba como caen los de abajo.

Mientras tanto, en Morena y en la oposición, todos se persignan y miran de reojo al de al lado. Porque cuando el Departamento de Justicia agarra vuelo, no distingue partido: nomás sigue el rastro del dinero y la coca.